{"id":93836,"date":"2025-07-14T09:48:09","date_gmt":"2025-07-14T15:48:09","guid":{"rendered":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/?p=93836"},"modified":"2025-07-14T10:00:18","modified_gmt":"2025-07-14T16:00:18","slug":"judicializacion-del-periodismo-aumentan-procesos-contra-comunicadores-en-mexico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/?p=93836","title":{"rendered":"Judicializaci\u00f3n del periodismo: aumentan procesos contra comunicadores en M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"\n

EDITORIAL<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En los \u00faltimos a\u00f1os, M\u00e9xico ha registrado un aumento alarmante de demandas civiles y denuncias penales presentadas por funcionarios p\u00fablicos contra periodistas y medios de comunicaci\u00f3n, como parte de una estrategia sistem\u00e1tica de acoso judicial que, seg\u00fan organizaciones defensoras de la libertad de expresi\u00f3n, busca intimidar, desgastar econ\u00f3micamente o censurar a la prensa cr\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con datos de ARTICLE 19, entre diciembre de 2018 \u2014inicio del gobierno de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador\u2014 y junio de 2025, se han documentado al menos 105 casos de acciones legales promovidas por autoridades contra periodistas. Estas incluyen demandas por da\u00f1o moral, denuncias penales por difamaci\u00f3n o calumnias, y solicitudes de medidas cautelares para restringir contenidos.<\/p>\n\n\n\n

Aunque algunas de estas acciones provienen de actores locales, tambi\u00e9n figuran gobernadores, alcaldes, legisladores y titulares de dependencias federales, lo que confirma el uso creciente del poder pol\u00edtico y del sistema judicial para reprimir el trabajo period\u00edstico inc\u00f3modo o cr\u00edtico.<\/p>\n\n\n\n

CASOS RECIENTES Y EMBLEM\u00c1TICOS<\/p>\n\n\n\n

Uno de los casos m\u00e1s recientes ocurri\u00f3 en Campeche, donde la gobernadora Layda Sansores San Rom\u00e1n present\u00f3 una demanda por da\u00f1o moral contra el periodista Jorge Luis Gonz\u00e1lez, director del portal Palabra de Campeche<\/em>, por publicaciones relacionadas con presuntos actos de corrupci\u00f3n en su administraci\u00f3n. La mandataria solicit\u00f3 tambi\u00e9n medidas cautelares para impedir la difusi\u00f3n de nuevos contenidos. No obstante, apenas el 11 de julio pasado, un tribunal colegiado federal resolvi\u00f3 a favor del periodista, al considerar que dichas medidas eran inconstitucionales por constituir censura previa.<\/p>\n\n\n\n

En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar \u00c1vila Olmeda present\u00f3 en 2024 una demanda civil contra el Semanario ZETA<\/em> por la publicaci\u00f3n de reportajes sobre presuntos v\u00ednculos de su administraci\u00f3n con actos de corrupci\u00f3n y violencia pol\u00edtica. El medio fue notificado judicialmente y ha sostenido que se trata de una represalia por su l\u00ednea editorial independiente.<\/p>\n\n\n\n

En Hidalgo, el exgobernador Omar Fayad Meneses ha sido se\u00f1alado por ARTICLE 19 por haber emprendido acciones judiciales contra reporteros que documentaron irregularidades durante su gesti\u00f3n. En Michoac\u00e1n, periodistas como Jos\u00e9 Maldonado han sido denunciados penalmente por funcionarios municipales tras publicar notas cr\u00edticas.<\/p>\n\n\n\n

En Jalisco, el comunicador Jes\u00fas Lemus Barajas, autor de investigaciones sobre narcotr\u00e1fico y corrupci\u00f3n pol\u00edtica, ha enfrentado m\u00e1s de una decena de procesos judiciales desde 2019, incluyendo denuncias por \u201camenazas\u201d y \u201cda\u00f1o moral\u201d, que \u2014seg\u00fan ha se\u00f1alado p\u00fablicamente\u2014 han sido utilizadas para hostigarlo e intentar desacreditarlo.<\/p>\n\n\n\n

