Tlaxcala no tienen una sola averiguación previa por feminicidio

CIMACFoto: César Martínez López

 

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/02/2017 En Tlaxcala no hay registro de ninguna averiguación previa por el delito de feminicidio, pese a que desde marzo de 2012 está tipificado en el Código Penal de la entidad, aseguró la directora del Colectivo Mujer y Utopía A.C., Edith Méndez Ahuactzin.

En contraste, desde 2008 hasta la fecha, el Colectivo Mujer y Utopía A.C., integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, ha contabilizado, a través del monitoreo de medios impresos y electrónicos de la entidad, 88 casos de feminicidio.

“Sabemos”, denunció Méndez Ahuactzin en entrevista con Cimacnoticias, que esta cifra solo es un acercamiento a la realidad. Hay muchos casos que no registran ni los medios ni la autoridad estatal y por ello quedan en la impunidad

En Tlaxcala, la simulación en el cumplimiento de la ley, falta de voluntad política y la inexistencia de registros gubernamentales sobre los casos de violencia feminicida y explotación sexual son los factores que permiten un contexto de “extrema violencia hacia las mujeres”, dijo la activista.

Además, de 2010 a 2016 solo se registraron 22 averiguaciones previas abiertas por homicidios dolosos de mujeres y niñas, de acuerdo a datos del “Informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en el estado de Tlaxcala”, presentado en agosto de 2016 a la Secretaría de Gobernación para solicitar la implementación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en esta entidad.

CRECE VIOLENCIA VS. MUJERES EN SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

Por otra parte, la violencia hacia mujeres en condición de explotación sexual va en aumento. Tan sólo el día de ayer, en la comunidad de Villa Alta, Tlaxcala, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer que había sido reportada como desaparecida desde el 3 de febrero.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tlaxcala informó que la mujer se encontraba en condición de explotación sexual comercial en un bar del municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

Edith Méndez Ahuactzin comentó que existen varios casos de violencia perpetuada hacia las mujeres en condición de explotación sexual comercial entre los estados de Puebla y Tlaxcala y explicó que, además de la cercanía entre las entidades: “Ambas están en la región del centro del país en donde existe todo un corredor de enganche, de traslado y explotación de las mujeres”.

Méndez Ahuactzin añadió: “Tlaxcala, por las condiciones sociales y culturales en las que se encuentra, ha permitido la presencia de estas formas de violencia y la construcción de redes de explotación sexual con los demás estados de la zona”.

En el informe presentado para solicitar la AVG dice que, de 2011 a 2015, la PGJ del estado reportó el rescate de 126 víctimas de 2011 a 2015.

URGE AGENDA LEGISLATIVA

Ante este panorama, en diciembre de 2016, 18 organizaciones civiles, académicas y personas defensoras de derechos humanos formaron el Colectivo Feminista de Tlaxcala. “El objetivo del grupo es visibilizar la violencia que viven las mujeres de la entidad y trabajar en la construcción de una agenda legislativa que incluya la perspectiva de género”, comentó Méndez Ahuactzin.

El colectivo se reunió el día de ayer con la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas del Congreso local de la LXII Legislatura local para exigir a las diputadas presentes la implementación de acciones específicas para reducir la violencia contra las mujeres y las niñas; además de denunciar la simulación y la omisión en la atención de los casos.

Entre las organizaciones que forman parte del colectivo se encuentran la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (DDESER), la Organización Desarrollo Humano y Social A.C., el Colectivo Mujer y Utopía A.C.; así como Pares en un Mundo de Nones, y el Centro "Fray Julián Garcés" Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.

La Directora del Colectivo Mujer y Utopía A.C. piensa que la creación del grupo: “Es un gran paso y un primer acercamiento para seguir fomentado los espacios de diálogo con gobernantes e insistirles que trabajen para combatir la violencia hacia las mujeres en Tlaxcala”.

