Colima, M\u00e9xico, Avanzada (12\/02\/2022).- El Instituto de Transparencia, Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica y Protecci\u00f3n de Datos del Estado de Colima (Infocol) notific\u00f3, este viernes 11 de febrero, la admisi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n (queja ciudadana) presentado por la opacidad del gobierno estatal en torno a la documentaci\u00f3n del arrendamiento de m\u00e1s de 150 patrullas para labores de seguridad p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
El recurso fue interpuesto por este reportero el pasado 17 de diciembre de 2021, luego de que tras vencer el plazo legal no obtuvo respuesta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad P\u00fablica (SESESP) a la solicitud de los documentos relativos a la licitaci\u00f3n o adjudicaci\u00f3n directa de los contratos de esa transacci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con informaci\u00f3n extraoficial, el gobierno estatal comprometi\u00f3 cerca de 300 millones de pesos para la renta por tres a\u00f1os de 152 patrullas, esto es, casi dos millones de pesos por patrulla en ese periodo.<\/p>\n\n\n\n
La empresa beneficiaria de la adjudicaci\u00f3n directa del contrato de arrendamiento fue Lumo S.A. de C.V., con sede en el Estado de M\u00e9xico, cuyo director es un exdiputado federal suplente del PRI y excolaborador de Enrique Pe\u00f1a Nieto cuando \u00e9ste fue gobernador de esa entidad.<\/p>\n\n\n\n
El recurso de revisi\u00f3n fue clasificado por el Infocol bajo el n\u00famero de expediente RR.017\/2021 y fue turnado para la elaboraci\u00f3n de la ponencia al comisionado Francisco Jos\u00e9 Y\u00e1\u00f1ez Centeno y Arvizu, a quien se le entreg\u00f3 el caso el 31 de enero de 2022.<\/p>\n\n\n\n
Con base en la ley de la materia, se determin\u00f3 la admisi\u00f3n del recurso, \u201ctoda vez que se re\u00fanen los requisitos que para la promoci\u00f3n del sumario administrativo se requieren, con las facultades de este instituto de garantizar el cumplimiento de la ley, conocer y resolver con base en los principios de sencillez y m\u00ednima formalidad los recursos que se interpongan contra los actos de las entidades p\u00fablicas con relaci\u00f3n a las solicitudes de acceso a la informaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En ese sentido, el organismo otorg\u00f3 al recurrente y al sujeto obligado un plazo de siete d\u00edas h\u00e1biles para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan todo tipo de pruebas y alegatos.<\/p>\n\n\n\n
A trav\u00e9s de la notificaci\u00f3n, el Infocol advirti\u00f3 a las partes que \u201cuna vez transcurrido el t\u00e9rmino concedido, con o sin se\u00f1alamiento alguno de \u00e9stas, este instituto proceder\u00e1 al cierre de instrucci\u00f3n correspondiente, quedando en consecuencia el sumario administrativo para emitir la resoluci\u00f3n respectiva, teniendo en consideraci\u00f3n las constancias de las actuaciones que obran en el sumario\u201d.<\/p>\n