Colima, M\u00e9xico, Avanzada (29\/11\/2025).- El Congreso del Estado aprob\u00f3 este viernes la creaci\u00f3n de un fideicomiso destinado a cubrir la deuda que el Gobierno estatal mantiene con el Instituto de Pensiones de los Servidores P\u00fablicos del Estado de Colima (IPECOL). La decisi\u00f3n, respaldada por unanimidad, implica que recursos p\u00fablicos derivados del Impuesto a la Transmisi\u00f3n de la Propiedad de Veh\u00edculos Automotores ser\u00e1n utilizados como garant\u00eda para saldar un adeudo que supera los 640 millones de pesos, originado por a\u00f1os de desorden administrativo y anomal\u00edas que permanecen en total impunidad.<\/p>\n\n\n\n
La medida contrasta con los hallazgos de la Auditor\u00eda Excepcional realizada en 2018 por el \u00d3rgano Superior de Auditor\u00eda y Fiscalizaci\u00f3n Gubernamental (OSAFIG), la cual document\u00f3 omisiones graves y presuntas irregularidades cometidas entre 2011 y 2016 por la extinta Direcci\u00f3n de Pensiones. A pesar de los se\u00f1alamientos \u2014como cr\u00e9ditos no cobrados por m\u00e1s de mil 400 millones de pesos, erogaciones sin sustento, pagos duplicados y gastos injustificados\u2014 ning\u00fan funcionario ha enfrentado consecuencias administrativas o penales.<\/p>\n\n\n\n
En su comunicado oficial, el Congreso local inform\u00f3 que la reforma aprobada este viernes al Art\u00edculo Transitorio Segundo del Decreto 494 permitir\u00e1 enviar la recaudaci\u00f3n del impuesto vehicular a un fideicomiso irrevocable de administraci\u00f3n y pago. Este instrumento seguir\u00e1 vigente hasta que el Gobierno liquide por completo los adeudos con el IPECOL.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el dictamen le\u00eddo por la diputada Andrea Naranjo Alcaraz, la medida \u201casegura la protecci\u00f3n de los derechos adquiridos de los trabajadores y la estabilidad financiera del sistema de pensiones\u201d. No obstante, con esta decisi\u00f3n el costo del quebranto documentado por el OSAFIG recaer\u00e1 nuevamente en los contribuyentes, sin que exista una sola responsabilidad deslindada por el desfalco.<\/p>\n\n\n\n
Los antecedentes muestran un patr\u00f3n de omisiones sin seguimiento. El OSAFIG report\u00f3 en 2018 que la Direcci\u00f3n de Pensiones dej\u00f3 de cobrar cr\u00e9ditos por mil 400 millones de pesos; no entreg\u00f3 actas, contratos ni comprobantes de erogaciones millonarias; pag\u00f3 m\u00e1s del doble de lo presupuestado en honorarios m\u00e9dicos; gast\u00f3 69 millones en la llamada \u201cCuenta Hospitalizaci\u00f3n\u201d; y autoriz\u00f3 compras ins\u00f3litas, como un reloj de escritorio de 100 mil pesos. Tambi\u00e9n registr\u00f3 transferencias por un mill\u00f3n 500 mil pesos a cuentas no identificadas y pagos con tarjeta American Express sin autorizaci\u00f3n del Consejo.<\/p>\n\n\n\n
Pese a ello, en siete a\u00f1os no se ha recuperado un solo peso ni se ha iniciado proceso alguno contra los responsables. En cambio, el Gobierno estatal incumpli\u00f3 el convenio de pago firmado en 2019 con Pensiones, lo que llev\u00f3 al actual planteamiento de trasladar la deuda a los ingresos p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n
La reforma establece que el Ejecutivo deber\u00e1 incluir cada a\u00f1o, en el Presupuesto de Egresos, el monto necesario para cubrir las obligaciones derivadas del nuevo convenio, adem\u00e1s de constituir un fondo de reserva equivalente al promedio mensual de amortizaciones. Tambi\u00e9n ordena que, en un plazo de 60 d\u00edas h\u00e1biles tras la publicaci\u00f3n del decreto, se firme un nuevo instrumento jur\u00eddico entre el Gobierno estatal y el IPECOL.<\/p>\n\n\n\n
Mientras la auditor\u00eda de 2018 contin\u00faa archivada y los responsables permanecen sin sanci\u00f3n, la decisi\u00f3n legislativa asegura que ser\u00e1n los colimenses quienes absorban el costo del desfalco que inici\u00f3 hace m\u00e1s de una d\u00e9cada.<\/p>\n\n\n\n
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