“No buscamos culpables, buscamos a nuestros desaparecidos, buscamos paz”

Culiacán, Sinaloa, Comunicado (03/02/17) Colectivos de búsqueda provenientes de toda la República anunciaron ante medios de comunicación el cierre de las actividades de búsqueda de personas desaparecidas en apoyo a sus organizaciones hermanas en el estado de Sinaloa.

Compuesta por diversos colectivos de familiares de víctimas a nivel nacional y con el objetivo de reconstruir el tejido social y abonar a la construcción de paz en México, la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas acompañó a las familias en labores de búsqueda directa, compartiendo la experiencia acumulada y técnicas de búsqueda de personas desaparecidas adquiridas a través de la investigación en campo de sus propios casos.

A lo largo de las dos semanas de trabajo, la Brigada Nacional pudo constatar la complejidad del contexto social que vive en el estado de Sinaloa, que entre sus consecuencias se encuentra la normalización de los altos niveles de violencia y la desaparición de miles de personas. Frente a este dolor y a la violencia generalizada que aqueja el país, la Brigada Nacional recurre al diálogo y al encuentro entre personas como herramientas fundamentales para la reconstrucción de la paz cotidiana y del tejido social. Así, el encuentro entre familiares, posibilita un intercambio que fortalece a quienes buscan a sus seres queridos.

Las labores de esta III Brigada Nacional se llevaron a cabo del 21 de enero al 3 de febrero. Previo a las acciones de búsqueda en campo, se llevaron a cabo capacitaciones sobre antropología forense, acompañamiento psicosocial, seguridad y documentación de casos. La búsqueda en campo se realizó en las localidades de el Quelite, el Potrero de Sataya, la Noria y la Huerta en San Pedro.

Resultando en el hallazgo de personas desaparecidas. Es de resaltar que uno de los hallazgos realizados, corresponde a una persona cuyos restos fueron entregados a una familia que no era la suya. Por estas acciones, el gobierno del estado, en voz de su gobernador se ha comprometido a realizar las tareas necesarias que garanticen la puesta en marcha de protocolos de identificación y la exhumasión de fosas comunes para la correcta identificación de entrega de los restos, eliminando así la posibilidad de tales incidentes.

Durante su estancia, la Brigada Nacional participó en reuniones con autoridades federales y estatales con el fin de acordar los procedimientos para garantizar el seguimiento a los hallazgos de estas dos semanas y de generar las condiciones para que las familias de personas desaparecidas en el estado de Sinaloa reciban la atención integral que requieren, esto mediante la realización de Mesas Interinstitucionales permanentes Así mismo, se aprovecharon estos espacios de interlocución para exigir la realización de búsquedas eficaces en conjunto con los colectivos locales de familiares y para hacer hincapié en la importancia de la implementación de políticas públicas que prevengan futuras desapariciones.

Como otra de sus labores, un equipo capacitado de la Brigada Nacional, compuesto por familiares y acompañantes, documentó 30 casos de desapariciones en el Estado, como parte de un proyecto de alcance nacional, haciendo uso de un instrumento de documentación diseñado específicamente para la Brigada.

Así mismo, la Brigada Nacional gestionó la presencia de la División Científica de Policía Federal para que llevara a cabo la toma de muestras de ADN a familiares de personas desaparecidas, misma que se llevó a cabo en El Quelite y en la Unidad Recreativa STASE en Culiacán. En este marco, más de 60 personas con seres queridos desaparecidos acudieron a la toma de muestras. En consecuencia, la Policía Federal, incluyendo su División Científica, se comprometieron a dar continuidad a las labores realizadas.

Mujeres, más vulnerables ante el cambio climático

Cimacnoticias | Kampala.- 01/02/2017 El debate en torno al cambio climático ha ignorado la forma en que el fenómeno afecta de forma diferente a hombres y mujeres, concentrándose en subrayar la extrema variabilidad del clima y el hecho de que es impredecible, así como la disminución de la productividad agrícola.

