Accidentes por camiones de doble remolque han causado mil muertes en lo que va del año

 

Frente al alto nivel de inseguridad y siniestralidad en carreteras, ocasionado por la circulación de doble camiones doble remolque y el incumplimiento de leyes, reglamento y la NOM-012-SCT-2014, la Comisión de Transportes analiza reunirse con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Policía Federal, cámaras de representantes y personas afectadas por estos vehículos de carga.

Durante una reunión de trabajo, el diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (PAN), presidente de esta instancia, señaló que la Junta Directiva analiza la posibilidad del encuentro, que sería independiente de la comparecencia del funcionario federal, en el marco de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, prevista para el 23 de noviembre.

Afirmó que es necesario escuchar a todos los involucrados en este tema, antes de decidir el siguiente paso. “Esperamos estar listos este mes para tener esa reunión de trabajo y discutir a fondo, el tiempo que sea necesario, con la argumentación de cada parte” y cuestionamientos directos.

El diputado Jorge López Martín (PAN) manifestó que esta situación ha generado más de mil muertes en lo que va del año, por lo que es interés de esta Comisión abrir ese espacio para escuchar a todas las personas relacionadas con el transporte de carga, incluidos los afectados, para normar un criterio y dictaminar en breve las iniciativas sobre el tema presentadas por diversos grupos parlamentarios.

El exhorto es, dijo, resolverlas antes de que concluya el periodo legislativo, en 60 días, en aras de cumplir con el mandato constitucional y responder a la población que busca una pronta solución.

Del PVEM el diputado Mario Machuca Sánchez (PVEM) destacó la necesidad de evitar siniestros en los que hay vidas humanas de por medio y se sumó a la solicitud de dictaminar en este periodo.

Del mismo grupo parlamentario, el diputado Omar Noé Bernardino Vargas apoyó la moción y pidió también que la Secretaría de Gobernación informe hasta qué punto se ha violentado la NOM-012-SCT-2014. “Se debe regular y respaldaremos esas acciones porque vamos a ayudar a la ciudadanía, pero debemos generar un punto de equilibrio”.

Del PRI, la diputada María Guadalupe Alcántara destacó la importancia de invitar al mismo encuentro también a los fabricantes, no sólo a operadores y empresas de transporte. Señaló que vale la pena conocer cómo ha avanzado la tecnología en cuestiones de frenado y de seguridad.

Durante la misma reunión se avaló un dictamen para reformar las leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Vías Generales de Comunicación, del Registro Público Vehicular y de la Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para actualizar el término Ciudad de México.

Se trata de adecuar el lenguaje jurídico, que es un elemento esencial en la seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier Estado de derecho. Se busca dar seguridad jurídica a los gobernados, en el ámbito de la aplicación exacta de la norma, evitando que la autoridad administrativa la interprete discrecionalmente, y vulnere garantías constitucionales.

Asimismo, se aprobó un segundo dictamen que modifica la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para ampliar las facultades de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y pueda organizar foros y paneles nacionales e internacionales; también se contempla que los cruzamientos de vías férreas por otras obras podrán llevarse a cabo cuando las condiciones de seguridad, económicas y sociales así lo permitan, previa consulta a los residentes.

Entre otras cosas, plantea que a la conformación del Comité de Seguridad en Cruces Viales Ferroviarios concurra un representante de la sociedad civil.

De igual forma se aprobó otro dictamen respecto a un punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Jalisco y al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinen y realicen un proyecto integral, sustentable y resiliente, para rehabilitar la vialidad denominada Anillo Periférico Manuel Gómez Morín.

El objetivo es garantizar el derecho a la movilidad de los habitantes del área metropolitana de Guadalajara, y que contribuya como medida de mitigación de los efectos del cambio climático.

