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Sinaloa, M\u00e9xico, Avanzada (01\/05\/2026).- Organizaciones civiles y ciudadanos manifestaron su preocupaci\u00f3n ante la reciente presentaci\u00f3n de cargos penales en Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rub\u00e9n Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiac\u00e1n Juan de Dios G\u00e1mez Mend\u00edvil y el vicefiscal D\u00e1maso Castro, se\u00f1alados por presuntos v\u00ednculos con el crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n
Mediante un posicionamiento fechado en Culiac\u00e1n, Sinaloa, los firmantes advirtieron que m\u00e1s all\u00e1 de las implicaciones pol\u00edticas, estos hechos evidencian una problem\u00e1tica estructural relacionada con la debilidad de los sistemas de control, fiscalizaci\u00f3n, transparencia y rendici\u00f3n de cuentas en M\u00e9xico, particularmente en el \u00e1mbito subnacional.<\/p>\n\n\n\n
El documento subraya que la corrupci\u00f3n no debe entenderse como un fen\u00f3meno aislado, sino como un factor que facilita la consolidaci\u00f3n y expansi\u00f3n de redes criminales, incluidas aquellas ligadas al narcotr\u00e1fico. En ese sentido, alertaron que la posible colusi\u00f3n entre autoridades y organizaciones delictivas compromete la integridad de las instituciones p\u00fablicas, distorsiona el ejercicio del poder y vulnera derechos fundamentales de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, se\u00f1alaron que esta interrelaci\u00f3n debilita la capacidad del Estado para garantizar seguridad y justicia, erosiona la confianza ciudadana y perpet\u00faa ciclos de violencia. Por ello, enfatizaron que el combate a la corrupci\u00f3n y la desarticulaci\u00f3n de v\u00ednculos con el crimen organizado deben asumirse como una prioridad de seguridad nacional y de gobernabilidad democr\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n
Las organizaciones tambi\u00e9n hicieron \u00e9nfasis en la necesidad de respetar el debido proceso y la presunci\u00f3n de inocencia, pero advirtieron que estos principios no deben ser utilizados como pretexto para la inacci\u00f3n institucional. Por el contrario, consideraron indispensable que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas, con apego a la legalidad, independencia e imparcialidad.<\/p>\n\n\n\n
En el posicionamiento se plantea que las autoridades mexicanas tienen la obligaci\u00f3n de investigar, esclarecer y, en su caso, sancionar cualquier hecho relacionado con corrupci\u00f3n o v\u00ednculos con el crimen organizado, garantizando adem\u00e1s el derecho de la ciudadan\u00eda a conocer la verdad mediante procesos transparentes y acceso efectivo a la informaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
De igual forma, urgieron a fortalecer los mecanismos de control interno, auditor\u00eda y fiscalizaci\u00f3n, as\u00ed como a asegurar la autonom\u00eda real de las instancias encargadas de estas funciones, con el objetivo de evitar la captura de instituciones p\u00fablicas por intereses criminales.<\/p>\n\n\n\n
Los firmantes consideraron preocupante que investigaciones de esta magnitud tengan origen en instancias extranjeras, lo que \u2014se\u00f1alaron\u2014 evidencia limitaciones estructurales del Estado mexicano para atender casos de corrupci\u00f3n de alto nivel. En este contexto, insistieron en la necesidad de instituciones capaces de actuar con autonom\u00eda, rigor t\u00e9cnico y voluntad pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, exhortaron a las autoridades competentes a analizar y resolver conforme a derecho, y a la brevedad posible, los cargos penales presentados en Estados Unidos, al tiempo que reiteraron su compromiso con la transparencia, la rendici\u00f3n de cuentas y la justicia como pilares fundamentales de la democracia.<\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\t\t\t \n\t\t\t <\/div><\/div>\n\t\t