Colima, M\u00e9xico, Avanzada (15\/06\/026).- Concebidas como un mecanismo para fortalecer la transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas, las declaraciones patrimoniales de los servidores p\u00fablicos han permitido, en algunos casos, que la ciudadan\u00eda siga la evoluci\u00f3n del patrimonio de quienes llegan a ocupar los cargos de mayor poder pol\u00edtico. En Colima, estos documentos p\u00fablicos han dejado constancia de c\u00f3mo cambi\u00f3 la situaci\u00f3n patrimonial de los gobernadores durante el ejercicio de sus funciones y han abierto debates sobre el origen, el financiamiento y la adquisici\u00f3n de bienes de alto valor.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los casos que m\u00e1s llam\u00f3 la atenci\u00f3n ocurri\u00f3 en 2018, cuando el entonces gobernador Jos\u00e9 Ignacio Peralta S\u00e1nchez report\u00f3 en su declaraci\u00f3n patrimonial la adquisici\u00f3n de un condominio en la Ciudad de M\u00e9xico con un valor superior a los 27 millones de pesos, operaci\u00f3n realizada apenas dos a\u00f1os y tres meses despu\u00e9s de haber asumido la titularidad del Poder Ejecutivo estatal.<\/p>\n\n\n\n
La declaraci\u00f3n patrimonial, fechada el 31 de diciembre de 2018 y publicada en el portal oficial del Gobierno del Estado, registr\u00f3 que Peralta S\u00e1nchez pose\u00eda bienes inmuebles con un valor total de 39 millones 932 mil pesos, bienes muebles por un mill\u00f3n 842 mil 363 pesos y una cuenta bancaria con un saldo de 181 mil 234 pesos, para un patrimonio declarado de 41 millones 955 mil 836 pesos. En el mismo documento inform\u00f3 pasivos por 12 millones 84 mil 47 pesos, correspondientes a dos cr\u00e9ditos por 6.9 y 5.1 millones de pesos, respectivamente.<\/p>\n\n\n\n
La incorporaci\u00f3n del departamento de lujo al patrimonio del mandatario gener\u00f3 cuestionamientos p\u00fablicos sobre la magnitud de la operaci\u00f3n. Ante ello, Peralta S\u00e1nchez defendi\u00f3 la legalidad de la adquisici\u00f3n y explic\u00f3 que el inmueble fue comprado en copropiedad con un familiar, quien fungi\u00f3 como coacreditado. Asegur\u00f3 que la operaci\u00f3n se financi\u00f3 mediante la venta de dos propiedades, un departamento adquirido en 1999 y una vivienda comprada en Colima en 2009, adem\u00e1s de un cr\u00e9dito hipotecario y la aportaci\u00f3n del copropietario.<\/p>\n\n\n\n
Incluso realiz\u00f3 una precisi\u00f3n sobre el monto asentado en su declaraci\u00f3n patrimonial. Se\u00f1al\u00f3 que el inmueble no cost\u00f3 27 millones 133 mil pesos, como aparec\u00eda en el documento, sino 27 millones 700 mil pesos, cifra que, afirm\u00f3, corresponde a la escritura p\u00fablica de compraventa.<\/p>\n\n\n\n
A\u00f1os despu\u00e9s, la evoluci\u00f3n patrimonial volvi\u00f3 a colocarse en el centro del debate p\u00fablico con la gobernadora Indira Vizca\u00edno Silva, quien en sus declaraciones patrimoniales reconoci\u00f3 la adquisici\u00f3n de dos terrenos en Manzanillo, as\u00ed como de una casa con un valor de 6.5 millones de pesos, comprada en 2022. Para concretar esa operaci\u00f3n tambi\u00e9n report\u00f3 la contrataci\u00f3n de un cr\u00e9dito hipotecario por 7.8 millones de pesos, informaci\u00f3n que qued\u00f3 asentada en los documentos p\u00fablicos disponibles para consulta ciudadana. Los terrenos los compr\u00f3 el mismo d\u00eda y los pag\u00f3 de contado como queda asentado en la misma declaraci\u00f3n patrimonial, aunque en sus declaraciones m\u00e1s recientes sobre el tema, la gobernadora dijo que fue a trav\u00e9s de transferencia.<\/p>\n\n\n\n
Estos casos ilustran el alcance de las declaraciones patrimoniales como instrumentos de escrutinio p\u00fablico. Aunque por s\u00ed mismas no constituyen evidencia de posibles actos de corrupci\u00f3n, s\u00ed permiten conocer la evoluci\u00f3n del patrimonio de los servidores p\u00fablicos, identificar adquisiciones relevantes, verificar la existencia de cr\u00e9ditos y contrastar la informaci\u00f3n con los ingresos reportados por los propios funcionarios.<\/p>\n