Gran vacío en la Constitución: falta reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público

Durante el Quinto Diálogo Constitucional “La visión de nuestros pueblos originarios en 1917 y su perspectiva en el primer centenario de la Constitución”, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (PRI), afirmó que existe un gran vacío en la Carta Magna, ya que aún falta reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público.

 

En el evento, organizado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), el legislador resaltó que falta profundizar y avanzar en el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, porque hablar de ellos es “hablar de pobreza y de un presupuesto recortado, injusto”.

 

Consideró que mientras las leyes no contemplen estos asuntos de los pueblos indígenas, “seguirá habiendo un gran vacío”.

 

Refirió que la Constitución Política, a partir de la reforma de 2001, reconoce la composición pluriétnica y pluricultural de nuestros pueblos, así como los usos y costumbres, pero faltan las leyes secundarias y “hasta ahora no se está dando ese cumplimiento”.

 

La diputada Ernestina Godoy Ramos (Morena), integrante del Comité del CEDIP y moderadora del evento, aseguró que falta mucho por hacer a favor de los pueblos originarios, ya que tienen un grado de marginación muy fuerte y la mayoría está asentada en lugares inaccesibles, sin vías de comunicación y servicios.

 

Estimó que la reforma constitucional de 2001, “pese a que fue importante, se quedó corta” en el reconocimiento de los pueblos indígenas, ya que son sujetos de interés público y no de derecho público. Se pronunció por “pagar esa deuda histórica que tiene el Estado mexicano con los pueblos indígenas”.

 

Por su parte, Epifanio Pérez Pérez, perito traductor certificado por el Consejo de la Judicatura del estado de Oaxaca, indicó que la situación actual de los pueblos indígenas es similar a la de hace 200 años, “aún hoy son excluidos de derechos básicos como el acceso a servicios de salud, de educación y de trabajo digno”, explicó.

 

Mencionó que los pueblos indígenas de la sierra de Oaxaca carecen de los servicios esenciales, que debe proporcionar el Estado, como la salud. “Los indígenas resentimos realmente la atención del Estado y no vemos una política pública que realmente esté aplicada y que dé servicio a toda la comunidad”.

 

Pidió a los legisladores defender el presupuesto que se designa para los pueblos indígenas, ya que los recursos no alcanzan y muchas veces no aterrizan.

 

Jenifer Maritza Bautista López, secretaria general de la Asociación Civil Equidad, Participación y Progreso, reconoció que se han logrado avances “pero falta mucho por hacer”; por ejemplo, considerar a los pueblos indígenas como parte de la nación y hablar de un multiculturalismo.

 

Señaló que se requiere no solamente hacer normas, sino llevarlas a la práctica, y que las políticas públicas también lleguen a las comunidades, porque la discriminación “es enorme” y las oportunidades no llegan.

 

“Hay que reconocer el carácter radicalmente plural de nuestro país redefiniendo todas y cada una de nuestras relaciones políticas, económicas y sociales”, puntualizó.

 

El doctor Javier López Sánchez, ex director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y asesor del gobierno de Paraguay, enfatizó que a casi cinco meses de cumplir los cien años de nuestra Constitución, la deuda con los pueblos indígenas sigue siendo una asignatura pendiente.

 

Resaltó que estos siguen siendo los más pobres y discriminados, por lo que debe haber una reforma constitucional y políticas públicas incluyentes, que realmente garanticen el desarrollo con base en las características regionales y contextuales de los estados, municipios y pueblos originarios.

 

Comentó que las comunidades indígenas ya no solamente viven en sus ámbitos rurales, sino urbanos. Tan sólo en la Ciudad de México hay más de 500 mil. Por ello, consideró que la discusión del Constituyente en la capital será una gran oportunidad para pensar en políticas incluyentes e interculturales que hagan efectiva la atención de esta sociedad multicultural.

Estudiantes denuncian violencia cometida por docentes


Cimacnoticias | Hermosillo, Son.-  Estudiantes de Sociología de la Universidad de Sonora, denunciaron la falta de un protocolo de atención para atender el acoso y hostigamiento sexual al interior del recinto universitario, luego de denunciar dos casos de acoso y hostigamiento sexual por parte de un docente.

