Colima, M\u00e9xico, Avanzada (17\/07\/(2024).- En un acto que con toda claridad representa una regresi\u00f3n alarmante a pr\u00e1cticas autoritarias, la jueza interina Ana Maribel de Atocha Huitz May, del sistema penal oral de Campeche, impuso al periodista Jorge Luis Gonz\u00e1lez Valdez la prohibici\u00f3n directa de referirse, en ning\u00fan medio o forma, a la gobernadora morenista Layda Sansores.<\/p>\n\n\n\n
En su caso, cualquier menci\u00f3n o an\u00e1lisis que s\u00ed incurra en esa referencia deber\u00e1 ser previamente aprobada por un censor oficial, esto es, un interventor judicial designado que deber\u00e1 revisar y autorizar sus publicaciones, intervenciones en programas, conferencias o textos del diario Tribuna. <\/p>\n\n\n\n
En los hechos, esta forma de control conocida hist\u00f3ricamente como censura previa constituye una violaci\u00f3n flagrante a los derechos fundamentales consagrados en la Constituci\u00f3n mexicana.<\/p>\n\n\n\n
El art\u00edculo 6\u00b0 establece con claridad: \u201cEs inviolable la libertad de difundir opiniones, informaci\u00f3n e ideas\u2026 Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusi\u00f3n\u201d <\/p>\n\n\n\n
Y el art\u00edculo 7\u00b0 no deja ninguna duda al respecto: \u201cEs inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Estas disposiciones protegen la libre expresi\u00f3n, la investigaci\u00f3n y el an\u00e1lisis en medios p\u00fablicos, sean escritos, digitales o audiovisuales, sin intromisiones previas de autoridades ni coacciones que limiten el discurso. Por lo anterior, la medida de la jueza de Atocha es incompatible con esos constitucionales y pisotea la libertad de prensa.<\/p>\n\n\n\n
Tan s\u00f3lo por esas disposiciones constitucionales, es pr\u00e1cticamente un hecho que el periodista puede ganar f\u00e1cilmente un juicio de amparo contra la aberrante decisi\u00f3n de esa jueza. En realidad eso es lo menos preocupante, pues lo que deber\u00eda preocuparnos m\u00e1s como sociedad mexicana son esas tentaciones autoritarias, que cada vez abundan m\u00e1s,de controlar los contenidos de los medios por parte del poder, as\u00ed como inhibir la cr\u00edtica period\u00edstica en todo el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
De manera textual, la jueza emiti\u00f3 el fallo en los siguientes t\u00e9rminos:<\/p>\n\n\n\n
\u201cSe proh\u00edbe al comunicador referirse en cualquier forma a la mandataria de Campeche.\u201d<\/p>\n\n\n\n
\u201cSe impone una supervisi\u00f3n previa por parte de un interventor judicial designado por el Tribunal Superior de Justicia, quien deber\u00e1 autorizar todo contenido relacionado con la mandataria antes de su publicaci\u00f3n.\u201d<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl periodista deber\u00e1 ser acompa\u00f1ado por el censor oficial, cuando grabe alg\u00fan programa, ofrezca una conferencia oopine.\u201d <\/p>\n\n\n\n
Estas frases, textuales, reflejan una estrategia de control previo institucionalizado, con invasi\u00f3n de la esfera profesional y creativa del periodista.<\/p>\n\n\n\n
Apenas el 9 de julio pasado, un tribunal federal declar\u00f3 inconstitucionales las medidas anteriores, que inclu\u00edan la suspensi\u00f3n profesional por dos a\u00f1os de Gonz\u00e1lez Valdez y el cierre temporal de Tribuna Campeche. Sin embargo, pese a ese precedente judicial vinculante, la magistrada de Atocha replic\u00f3 una nueva forma de represi\u00f3n: ahora sin clausura del sitio ni inhabilitaci\u00f3n, pero con un estrangulamiento indirecto al derecho a informar.<\/p>\n\n\n\n
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CENSURA PREVIA: VIOLACI\u00d3N DE PRINCIPIOS INTERNACIONALES<\/p>\n\n\n\n
Este tipo de censura tambi\u00e9n contradice est\u00e1ndares internacionales. El Art\u00edculo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, del cual M\u00e9xico es Estado Parte, establece:<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl ejercicio de estos derechos conlleva responsabilidades especiales\u2026 El ejercicio de dichos derechos\u2026 no podr\u00e1 estar sujeto a licencia, autorizaci\u00f3n ni censura previa\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos (Pacto de San Jos\u00e9) en su art\u00edculo 13 proh\u00edbe cualquier \u201cprevia censura\u201d, y el Comit\u00e9 de Derechos Humanos de la ONU ha sostenido que la vigilancia previa de medios equivale a censura y es incompatible con sociedades democr\u00e1ticas.<\/p>\n