SLAPPs: CENSURA LEGALIZADA<\/p>\n\n\n\n

Organizaciones como ARTICLE 19, Propuesta C\u00edvica y el CPJ han advertido que estos procesos constituyen Litigios Estrat\u00e9gicos contra la Participaci\u00f3n P\u00fablica (SLAPP<\/em>, por sus siglas en ingl\u00e9s), una t\u00e1ctica legal abusiva con la que se busca silenciar o castigar la expresi\u00f3n cr\u00edtica y desalentar la participaci\u00f3n democr\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n

En su m\u00e1s reciente informe sobre libertad de expresi\u00f3n, ARTICLE 19 destaca que los funcionarios p\u00fablicos \u201cest\u00e1n usando el aparato judicial para revertir el est\u00e1ndar constitucional que establece que quienes ejercen funciones p\u00fablicas deben tener mayor tolerancia a la cr\u00edtica y al escrutinio\u201d. La organizaci\u00f3n ha documentado c\u00f3mo en varios de estos casos los jueces han admitido demandas sin el debido an\u00e1lisis sobre el inter\u00e9s p\u00fablico de las publicaciones o el papel social del periodista.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, se han detectado inconsistencias en la aplicaci\u00f3n de medidas cautelares, como ocurri\u00f3 en Campeche, donde un juez orden\u00f3 al periodista Gonz\u00e1lez eliminar contenido antes de que existiera sentencia definitiva. Estas decisiones violan los principios constitucionales establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n, que ha reiterado en diversos fallos que la censura previa est\u00e1 prohibida en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

CRIMINALIZACI\u00d3N Y AUTOCENSURA<\/p>\n\n\n\n

Aunque la difamaci\u00f3n y la calumnia fueron despenalizadas en el \u00e1mbito federal desde 2007, varios c\u00f3digos penales estatales a\u00fan contemplan delitos contra el honor y son usados por autoridades locales para criminalizar la actividad period\u00edstica. En estados como Chiapas, Puebla, Guanajuato y Veracruz, periodistas han sido citados, detenidos o procesados por publicaciones inc\u00f3modas para el poder.<\/p>\n\n\n\n

Esto ha provocado un efecto de autocensura en diversas regiones del pa\u00eds, especialmente en contextos de violencia estructural o control pol\u00edtico sobre el Poder Judicial. Varios comunicadores han optado por el exilio interno, el anonimato digital o el cierre de sus proyectos, ante el alto costo legal, emocional y econ\u00f3mico que implica enfrentar una demanda o proceso penal.<\/p>\n\n\n\n

LLAMADOS A UNA REFORMA LEGAL<\/p>\n\n\n\n

Ante este panorama, organizaciones nacionales e internacionales han insistido en la necesidad de impulsar una legislaci\u00f3n federal que frene los litigios abusivos contra periodistas y garantice mecanismos eficaces para la defensa de la libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Propuesta C\u00edvica ha promovido desde 2023 una iniciativa para incorporar a la legislaci\u00f3n mexicana el concepto de SLAPP<\/em>, tal como se ha hecho en pa\u00edses como Estados Unidos y Canad\u00e1, donde existen recursos legales para desestimar de forma expedita las demandas infundadas que buscan intimidar a los comunicadores.<\/p>\n\n\n\n

UN PROBLEMA QUE TRASCIENDE GOBIERNOS<\/p>\n\n\n\n

A pesar de que el expresidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador asegur\u00f3 en reiteradas ocasiones que su gobierno \u201cgarantiza la libertad de expresi\u00f3n como nunca antes\u201d, los hechos documentados por organizaciones independientes demuestran que la judicializaci\u00f3n del periodismo ha crecido incluso bajo su mandato.<\/p>\n\n\n\n

Si bien no todos los casos derivan de acciones promovidas por el Ejecutivo federal, lo cierto es que la falta de un pronunciamiento claro, contundente y con consecuencias contra estas pr\u00e1cticas ha favorecido su expansi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Como ha se\u00f1alado ARTICLE 19: \u201cNo basta con no matar periodistas; tambi\u00e9n hay que impedir que se les calle por otras v\u00edas, como el hostigamiento judicial, la difamaci\u00f3n desde el poder o la presi\u00f3n econ\u00f3mica\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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