Cinco a\u00f1os despu\u00e9s del arribo de la autodenominada Cuarta Transformaci\u00f3n al poder, Colima contin\u00faa siendo un territorio f\u00e9rtil para la impunidad. La ca\u00edda del PRI en 2021, despu\u00e9s de 90 a\u00f1os de hegemon\u00eda, no signific\u00f3 el fin del viejo r\u00e9gimen, sino su reciclaje. Morena y sus aliados, el PT y el PVEM, llegaron bajo la promesa de sanear el aparato p\u00fablico; sin embargo, lo que sigui\u00f3 fue la continuidad de la par\u00e1lisis institucional, particularmente en el combate a la corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Desde el 1 de julio de 2021 \u2014cuatro meses antes de que Morena asumiera el gobierno estatal\u2014 y hasta el 30 de junio de 2025, se presentaron mil 28 denuncias por delitos relacionados con actos de corrupci\u00f3n. La respuesta del aparato de justicia ha sido desoladora: solo 14 carpetas fueron judicializadas y no existe una sola sentencia condenatoria. La Fiscal\u00eda Especializada en Combate a la Corrupci\u00f3n del Estado de Colima, lejos de ser un \u00f3rgano eficaz, se ha convertido en un muro de contenci\u00f3n para la rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n\n\n\n
La situaci\u00f3n se agrava con la reciente discusi\u00f3n en el Congreso del Estado para ampliar los plazos de prescripci\u00f3n de los delitos de corrupci\u00f3n. Durante el an\u00e1lisis, la propia Fiscal\u00eda reconoci\u00f3 que prescribi\u00f3 el 22 por ciento de las denuncias presentadas entre 2019 y 2025; es decir, alrededor de 412 carpetas quedaron en la impunidad.<\/p>\n\n\n\n
Con apenas siete agentes del Ministerio P\u00fablico a su cargo, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de informaci\u00f3n TRANS-0445\/2025, y sin autonom\u00eda presupuestaria, la Fiscal\u00eda opera como un s\u00edmbolo de la simulaci\u00f3n institucional. Esta dependencia, creada para perseguir a quienes saquearon al estado durante los gobiernos priistas y ahora los morenistas, ha sido desactivada desde dentro. Lejos de representar un avance en la impartici\u00f3n de justicia, su funcionamiento evidencia una estrategia de impunidad por omisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Los datos muestran el nivel de tolerancia hacia la corrupci\u00f3n: entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2022 se presentaron 381 denuncias. De estas, 313 permanecieron en investigaci\u00f3n inicial, 24 fueron archivadas temporalmente, en 16 se determin\u00f3 la abstenci\u00f3n de investigar y solo cinco llegaron ante un juez. Ninguna termin\u00f3 en castigo. La impunidad fue total.<\/p>\n\n\n\n
Durante ese periodo, el delito m\u00e1s frecuente fue el abuso de autoridad, con 158 carpetas; le siguieron los delitos relacionados con irregularidades en la procuraci\u00f3n de justicia, con 94 denuncias, y el peculado, con 67. A pesar del volumen de se\u00f1alamientos, el Estado fue incapaz \u2014o renuente\u2014 a llevar ante la justicia a los responsables.<\/p>\n\n\n\n
El patr\u00f3n se repiti\u00f3 en 2023, cuando se abrieron 279 nuevas carpetas de investigaci\u00f3n. M\u00e1s de 220 quedaron detenidas en etapas previas; 146 fueron enviadas al archivo y otras fueron cerradas sin posibilidad de reabrirse. Nuevamente, solo cinco carpetas fueron judicializadas y ninguna obtuvo sentencia.<\/p>\n\n\n\n
