Colima, M\u00e9xico, Avanzada (16\/02\/2026).- Durante distintos sexenios, el Gobierno del Estado de Colima entreg\u00f3 terrenos p\u00fablicos a asociaciones civiles, sindicatos, organizaciones religiosas e incluso particulares mediante la figura de desincorporaci\u00f3n, un procedimiento que ha permitido convertir bienes del patrimonio estatal en propiedad privada sin consulta a los ciudadanos y con el aval del Congreso local.<\/p>\n\n\n\n
Este mecanismo, que en teor\u00eda permite destinar predios p\u00fablicos a fines sociales, ha operado bajo criterios discrecionales y con escaso escrutinio p\u00fablico. A trav\u00e9s de decretos aprobados por el Poder Legislativo, administraciones estatales han cedido miles de metros cuadrados que originalmente pertenec\u00edan al erario, beneficiando a organizaciones con intereses pol\u00edticos, sindicales o religiosos.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los casos m\u00e1s recientes ocurri\u00f3 en diciembre de 2025, cuando el Congreso del Estado autoriz\u00f3 desincorporar una fracci\u00f3n de 21 mil 083 metros cuadrados del Parque Regional Metropolitano Griselda \u00c1lvarez Ponce de Le\u00f3n para donarla a la Fundaci\u00f3n Telet\u00f3n, organizaci\u00f3n ligada a la empresa Televisa. El predio, ubicado entre las avenidas Anastasio Brizuela y Francisco Javier Mina, era utilizado como cancha universitaria.<\/p>\n\n\n\n
Este tipo de decisiones no es reciente. El 3 de septiembre de 2021, el Gobierno estatal desincorpor\u00f3 un terreno para entregarlo a la Secci\u00f3n 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci\u00f3n (SNTE 39), en la zona industrial de Tapeixtles.<\/p>\n\n\n\n
El terreno entregado al sindicato magisterial en Tapeixtles, Manzanillo, tiene una superficie de 6 mil 172 metros cuadrados y, seg\u00fan el decreto, ser\u00eda destinado a la construcci\u00f3n de espacios recreativos para sus agremiados. La autorizaci\u00f3n incluy\u00f3 un plazo de 24 meses para desarrollar las instalaciones. La donaci\u00f3n se concret\u00f3 tras una iniciativa enviada por el entonces gobernador Jos\u00e9 Ignacio Peralta S\u00e1nchez y aprobada por el Congreso local.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, la relaci\u00f3n entre el Gobierno estatal y el SNTE incluye m\u00faltiples donaciones. El 5 de enero de 2020 se document\u00f3 que el Ejecutivo estatal cedi\u00f3 dos terrenos a las secciones 39 y 6 del sindicato, con una superficie conjunta superior a los 58 mil metros cuadrados y un valor estimado de 30 millones de pesos. Los predios se destinaron a complejos deportivos y recreativos de uso exclusivo para los trabajadores sindicalizados. En el caso de la Secci\u00f3n 39 del SNTE, el terreno donado est\u00e1 en Residencial Tabachines, en Villa de \u00c1lvarez; en el caso de la Secci\u00f3n 6 del SNTE, se ubica donde actualmente se encuentra el complejo deportivo rumbo al Chivato, tambi\u00e9n en Villa de \u00c1lvarez.<\/p>\n\n\n\n
Las transferencias no han estado limitadas al sector educativo. En 2016, el Gobierno estatal entreg\u00f3 dos terrenos que en conjunto suman casi 2 mil 800 metros cuadrados a la Secci\u00f3n 30 del Sindicato de Trabajadores de la Salud. Los predios, ubicados al noroeste de la capital, junto a instalaciones del Poder Judicial y frente al Complejo Administrativo, fueron cedidos para la construcci\u00f3n de instalaciones sindicales.<\/p>\n\n\n\n
Ese mismo a\u00f1o, el 13 de enero de 2016, el Ejecutivo estatal tambi\u00e9n autoriz\u00f3 la desincorporaci\u00f3n de un terreno de mil 778 metros cuadrados en el fraccionamiento Villas del Bosque, en la avenida Anastasio Brizuela, que posteriormente fue donado a la Di\u00f3cesis de Colima para la construcci\u00f3n de una capilla. El decreto fue publicado en el Peri\u00f3dico Oficial el 13 de agosto de ese a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n
LOS TERRENOS A FAVOR DEL PT<\/strong><\/p>\n\n\n\n Las donaciones tambi\u00e9n han beneficiado a asociaciones civiles con v\u00ednculos pol\u00edticos. El 3 de mayo de 2008, durante el gobierno de Silverio Cavazos, el Congreso autoriz\u00f3 la desincorporaci\u00f3n de dos terrenos en la colonia Villa Izcalli, con una superficie conjunta de 4 mil 800 metros cuadrados, a favor de la asociaci\u00f3n civil Tierra y Libertad, ligada al Partido del Trabajo.<\/p>\n\n\n\n Originalmente, esos predios estaban destinados a la construcci\u00f3n de un proyecto educativo impulsado por la Fundaci\u00f3n Tato, enfocado en atender a ni\u00f1os con autismo. Sin embargo, el proyecto fue desplazado tras acuerdos pol\u00edticos entre el entonces gobernador priista y el entonces diputado local del PT, Joel Padilla. En su lugar, la asociaci\u00f3n Tierra y Libertad utiliz\u00f3 el terreno para instalar un Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), donde actualmente se cobran colegiaturas, pese a que el predio fue entregado gratuitamente por el Estado.<\/p>\n\n\n\n La constante en estos procesos ha sido la intervenci\u00f3n del Congreso local, que ha aprobado las desincorporaciones mediante decretos, generalmente bajo el argumento de que los predios ser\u00e1n utilizados para fines sociales, educativos o recreativos. Sin embargo, no existen mecanismos efectivos que garanticen el beneficio colectivo ni sanciones claras en caso de incumplimiento.<\/p>\n\n\n\n En la pr\u00e1ctica, la figura de desincorporaci\u00f3n ha permitido que bienes p\u00fablicos pasen al control de organizaciones privadas sin contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica y sin que los ciudadanos sean consultados sobre el destino de su patrimonio.<\/p>\n\n\n\n A lo largo de casi dos d\u00e9cadas, gobiernos de distintos partidos han recurrido a este mecanismo con el respaldo del Poder Legislativo, consolidando un patr\u00f3n en el que el patrimonio p\u00fablico ha sido transferido de manera discrecional, beneficiando a sectores espec\u00edficos mientras el inter\u00e9s colectivo queda relegado.<\/p>\n