La quiebra financiera en la que se encuentra hundido el gobierno estatal de Colima, como producto de la herencia negra del exgobernador Jos\u00e9 Ignacio Peralta S\u00e1nchez, no es un asunto menor.<\/p>\n\n\n\n
Once mil millones de pesos de pasivos, entre ellos importantes compromisos econ\u00f3micos de corto plazo, para un estado cuyo presupuesto anual es de poco m\u00e1s de 18 mil millones de pesos constituyen una fuerte carga, casi imposible de soportar.<\/p>\n\n\n\n
No basta con que el gobierno federal adelante participaciones ni que el gobierno estatal contrate un cr\u00e9dito para recibir oxigenaci\u00f3n artificial, pues a final de cuentas ser\u00e1 como abrir un hoyo para tapar otro y tarde o temprano la realidad terminar\u00e1 por alcanzar a la administraci\u00f3n de Indira Vizca\u00edno Silva.<\/p>\n\n\n\n
El serio problema que cargan las finanzas estatales es una n\u00f3mina sobregirada, con excesivo personal y con una casta privilegiada de servidores p\u00fablicos que con sus altos salarios, prestaciones y bonos lo \u00fanico que hacen es menguar las arcas estatales, en perjuicio del grueso de la ciudadan\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Seguramente con la mitad del personal con el que actualmente cuentan los tres poderes del estado, los diez ayuntamientos y los organismos aut\u00f3nomos, ser\u00eda suficiente para sacar adelante el trabajo que se realiza d\u00eda a d\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s del necesario e indispensable adelgazamiento de la n\u00f3mina para contribuir a sanear de fondo las finanzas p\u00fablicas, una opci\u00f3n que tiene el gobierno de Indira Vizca\u00edno para afrontar la emergente crisis financiera, sin tener que recurrir a cr\u00e9ditos ni a m\u00e1s adelantos de participaciones, es la declaratoria de quiebra gubernamental. Esto implica el consecuente paro temporal de labores y cierre de oficinas no esenciales, con el prop\u00f3sito de ahorrar recursos y regresar a las actividades normales una vez que se estabilicen las finanzas.<\/p>\n\n\n\n
Medidas de este tipo han funcionado en otros pa\u00edses, como Estados Unidos, donde desde hace varias d\u00e9cadas ha sido com\u00fan enterarse del cierre de oficinas gubernamentales. Seg\u00fan un recuento, en el periodo de 1976 a 2019 el gobierno federal estadounidense cerr\u00f3 en varias ocasiones por un total acumulado de 165 d\u00edas, sobre todo por situaciones de incertidumbre presupuestal generada por desacuerdos en el Congreso, entre otras razones.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed tambi\u00e9n, entre 2005 y 2011 se registraron cierres de los gobiernos de los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Minessota, por motivos similares.<\/p>\n\n\n\n
En el caso de Estados Unidos, un cierre de la administraci\u00f3n federal provoca la baja de un gran n\u00famero de empleados p\u00fablicos, dado que no ejercen sus funciones ni son remunerados. El personal militar y los empleados esenciales no son dados de baja, pero puede que no se les pague el salario correspondiente a las jornadas que trabajen durante el cierre.<\/p>\n\n\n\n
Hasta donde se conoce, en M\u00e9xico no se han registrado experiencias de esta naturaleza y probablemente sea dif\u00edcil llevarlas a cabo con la legislaci\u00f3n actual. Sin embargo, es una opci\u00f3n que merece ser analizada y, en caso de encontrarla viable, buscar los mecanismos para llevarla a la pr\u00e1ctica.<\/p>\n