El abuso de autoridad continu\u00f3 a la cabeza, con 128 investigaciones; le siguieron los delitos cometidos por servidores p\u00fablicos encargados de procurar o impartir justicia, con 63, y el peculado, con 44. La Fiscal\u00eda tambi\u00e9n report\u00f3 un aumento en las denuncias por enriquecimiento il\u00edcito, falsedad de declaraciones, cohecho y tr\u00e1fico de influencias. Pese a ello, no obtuvo ninguna sentencia condenatoria.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los casos que mejor ilustra el fracaso del sistema es el del exsecretario de Planeaci\u00f3n y Finanzas Carlos Arturo Noriega Garc\u00eda. Como titular de la dependencia durante el gobierno de Jos\u00e9 Ignacio Peralta S\u00e1nchez, fue se\u00f1alado por su posible participaci\u00f3n en desv\u00edos millonarios y por presuntas irregularidades en la compra, por 200 millones de pesos, de los terrenos de la antigua Zona Militar, ubicada en la calzada Galv\u00e1n, pese a que el predio hab\u00eda sido donado a la Federaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, la vinculaci\u00f3n a proceso en su contra no pas\u00f3 de un tr\u00e1mite formal. La sanci\u00f3n que recibi\u00f3, lejos de representar una justicia reparadora, mostr\u00f3 que en Colima el castigo penal es selectivo, cuando no meramente simb\u00f3lico: no hubo prisi\u00f3n ni inhabilitaci\u00f3n, \u00fanicamente una reparaci\u00f3n del da\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n
La narrativa oficial sobre el combate a la corrupci\u00f3n sufri\u00f3 otro golpe en 2024, cuando el fiscal especializado Mario Ochoa Garc\u00eda renunci\u00f3 al cargo el 4 de septiembre. Fue el segundo titular de esa instituci\u00f3n que dej\u00f3 el puesto en menos de cuatro a\u00f1os. Ochoa apenas llevaba dos a\u00f1os en funciones, despu\u00e9s de haber sido designado por el Congreso a propuesta de la gobernadora Indira Vizca\u00edno Silva.<\/p>\n\n\n\n
Su salida abrupta pas\u00f3 sin pena ni gloria en Colima. Su lugar fue ocupado por Esperanza Ram\u00edrez Vela, quien hasta ahora ha continuado con la misma l\u00f3gica de par\u00e1lisis institucional.<\/p>\n\n\n\n
Durante 2024 se abrieron 260 carpetas. La mayor\u00eda, 190, permanece en investigaci\u00f3n inicial, mientras que el resto fue descartado o se encuentra en pausa: 44 est\u00e1n en archivo temporal, en nueve se determin\u00f3 no iniciar una investigaci\u00f3n, 10 fueron canceladas y seis se remitieron a otras instancias por incompetencia. Las cifras revelan que el aparato anticorrupci\u00f3n est\u00e1 dise\u00f1ado para simular que investiga mientras, en la pr\u00e1ctica, garantiza impunidad.<\/p>\n\n\n\n
En el primer semestre de 2025 se sumaron otras 108 denuncias. De ellas, solo cuatro fueron judicializadas por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones y facultades. \u00bfEl resultado? Nuevamente, ninguna sentencia. La ineficiencia es estructural y en ella tienen responsabilidad los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.<\/p>\n\n\n\n
La Fiscal\u00eda Especializada en Combate a la Corrupci\u00f3n opera sin dientes ni recursos. No tiene presupuesto propio y funciona bajo el control administrativo de la Fiscal\u00eda General del Estado, encabezada por Bryan Alejandro Garc\u00eda Ram\u00edrez, se\u00f1alado por su cercan\u00eda con la gobernadora Indira Vizca\u00edno Silva. Seg\u00fan la Ley Org\u00e1nica de la Fiscal\u00eda, la instituci\u00f3n anticorrupci\u00f3n no goza de autonom\u00eda financiera ni tiene capacidad propia para fortalecer su plantilla.<\/p>\n\n\n\n
Sus investigaciones son realizadas por un equipo reducido y sin garant\u00edas t\u00e9cnicas suficientes para confrontar las redes de corrupci\u00f3n enquistadas en el poder pol\u00edtico y administrativo.<\/p>\n\n\n\n
Este dise\u00f1o institucional no es accidental. La ausencia de resultados no se debe a la falta de denuncias ciudadanas, sino al encubrimiento sistem\u00e1tico desde el poder. En Colima no existe voluntad pol\u00edtica para castigar la corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
A cinco a\u00f1os de que Morena y sus aliados desplazaron al PRI del gobierno estatal, los compromisos de transformaci\u00f3n se han convertido en un archivo muerto. Los n\u00fameros son irrefutables: mil 28 denuncias, 14 judicializaciones y cero sentencias. El mensaje para quienes abusan del poder p\u00fablico es evidente: en este estado, robar no tiene consecuencias.<\/p>\n