Colima, M\u00e9xico, Avanzada (15\/04\/2026).- La impunidad en los actos de corrupci\u00f3n es un patr\u00f3n persistente en la vida p\u00fablica de Colima. Los se\u00f1alamientos se exponen, los indicios se documentan, pero las sanciones, cuando se trata de asuntos de alto nivel, simplemente no llegan.<\/p>\n\n\n\n
El 20 de febrero de 2020, el pleno del Congreso del Estado solicit\u00f3 al \u00d3rgano Superior de Auditor\u00eda y Fiscalizaci\u00f3n Gubernamental (Osafig) la realizaci\u00f3n de una auditor\u00eda espec\u00edfica sobre tres asuntos sensibles: la compra de los terrenos del parque arqueol\u00f3gico La Campana; el manejo de un cr\u00e9dito por 410 millones de pesos, de los cuales 200 millones fueron destinados a la adquisici\u00f3n de terrenos para la XX Zona Militar; y las n\u00f3minas de Salud y Seguridad P\u00fablica correspondientes a los a\u00f1os 2015, 2016, 2017 y 2018.<\/p>\n\n\n\n
Una semana antes de ese hecho, el 12 de febrero de 2020, el exgobernador Mario Anguiano Moreno hab\u00eda solicitado a los diputados investigar la administraci\u00f3n de su sucesor, Jos\u00e9 Ignacio Peralta S\u00e1nchez, por presuntas irregularidades en la compra de dichos predios; Anguiano enfrentaba se\u00f1alamientos por la contrataci\u00f3n de un cr\u00e9dito que deriv\u00f3 en una sanci\u00f3n por 515 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
En la sesi\u00f3n del 20 de febrero de 2020, durante el proceso de revisi\u00f3n de las cuentas p\u00fablicas de 2018, los legisladores detectaron posibles afectaciones a la hacienda p\u00fablica estatal. El dictamen aprobado se\u00f1alaba la necesidad de una revisi\u00f3n exhaustiva e incluso de una auditor\u00eda excepcional.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSe advierten indicios de irregularidades respecto al ejercicio del gasto de la contrataci\u00f3n de la deuda derivada del Decreto 617\u201d, establecieron los diputados en referencia al cr\u00e9dito autorizado el 28 de septiembre de 2018.<\/p>\n\n\n\n
Las dudas no eran menores. Durante la administraci\u00f3n de Peralta S\u00e1nchez se contrataron 200 millones de pesos para adquirir terrenos de la antigua zona militar, pese a que dicho predio hab\u00eda sido donado gratuitamente por la Federaci\u00f3n. Para los legisladores, el caso apuntaba a una posible simulaci\u00f3n en el manejo de recursos p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, la auditor\u00eda nunca se materializ\u00f3, al menos no de forma p\u00fablica. Tampoco deriv\u00f3 en investigaciones concluyentes ni en sanciones. El Congreso, por su parte, no dio seguimiento al acuerdo aprobado. Quien encabezaba el Osafig en ese periodo, Indira Isabel P\u00e9rez, actualmente es magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial.<\/p>\n\n\n\n
A seis a\u00f1os de distancia, y tras el paso de tres legislaturas, el caso permanece en la opacidad: en Colima, las irregularidades pueden documentarse, pero dif\u00edcilmente se castigan.<\/p>\n\n\n\n
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