Diputado acusa a alcalde de despojar de terrenos a los capitalinos para cubrir adeudos

Colima, México, Avanzada (02/02/2021).- El diputado local, Vladimir Parra Barragán acusó al presidente municipal de Colima, Leoncio Morán Sánchez de pretenden despojar a los capitalinos de un terreno para cubrir el adeudo de 20 millones de pesos que tiene con el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos (IPECOL).

El legislador sostuvo que el alcalde de Colima pretende entregar un terreno patrimonio de los habitantes del municipio para cubrir una deuda que la administración adquirió con el Instituto de Pensiones – por no entregar las cuotas que le retenía a los trabajadores y también, por no aportar la parte que le correspondía-.

Indicó que el presidente municipal de Villa de Álvarez, Felipe Cruz Calvario, también ha puesto a la venta diversos terrenos de ese municipio.

“Es increíble la facilidad con la que los gobiernos municipales de Colima y Villa de Álvarez se desprenden del patrimonio  municipal, en lugar de manejarse austeramente con base en las necesidades de la población”.

El pasado 29 de enero, AVANZADA publicó que con la finalidad de evitar cualquier acción legal por la retención de cuotas de los trabajadores, el Ayuntamiento de Colima pagará los 20 millones de pesos que adeuda al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos (IPECOL) con un terreno que cubrirá el importe total del adeudo.

Lo anterior fue revelado por el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alam, quien la semana pasada acusó al alcalde capitalino, Leoncio Morán Sánchez del desvío de las cuotas que retienen a los trabajadores, y las cuales se tendrían que depositar al IPECOL.

En Colima, el artículo 233 BIS  del Código Penal del Estado   señala que un  servidor público tiene un periodo máximo de dos meses para entregar las cuotas de los empleados,  a partir de la fecha en la que hizo el descuento; de no hacerlo, incurre en delito. El  mismo artículo 233 BIS menciona que la pena mínima sería de cuatro a ocho años de prisión cuando el valor del detrimento patrimonial sea de una hasta un importe equivalente de dos mil Unidades de Medida y Actualización.