{"id":69340,"date":"2024-12-18T08:09:54","date_gmt":"2024-12-18T14:09:54","guid":{"rendered":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/?p=69340"},"modified":"2024-12-18T08:20:21","modified_gmt":"2024-12-18T14:20:21","slug":"la-inconstitucionalidad-de-la-reforma-al-articulo-67-de-la-ley-burocratica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/?p=69340","title":{"rendered":"La inconstitucionalidad de la reforma al art\u00edculo 67 de la ley burocr\u00e1tica"},"content":{"rendered":"\n

ESTRICTO DERECHO<\/strong><\/p>\n\n\n\n

De inicio, es necesario hacer un reclamo a la Universidad de Colima, particularmente a la Facultad de Derecho. La sociedad colimense no logra explicarse c\u00f3mo fue posible que Indira Vizca\u00edno se titulara como Licenciada en Derecho y, peor a\u00fan, como Maestra en Derechos Humanos, cuando ha acreditado con creces que es una completa ignorante de las normas jur\u00eddicas que nos rigen y, sobre todo, que es una violadora de derechos humanos consumada. <\/p>\n\n\n\n

La muestra m\u00e1s reciente: la instrucci\u00f3n que dio a sus empleados, los diputados que integran la mayor\u00eda oficialista en el Congreso del Estado, para que reformaran el art\u00edculo 67 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima (mejor conocida como Ley Burocr\u00e1tica). <\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el decreto 50, mediante el cual se concret\u00f3 esta modificaci\u00f3n, el 16 de diciembre de 2024, se turn\u00f3 a la Comisi\u00f3n de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales una iniciativa en este sentido, suscrita por la diputada por Armer\u00eda, Diana Zepeda Figueroa. Ese mismo d\u00eda, la Comisi\u00f3n citada convoc\u00f3 a sesi\u00f3n, supuestamente a las nueve de la ma\u00f1ana, en la que dictamin\u00f3 que la propuesta era viable y, por ende, se someti\u00f3 a consideraci\u00f3n del Congreso ayer martes 17 de diciembre, siendo aprobada por 17 votos; ayer mismo fue publicada en el Peri\u00f3dico Oficial y hoy entr\u00f3 en vigor. <\/p>\n\n\n\n

\u00bfDe qu\u00e9 trata esta reforma? Hasta ayer, el art\u00edculo 67 de la Ley Burocr\u00e1tica prescrib\u00eda que el pago de aguinaldo de los trabajadores de los gobiernos estatal y municipales de Colima no estaba sujeto a deducci\u00f3n impositiva alguna. Al respecto, cabe se\u00f1alar que esta disposici\u00f3n estuvo en la ley desde que fue aprobada hace 33 a\u00f1os, en diciembre de 1991, como una conquista sindical de los trabajadores de base, que tambi\u00e9n benefici\u00f3 a los de confianza, y siempre fue respetada, hasta el sexenio pasado. <\/p>\n\n\n\n

A Nacho Peralta (ex patr\u00f3n de Indira) le import\u00f3 un cacahuate que fuera un derecho adquirido de los trabajadores y, con el apoyo del OSAFIG, repitieron hasta el cansancio que eso era ilegal (cuando desde 2007 la Suprema Corte se hab\u00eda pronunciado en el sentido de validar este tipo de disposiciones), por lo que, con el pretexto de cumplir con la ley del ISR, indebidamente empez\u00f3 a pagar incompletos los aguinaldos, descont\u00e1ndole a la burocracia el citado impuesto, lo cual inmediatamente fue replicado por los ayuntamientos; sin embargo, en la mayor\u00eda de las ocasiones, dichas retenciones nunca fueron entregadas al SAT o, cuando s\u00ed lo hac\u00edan, despu\u00e9s solicitaban su devoluci\u00f3n, la cual les era autorizada, recibiendo ese dinero de vuelta, para que lo gastaran en lo que quisieran. <\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, el pasado 15 de noviembre, se public\u00f3 en el Semanario Judicial de la Federaci\u00f3n una tesis de jurisprudencia obligatoria de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n, en la que estableci\u00f3 que este tipo de preceptos legales, que prev\u00e9nque las personas trabajadoras al servicio de una entidad federativa y de sus municipios recibir\u00e1n su aguinaldo sin deducci\u00f3n impositiva alguna, son constitucionales, ya que el legislador local, en uso de su libertad de configuraci\u00f3n, puede otorgar esta clase de beneficios a las personas servidoras p\u00fablicas, debiendo entenderse en esos casos que ser\u00e1 la entidad empleadora quien se encargar\u00e1 del pago del impuesto sobre la renta.<\/p>\n\n\n\n

