Colima, M\u00e9xico, Avanzada (31\/10\/2024).- Este mi\u00e9rcoles, la periodista Patricia Ram\u00edrez Gonz\u00e1lez, conocida como \u201cPaty Bunburi\u201d, fue asesinada en su establecimiento de comida en Colima. A plena luz del d\u00eda, alrededor de las 14:00 horas, un hombre armado ingres\u00f3 al local, situado en la colonia La Atrevida, y dispar\u00f3 en su contra. Este tr\u00e1gico suceso sum\u00f3 un nombre m\u00e1s a la larga lista de asesinatos que azotan al estado, en un contexto de creciente violencia e inseguridad.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, el crimen contra Patricia Ram\u00edrez ha sido particularmente revictimizante debido a la actuaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General del Estado de Colima (FGE). En un primer comunicado, la fiscal\u00eda omiti\u00f3 el hecho de que Ram\u00edrez Gonz\u00e1lez era periodista, sin explicar las circunstancias exactas de su homicidio ni resguardar la identidad de sus familiares. Posteriormente, en una \u201cactualizaci\u00f3n\u201d sobre el caso, la FGE divulg\u00f3 detalles que vinculan a la hermana de la v\u00edctima con actividades il\u00edcitas, en un intento de relacionar a la v\u00edctima y su familia con el crimen organizado. Este enfoque desvi\u00f3 la atenci\u00f3n de la investigaci\u00f3n del homicidio, insinuando una supuesta \u201cresponsabilidad\u201d indirecta de la propia v\u00edctima.<\/p>\n\n\n\n
Este tipo de revictimizaci\u00f3n no es un caso aislado en Colima. A lo largo de los a\u00f1os, la FGE y otros funcionarios estatales han seguido una pr\u00e1ctica preocupante de criminalizar a las v\u00edctimas y sus entornos familiares tras ser objeto de un delito, bajo el argumento de \u201cclaridad en las investigaciones\u201d. En 2022, el fiscal Bryant Garc\u00eda declar\u00f3 que el asesinato del doctor Iv\u00e1n Jacinto Cort\u00e9s fue \u201cpasional\u201d, sugiriendo que \u00e9l mismo habr\u00eda \u201cprovocado\u201d las circunstancias que terminaron en su homicidio. De manera similar, el exvicefiscal Gustavo Joya emple\u00f3 esta estrategia para justificar los altos \u00edndices de impunidad, argumentando que las v\u00edctimas estaban \u201cinvolucradas\u201d con el crimen, sin respetar el debido proceso ni la confidencialidad de las investigaciones.<\/p>\n\n\n\n
La divulgaci\u00f3n p\u00fablica de estos detalles y la insinuaci\u00f3n de v\u00ednculos con el crimen organizado representan un serio acto de violencia institucional. La criminalizaci\u00f3n de las v\u00edctimas y sus familias no solo agrava el dolor y la probable estigmatizaci\u00f3n, sino que tambi\u00e9n limita el acceso a una justicia efectiva al condicionar el valor de una vida seg\u00fan su posible relaci\u00f3n con el crimen.<\/p>\n\n\n\n
Organizaciones de derechos humanos y colectivos de v\u00edctimas han denunciado reiteradamente esta pr\u00e1ctica, que refuerza un entorno de impunidad. En lugar de centrarse en investigar y detener a los responsables, la FGE desv\u00eda la narrativa, generando una percepci\u00f3n de que las v\u00edctimas \u201cmerec\u00edan\u201d lo que les ocurri\u00f3, lo cual deslegitima la confianza en las instituciones de justicia y a\u00f1ade un obst\u00e1culo adicional a la b\u00fasqueda de verdad y justicia.<\/p>\n\n\n\n
El caso de Patricia Ram\u00edrez Gonz\u00e1lez es un doloroso recordatorio de que el Estado debe garantizar el respeto y la dignidad de las v\u00edctimas en todas las etapas del proceso de justicia, algo que, en Colima, sigue siendo una deuda pendiente.<\/p>\n