Colima, M\u00e9xico, Avanzada (03\/08\/2026).- En Colima, una denuncia por corrupci\u00f3n puede tardar m\u00e1s que una administraci\u00f3n completa en llegar ante un juez. Puede atravesar elecciones, cambios de partido, nombramientos y renuncias; puede perseguir a un funcionario mientras este obtiene otra candidatura o un nuevo cargo: lo que rara vez produce es una sentencia.<\/p>\n\n\n\n
Desde que comenz\u00f3 a operar en 2018, la Fiscal\u00eda Especializada en Combate a la Corrupci\u00f3n ha acumulado cerca de mil expedientes contra servidores p\u00fablicos y las acusaciones abarcan dinero destinado a v\u00edctimas que no lleg\u00f3 a sus beneficiarios, cuotas retenidas a trabajadores, transferencias negadas a la Universidad de Colima, pr\u00e9stamos ilegales, tarjetas bancarias de uso personal pagadas por un ayuntamiento, plazas magisteriales presuntamente manipuladas y recursos p\u00fablicos utilizados con fines pol\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n
Los denunciantes han aportado auditor\u00edas, estados de cuenta, decretos, recibos de n\u00f3mina, escrituras, expedientes laborales y resoluciones oficiales, pero, en la mayor\u00eda de los casos, los presuntos afectados, quienes esperan la aplicaci\u00f3n de la justicia, se han topado con el silencio.<\/p>\n\n\n\n
El 5 de septiembre de 2023, el entonces fiscal anticorrupci\u00f3n, Mario Ochoa Garc\u00eda, reconoci\u00f3 que la instituci\u00f3n conservaba 886 carpetas abiertas, acumuladas desde 2018. Dijo que ninguna hab\u00eda fenecido y que todas continuaban vigentes, pero, a tres a\u00f1os de esa declaraci\u00f3n, no hay una actualizaci\u00f3n para saber cu\u00e1ntas carpetas siguen sin determinaci\u00f3n ministerial conocida.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los casos m\u00e1s emblem\u00e1ticos en la entonces reci\u00e9n estrenada Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n ocurri\u00f3 en marzo de 2019, cuando el Ayuntamiento de Manzanillo, a trav\u00e9s de su alcaldesa, Griselda Mart\u00ednez, denunci\u00f3 cargos efectuados a una cuenta municipal mediante una tarjeta American Express presuntamente utilizada para consumos personales. Cinco a\u00f1os despu\u00e9s, en febrero de 2024, la carpeta penal segu\u00eda sin una conclusi\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
Otro hecho fue presentado por Apolonio N\u00fa\u00f1ez, v\u00edctima reconocida judicialmente, quien en 2019 denunci\u00f3 al entonces gobernador Ignacio Peralta, al secretario de Finanzas, Carlos Noriega, y a integrantes del sistema estatal de atenci\u00f3n a v\u00edctimas porque durante tres a\u00f1os no se depositaron recursos presupuestados para ayudar a quienes hab\u00edan sufrido un delito. Tampoco hubo una resoluci\u00f3n p\u00fablica sobre el caso.<\/p>\n\n\n\n
No fue lo \u00fanico. En marzo de 2021, H\u00e9ctor Arturo Le\u00f3n Alam, dirigente de un sindicato del Ayuntamiento de Colima, denunci\u00f3 que la administraci\u00f3n encabezada por Leoncio Mor\u00e1n S\u00e1nchez descont\u00f3 cuotas a los trabajadores, pero no entreg\u00f3 alrededor de 51 millones de pesos al Instituto de Pensiones. La querella qued\u00f3 registrada con el n\u00famero 21\/2021 y fue ratificada en octubre de ese a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n
El expediente no impidi\u00f3 que Mor\u00e1n cambiara de partido, contendiera por cargos p\u00fablicos, regresara a las boletas y ganara la elecci\u00f3n como diputado federal por el distrito I, que actualmente ostenta bajo las siglas de Morena. Hasta el 30 de junio de 2026 no exist\u00eda informaci\u00f3n p\u00fablica sobre una acusaci\u00f3n ante un juez o una sentencia.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n en 2021, la Universidad de Colima acudi\u00f3 a la Fiscal\u00eda para denunciar que el gobierno de Peralta dej\u00f3 de transferirle aproximadamente 264 millones de pesos. La falta de recursos afect\u00f3 a la instituci\u00f3n, que atend\u00eda a alrededor de 29 mil estudiantes. La Universidad hizo p\u00fablica la querella; la Fiscal\u00eda no ha hecho p\u00fablico su desenlace.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, el 26 de septiembre de 2023, diputados del PAN denunciaron a la gobernadora morenista Indira Vizca\u00edno y a funcionarios de su administraci\u00f3n por el supuesto uso de recursos y personal p\u00fablico para promover a Claudia Sheinbaum en Jalisco.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n, el 5 de octubre de 2023, los diputados del PRI presentaron y ratificaron otra denuncia contra Vizca\u00edno, familiares y colaboradores por la adquisici\u00f3n de casas residenciales en el fraccionamiento Bosque Real, cuando apenas ten\u00edan ocho meses en el cargo.<\/p>\n\n\n\n