Las mujeres representan 56 por ciento de los agricultores ugandeses y son responsables de más de 70 por ciento de la producción agrícola, así como de la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares, según la Red de Mujeres de Uganda (Wougnet). Sin embargo, solo son propietarias de 16 por ciento de las tierras cultivables de este país.

Stella Tereka, enlace sobre género y cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), explicó que las prácticas culturales discriminatorias, que tienden a favorecer a los hombres, limitan el control de las mujeres sobre los recursos productivos clave, lo que exacerba su vulnerabilidad al cambio climático.

“El trabajo intensivo recae sobre las mujeres, en especial las tareas no remuneradas del cuidado, lo que hace que no tengan tiempo para practicar lo que aprenden, el conocimiento y las capacidades obtenidas en grupo en sus actividades agrícolas”, explicó Tereka a IPS.

Por su parte, Winnie Masiko, negociadora de género y cambio climático que representa a Uganda en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), criticó la falta de pautas claras para incorporar la dimensión de género en los proyectos de cambio climático.

La Política de Tierras ugandesa, de 2013, garantiza a las mujeres el mismo derecho que a los hombres de ser propietarias o copropietarias de la tierra, pero eso no siempre se refleja en el terreno.

Masiko subrayó la necesidad de iniciativas concentradas en atender los desequilibrios estructurales para achicar la brecha de género, comprender las distintas necesidades de hombres y mujeres y allanar el camino para una efectiva adaptación al cambio climático.

Edidah Ampaire, coordinadora del proyecto Acción Política para la Adaptación al Cambio Climático, dijo que las contribuciones y los derechos de las mujeres están extremadamente restringidos, en especial en zonas rurales, y que el gobierno hace muy poco para atender los desequilibrios.

“La desigualdad de género está generalizada en las comunidades agrícolas y deja a las mujeres en desventaja”, precisó Ampaire.

Tereka subrayó que la promoción de la igualdad de género está en el centro de los programas de la FAO y que la agencia realiza esfuerzos deliberados para garantizar la inclusión femenina en todos sus programas.

“Es fundamental que las mujeres ganen poder y formen parte de la toma de decisiones en todos los niveles, a fin de que podamos ver su contribución efectiva al desarrollo de sus familias y sus naciones”, explicó Tereka.

ESCUELAS SIN MUROS

A través de la metodología de Escuelas de Campo para Agricultores (ECA), “conocidas como escuelas sin muros”, la FAO permite que hombres y mujeres con un objetivo común reciban capacitación, compartan ideas, aprendan entre sí mediante la observación y la experimentación en su propio contexto.

En promedio, las ECA cuentan con 60 por ciento de mujeres.

Proscovia Nakibuye, quien cría ganado en el distrito ugandés de Nakasongola, dijo que las ECA le enseñaron estrategias efectivas para hacer frente al cambio climático. “No enseñaron buenas prácticas para mantener el ganado y plantar pasturas”, relató.

“Las ECA ofrecen un espacio para aprender en grupo de forma práctica, mejorar la capacidad de realizar análisis críticos e incentivar el proceso de decisión de las poblaciones locales”, explicó Tereka.

“Las actividades se basan en el campo e incluyen la experimentación para resolver problemas, al reflejar un contexto local específico”, añadió.

“Los participantes aprenden a mejorar sus habilidades agrarias mediante experimentación, observación, análisis y aplicación en su propio terreno, lo que contribuye a una mejor producción y sustento. El proceso de las ECA mejora el empoderamiento individual, doméstico y comunitario, así como la cohesión social”, precisó.

De hecho, Nakibuye y su esposo observan grandes cambios tanto en su hogar como en las actividades agrícolas. “Antes, mis hijos no iban a la escuela, pero ahora gracias a la mayor venta de leche, les puedo pagar una educación decente”, aseguró.

