Colima, M\u00e9xico, Avanzada (14\/01\/2019).- El Juzgado Segundo de Distrito con sede en Colima dej\u00f3 sin efecto la inhabilitaci\u00f3n por cinco a\u00f1os para ocupar cargos p\u00fablicos que el Congreso del Estado de Colima impuso al ex secretario general de Gobierno, Rafael Guti\u00e9rrez Villalobos por la contrataci\u00f3n de un cr\u00e9dito de 638 millones de pesos durante el sexenio de Mario Anguiano Moreno. <\/p>\n\n\n\n
En la p\u00e1gina de la judicatura federal se se\u00f1ala que el pasado 31 de diciembre, el juzgado de distrito le otorg\u00f3 un amparo al ex funcionario en contra de la sanci\u00f3n impuesta por el Poder Legislativo porque \u00e9ste falt\u00f3 al principio de congruencia y por lo tanto violent\u00f3 los derechos humanos de Guti\u00e9rrez Villalobos. En su resoluci\u00f3n el juzgado dej\u00f3 insubsistente la sanci\u00f3n impuesta a Rafael Guti\u00e9rrez Villalobos en el decreto 613, aprobado por los tribunos colimenses el 27 de septiembre. <\/p>\n\n\n\n
Con fecha 6 de noviembre de 2017, Rafael Guti\u00e9rrez Villalobos present\u00f3 un juicio de amparo para combatir la inhabilitaci\u00f3n por cinco a\u00f1os para ocupar cargos p\u00fablicos. La sanci\u00f3n fue impuesta debido a que los diputados locales consideraron que Guti\u00e9rrez Villalobos, junto con otros funcionarios, present\u00f3 informaci\u00f3n falsa al Congreso del Estado, para lograr la contrataci\u00f3n de un cr\u00e9dito por 638 millones de pesos. <\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, el resolutivo del Juzgado Segundo de Distrito se explica que en el propio decreto de sanci\u00f3n se menciona el trabajo realizado por el \u00d3rgano Superior de Auditor\u00eda y Fiscalizaci\u00f3n Gubernamental (OSAFIG), en la auditor\u00eda excepcional practicada a la contrataci\u00f3n del citado cr\u00e9dito, contiene una serie de inconsistencias, errores y deficiencias respecto a las imputaciones que hace a Guti\u00e9rrez Villalobos. <\/p>\n\n\n\n
El Juzgado insiste que en el propio decreto, el \u00f3rgano fiscalizador \u201cno precisa en forma concreta la conducta imputable ni el motivo por el cual pretende sancionarlo\u201d. Adem\u00e1s, no \u201cmotiva ni fundamenta la causa y el monto de los da\u00f1os y perjuicios que supuestamente se generaron a la hacienda p\u00fablica estatal, con la conducta imputada; y no especifica concretamente cu\u00e1les montos se hayan destinado para inversiones supuestamente no autorizadas por la ley\u201d. <\/p>\n\n\n\n
El Juzgado Segundo de Distrito tambi\u00e9n recuerda que en el decreto 613 se mencionaba que \u201cel cargo que ostentaba el servidor p\u00fablico (Rafael Guti\u00e9rrez) no resulta ser el responsable directo del manejo y control de las finanzas p\u00fablicas del estado; por lo que, no es posible imponer sanci\u00f3n al observado\u201d. <\/p>\n\n\n\n
Refiere que pese a ello, los diputados impusieron al quejoso inhabilitaci\u00f3n por cinco a\u00f1os para desempe\u00f1ar empleos, cargos o comisiones en el servicio p\u00fablico municipal o estatal\u201d. \u201cPor lo tanto resulta inconcuso (indudable) que el Decreto reclamado es violatorio de los derechos humanos consagrados en los art\u00edculos 14, 16 y 17, constitucionales, porque la autoridad responsable, al resolver en el sentido que lo hizo, falta al principio de congruencia que debe prevalecer en toda resoluci\u00f3n\u201d.<\/p>\n