Colima, M\u00e9xico, Avanzada (06\/01\/2023).- La Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) invalid\u00f3 el decret\u00f3 183 que exentaba del pago de agua a las escuelas p\u00fablicas en el municipio de Manzanillo y determin\u00f3 que el Congreso local invadi\u00f3 las atribuciones legales del municipio al determinar de manera unilateral las instituciones que quedaban fuera del cobro por dicho servicio.<\/p>\n\n\n\n
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia resolvieron esta semana la controversia constitucional que promovi\u00f3 el Ayuntamiento de Manzanillo contra una reforma aprobada en el 2019 a Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios P\u00fablicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, del Municipio de Manzanillo. <\/p>\n\n\n\n
El resolutivo de la SCJN entrar\u00e1 en vigor una vez que las partes involucradas sean notificadas, es decir, tanto el Ayuntamiento de Manzanillo, el Poder Legislativo y el Gobierno del Estado, quien public\u00f3 la reforma controvertida en el peri\u00f3dico Oficial \u201cEl Estado de Colima\u201d el 3 de septiembre de 2019.<\/p>\n\n\n\n
En las modificaciones hechas hace tres a\u00f1os por los tribunos colimenses, establecieron que \u201ccuando se trate de los servicios por la conexi\u00f3n a la red de agua potable de escuelas pertenecientes al sistema de educaci\u00f3n p\u00fablica del Estado o de la Federaci\u00f3n, quedar\u00e1n exentos de pagar los derechos correspondientes\u201d. <\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, el Ayuntamiento de Manzanillo acudi\u00f3 a la SCJN en donde expuso que el Congreso local violent\u00f3 el debido proceso y sustent\u00f3 sus razones a trav\u00e9s del l art\u00edculo 115 de la Constituci\u00f3n General, en el cual se establece que son los ayuntamientos quienes deben proponer a las legislaturas las cuotas y tarifas aplicables a derechos.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, en la controversia expuso que en las modificaciones no se tom\u00f3 en cuenta la opini\u00f3n del municipio, ni el impacto presupuestal. <\/p>\n\n\n\n
En su resolutivo, los ministros de la SCJN expusieron que \u201cderiva la competencia constitucional de los municipios para administrar libremente su hacienda, la cual se conforma, entre otros rubros, con los ingresos derivados de la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos a su cargo, como es el caso de los relacionados con el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici\u00f3n de sus aguas residuales, respecto de lo cual existe prohibici\u00f3n constitucional para que las leyes estatales establezcan exenciones o subsidios a favor de persona o instituci\u00f3n alguna\u201d. <\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n menciona que la iniciativa fue presentada por una diputada y en ella no se advierte la participaci\u00f3n del municipio.<\/p>\n\n\n\n
Con ello, los ministros determinaron que el Poder Legislativo estaba \u201clegal y constitucionalmente imposibilitado\u201d para someter al pleno del Congreso y sin la anuencia del municipio la reforma en cuesti\u00f3n, \u201cen virtud de que era al Ayuntamiento a quien le correspond\u00eda proponer las cuotas aplicables a los servicios que presta, el Congreso del Estado carec\u00eda de competencia legal para establecer unilateralmente una exenci\u00f3n a las escuelas p\u00fablicas federales o locales del pago de derechos por concepto de la conexi\u00f3n a la red de agua potable\u201d. <\/p>\n