La FAO también utilizó los Sistemas de Aprendizaje Acción de Género, una herramienta comunitaria que permite a hombres y mujeres planear el futuro que quieren y actuar contra las barreras, incluidas las normas sociales que inhiben la igualdad de género y la justicia.

Por su parte, Mercy Ssekide, una agricultora del distrito de Mubende que se unió a la ECA de Balyejjusa, observó: “Si no colaboras con tu propia familia, los cultivos no prosperan, por eso impulsé a mi esposo a unirse a las ECA, para que trabajemos como equipo”.

“Nos capacitan y nos impulsan a trabajar duro para manejar el cambio climático y para cubrir nuestras necesidades. Fuera de temporada, cultivamos tomates y ganamos dinero porque la población local y los comerciantes nos compran a nosotros”, indicó el marido de Mercy.

Así, la familia logró diversificar sus actividades y aventurarse en la avicultura, la cría de cabras y de cerdos y mantener una huerta. Y ahora, los Ssekide deciden en conjunto el uso de los ingresos y pueden pagar la educación terciaria de sus hijos.

La FAO, con fondos aportados por la Unión Europea, implementa el Proyecto Global de Cambio Climático en los distritos centrales ganaderos de Luwero, Nakasangola, Nakaseke, Mubende, Sembabule y Kiboga.

Teniendo en cuenta la falta de tiempo y el peso de las tareas que recaen sobre las mujeres, la FAO procura que las actividades de sus proyectos fomenten la participación femenina, en particular ajustando el horario de reuniones y de la capacitación para que ellas puedan participar y beneficiarse de las capacidades y del conocimiento sobre agricultura climáticamente inteligente.

Tereka cree que con un clima cada vez más impredecible, es fundamental el desarrollo de capacidades relacionadas con la agricultura climáticamente inteligente.

Incluso, urgió al gobierno ugandés a renovar el sistema de extensión agrícola para ofrecer una mejor respuesta de género para que los agricultores, y en especial las mujeres, usen de forma correcta los insumos distribuidos por el Estado en el marco de la Operación Creación de Riqueza.

La metodología de las ECA se implementa actualmente en 90 países, con cuatro millones de agricultores en el mundo que lograron mejorar sus capacidades y se ajustaron bien a los efectos del cambio climático.

*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.

Exigen sentencia para feminicida en Sonora


Imagen de Silvia Nuñez Esquer


Cimacnoticias | Hermosillo, (18/01/2017).- A unos días de que se conmemore el segundo aniversario luctuoso de Jessica Rosario Vega Borbón, enfermera asesinada por su esposo en el municipio de Navojoa, Sonora, ubicado al sur de la entidad, en 2015, la Procuraduría estatal subsanó las fallas, omisiones y errores en el expediente y se espera una sentencia para el feminicida.

Este 20 de enero se cumplen 2 años del feminicidio de Jessica Rosario Vega. Desde entonces sus padres, familiares, amigas y compañeras de lucha por los derechos de las mujeres, integrantes de Cobanaras (gobernadoras en lengua mayo) y de la Casa de la Mujer indígena “La Paloma”, no han dejado de insistir en que se haga justicia por su feminicidio.

La presidenta de Cobanaras, Patricia Alonso Ramírez, así como integrante de la Casa de la Mujer indígena “La Paloma” anunció que harán otras movilizaciones ciudadanas, como lo han hecho durante estos 24 meses.

Después de mucho peregrinar, fue el procurador de Sonora Rodolfo Montes de Oca quien se comprometió a revisar el expediente que había sido integrado en forma deficiente, por lo que instruyó para que se trabajara en fortalecerlo de acuerdo con la legislación y protocolo de investigación del delito de feminicidio correspondientes.

Ante la presencia de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, la gobernadora del estado Claudia Pavlovich Arellano, la directora del Instituto Sonorense de la Mujer, Blanca Saldaña López, el Secretario de gobierno, Miguel Pompa, el presidente del poder judicial, Francisco Gutiérrez, entre otros, Alonso Ramírez asistió hoy a la toma de protesta del subcomité de igualdad de género de Coplades portando un cartel con el rostro de Jessica, y con la demanda de justicia.