En este \u00faltimo caso, los legisladores locales del PRI sostuvieron que el valor de los inmuebles deb\u00eda compararse con los ingresos y declaraciones patrimoniales de las personas se\u00f1aladas, ya que la mandataria colimense report\u00f3 una vivienda por 6 millones 653 mil pesos. Su hermano Arnoldo Vizca\u00edno, presidente honor\u00edfico del DIF estatal, tambi\u00e9n fue incluido en la querella, pero hasta el 30 de junio de 2026 no se hab\u00eda informado p\u00fablicamente si la Fiscal\u00eda realiz\u00f3 peritajes contables, obtuvo informaci\u00f3n bancaria o determin\u00f3 el ejercicio o no de la acci\u00f3n penal.<\/p>\n\n\n\n
La opacidad impide conocer incluso cu\u00e1ntas acusaciones terminaron justificadamente archivadas, cu\u00e1ntas siguen en integraci\u00f3n y cu\u00e1ntas se estancaron por omisiones ministeriales.<\/p>\n\n\n\n
A la falta de informaci\u00f3n anterior se suma lo hecho por el \u00d3rgano Superior de Auditor\u00eda y Fiscalizaci\u00f3n Gubernamental (OSAFIG), ya que entre las cuentas p\u00fablicas de 2017 y 2022 present\u00f3 96 denuncias penales por irregularidades que consider\u00f3 graves. Solo por la cuenta de 2017 hubo querellas relacionadas con Pensiones, el Poder Ejecutivo y ocho ayuntamientos; por la cuenta de 2021 se presentaron otras 11, siete de ellas contra el Ejecutivo estatal.<\/p>\n\n\n\n
Hasta la fecha no se conocen los nombres de todos los funcionarios, los montos observados ni la etapa procesal. De ese modo, la reserva creada para proteger la investigaci\u00f3n y la presunci\u00f3n de inocencia termin\u00f3 protegiendo tambi\u00e9n la inactividad institucional.<\/p>\n\n\n\n
Al rezago y la opacidad se agregan las denuncias contra el exgobernador Ignacio Peralta y su secretario de Finanzas, Carlos Noriega. Las primeras se presentaron desde 2020, pero, a seis a\u00f1os, no hab\u00eda conclusiones legales. Durante 2021, 2022 y buena parte de 2023, dirigentes sindicales y diputados acusaron a la Fiscal\u00eda de mantenerlas congeladas. Peralta compareci\u00f3 en junio de 2025 y no fue sino hasta mayo de 2026 cuando un juez lo vincul\u00f3 a proceso, junto con Noriega, por presunto peculado y uso il\u00edcito de atribuciones.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, el monto delimitado en esa causa, alrededor de 3 millones de pesos, es apenas una fracci\u00f3n de los cientos de millones que sindicatos, auditor\u00edas y actores pol\u00edticos atribuyeron a diversas irregularidades de la administraci\u00f3n anterior.<\/p>\n\n\n\n
La excepci\u00f3n confirma el tama\u00f1o del abandono: tuvieron que transcurrir aproximadamente seis a\u00f1os para que una parte de las acusaciones contra el exgobernador superara la puerta de la Fiscal\u00eda y llegara ante un juez.<\/p>\n\n\n\n
En contraste, una investigaci\u00f3n contra Indira Vizca\u00edno por la permuta de terrenos del llamado caso Altozano fue concluida en 2021 mediante el no ejercicio de la acci\u00f3n penal. En este caso, la Fiscal\u00eda consider\u00f3 que no exist\u00eda delito que perseguir, pero la determinaci\u00f3n coincidi\u00f3 con el inicio de su gobierno y no fue acompa\u00f1ada p\u00fablicamente por una exposici\u00f3n detallada de los peritajes o razonamientos que permitieran disipar las dudas acumuladas alrededor de la operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La impunidad tambi\u00e9n se construye mediante investigaciones interminables, archivos que nadie explica, plazos que no se cumplen y datos que se reservan, y permite que una acusaci\u00f3n pierda actualidad, que el denunciante se desgaste y que el servidor p\u00fablico termine su cargo antes de que la autoridad decida siquiera si lo llevar\u00e1 ante un juez.<\/p>\n\n\n\n
En Colima, los funcionarios pueden ser denunciados, exhibidos en auditor\u00edas y se\u00f1alados p\u00fablicamente; despu\u00e9s contin\u00faan sus carreras, cambian de partido, compiten en elecciones o reciben nuevos nombramientos, mientras las denuncias permanecen atr\u00e1s, apiladas en una Fiscal\u00eda que durante a\u00f1os explic\u00f3 su rezago por falta de personal y presupuesto.<\/p>\n\n\n\n
A ocho a\u00f1os de su creaci\u00f3n, el problema de la Fiscal\u00eda compromete al Congreso, que aprueba sus recursos y recibe sus informes; a la Fiscal\u00eda General, de la cual depende administrativamente; al OSAFIG, cuyas auditor\u00edas pocas veces llegan a una consecuencia penal visible; y a los gobiernos que prometen castigar a sus antecesores, pero guardan silencio cuando las acusaciones alcanzan a sus propios integrantes.<\/p>\n\n\n\n
La experiencia colimense muestra que denunciar no es lo mismo que obtener justicia: entre una cosa y otra existe un espacio institucional donde los expedientes envejecen, los montos se vuelven abstractos y los responsables pol\u00edticos dejan el cargo. Es ah\u00ed, en la demora normalizada y en el silencio oficial, donde la impunidad deja de ser una anomal\u00eda y se convierte en el funcionamiento ordinario del poder.<\/p>\n