Colima, M\u00e9xico, Avanzada (13\/12\/2025).- La Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llev\u00f3 ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) una acci\u00f3n de inconstitucionalidad contra dos disposiciones clave de la nueva Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial del Estado de Colima, al considerar que vulneran principios constitucionales b\u00e1sicos, debilitan la legitimidad democr\u00e1tica del sistema judicial local y generan escenarios de discriminaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El recurso, que se encuentra pendiente de resoluci\u00f3n, fue promovido por la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, y se dirige espec\u00edficamente contra el art\u00edculo 20, numeral 2, y el art\u00edculo 135, numeral 1, fracci\u00f3n I, de la ley expedida mediante el Decreto 175, publicado el 29 de septiembre pasado en el Peri\u00f3dico Oficial del estado.<\/p>\n\n\n\n
En el primer caso, la CNDH cuestiona el mecanismo previsto para la designaci\u00f3n de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Colima, seg\u00fan el cual la presidencia ser\u00e1 electa por el propio Pleno del tribunal, mediante voto secreto, por un periodo de dos a\u00f1os, con posibilidad de reelecci\u00f3n inmediata por una sola vez.<\/p>\n\n\n\n
Para el organismo nacional, este esquema se aparta de las bases fijadas por la Constituci\u00f3n federal tras la reforma judicial publicada el 15 de septiembre de 2024, que coloc\u00f3 al voto ciudadano como eje del nuevo modelo de legitimidad judicial.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con la CNDH, aunque la Constituci\u00f3n no detalla de forma expresa c\u00f3mo deben elegirse las presidencias de los tribunales superiores locales, s\u00ed establece un dise\u00f1o claro y homog\u00e9neo para los \u00f3rganos jurisdiccionales m\u00e1ximos del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Ese dise\u00f1o, visible en la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n y el Tribunal de Disciplina Judicial, prev\u00e9 presidencias rotatorias, determinadas por el n\u00famero de votos obtenidos por cada candidatura en la elecci\u00f3n popular correspondiente, sin posibilidad de reelecci\u00f3n inmediata. En ese sentido, permitir que la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Colima sea definida por acuerdos internos y no por el respaldo ciudadano, rompe, a juicio de la CNDH, con el principio de supremac\u00eda constitucional y con la l\u00f3gica misma de la reforma judicial.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl orden y la designaci\u00f3n de quienes ocupan la presidencia de los tribunales es una decisi\u00f3n que corresponde a la ciudadan\u00eda con su voto\u201d, sostiene el organismo, al advertir que la norma colimense diluye ese mandato popular y genera incertidumbre jur\u00eddica sobre la conformaci\u00f3n del Poder Judicial local.<\/p>\n\n\n\n
El segundo punto impugnado tiene que ver con el retiro forzoso de magistradas, magistrados, juezas y jueces al cumplir 70 a\u00f1os de edad. La CNDH considera que esta previsi\u00f3n es discriminatoria, al establecer una distinci\u00f3n injustificada basada exclusivamente en la edad, y que adem\u00e1s vulnera los principios de inamovilidad y estabilidad judicial previstos en el art\u00edculo 116 constitucional.<\/p>\n\n\n\n
El organismo subraya que la Constituci\u00f3n no fija una edad m\u00e1xima para ejercer la funci\u00f3n jurisdiccional y que, bajo el nuevo modelo de elecci\u00f3n popular, el mandato, incluida su duraci\u00f3n, emana directamente de la voluntad ciudadana.<\/p>\n\n\n\n
En ese contexto, obligar al retiro anticipado puede impedir que personas electas cumplan \u00edntegramente el periodo para el que fueron votadas.<\/p>\n\n\n\n
El escrito ilustra el problema con un ejemplo concreto: una persona electa como magistrada a los 65 a\u00f1os s\u00f3lo podr\u00eda ejercer cinco de los nueve a\u00f1os del cargo antes de verse forzada a retirarse, pese a haber recibido el respaldo ciudadano para un periodo completo.<\/p>\n\n\n\n
Esto, advierte la CNDH, coloca a las personas adultas mayores en una situaci\u00f3n de desventaja frente a otros juzgadores electos en las mismas condiciones.<\/p>\n\n\n\n
El organismo concluye que ambas disposiciones de la ley colimense se apartan del dise\u00f1o constitucional del Poder Judicial y solicita a la Suprema Corte que declare su invalidez, a fin de dar certidumbre jur\u00eddica y delimitar con claridad hasta d\u00f3nde pueden llegar los congresos locales en la regulaci\u00f3n de sus sistemas judiciales.<\/p>\n