Editorial.
El 3 de abril de 2018, un hombre asesin\u00f3 a su esposa en el municipio de Tecom\u00e1n; una historia similar se repiti\u00f3 el 2 de noviembre en la colonia Las Palmas en Colima. Las dos historias anteriores, podr\u00edan pasar como casos aislados sino fuera porque el 19 de febrero de 2017, un polic\u00eda de Tecom\u00e1n acribill\u00f3 a su c\u00f3nyuge al interior de su vivienda. Adem\u00e1s, porque el pasado 7 de noviembre una mujer fue asesinada en la calle Agust\u00edn George Montes, en su casa, en Coquimatl\u00e1n. Tres d\u00edas despu\u00e9s, una m\u00e1s fue degollada y su cuerpo desangrado se localiz\u00f3 cerca de la Termoel\u00e9ctrica, en Manzanillo.
La lista es larga, largu\u00edsima, en un estado donde asesinar, golpear, en fin, violentar a las mujeres es pr\u00e1ctica consuetudinaria, sin que los organismos oficiales muestren inter\u00e9s y, por ende, presenten acciones para disminuir los alarmantes \u00edndices.
En el estado no existen garant\u00edas para que las ni\u00f1as y las mujeres puedan transitar seguras en el espacio p\u00fablico y tampoco en el privado.
A las autoridades, y los representantes populares no les incomoda contar a las asesinadas, agredidas, violentadas. Han optado por la simulaci\u00f3n para atender la emergencia y se han convertido en c\u00f3mplices al guardar silencio ante un problema que debe ocuparnos a todos.
Cuando se revisan las estad\u00edsticas, es obligatorio cuestionarnos \u00bfqu\u00e9 se hace en la entidad para frenar la violencia contra las mujeres? La respuesta es nada, por lo menos nada que realmente impacte: no existen pol\u00edticas p\u00fablicas claras en materia de g\u00e9nero, no hay rendici\u00f3n de cuentas, seguimiento para saber si las acciones est\u00e1n funcionando y por lo tanto, los feminicidios y las agresiones van a la alza.
Seguramente los informes del gobierno del Estado o del Instituto Colimense de la Mujer (ICM) mostrar\u00e1n que se realizaron cursos, ferias, y hasta se dise\u00f1aron juegos para erradicar este tipo de problema social, pero la realidad es que esas acciones s\u00f3lo han servido para ocultar la ineficacia del gobernador, alcaldes, diputados, y la directora del ICM. Han frivolizado la Alerta de Violencia de G\u00e9nero.
Es claro que a las mujeres se les agrede o asesina porque la autoridad lo ha permitido, es decir, la violencia se recrudece frente a los ojos de un gobierno omiso que se niega a asumir su responsabilidad. El mensaje, crudo y directo, que env\u00eda el gobierno es: aqu\u00ed se puede golpear, violentar o asesinar a una mujer, sin que existan consecuencias.
El secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad P\u00fablica se\u00f1al\u00f3 que en el 2018, Colima obtuvo la tasa m\u00e1s alta de feminicidio en el pa\u00eds por cada 100 mil habitantes. Lo anterior pese al sub registro de casos que realiza la Fiscal\u00eda General del Estado.
Es inconcebible que la directora del ICM, Mariana Mart\u00ednez, una mujer que viene de abrir brecha en la protecci\u00f3n de las mujeres en el \u00e1mbito jur\u00eddico, se haya convertido en una simple figura decorativa y convalide la negligencia para atender el tema. Se esperaba m\u00e1s de su actuaci\u00f3n.
En contraste con las omisiones del gobierno estatal, las organizaciones civiles, como en el resto del pa\u00eds, han tomado un papel fundamental en el tema. Sin ellas, la violencia contra las mujeres pasar\u00eda desapercibida, ser\u00eda un tema olvidado, en un estado donde se tolera y se oculta la realidad de lo que sucede.<\/p>\n