{"id":92564,"date":"2025-07-03T08:25:53","date_gmt":"2025-07-03T14:25:53","guid":{"rendered":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/?p=92564"},"modified":"2025-07-03T08:25:53","modified_gmt":"2025-07-03T14:25:53","slug":"las-dudas-sobre-el-registro-estatal-del-delito-de-tortura","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/?p=92564","title":{"rendered":"Las dudas sobre el Registro Estatal del Delito de Tortura"},"content":{"rendered":"\n

EDITORIAL<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Han pasado tres d\u00e9cadas desde que en 1995 se promulg\u00f3 en Colima la primera ley estatal para prevenir y sancionar la tortura. Sin embargo, el balance es tan elocuente como vergonzoso: no existe un solo caso conocido en el que esta legislaci\u00f3n haya sido aplicada contra alg\u00fan elemento polic\u00edaco, a pesar de las m\u00faltiples quejas presentadas durante estos 30 a\u00f1os ante la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos del Estado (CDHEC) y las denuncias interpuestas ante el Ministerio P\u00fablico. En los hechos, el delito de tortura ha gozado de una impunidad absoluta, como si se tratara de una conducta aceptada \u2014o al menos tolerada\u2014 por el aparato institucional de seguridad y justicia.<\/p>\n\n\n\n

Frente a este escenario de desinter\u00e9s o complicidad, la reciente creaci\u00f3n del Registro Estatal del Delito de Tortura por parte de la Fiscal\u00eda General del Estado de Colima (FGE)representa, sin duda, un paso en la direcci\u00f3n correcta, pero tambi\u00e9n levanta serias dudas sobre su eficacia real. \u00bfUna herramienta inform\u00e1tica, por robusta que sea, puede revertir tres d\u00e9cadas de omisiones sistem\u00e1ticas y negligencia institucional?<\/p>\n\n\n\n

Como se establece en la nota publicada en Avanzada por la periodista Heidi de Le\u00f3n Guti\u00e9rrez, el registro busca integrar datos no solo de la Fiscal\u00eda, sino tambi\u00e9n de la CDHEC y de la Comisi\u00f3n Estatal de Atenci\u00f3n a V\u00edctimas. Promete ser una herramienta de an\u00e1lisis de inteligencia que permita identificar patrones institucionales, zonas de riesgo y pr\u00e1cticas sistem\u00e1ticas de tortura. En teor\u00eda, es una medida que fortalece las capacidades del Estado para investigar y sancionar este delito. En la pr\u00e1ctica, sin voluntad pol\u00edtica, sin fiscal\u00edas comprometidas y sin una cultura institucional que rechace la violencia como m\u00e9todo de investigaci\u00f3n, el registro corre el riesgo de convertirse en un archivo digital sin consecuencias.<\/p>\n\n\n\n

Uno de los aspectos m\u00e1s problem\u00e1ticos es que la utilidad del registro depender\u00e1 enteramente de la veracidad y exhaustividad de la informaci\u00f3n que las instituciones alimenten en \u00e9l. Y si durante tres d\u00e9cadas no han consignado a un solo torturador, \u00bfqu\u00e9 garant\u00eda hay de que ahora lo har\u00e1n? La plataforma puede ser t\u00e9cnicamente sofisticada, con protocolos de seguridad, bit\u00e1coras electr\u00f3nicas y cl\u00e1usulas de confidencialidad, pero todo ello ser\u00e1 in\u00fatil si los datos que se ingresan son manipulados, incompletos o simplemente inexistentes.<\/p>\n\n\n\n

Otro punto cr\u00edtico es la falta de acceso p\u00fablico. Aunque la confidencialidad es necesaria para proteger a las v\u00edctimas, tambi\u00e9n puede convertirse en un velo de opacidad si no se establecen mecanismos claros de rendici\u00f3n de cuentas. La sociedad civil, la prensa y los organismos de derechos humanos deber\u00edan tener al menos acceso a reportes estad\u00edsticos y an\u00e1lisis generales, para ejercer vigilancia sobre el cumplimiento de la ley.<\/p>\n\n\n\n

El Registro Estatal del Delito de Tortura puede ser una herramienta valiosa, pero solo si se acompa\u00f1a de una voluntad institucional real para erradicar la tortura. De lo contrario, ser\u00e1 solo una simulaci\u00f3n m\u00e1s. La verdadera deuda del Estado colimense no es con el expediente digital, sino con las v\u00edctimas a las que ha ignorado, revictimizado o silenciado durante tres largas d\u00e9cadas.<\/p>\n\n\n\n

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