Colima, M\u00e9xico, Avanzada (02\/06\/2026).- Durante las \u00faltimas dos d\u00e9cadas, una parte importante del patrimonio p\u00fablico de los colimenses dej\u00f3 de pertenecer al Estado y pas\u00f3 a manos privadas mediante procesos de venta, subasta o concesi\u00f3n. Aviones, helic\u00f3pteros, terrenos y activos estrat\u00e9gicos fueron desincorporados bajo distintos argumentos administrativos, financieros o de austeridad.<\/p>\n\n\n\n
Lo que permanece ausente es una rendici\u00f3n de cuentas integral que permita reconstruir con claridad el destino final de los recursos obtenidos por esas operaciones que pertenec\u00edan al patrimonio de los colimenses.<\/p>\n\n\n\n
Por ejemplo, un a\u00f1o despu\u00e9s de la muerte del gobernador Gustavo V\u00e1zquez Montes en el accidente a\u00e9reo ocurrido el 24 de febrero de 2005, el Gobierno de Colima adquiri\u00f3 un nuevo avi\u00f3n Beechcraft King Air B200, con un costo cercano a los 4.9 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
La aeronave permaneci\u00f3 al servicio del gobierno estatal durante una d\u00e9cada. En septiembre de 2015, durante la administraci\u00f3n de Ignacio Peralta S\u00e1nchez, se anunci\u00f3 su venta bajo el argumento de que representaba costos elevados de operaci\u00f3n y mantenimiento, que ascend\u00edan a los 60 mil d\u00f3lares mensuales. La administraci\u00f3n estatal inform\u00f3 que esperaba obtener alrededor de 2.5 millones de d\u00f3lares y asegur\u00f3 que los recursos ser\u00edan destinados a salud e infraestructura deportiva.<\/p>\n\n\n\n
Con el paso de los a\u00f1os, la venta del avi\u00f3n se convirti\u00f3 en uno de los casos emblem\u00e1ticos de la reducci\u00f3n del patrimonio estatal. A pesar de la relevancia de la operaci\u00f3n, no existe una rendici\u00f3n p\u00fablica consolidada que permita a cualquier ciudadano identificar de manera sencilla el monto final recibido, las cuentas de ingreso, los proyectos financiados y el seguimiento puntual de esos recursos.<\/p>\n\n\n\n
La misma l\u00f3gica se repiti\u00f3 con el helic\u00f3ptero Robinson R44 Raven II, propiedad del Gobierno del Estado. El 31 de mayo de 2017 fue puesto a subasta con un precio base de 969 mil 608 pesos y finalmente adjudicado por 2 millones 454 mil 444 pesos.<\/p>\n\n\n\n
La operaci\u00f3n fue presentada como una medida de eficiencia financiera. Sin embargo, la informaci\u00f3n p\u00fablica disponible no ofrece una trazabilidad clara y accesible sobre el destino espec\u00edfico de los recursos obtenidos por la venta.<\/p>\n\n\n\n
Los anteriores no son los \u00fanicos ejemplos. El 12 de febrero de 2025, la gobernadora Indira Vizca\u00edno Silva inform\u00f3 que su administraci\u00f3n investigaba la venta de la Ecogranja de Villa de \u00c1lvarez, un inmueble utilizado durante a\u00f1os por el DIF Estatal para actividades educativas dirigidas a los infantes.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con la informaci\u00f3n dada a conocer por el gobierno estatal, el predio habr\u00eda sido vendido durante la administraci\u00f3n anterior a un precio aproximado de 240 pesos por metro cuadrado. El caso motiv\u00f3 una revisi\u00f3n jur\u00eddica debido a la diferencia entre ese monto y los valores comerciales estimados para la zona, pero hasta la fecha no se ha informado a qui\u00e9n se le vendi\u00f3 ni los avances en las investigaciones.<\/p>\n\n\n\n
La Ecogranja hab\u00eda sido concebida como un espacio de aprendizaje ambiental, as\u00ed como de recreaci\u00f3n, durante los gobiernos de Silverio Cavazos y Mario Anguiano Moreno. Su desaparici\u00f3n del patrimonio estatal se sum\u00f3 a una lista creciente de activos p\u00fablicos que dejaron de estar bajo control gubernamental.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, el 15 de marzo de 2024, el Gobierno Federal otorg\u00f3 la operaci\u00f3n y explotaci\u00f3n de la carretera Colima-Manzanillo, en el tramo de La Salada, al Gobierno de Colima, y este decidi\u00f3 concesionarla a una empresa privada por una duraci\u00f3n de 30 a\u00f1os, seg\u00fan se detalla en el dictamen publicado en el Peri\u00f3dico Oficial El Estado de Colima el 10 de mayo de 2024. La concesi\u00f3n de la autopista Colima-Armer\u00eda se entreg\u00f3 mediante una asociaci\u00f3n p\u00fablico-privada a la empresa Pinfra, que ser\u00e1 la encargada de la ampliaci\u00f3n, operaci\u00f3n y explotaci\u00f3n de la v\u00eda por un periodo de 30 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n fue presentada como una manera de atraer inversiones destinadas a modernizar la carretera y el puerto de Manzanillo. Al mismo tiempo, implic\u00f3 transferir a un operador privado el aprovechamiento de una infraestructura que hab\u00eda sido entregada previamente al Estado.<\/p>\n\n\n\n
En la \u00faltima d\u00e9cada, aviones, helic\u00f3pteros, inmuebles y derechos de explotaci\u00f3n sobre infraestructura estrat\u00e9gica dejaron de formar parte del patrimonio administrado directamente por el gobierno.<\/p>\n\n\n\n
La documentaci\u00f3n oficial permite conocer las decisiones administrativas que dieron origen a cada operaci\u00f3n, pero lo que permanece disperso, fragmentado o insuficientemente explicado es la ruta completa de los recursos obtenidos.<\/p>\n\n\n\n
Los anuncios de venta, las subastas y las concesiones fueron p\u00fablicos; sin embargo, fue mucho menos visible el seguimiento posterior del dinero generado por esas decisiones.<\/p>\n\n\n\n
Dos d\u00e9cadas despu\u00e9s, el saldo patrimonial muestra que el Estado posee menos activos que antes, aunque lo que no ha sido explicado con el mismo nivel de detalle es el beneficio patrimonial equivalente que recibieron los colimenses a cambio de cada uno de esos bienes que dejaron de formar parte del patrimonio p\u00fablico.<\/p>\n