Colima, M\u00e9xico, Avanzada (18\/04\/2026).- La Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) valid\u00f3 la constitucionalidad de las cuotas aplicadas a actividades tur\u00edsticas no extractivas en \u00e1reas naturales protegidas de alto valor ecol\u00f3gico, como el Parque Nacional Revillagigedo y la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe, al resolver el Amparo en Revisi\u00f3n 859\/2023.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con el fallo, el m\u00e1ximo tribunal determin\u00f3 que estos cobros \u2014establecidos en la Ley Federal de Derechos\u2014 cumplen con el principio de legalidad tributaria, ya que est\u00e1n claramente definidos y no resultan arbitrarios. Adem\u00e1s, subray\u00f3 que responden a la necesidad de proteger ecosistemas de \u201cextraordinaria fragilidad\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La controversia surgi\u00f3 luego de que particulares impugnaran dichas cuotas al considerar que eran desproporcionadas o carec\u00edan de certeza jur\u00eddica. Sin embargo, la Corte concluy\u00f3 que el esquema es v\u00e1lido y persigue un fin leg\u00edtimo: financiar acciones de conservaci\u00f3n, vigilancia y restauraci\u00f3n en estas zonas.<\/p>\n\n\n\n
En su an\u00e1lisis, las y los ministros tambi\u00e9n invocaron el principio de precauci\u00f3n ambiental, destacando la obligaci\u00f3n del Estado mexicano de adoptar medidas preventivas ante posibles da\u00f1os a ecosistemas \u00fanicos. En ese sentido, sostuvieron que incluso el turismo no extractivo \u2014como el buceo o el avistamiento de especies\u2014 genera impactos que deben ser mitigados.<\/p>\n\n\n\n
El Parque Nacional Revillagigedo, considerado Patrimonio Mundial por la UNESCO, alberga una de las mayores concentraciones de biodiversidad marina del pa\u00eds, mientras que la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe es un santuario clave para especies como el tibur\u00f3n blanco. Ambos sitios enfrentan presiones como la pesca ilegal, el cambio clim\u00e1tico y el turismo intensivo.<\/p>\n\n\n\n
Especialistas consideran que esta resoluci\u00f3n sienta un precedente relevante en materia de derecho ambiental, al reconocer que el acceso a espacios naturales puede implicar responsabilidades econ\u00f3micas cuando se trata de garantizar su preservaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Con este fallo, la SCJN refuerza la posibilidad de que el Estado implemente mecanismos de financiamiento ambiental bajo el principio de que quienes disfrutan de estos entornos contribuyan tambi\u00e9n a su protecci\u00f3n.<\/p>\n