Integrantes de la colectiva Nosotras expresaron su preocupación, inconformidad e indignación, ante los hechos que han vivido algunas de sus compañeras, quienes, señalaron, fueron expuestas por algunos académicos y carecen del respaldo de la institución educativa.

En cartelones que distribuyeron por distintos puntos de la Universidad, las jóvenes expusieron la falta de un protocolo que atienda esta problemática y les garantice una vida libre de violencia en los espacios académicos, por lo que hicieron un llamado a todas las universitarias que han sido víctimas de estos delitos para que denuncien y logren impulsar cambios institucionales.

“Exigimos una universidad libre de violencia, sanción a los culpables y un alto al encubrimiento e impunidad institucional que deja al descubierto la simulación en cuanto a la supuesta promoción de un plan para la igualdad y prevención contra la discriminación de género”, concluyeron.

SIN MECANISMOS DE ATENCIÓN

En entrevista con Cimacnoticias, el profesor de tiempo completo del departamento de Sociología y Administración de la Universidad de Sonora, Felipe Mora Arellano, dijo que las instituciones de educación superior no están preparadas para enfrentar este tipo de denuncias y pese a que se tiene conocimiento de múltiples prácticas de acoso sexual, ni se denuncia ni hay mecanismos de atención.

El académico agregó que en estos casos hay temor, y no existe ni seguridad ni confianza de que no habrá consecuencias, así como miedo a que se piense que las jóvenes exageran y se vean sujetas al escarnio.


“El fenómeno ha tendido a crecer en la medida de la feminización de la matrícula en educación superior” agrega el académico.

Actualmente la Universidad de Sonora que hoy cumple 74 años, cuenta con la Comisión de Asuntos Universitarios, pero ésta no tiene mecanismos para atender el acoso sexual, por lo que hace falta crear una instancia en la estructura universitaria que atienda este tipo de casos, opinó Mora Arellano.

Para la doctora en Ciencias Sociales, Leyla Acedo Ung, ex empleada del Instituto Nacional Electoral y quien denunció acoso sexual y laboral cometido por su jefe, dijo que es indispensable que existan protocolos y mecanismos para atender estos casos, pues las víctimas están desprotegidas y no tienen a dónde acudir.

Acedo Ung agregó que también es importante la capacitación sobre este tema a altos funcionarios y docentes, pues “de nada sirve tener instancias si quienes toman las decisiones no están capacitados. El acoso es una realidad por lo que se debe tener las vías o los canales para que las estudiantes se sientan en confianza de denunciar y para ceñirse a derecho”, señaló.

VACÍO NORMATIVO

La investigadora de El Colegio de Sonora, Mercedes Zúñiga Elizalde, dijo en entrevista que es fundamental que existan protocolos y mecanismos que investiguen y resuelvan estos casos y que haya normativas que contemplen sanciones como despido a los agresores.

 

Comentó que en El Colegio de Sonora hay una Comisión de Honor y Justicia, que recibe quejas y está facultada para resolver. Las sanciones, explicó van desde la amonestación hasta la recisión de contrato.

“La última palabra la tienen los órganos de decisión de la institución, pero es importante que tenga facultades para investigar, pues si bien es para varios temas, el acoso sexual está dentro de éstos”, dijo.

Para la estudiosa de la violencia de género en Sonora, una sanción ejemplar para el acoso sexual en las instituciones de educación superior debería ir más allá de la amonestación, medida meramente administrativa, pues el acoso sexual es algo muy grave.

SSA espera que recorte al Presupuesto 2017 no afecte a programas prioritarios


En el marco del IV Informe de Gobierno, los integrantes de la Comisión de Salud se reunieron con el secretario del ramo, José Narro Robles, para cuestionarlo sobre la compra consolidada de medicamentos, programas de salud sexual reproductiva para jóvenes, cobertura universal de salud y reproducción asistida.