Y es que si bien la investigación se fortaleció con las pruebas y elementos necesarios para acreditar el feminicidio, hasta la fecha el responsable no ha sido sentenciado, está recluido en prisión pero sin sentencia.

Familiares e integrantes de Cobanaras y la Casa de la Mujer Indígena, expresaron su preocupación y temor de que pueda ocurrir alguna posibilidad legal para que éste quede libre y con ello impune la agresión que perpetró no sólo contra la vida de Jessica, sino contra toda la familia que ha visto trastornada su cotidianidad.

Para Patricia Alonso el caso está estancado, ya que después de que los padres de Jessica sostuvieron reuniones con el procurador del estado, han tenido la información desde diciembre de que esa institución ya hizo su trabajo de investigación para proveer al juez de suficientes elementos para que dicten sentencia. Sin embargo, a la fecha esto no ha ocurrido.

Desde entonces las integrantes de Cobanaras y de la Casa de la Mujer Indígena “La Paloma”, ubicada en San Ignacio Cohuirimpo, municipio de Navojoa, acordaron retomar las acciones que venían realizando a partir de su asesinato.

Anunciaron que continuarán con las manifestaciones en Navojoa, cada día 25 del mes, uniéndose al día naranja y dedicándolo a la exigencia de justicia para Jessica.

De igual forma continuarán exigiendo que el feminicida sea castigado de acuerdo a la magnitud de su acto, ya que no sólo fue la privación de la vida, sino un conjunto de actos de tortura y sufrimiento a los que la sometió antes, durante y después de su muerte.

Otra de las actividades consiste en que a partir de este día en eventos públicos portarán el cartel que exhibe el rostro de Jessica Vega Borbón, con la leyenda:

“Exigimos justicia plena para Jessi ya. A 24 meses de su feminicidio. Soy Jessica Rosario Vega Borbón, fui asesinada por mi esposo el 20 de enero de 2015. Navojoa, Sonora, México, Vivas nos queremos”.

Es por ello que el día de hoy Patricia Alonso portaba el cartel para visibilizar ante los tres poderes del estado la necesidad de que haya justicia, pues considera que cada feminicidio no resuelto con su respectiva sentencia para el responsable, es un mensaje de impunidad para los hombres, lo cual constituye un permiso social para asesinar mujeres.

De igual forma, continuarán con la solicitud de reuniones con las instancias correspondientes para conocer el estatus del caso, y se retoma la movilización tanto en la cabecera municipal de Navojoa, como en los diversos lugares en donde la Casa de la Mujer Indígena tiene integrantes con el fin de difundir los derechos de las mujeres indígenas.

Informó que un abogado mediador de la Secretaría de Gobierno se acercó para proponer una reunión con un subprocurador, pero tanto la familia como sus compañeras pretenden hablar directamente con el procurador del estado.

Con quien sí pudo conversar, dijo, fue con diversas funcionarias a quienes advirtió que las acciones para prevenir la violencia contra las mujeres pueden sufrir un revés si continúa la impunidad como en el caso de Jessica. Mientras no haya justicia, los hombres tienen las manos libres para seguir maltratando y asesinando a las mujeres, lamentó.

Rescatan a nueve víctimas de explotación sexual en el DF

Colima, México, Comunicado (16/01/17).- Como resultado de una denuncia para combatir el delito de trata de personas, la Procuraduría General de Justicia capitalina implementó un operativo en tres inmuebles localizados en las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez, donde se localizó a nueve mujeres que ejercían la prostitución, entre ellas dos de nacionalidades cubana y colombiana. En el mandato judicial se detuvo a cinco personas, contra quienes se ejercitó acción penal y un Juez de Control calificó de legal su detención.

