Colima, M\u00e9xico, Avanzada (01\/10\/2019).- El \u00d3rgano Superior de Auditor\u00eda y Fiscalizaci\u00f3n Gubernamental (OSAFIG) determin\u00f3 que el gobierno estatal no utiliz\u00f3 el cr\u00e9dito de 410 millones de pesos, para el fin que le autoriz\u00f3 el Congreso del Estado, es decir la adquisici\u00f3n de predios o terrenos en el municipio de Colima (la compra de la zona militar en Calzada Galv\u00e1n), as\u00ed como la construcci\u00f3n del C5 y la edificaci\u00f3n de una unidad de cuidados neonatales en Manzanillo.<\/p>\n\n\n\n
En el informe de resultados de la auditor\u00eda correspondiente el ejercicio 2018, el \u00f3rgano fiscalizador se\u00f1ala que el Poder Ejecutivo violent\u00f3 la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constituci\u00f3n local y la Ley de Disciplina Financiera \u201cal dar otro destino del autorizado a los recursos econ\u00f3micos del cr\u00e9dito contratado por el ente fiscalizador (el Ejecutivo) al amparo del decreto 617\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En la observaci\u00f3n: F32\/FS\/18\/20 de la cuenta p\u00fablica 2018, expone que el Poder Legislativo autoriz\u00f3 al gobierno del Estado contratar un cr\u00e9dito por 410 millones de pesos destinados a inversi\u00f3n p\u00fablica productiva, pero no se ejecut\u00f3 de la manera autorizada por los diputados locales.<\/p>\n\n\n\n
El OSAFIG menciona que los recursos econ\u00f3micos observados (los 410 mdp) debieron utilizarse por el ente fiscalizado (Gobierno del Estado) en los conceptos se\u00f1alados en el decreto 617 y que fue publicado el 28 de septiembre en el Peri\u00f3dico Oficial del Estado de Colima, es decir, para la construcci\u00f3n del C5, un total de 150 millones de pesos; la construcci\u00f3n de la Unidad de Cuidados neonatales en Manzanillo por hasta 60 millones de pesos; y en la adquisici\u00f3n de tierras, terrenos y\/o predios urbanos para atender las necesidades de infraestructura social y urbana en el municipio de Colima por un monto de 200 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
El OSAFIG refiere que la respuesta que dio el ente fiscalizado (el gobierno del estado) ante tal se\u00f1alamiento es improcedente, ya que el Poder Legislativo le autoriz\u00f3 al Ejecutivo endeudarse para una acci\u00f3n espec\u00edfica y a posteriori, \u201cno se inform\u00f3 o precis\u00f3 (por parte del gobierno en su solicitud de endeudamiento) que la contrataci\u00f3n de dicho endeudamiento era para recuperar los recursos econ\u00f3micos que el ente fiscalizado hab\u00eda entregado previamente a la Sedena\u201d, como lo expuso la administraci\u00f3n estatal.<\/p>\n\n\n\n
El \u00d3rgano Superior de Auditor\u00eda y Fiscalizaci\u00f3n Gubernamental puntualiz\u00f3 que el ente fiscalizado (el gobierno del Estado) reconoce en su propia respuesta (para desvirtuar el se\u00f1alamiento) que el 14 de diciembre de 2018 recibi\u00f3 el importe de 200 millones de pesos (que se destinar\u00edan para la compra de los terrenos de la XX zona militar) producto del cr\u00e9dito contratado con Banobras al amparo del decreto 617.<\/p>\n\n\n\n
El mismo gobierno indic\u00f3 que al ingresar los recursos extraordinarios, el 14 de diciembre de 2018, \u201cse procedi\u00f3 a recuperar los importes previamente pagados por la adquisici\u00f3n del bien inmueble y se realizaron los pagos correspondientes para diciembre\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, el OSAFIG expone que el gobierno del Estado no acredit\u00f3 documentalmente que dichos recursos (los 200 millones de pesos) se hubiesen utilizado en la inversi\u00f3n p\u00fablica productiva para el que fueron autorizados (por el poder legislativo).<\/p>\n\n\n\n
\u201cCon lo anterior se acredita que el ente\u00a0 fiscalizado (gobierno del estado)\u00a0 no pudo haber realizado los pagos que refiere (a la Sedena en el plazo que se\u00f1al\u00f3 el gobierno)”.<\/p>\n\n\n\n
Sobre el cr\u00e9dito de 410 millones de pesos, el mismo OSAFIG afirma que el ente fiscalizado (gobierno del Estado) s\u00f3lo se limit\u00f3 a realizar, \u201cargumentaciones y descalificaciones sobre lo observado (por el \u00f3rgano fiscalizador), pero en ning\u00fan momento se\u00f1ala el fundamento legal que expresamente lo faculte a dar otro destino diferente al autorizado a los recursos econ\u00f3micos provenientes del cr\u00e9dito contratado con Banobras y que acept\u00f3 recibir el 14 de diciembre de 2018 por un monto total de 200 millones de pesos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Por lo tanto, para el OSAFIG el ente fiscalizado, \u201cno pudo solventar lo observado\u201d en el hallazgo: F32\/FS\/18\/20, relativo al cr\u00e9dito de 410 millones de pesos que el Congreso le autoriz\u00f3 al gobernador en septiembre de 2018. <\/p>\n