 

El presidente de la comisión de Salud, senador Salvador López Brito expresó que este es un ejercicio republicano entre las labores que realiza el Ejecutivo y las preocupaciones y pendientes del Legislativo, con el firme propósito de coadyuvar en un tema toral para todos los mexicanos.

 

La senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, exhortó a la dependencia a emitir la normatividad para la reproducción asistida, ya que en México se llevó a cabo una parte de la técnica que incorpora el ADN de tres personas para procrear a un bebé, esto es preocupante porque “abre la puerta a la modificación genética de humanos”.

 

El secretario de Salud dijo que la dependencia a su cargo tiene avances en la norma correspondiente, pero está en espera de que la Cámara de Diputados apruebe la ley respectiva, para contar con un marco normativo adecuado a la realidad.

 

Hilda Ceballos Llerenas, senadora del PRI, solicitó información sobre los programas y acciones que se implementan para la atención de enfermedades mentales, la atención psiquiátrica y psicológica.

 

Narro Robles, señaló que se requiere fortalecer el primer nivel de atención y cuidados ambulatorios, además de incorporar los temas de salud mental en este nivel con psicólogos y psiquiatras, pero especialmente con los médicos generales.

 

Anabel Acosta Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI, destacó como tema pendiente la ampliación de los servicios, especialmente a sectores vulnerables como los indígenas, por lo que preguntó cuáles son los retos a superar para garantizar la universalización de los servicios.

 

El funcionario explicó que se ha revisado 70 por ciento de los padrones del Seguro Popular, IMSS, ISSSTE, Pemex y el Ejército, detectando que 15 millones de personas están afilados en dos y hasta cuatro de estos sistemas, lo cual afecta la calidad e imposibilita atender a un mayor porcentaje de la población, por lo que será necesario hacer una depuración en las instituciones; paralelamente, se han establecido 715 acciones hacia el intercambio de servicios.

 

Andrea García García, senadora del Grupo Parlamentario del PAN, inquirió por su parte cómo garantizará la Secretaría de Salud ofrecer una atención de calidad y, sobre todo, revertir el crecimiento de enfermedades crónico degenerativas, cuando el presupuesto registra un severo recorte en inversión en infraestructura, así como a los programas de preventivos.

 

Narro Robles afirmó que se han establecido mecanismos para el mejor uso de los recursos, cuidándose que en programas fundamentales como el Seguro Popular se garantice la suficiencia de las transferencias a las entidades federativas para la atención a los pacientes.

 

La senadora Martha Elena García Gómez, del PAN, criticó la reducción de estudios de mastografías, ya que se hicieron 734 mil 946, lo que corresponde tan sólo a 71 por ciento de meta programada para el presente año.

 

A su vez, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitó información respecto a la concentración, en uno o dos proveedores, de las compras consolidadas del sector salud, y si eso genera un mercado sano.

 

El secretario dijo que se trata de un concurso abierto que estimula la competencia entre los potenciales proveedores y se asigna de manera transparente; “no se favorece premeditadamente a algún proveedor del sector de la salud, sino que hay una gran competencia”, que ha generado ahorros de 10 mil 800 millones de pesos, que son usados para comprar más fármacos.

 

El senador del Grupo Parlamentario del PRD, Adolfo Romero Lainas, reiteró el tema del recorte al presupuesto para el sector salud, y en ese sentido cuestiono cómo afectará en la atención de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes mellitus, tipo 2 e hipertensión arterial y, cómo se coordinará la secretaria con el IMSS y el ISSSTE para la atención de estos padecimientos.

 

Al respecto, el funcionario federal precisó que aún no está determinado el presupuesto y que quizá tenga ajustes. No obstante, dijo, garantizará que el recurso que se le asigne a la Secretaría de Salud y a los servicios estatales por la vía del Seguro Popular o de los ramos 12 y 33, no afecten a los programas prioritarios.

