Colima, M\u00e9xico, Avanzada (19\/03\/2026).\u2014 Lo que alguna vez se present\u00f3 como un proyecto para recuperar un espacio p\u00fablico emblem\u00e1tico termin\u00f3 convertido en oficinas gubernamentales\u2026 y en una deuda que a\u00fan levanta preguntas. Han pasado m\u00e1s de seis a\u00f1os desde que la Federaci\u00f3n don\u00f3 gratuitamente los terrenos de la antigua zona militar sobre la Calzada Galv\u00e1n, y el predio sigue lejos de cumplir el prop\u00f3sito social que se prometi\u00f3 a los colimenses.<\/p>\n\n\n\n
El inmueble fue entregado oficialmente al Gobierno de Colima mediante un decreto federal publicado en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n en 2018. La donaci\u00f3n, a t\u00edtulo gratuito, se realiz\u00f3 tras la reubicaci\u00f3n de la Vig\u00e9sima Zona Militar, con la intenci\u00f3n de destinar el espacio a proyectos de beneficio p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
Pero mientras la Federaci\u00f3n formalizaba la entrega, el gobierno estatal encabezado por Ignacio Peralta S\u00e1nchez contrataba deuda bancaria bajo el argumento de adquirir el predio. De ese financiamiento, autorizado por el Congreso local, se etiquetaron 200 millones de pesos para la supuesta compra, pese a que despu\u00e9s se confirm\u00f3 que el terreno no hab\u00eda sido comprado, sino donado.<\/p>\n\n\n\n
La contradicci\u00f3n no pas\u00f3 desapercibida y termin\u00f3 por convertir el caso en uno de los m\u00e1s cuestionados del sexenio 2016-2021. Aunque el exgobernador sostuvo que se trataba de un \u201cintercambio\u201d con la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional, una auditor\u00eda del \u00d3rgano Superior de Fiscalizaci\u00f3n del Estado de Colima detect\u00f3 inconsistencias y concluy\u00f3 que los recursos del cr\u00e9dito se utilizaron para un fin distinto al autorizado.<\/p>\n\n\n\n
Al mismo tiempo, el Gobierno del Estado anunci\u00f3 la creaci\u00f3n de un comit\u00e9 ciudadano que definir\u00eda el futuro del terreno. Participaron organizaciones civiles, ambientalistas y acad\u00e9micos, bajo la promesa de construir un gran parque urbano que conservara la vegetaci\u00f3n existente, considerada uno de los \u00faltimos pulmones verdes del centro de la ciudad. Esa idea, sin embargo, nunca se concret\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Con el paso del tiempo, el espacio dej\u00f3 de ser un punto de encuentro para familias que acud\u00edan a caminar o convivir los fines de semana. Poco a poco, comenzaron a instalarse dependencias estatales, transformando el sitio en un complejo administrativo.<\/p>\n\n\n\n
Hoy, el predio funciona principalmente como oficinas p\u00fablicas. El proyecto ambiental qued\u00f3 en segundo plano, el comit\u00e9 ciudadano desapareci\u00f3 del debate p\u00fablico y nunca se present\u00f3 un plan integral claro. Mientras tanto, el destino de los 200 millones de pesos sigue sin esclarecerse.<\/p>\n\n\n\n
El caso deja dos lecturas inevitables: por un lado, el uso de recursos p\u00fablicos obtenidos mediante deuda para una compra que nunca ocurri\u00f3; por otro, la p\u00e9rdida de un espacio que pudo convertirse en el principal parque urbano de Colima.<\/p>\n