Colima, M\u00e9xico, Avanzada (22\/10\/2025).- Mientras las cifras de homicidios colocan a Colima como el estado m\u00e1s violento de M\u00e9xico, las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos, fiscalizar al poder y combatir la corrupci\u00f3n permanecen silentes. El Congreso local, la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos del Estado (CDHEC) y el Sistema Estatal Anticorrupci\u00f3n han evitado asumir un papel p\u00fablico frente a una crisis que ha cobrado la vida de miles de colimenses y ha extendido el miedo a todos los sectores.<\/p>\n\n\n\n
En 2024, Colima registr\u00f3 la mayor tasa de homicidios dolosos del pa\u00eds: 103.10 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo. Un a\u00f1o antes, la tasa fue incluso mayor: 117 por cada 100 mil, una cifra que duplica el promedio nacional.<\/p>\n\n\n\n
La violencia no se limita a las cifras. El 14 de octubre de este a\u00f1o, la exalcaldesa de Cuauht\u00e9moc, Gabriela Mej\u00eda, fue asesinada a balazos en el municipio que gobern\u00f3 durante el trienio 2021-2024. D\u00edas antes, dos establecimientos en la capital del estado, el restaurante El Atracadero y la palapa Camar\u00f3n Pelao, fueron incendiados, presuntamente de forma intencional.<\/p>\n\n\n\n
A pesar de ello, el Congreso del Estado no ha presentado una estrategia legislativa s\u00f3lida ni un posicionamiento colectivo ante la crisis, m\u00e1s all\u00e1 de intervenciones aisladas en tribuna. La falta de debate p\u00fablico sobre seguridad y derechos humanos refleja un vac\u00edo pol\u00edtico que deja sin representaci\u00f3n real a las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos del Estado (CDHEC), que tiene como mandato proteger y garantizar los derechos fundamentales, no ha emitido pronunciamientos visibles sobre la ola de homicidios ni diagn\u00f3sticos amplios sobre su impacto social. Su \u00faltima participaci\u00f3n medi\u00e1tica significativa fue en 2023, por los casos de desaparici\u00f3n y la crisis en los hospitales p\u00fablicos de Colima. Desde entonces, el organismo ha mantenido un bajo perfil, sin divulgar informes sobre orfandad, desplazamiento o v\u00edctimas indirectas derivadas de la violencia.<\/p>\n\n\n\n
El Sistema Estatal Anticorrupci\u00f3n, creado para prevenir los abusos de poder y garantizar la rendici\u00f3n de cuentas, tambi\u00e9n ha guardado silencio. Ninguno de sus informes o sesiones p\u00fablicas ha abordado la posible relaci\u00f3n entre corrupci\u00f3n e inseguridad, ni ha exigido transparencia en torno a las investigaciones por ataques, desapariciones o asesinatos. Su inacci\u00f3n refuerza la percepci\u00f3n de que, en Colima, los \u00f3rganos aut\u00f3nomos se han convertido en espectadores de la crisis m\u00e1s grave de su historia reciente.<\/p>\n\n\n\n
Otros organismos, como la Comisi\u00f3n Ejecutiva Estatal de Atenci\u00f3n a V\u00edctimas (CEEAVI), mantienen convenios con la Fiscal\u00eda y la CDHEC para atender delitos como la tortura, pero no han hecho visible una pol\u00edtica de atenci\u00f3n integral a v\u00edctimas de homicidio o violencia generalizada.<\/p>\n\n\n\n
El contraste con otras entidades es notorio. En el Estado de M\u00e9xico, por ejemplo, el Congreso local cre\u00f3 una Comisi\u00f3n Permanente de Seguimiento de las Alertas de Violencia de G\u00e9nero, mientras que las comisiones de derechos humanos de entidades como Jalisco o Veracruz han emitido recomendaciones espec\u00edficas por homicidios y desapariciones. En Colima, en cambio, el silencio institucional es tan persistente como la violencia misma.<\/p>\n