 

A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, el senador Mario Delgado Carrillo advirtió que “el problema de la obesidad en México es tan grave, que de seguir esta tendencia la expectativa de vida de esta generación se reduciría”, por lo que de este tamaño debe ser la respuesta del Estado, pero “parece que este gobierno prefiere la salud de las finanzas públicas que la salud de los niños”.

 

Narro Robles aclaró que la responsabilidad en el tema de la obesidad no sólo le compete al gobierno de la República, ni se ha generado en los últimos tres años y medio, sino que se trata de un problema que les corresponde a todos.

 

La senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del PVEM, preguntó cuáles son los resultados de la reforma que se hizo en el Senado a la Ley General de Salud, para que las instituciones atiendan a las mujeres que presenten una emergencia obstétrica, independientemente de si es derechohabiente o no.

 

El funcionario federal detalló que entre 2011 y 2016, se atendieron a tres mil 259 madres, y refirió que sí funciona la reforma, y se ha fortalecido su funcionamiento a lo largo del último año con mil 529 atenciones entre septiembre del año pasado y septiembre de 2016.

 

La senadora del Grupo Parlamentario del PT, Martha Palafox Gutiérrez, preguntó qué acciones realizará la Secretaría de Salud para conocer la magnitud de la enfermedad renal crónica y su posible impacto en la sustentabilidad financiera del Sistema de Salud, por los costos que representa en su atención y si existe un esquema para garantizar que el recursos para la salud se gaste en forma eficiente, transparente e incluyente.

 

A ello, el titular de la SSA explicó que este padecimiento va minando a la persona en el aspecto financiero, familiar, en el empleo y con la presencia de otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, e infecciones urinarias repetidas relacionadas con la enfermedad renal. Entre 1980 y 2015, indicó, esta patología ha aumentado en el impacto y estructura de la mortalidad, ya que creció 2.7 el número de defunciones. Narro Robles dijo que se trata de un padecimiento que puede detectarse de manera temprana, pero se requiere avanzar en la detección primaria, puesto que es una enfermedad que demanda entre 175 mil a 237 mil pesos anuales, en el caso del Seguro Popular.

 

En el tema del uso de la cannabis con fines médicos, la senadora Martha Tagle cuestionó si la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios no cuentan con impedimento para regularizar la parte médica y terapéutica, porque se deja fuera del control de esta área el uso por tetrahidrocanabinol (THC) abajo del 0.3 por ciento.

 

Al respecto, el titular de la SSA argumentó que en la parte médica, los legisladores deben considerar que se está afectando a las personas al no tener acceso, y en cambio tendrían beneficios si se aprueba el uso médico; además se comprometió a hacer una revisión sobre el tema del cáñamo y los niveles y, platicarlo con los expertos.

 

Al final del encuentro, se dio la palabra a senadores que no forman parte de la Comisión de Salud. El senador Jesús Priego Calva, del Grupo Parlamentario del PRI, comentó que el sobrepeso “es un camino a la diabetes”, cuyo tratamiento es muy costoso, y que “saldría más barato invertir en la prevención” de esta enfermedad.

 

Su compañero de bancada, Jorge Toledo Luis, comentó que el tema de salud se tiene que atender con responsabilidad y honestidad. Coincidió con sus correligionarios en el sentido de que para este sector se requiere de más presupuesto y, además, se debe de usar con eficacia y eficiencia lo que hay.

Esterilizan a mujeres con VIH/Sida en México y Centroamérica


Imagen retomada del portal redbalance.org

Cimacnoticias | Ciudad de México.-  Un estudio sobre violaciones a derechos reproductivos de mujeres con VIH realizado en México, Nicaragua, Honduras y El Salvador, reveló que la esterilización forzada es una práctica recurrente en los servicios de salud de los 4 países, además de la carencia de información científica sobre la infección y del acceso a métodos anticonceptivos.

