EDITORIAL<\/p>\n\n\n\n
Para ocultar la informaci\u00f3n sobre el proceso de cobro de los 515 millones de pesos de la multa que el Congreso local impuso al exgobernador Mario Anguiano Moreno, el Gobierno estatal argumenta que no puede entregar la informaci\u00f3n porque violar\u00eda el debido proceso debido a que el caso no ha causado estado.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, se trata de un endeble argumento porque en realidad el caso de Anguiano ya caus\u00f3 estado desde que el exmandatario recurri\u00f3 a la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) y esta instancia ni siquiera le admiti\u00f3 el recurso.<\/p>\n\n\n\n
Mediante un comunicado, la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n y Finanzas se\u00f1al\u00f3 recientemente que el procedimiento administrativo de ejecuci\u00f3n de la multa de 515 millones de pesos contra el exgobernador Mario Anguiano Moreno debe reservarse, pues de entregarse la informaci\u00f3n se violar\u00eda el debido proceso para el sancionado.<\/p>\n\n\n\n
Indic\u00f3 que al reservar la informaci\u00f3n se cumple con la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica del Estado de Colima, cuyo art\u00edculo 114 establece que se considerar\u00e1 informaci\u00f3n reservada aquella que se encuentre sustra\u00edda temporalmente del conocimiento p\u00fablico por determinaci\u00f3n de los sujetos obligados, misma que podr\u00e1 declararse en los casos y modalidades establecidas en esta ley.<\/p>\n\n\n\n
Bajo esa consideraci\u00f3n, explic\u00f3, la divulgaci\u00f3n de la informaci\u00f3n a terceros, relacionada con el procedimiento administrativo de ejecuci\u00f3n instaurado por la Seplafin generar\u00eda un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo para el inter\u00e9s p\u00fablico, siendo el riesgo de entregar la informaci\u00f3n mayor que las ventajas de su difusi\u00f3n, afectando los derechos del debido proceso y vulnerando la conducci\u00f3n de este procedimiento en tanto no haya causado estado.<\/p>\n\n\n\n
Enseguida, la Seplafin cit\u00f3 art\u00edculos de la Ley Transparencia y Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica del Estado de Colima para tratar de sustentar que se trata de informaci\u00f3n confidencial, as\u00ed como el segundo p\u00e1rrafo del art\u00edculo 16 constitucional, el cual “reconoce que el derecho a la protecci\u00f3n de datos personales -as\u00ed como al acceso, rectificaci\u00f3n y cancelaci\u00f3n de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislaci\u00f3n secundaria, caso en el que evidentemente se encuentra este procedimiento de cobro”.<\/p>\n\n\n\n
No deja de llamar la atenci\u00f3n la manera como el gobierno estatal trata de llevar este asunto en secreto, a escondidas de la mirada de los ciudadanos, con razones que ser\u00edan, por lo menos debatibles.<\/p>\n\n\n\n
En un momento cuando ya todas las instancias establecieron que Anguiano Moreno debe pagar por el manejo irregular de recursos en su administraci\u00f3n, cuando eso ya no est\u00e1 a discusi\u00f3n, \u00bfen qu\u00e9 puede afectar al debido proceso que el gobierno estatal informe cu\u00e1ntos requerimientos de pago ha realizado, si inici\u00f3 alg\u00fan proceso de embargo de bienes u otra acci\u00f3n? \u00bfO es que no se ha hecho nada al respecto y no hay nada que informar, y pretenden dejar que concluya el sexenio e irse sin cumplir su responsabilidad?<\/p>\n\n\n\n
Si de verdad el gobierno de Ignacio Peralta S\u00e1nchez tuviera vocaci\u00f3n por el respeto de los debidos procesos, por ejemplo, no habr\u00eda dado a conocer en su momento que hab\u00eda iniciado ante la Secretar\u00eda de Comunicaciones y Transportes un procedimiento para anular la concesi\u00f3n de la caseta de Cuyutl\u00e1n, asunto del que inform\u00f3 p\u00fablicamente de manera detallada.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfEn ese caso no le preocup\u00f3 al gobierno estatal violar el derecho al debido proceso de la empresa concesionaria? \u00bfO decidi\u00f3 hacerlo p\u00fablico porque le redituar\u00eda bonos pol\u00edticos al gobernador Peralta?<\/p>\n\n\n\n
Lo cierto es que el asunto de Mario Anguiano es de indudable inter\u00e9s p\u00fablico y existe informaci\u00f3n sobre procedimientos que puede difundirse sin da\u00f1ar el proceso, lo que dar\u00eda certeza a la sociedad sobre las acciones que se pueden hacer en su beneficio.<\/p>\n\n\n\n
La poblaci\u00f3n merece y necesita saber lo que se est\u00e1 haciendo para cobrarle a un ex servidor p\u00fablico que defraud\u00f3 la confianza ciudadana en el manejo de los recursos p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n
La opacidad, en \u00e9ste como en muchos otros casos, s\u00f3lo genera dudas y sospechas de posibles arreglos inconfesables entre las c\u00fapulas del poder, situaci\u00f3n que s\u00f3lo podr\u00eda hablar de un pacto de impunidad entre el exgobernador Anguiano y el actual mandatario Peralta.<\/p>\n