Colima, M\u00e9xico, Avanzada (18\/05\/2026).\u2014 A pesar de los discursos constantes sobre fiscalizaci\u00f3n y combate a la corrupci\u00f3n, las posibles irregularidades detectadas en el manejo de recursos p\u00fablicos permanecen en la impunidad. De las 109 denuncias penales interpuestas por el \u00d3rgano Superior de Auditor\u00eda y Fiscalizaci\u00f3n Gubernamental (OSAFIG) ante la Fiscal\u00eda Especializada en Combate a la Corrupci\u00f3n, ninguna ha sido resuelta, de acuerdo con informaci\u00f3n recabada por AVANZADA.<\/p>\n\n\n\n
Las querellas derivan de la revisi\u00f3n de las cuentas p\u00fablicas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2017 a 2023, periodo en el que fueron auditados los tres \u00f3rdenes de gobierno, los diez ayuntamientos y diversos organismos descentralizados. La cuenta p\u00fablica de 2024 a\u00fan se encuentra en proceso de an\u00e1lisis.<\/p>\n\n\n\n
Conforme a la ley y al protocolo interno del OSAFIG, la Unidad de Investigaci\u00f3n del organismo revisa las observaciones detectadas durante las auditor\u00edas y determina cu\u00e1les podr\u00edan constituir delitos, por lo que presenta las denuncias correspondientes ante la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n. Sin embargo, despu\u00e9s de su presentaci\u00f3n, no existe informaci\u00f3n p\u00fablica sobre avances significativos en las investigaciones.<\/p>\n\n\n\n
Entre las instituciones se\u00f1aladas en las denuncias se encuentran el Poder Ejecutivo, as\u00ed como los municipios de Armer\u00eda, Cuauht\u00e9moc, Villa de \u00c1lvarez, Tecom\u00e1n, Colima e Ixtlahuac\u00e1n. Tambi\u00e9n figuran organismos operadores de agua potable, la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos y sistemas DIF municipales de Armer\u00eda, Coquimatl\u00e1n e Ixtlahuac\u00e1n, en distintos ejercicios fiscales comprendidos entre 2017 y 2023.<\/p>\n\n\n\n
En 2022, el entonces fiscal anticorrupci\u00f3n, Mario Ochoa, pidi\u00f3 al Congreso del Estado autonom\u00eda financiera para la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n, a fin de poder contratar m\u00e1s personal operativo. Al no contar con autonom\u00eda financiera, la dependencia opera con los recursos que le asigna la Fiscal\u00eda General del Estado.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con datos oficiales, la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n acumula cerca de 900 carpetas de investigaci\u00f3n relacionadas con presuntos actos de corrupci\u00f3n cometidos por servidores p\u00fablicos, entre ellas las interpuestas por el OSAFIG.<\/p>\n\n\n\n
Aunque las limitaciones presupuestales han frenado el avance de las indagatorias, las autoridades sostienen que ninguna de las denuncias ha prescrito, aunque algunas lleven casi nueve a\u00f1os bajo investigaci\u00f3n.<\/p>\n