La organización civil con trabajo en VIH, Balance AC, realizó un cuestionario durante el periodo 2012-2013, cuyos resultados se publicaron este año en el “Estudio Técnico-Jurídico de Violaciones a los Derechos Reproductivos de las Mujeres con VIH”. La encuesta se realizó a 100 mujeres con VIH, y la misma muestra se utilizó para los otros tres países.

En México, de acuerdo con los resultados del cuestionario, de las 100 entrevistadas, 20 dijeron haber sido presionadas para dejarse practicar una intervención quirúrgica de esterilización; señalaron que no tienen garantizado un servicio integral de salud y que enfrentan discriminación por parte del personal médico, tampoco se les da información científica de la infección, ni de métodos anticonceptivos.

En entrevista con Cimacnoticias la encargada del Programa de Mujeres Derechos Sexuales y VIH de Balance AC, Gabriela García Patiño, explicó que las violaciones a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres con diagnóstico de VIH, vulneran su derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre el número de hijos que desean tener.

Las prácticas de esterilización a mujeres con diagnóstico de VIH, son realizadas bajo presión del personal de salud; el estudio reportó desde la “insistencia e intimidación” hasta la esterilización “forzada”. También toman en cuenta los casos de esterilización “por falta de consentimiento informado” que sumaron 9 para México.

Destacó que el personal de salud en México obtuvo el consentimiento de las mujeres para practicar la esterilización de manera “viciada”, porque les dijeron que no tenían otra alternativa o “no estaban para negarse”, en uno de ellos fue “bajo los efectos de la anestesia” y en otro “no hubo consentimiento” y se hizo durante la cirugía de la cesárea.

Sobre la situación del acceso a los servicios de salud de las mujeres con diagnóstico de VIH en México, García Patiño dijo que hace falta un servicio integral de salud para las mujeres, porque si bien en la Ciudad de México existe la Clínica Condesa (especializada en atención de VIH/Sida), en el resto de las entidades federativas las unidades médicas del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) ofrecen un servicio limitado a las mujeres.

La especialista agregó que al no tener un servicio integral, las mujeres con diagnóstico de VIH tienen que acudir a otras áreas de especialidades para el cuidado y control de su salud y es ahí en donde el personal médico y de enfermería muestra no tener capacitación en atención a mujeres con VIH y cometen actos de “discriminación”.

CENTROAMERICANAS OBLIGADAS A ESTERILIZACIÓN

En los países en donde se aplicó el mismo cuestionario (Honduras, Nicaragua y El Salvador), también se presentaron casos de esterilización. En Nicaragua 7 mujeres dijeron haber sido presionadas u obligadas a esterilizarse; en Honduras 6 y en El Salvador 10.

Gabriela García Patiño dijo que personal de salud no está capacitado para dar un servicio a las mujeres con diagnóstico de VIH apegado a los Derechos Humanos y que garantice el ejercicio pleno de los derechos reproductivos y sexuales, además de que aún hay estigmatización de la infección del VIH/Sida.

El estudio también contempló preguntas sobre el acceso a la interrupción del embarazo por la causal de salud de las mujeres o el producto. Aunque en Nicaragua, Honduras y El Salvador dicha causal no existe, no es impedimento para que las mujeres puedan acceder, si así lo requieren, a una interrupción del embarazo, señaló García Patiño.

En México 46 por ciento de las mujeres entrevistadas (42) indicaron no haber recibido información suficiente sobre sus opciones para interrumpir el embarazo por causas de salud física o mental.

En Nicaragua 53 por ciento de las mujeres entrevistadas (41) indicaron no haber recibido dicha información, en Honduras 48 por ciento de las mujeres entrevistadas (48) indicaron la misma situación y en El Salvador 47 por ciento reportaron esa situación.