Colima, M\u00e9xico, Avanzada (25\/11\/2025).- La Auditor\u00eda Excepcional realizada en 2018 por el \u00d3rgano Superior de Auditor\u00eda y Fiscalizaci\u00f3n Gubernamental (OSAFIG) a la desaparecida Direcci\u00f3n de Pensiones document\u00f3 un c\u00famulo de presuntas irregularidades que, siete a\u00f1os despu\u00e9s, siguen sin consecuencias para ning\u00fan funcionario. A pesar de los hallazgos, las anomal\u00edas permanecen en la impunidad y la deuda supera hoy los 640 millones de pesos, monto que ahora se pretende cubrir con dinero p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
La revisi\u00f3n, que abarc\u00f3 operaciones realizadas entre 2011 y 2016, expuso omisiones graves: la Direcci\u00f3n de Pensiones dej\u00f3 de registrar y cobrar cr\u00e9ditos por m\u00e1s de mil 400 millones de pesos, no exhibi\u00f3 actas de Consejo ni contratos que respaldaran erogaciones millonarias, y destin\u00f3 recursos p\u00fablicos sin documentaci\u00f3n comprobatoria. Incluso se detectaron gastos exorbitantes como 69 millones de pesos en la llamada \u201cCuenta Hospitalizaci\u00f3n\u201d, as\u00ed como el pago de 44 millones en honorarios m\u00e9dicos, cuando el presupuesto autorizado era de apenas 24 millones.<\/p>\n\n\n\n
Las observaciones espec\u00edficas del OSAFIG revelan el desorden administrativo que durante a\u00f1os oper\u00f3 sin control. En la observaci\u00f3n F45-FS, por ejemplo, no existi\u00f3 evidencia que justificara la compra de un reloj de escritorio valuado en 100 mil pesos. La F47-FS document\u00f3 que se contrat\u00f3 una tarjeta American Express con la que se realizaron pagos por 153 mil 961 pesos, sin autorizaci\u00f3n del Consejo. La F32-FS report\u00f3 tres transferencias electr\u00f3nicas realizadas en 2011 por un mill\u00f3n 500 mil pesos a una cuenta que ni siquiera estaba registrada.<\/p>\n\n\n\n
A pesar de estas irregularidades, ning\u00fan funcionario ha sido investigado penalmente o sancionado. Por el contrario, el Gobierno estatal, lejos de emprender acciones legales para recuperar recursos, busca trasladar el costo del quebranto a los contribuyentes. La medida surge ante el incumplimiento del propio Gobierno en el pago del convenio firmado con el Instituto de Pensiones de los Servidores P\u00fablicos del Estado de Colima (IPECOL).<\/p>\n\n\n\n
Los adeudos no son nuevos. De acuerdo con declaraciones del dirigente sindical Mart\u00edn Flores Casta\u00f1eda, las deudas de entidades p\u00fablicas con Pensiones datan desde 2003. El propio OSAFIG report\u00f3 que, al cierre de agosto de 2018, las entidades patronales deb\u00edan casi mil millones de pesos, de los cuales 729 millones correspond\u00edan solo al Gobierno estatal. A ello se sumaban pasivos de ayuntamientos, tribunales, organismos aut\u00f3nomos y diversas dependencias.<\/p>\n\n\n\n
Hoy, en 2025, la auditor\u00eda sigue acumulando polvo, los millones contin\u00faan sin recuperarse y las anomal\u00edas registradas permanecen sin responsables. Mientras tanto, la soluci\u00f3n propuesta implica que el dinero de la poblaci\u00f3n sea utilizado para cubrir un desfalco que, pese a estar plenamente documentado, no ha generado una sola consecuencia administrativa ni penal. <\/p>\n