Ante este escenario, para este a\u00f1o 2024, y hasta antes del 19 de diciembre, la gobernadora Indira Vizca\u00edno y los diez ayuntamientos del estado estaban legalmente obligados a pagar \u00edntegros los aguinaldos de sus trabajadores, sin deducirles impuesto alguno. Sin embargo, para no cumplir este precepto legal, y creyendo err\u00f3neamente que con eso se resolver\u00eda el problema, la gobernadora le instruy\u00f3 al Congreso que cambiaran la redacci\u00f3n de la ley, para legalizar el atraco que se ha perpetrado en contra de los trabajadores durante los \u00faltimos a\u00f1os, estableciendo ahora en dicho ordenamiento que el aguinaldo \u201cse sujetar\u00e1 en materia impositiva a lo que determinen las leyes fiscales aplicables\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, contrario a lo que pudiera pensarse, aun cuando s\u00ed se perjudica a los trabajadores, esta maniobra legaloide del oficialismo terminar\u00e1 benefici\u00e1ndoles. Me explico: de inicio, era evidente que los gobiernos estatal y municipales no pagar\u00edan completos los aguinaldos, debido a las condiciones tan complejas en que est\u00e1n sus finanzas, por lo que de todas formas iban a descontar el ISR. De haber procedido as\u00ed, sin reforma legal de por medio, el trabajador o el sindicato respectivo se hubieran visto obligados a iniciar un largo y lento peregrinar ante el TAE, por cuando menos cinco a\u00f1os, para poder recuperar su dinero.<\/p>\n\n\n\n

No obstante, esta reforma hace posible que cualquier afectado, para impedir que le perjudique en lo sucesivo, pueda promover dentro de los 30 d\u00edas siguientes un amparo contra leyes, en el que cuestione la constitucionalidad del precepto modificado y, sobre todo, pueda solicitar que le concedan la suspensi\u00f3n contra \u00e9sta, incluso con efectos restitutorios, lo cual agilizar\u00e1 su reclamo y, adem\u00e1s, le blindar\u00e1 en un futuro contra intentonas similares. <\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 argumentar en el amparo? Al margen de las condiciones tan desaseadas en que se aprob\u00f3 esta modificaci\u00f3n, la reforma en s\u00ed misma es manifiestamente inconstitucional, al contravenir el principio de progresividad, consagrado en el art\u00edculo 1\u00ba de la Constituci\u00f3n federal, en cuanto a la prohibici\u00f3n de regresividad, entendida como el deber de las autoridades de abstenerse de emitir actos, en este caso legislativos, que limiten el alcance que ya se le reconoc\u00eda a un derecho humano o atribuirle alg\u00fan sentido que desconozca la extensi\u00f3n y el nivel de tutela admitido previamente, que es exactamente lo que sucedi\u00f3 en este caso, de ah\u00ed que sea inminente una lluvia de amparos promovidos por quienes ser\u00e1n afectados por esta reforma.<\/p>\n\n\n\n

Por \u00faltimo, respecto a quienes se rasgan las vestiduras porque consideran que deben cumplirse las leyes fiscales, o que es injusto que se destinen recursos del presupuesto para estos fines, es preciso se\u00f1alarles que, m\u00e1s all\u00e1 de sus precarios conocimientos jur\u00eddicos, la Suprema Corte ya ha dejado claro que este tipo de disposiciones legales no transgreden el principio de equidad tributaria, no violan la prohibici\u00f3n de exenci\u00f3n o condonaci\u00f3n de impuestos, ni la obligaci\u00f3n de contribuir al gasto p\u00fablico, ni la facultad del Congreso de la Uni\u00f3n de imponer contribuciones. Si verdaderamente quieren cuidar los recursos p\u00fablicos, que empiecen por tener presente que el aguinaldo es una prestaci\u00f3n exclusiva de la clase trabajadora y, por ende, no tienen derecho a recibirlo quienes son titulares de las entidades p\u00fablicas, como es el caso de la gobernadora, los diputados, los magistrados de los tribunales del estado, el fiscal general, la auditora superior, ni los presidentes municipales, s\u00edndicos y regidores. Es cuanto.  <\/p>\n\n\n\n

OTROS\u00cd 1. El pasado 13 de diciembre, promov\u00ed nuevo juicio ante el Tribunal Electoral del Estado, impugnando la negativa del Instituto Electoral a iniciar con la revocaci\u00f3n de mandato. En dicho juicio, solicito se inapliquen los art\u00edculos transitorios segundo y tercero de la ley de la materia, al ser los que injustificadamente disponen que el ejercicio de este derecho ciudadano solo ser\u00e1 posible a partir del sexenio 2027\u20132033. Hoy, m\u00e1s que nunca, necesitamos revocarle el mandato a la gobernadora.<\/p>\n\n\n\n

OTROS\u00cd 2. Ya hubo humo blanco respecto a la elecci\u00f3n del pr\u00f3ximo titular del OSAFIG. Todo indica que nuevamente se elegir\u00e1 una mujer, y que la gobernadora, en agradecimiento a Paco Rodr\u00edguez, por ser de los pocos secretarios de su gabinete que s\u00ed trabajan, le obsequiar\u00e1 esta posici\u00f3n al grupo pol\u00edtico de \u00e9ste y de su esposa, la diputada Priscila Garc\u00eda. El resto de los aspirantes pueden recoger su documentaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

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