Como es costumbre y lo marca la legislaci\u00f3n, el Poder Ejecutivo del Estado envi\u00f3 ya al Congreso Estatal el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023. Mismo que deber\u00e1 ser aprobado por el Poder Legislativo a m\u00e1s tardar el 30 del presente mes. La interacci\u00f3n y las diferentes responsabilidades que asumen ambos poderes no es casualidad. Forman parte de un proceso orientado a garantizar la transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas en el uso y destino de los recursos p\u00fablicos; por medio de pesos y contrapesos, as\u00ed como de mecanismos institucionales cuya finalidad es el control democr\u00e1tico del poder. De lo contrario, la opacidad, la discrecionalidad y la arbitrariedad ser\u00edan la norma \u2014y no la excepci\u00f3n\u2014 del ejercicio gubernamental y el gasto p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
El problema es que a pesar de la aprobaci\u00f3n del Presupuesto de Egresos por parte del Congreso Local sobre qui\u00e9n debe gastar los recursos p\u00fablicos y en qu\u00e9 cantidad, durante el ejercicio del gasto las autoridades encargadas de ejecutarlo realizan modificaciones \u2014 de manera opaca y discrecional\u2014 que impiden y obstaculizan su vigilancia y control. Y si bien dichas adecuaciones est\u00e1n contempladas en la ley, solo deben realizarse, de acuerdo con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, \u201csiempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores del Gasto\u201d. El problema es que dichos movimientos distan de cumplir con lo que la normatividad se\u00f1ala. <\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, las modificaciones al presupuesto de egresos durante el ejercicio del gasto p\u00fabico no son asunto menor. Mediante dichas \u201cadecuaciones presupuestarias\u201d se puede modificar completamente el gasto de una dependencia o entidad de la administraci\u00f3n p\u00fablica o de un programa presupuestario. En las administraciones pasadas eso sol\u00eda ocurrir. Por ejemplo, de manera sistem\u00e1tica, durante los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, a la Secretar\u00eda de Desarrollo Rural, el H. Congreso estatal le aprob\u00f3 un presupuesto de 821, 894 y 646 millones de pesos para que posteriormente, durante el ejercicio del gasto, las autoridades ejecutoras le realizaran reducciones superiores al 70 por ciento del presupuesto aprobado por el Poder Legislativo. Y esta administraci\u00f3n tampoco es la excepci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Al tercer trimestre del a\u00f1o, de acuerdo con el Informe Trimestral de las Finanzas P\u00fablicas, a la Secretar\u00eda General de Gobierno se le han adicionado alrededor de 94 millones de pesos, mismos que equivalen a m\u00e1s de 20 por ciento de su presupuesto aprobado, y a la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n Finanzas y Administraci\u00f3n se le increment\u00f3 su presupuesto en 14 millones, lo que representa un incremento superior al 4 por ciento. Mientras tanto, a la Secretar\u00eda de Salud o a la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica se les han realizado reducciones de 16.6 y 9.5 millones de pesos (respectivamente) en un contexto de abandono del sector salud y de inseguridad y violencia en la entidad. <\/p>\n\n\n\n
Y en los cap\u00edtulos y partidas del gasto tambi\u00e9n sucede lo mismo. El presupuesto destinado a servicios personales ha tenido una reducci\u00f3n equivalente casi a 7 por ciento de su presupuesto aprobado; o la partida de servicios arrendamiento, que presenta una ampliaci\u00f3n de 124 millones, pasando as\u00ed de tener 22 millones de pesos aprobados a 146 millones; o la de traslados y vi\u00e1ticos a la que se le aprobaron 2.7 millones de pesos, pero con una ampliaci\u00f3n, dicha partida contempla ahora un gasto de 3.5 millones. De nuevo, el problema aqu\u00ed no es la ampliaci\u00f3n o reducci\u00f3n entre el presupuesto de un ejercicio fiscal y otro, sino la discrepancia que existe entre lo aprobado por el Congreso y las ampliaciones y reducciones realizadas \u2014de manera opaca y discrecional\u2014 por las autoridades ejecutoras del gasto.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, el ejercicio del gasto p\u00fablico debe orientarse hacia la transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas. Continuar bajo las mismas rutinas que han prevalecido durante d\u00e9cadas solo impedir\u00e1 y obstaculizar\u00e1 el ejercicio democr\u00e1tico del poder.<\/p>\n