Colima, M\u00e9xico, Avanzada (22\/11\/2025).- El Peri\u00f3dico Oficial del Gobierno del Estado de Colima public\u00f3 el pasado 10 de noviembre el decreto mediante el cual se expide la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica, una normativa que endurece las obligaciones de los sujetos obligados y establece un amplio cat\u00e1logo de sanciones para quienes incumplan con el derecho ciudadano de acceso a la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
A partir del Cap\u00edtulo II, la ley detalla m\u00e1s de una docena de conductas que ser\u00e1n motivo de sanci\u00f3n. Entre ellas se encuentran omitir respuestas a solicitudes de informaci\u00f3n, actuar con negligencia o dolo en la sustanciaci\u00f3n de los tr\u00e1mites, incumplir plazos, entregar informaci\u00f3n incompleta o en formatos inaccesibles, ocultar o destruir documentos p\u00fablicos, intimidar a personas solicitantes o negar informaci\u00f3n que no est\u00e9 legalmente clasificada como reservada.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, se sancionar\u00e1 a los funcionarios que declaren inexistencia de informaci\u00f3n pese a que \u00e9sta obre en los archivos, que clasifiquen datos sin cumplir con los requisitos legales, que no desclasifiquen informaci\u00f3n cuyo plazo ya venci\u00f3 o que desobedezcan resoluciones de las autoridades garantes.<\/p>\n\n\n\n
La ley establece que ninguna multa podr\u00e1 cubrirse con recursos p\u00fablicos y determina un abanico de sanciones que incluyen apercibimientos y multas que van desde 150 hasta 1,500 veces el valor diario de la UMA, adem\u00e1s de las responsabilidades contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.<\/p>\n\n\n\n
Para fijar el monto de las multas, las autoridades deber\u00e1n valorar la gravedad de la falta, el da\u00f1o causado, la intencionalidad, la reincidencia y la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de la persona infractora. El procedimiento sancionador incluye fases formales de notificaci\u00f3n, presentaci\u00f3n de pruebas, alegatos y una resoluci\u00f3n definitiva que deber\u00e1 emitirse en un plazo m\u00e1ximo de treinta d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n
El marco sancionador tambi\u00e9n contempla a personas f\u00edsicas o morales que manejen recursos p\u00fablicos, a fideicomisos y fondos p\u00fablicos, as\u00ed como a quienes, sin ser servidores p\u00fablicos, tengan obligaciones en materia de transparencia. En estos casos, la autoridad garante podr\u00e1 imponer multas directas y, cuando corresponda, dar vista a los \u00f3rganos internos de control o incluso al Ministerio P\u00fablico si se presume la comisi\u00f3n de un delito.<\/p>\n\n\n\n
Al cierre de la nota, la norma publicada marca un precedente en el estado al robustecer el r\u00e9gimen de responsabilidades y reforzar la exigencia de apertura gubernamental, en un contexto donde el acceso a la informaci\u00f3n se ha convertido en un instrumento esencial para la vigilancia ciudadana y la rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
La nueva Ley de Transparencia de Colima fija un severo sistema de sanciones \u2014que incluyen multas de hasta 1,500 UMAs\u2014 para funcionarios y sujetos obligados que incumplan con la entrega, conservaci\u00f3n o publicaci\u00f3n de informaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n