Los tres hombres aprehendidos, de 25, 56 y 57 años de edad, fueron ingresados al Reclusorio Preventivo Sur. A las dos mujeres detenidas, de 51 y 83 años, esta última quien se desempeñaba como propietaria del negocio y “contratista” de las agraviadas, se les trasladó al Centro de Reclusión Femenil Santa Martha Acatitla, donde enfrentarán proceso, a la espera de que un Juez del Sistema Procesal Acusatorio los vincule a proceso, por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual.

Una de las víctimas denunció que la mecánica de explotación sexual empleada por los indiciados, entre ellos un hombre del que se investiga su paradero, señalado como presunto dueño de una agencia de publicidad, consistía en enganchar a las ofendidas como modelos, a través de la empresa y a partir de ahí obligarlas a prestar servicios sexuales en una casa de citas.

Las afectadas tenían que hacer una pasarela frente a los clientes que acudían a la casa de citas, para ser elegidas por ellos. Antes de ingresar a una recámara con una de las chicas, el visitante tenía que pagar entre 4 y 6 mil pesos, más 3 mil por el costo de las bebidas, para tener derecho a una relación sexual, por espacio de dos horas; si alguien deseaba llevar a la mujer a un hotel, tenía que pagar derecho de salida, de 2 mil pesos; al final, a las ofendidas presuntamente les pagaban mil 800 pesos, pero sólo recibían 100 pesos, puesto que les descontaban el costo de su alojamiento.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 10 de agosto de 2015 la denunciante acudió a una cita de trabajo en un inmueble de la calle Hermosillo, colonia Roma Sur, delegación Cuauhtémoc, donde se ofrecía un empleo como modelo, en la que una mujer la atendió y le explicó que tenía que cuidar su presentación para efecto de conservar el trabajo, adquirir un nombre artístico y que se le pagarían mil 800 pesos por evento.

La mujer fue trasladada a un domicilio en la calle Nuevo León, colonia Hipódromo Condesa, de la referida delegación, donde advirtió la presencia de meseros y ahí la atendió el individuo que se presentó como dueño de las empresa, por lo que la llevó a una recámara donde le pidió que se desnudara para aprobarla como empleada. Posteriormente le indicó que sus funciones eran atender a los clientes del lugar, consumir bebidas alcohólicas con ellos y tener relaciones sexuales con los interesados.

Luego de aceptar los términos, la afectada se presentó a laborar el 11 de agosto, lo que le permitió saber de la presencia de numerosas chicas de entre 20 y 30 años de edad de distintas nacionalidades, las cuales mostraba el presunto dueño de la casa a los asistentes a fin de promoverlas. En el inmueble trabajaban dos de los detenidos como vigilante y administrador del sitio.

En septiembre del mismo año, el individuo le dijo a la afectada que era momento de aspirar a tener mayor prestigio, por lo que comenzó a promocionarla en un sitio de internet, y en octubre la llevó a vivir a su casa, ubicada en avenida Gabriel Mancera, colonia Del Valle Sur, delegación Benito Juárez, donde sólo le daba de comer cuando él lo hacía y no le permitía tener comunicación con sus familiares, mientras seguía obligándola a ofrecer sexoservicio.

En octubre de 2016, al darse cuenta las agraviadas extranjeras que la denunciante vivía en casa del supuesto dueño, le pidieron que recuperara sus documentos, pues él se los había quitado, por lo que la ofendida le reclamó esta situación al individuo, quien amenazó con hacerle daño.

La mujer acudió ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, donde denunció los hechos y derivado de esto el Juez obsequió una orden de cateo en los inmuebles, que fue cumplimentada el pasado 13 de enero. Los predios serán propuestos para la acción de extinción de dominio.

Las nueve agraviadas recibieron apoyo psicológico, médico y orientación jurídica, el dictamen de psicología forense determinó afectación y alto grado de vulnerabilidad, por lo cual la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad intervino para brindarles apoyo integral.