Mexicanas, entre las más pobres de 18 países de AL: Cepal


CIMACFoto: César Martínez López

Cimacnoticias | Ciudad de México.-  Las mexicanas se encuentran entre las más pobres de 18 países de América Latina y el Caribe, ya que de 2005 al 2014 la pobreza se incrementó al pasar de 35.5 por ciento a 41.2 por ciento respectivamente, reveló el documento “Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible”, presentado durante la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal).

Durante la inauguración de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer en Montevideo, Uruguay, la cual reúne a representantes de 20 países, sociedad civil y de las Naciones Unidas para trabajar sobre la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la secretaria general de la Cepal, Alicia Bárcena Ibarra, sostuvo que las mujeres son las más pobres de los países de América Latina.

En el documento “Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible”, México aparece entre los países con altos índices de pobreza que no pudieron disminuirla, lejos de ello se incrementó.

El documento también contempla un análisis del tiempo dedicado al trabajo remunerado y no remunerado en México, y destaca que durante 2014 las mujeres de entre 20 a 59 años de edad dedicaron 59.9 horas semanales al trabajo no remunerado (cuidado de otros y labores domésticas) mientras que los hombres dedicaron19.9 horas semanales a la misma actividad.

En el trabajo remunerado cambia la situación ya que los hombres dedicaron un total de 52.8 horas semanales en el 2014 a este trabajo y las mujeres 24.8 horas semanales, lo que significa que persisten desigualdades de oportunidades en el ámbito laboral por motivos de género y una división del trabajo no remunerado por el mismo motivo, agrega el documento.

El informe aborda la situación de 18 países de América Latina y el Caribe y advierte que una de cada tres mujeres en la región no tiene ingresos propios, y en aquellos países donde se han mejorado las políticas públicas que promueven la inclusión de las mujeres en el ámbito laboral, como el caso de Argentina, hay un “estancamiento” como resultado del “techo de cristal” (que son las limitantes sociales y políticas para el avance de las mujeres).

La Cepal informó que en estos países latinoamericanos, 28.9 por ciento de las mujeres no tiene ingresos propios, mientras que los hombres sin ingresos propios representan un 12.5 por ciento de su población.

La secretaria general de la Cepal, Alicia Bárcena Ibarra dijo que las mujeres que estudian una carrera y no encuentran trabajo remunerado, se regresan a sus hogares a dedicarse a labores domésticas no remuneradas.

Lo anterior, agregó, se refleja en la población de jóvenes de 15 a 29 años de edad que no estudian, ni trabajan y que representan 21.9 por ciento de la población en América Latina y El Caribe, de ellos 51 por ciento son mujeres.

En cuanto a salarios y ganancias indicó que existe una brecha salarial entre hombres y mujeres de 16.1 por ciento, por lo que los gobiernos deben implementar programas y políticas laborales que reduzcan la discriminación y desigualdad por motivos de género.

Por último indicó que los derechos que se buscan garantizar en la construcción de la agenda para lograr la igualdad y autonomía de las mujeres son: a una vida libre de violencia y discriminación; sexuales y reproductivos; así como los civiles, políticos, económicos y socioculturales.

A 40 años de la celebración de esta conferencia, este año se centrará en la igualdad de género, la autonomía de las mujeres y el desarrollo sostenible, temas que trabajarán los días 26, 27 y 28 de octubre.

Llaman a perfeccionar marco jurídico contra la tortura; aún existen prácticas recurrentes

 

En el foro “La tortura, práctica recurrente en México”, diputados, especialistas y defensores de derechos expresaron que a pesar de que existe la normatividad contra este delito, la ley debe perfeccionarse, pues en los hechos están involucradas autoridades, generándose una cadena de impunidad.

 

En la inauguración, la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, diputada Rocío Nahle García, señaló que el tema de los derechos humanos es prioritario, es base y esencia de cada ciudadano, sobre todo ahora que “vivimos sometidos a una guerra y tenemos más de seis años con una violencia que ha escalado niveles inimaginables”.

 

A nivel mundial, dijo, “México tiene el primer lugar en violencia, mientras hay guerra en Medio Oriente, lo que nos dice que la situación no es nada halagadora; eso va de la mano, con la violación constante de los derechos humanos y la descomposición social”.

 

Nahle García precisó que se trabaja todos los días para reivindicar y buscar el bienestar de los mexicanos, con empleo digno, libertad y soberanía nacional que enorgullezca; este foro ayuda a tener mayor información para legislar en esta materia.

 

De ese mismo grupo parlamentario, Juan Romero Tenorio expresó que, a pesar de que hay un marco internacional que ha avanzado en la prevención y contención de esta práctica desdeñable de violación de derechos humanos y que en el sistema jurídico nacional se cuenta con una Ley Federal contra la Tortura, aún existen prácticas recurrentes.

 

Organizaciones de la sociedad civil y la visitaduría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han dado cuenta de violaciones a los derechos humanos; urge reflexionar, analizar, revisar y proponer nuevos esquemas para atender este problema de la práctica recurrente de la tortura en México.

 

Aún está pendiente combatirlo y hacerlo visible; no es perceptible porque están involucradas autoridades en el ejercicio de sus atribuciones, lo que genera una cadena de impunidad que marca todo proceso penal si no se llega a una verdad con elementos objetivos y aplicando la justicia en cualquier asunto.

 

Romero Tenorio subrayó que prevalecen puntos por regular en la Ley General de la Tortura, aprobada por el Senado de la República y actualmente se encuentra en comisiones de la Cámara de Diputados. Se pronunció por la urgencia de dictaminar en los próximos días y en favor de que se dé una discusión abierta para subsanar las omisiones que haya.

 

Su compañera de bancada, Araceli Damián González, refirió que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un “delito que lleva más de dos años sin esclarecerse” y hay un proceso en el cual varios de los implicados argumentan una cuestión de tortura.

 

El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, de la PGR, José Guadalupe Medina Romero, refirió que en octubre del año pasado se creó la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, con la cual se acordó establecer los parámetros con los que deberá actuar el Ministerio Público de la Federación para atender la investigación de este delito.

 

Destacó que mucho de lo encontrado son estrategias de defensa vinculadas con el crimen organizado, sobre todo porque se ha podido concentrar de manera estadística, los principales estados donde se da la denuncia del delito de tortura: Veracruz, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, fundamentalmente, una correlación entre elementos de delincuencia organizada y el tema de tortura.

 

Con este diseño se ha tenido la posibilidad de tener esquemas de prevención e identificación plena de lo que está vinculado con la probable comisión del delito de tortura y lo que no, pero que ha sido considerado dentro del catálogo de un delio federal; por ejemplo, abusos de autoridad y ejercicio indebido del servicio público.

 

El funcionario subrayó que es un esquema de defensa en el que no se puede criminalizar a quien defienda a una persona, independientemente de la comisión del delito que se le haya acreditado. La “tortura es un tema que debe correr de manera paralela e independiente con el delito imputado a la persona que se encuentra sujeto a proceso”.

 

El director general del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Alfredo López Martínez, calificó como desdeñable la práctica de este delito y afirmó que la tortura no debe ser aceptada ni regulada; erradicarla, advirtió, es uno de los grandes desafíos que enfrenta la defensa de los derechos humanos.

 

Puntualizó que en México existen alrededor de 5 mil lugares que albergan personas privadas de la libertad, tales como cárceles, separos de seguridad pública, instituciones psiquiátricas, centros de entrenamiento para adolescentes, estaciones migratorias, agencias del Ministerio Público, fiscalías, entre otros.

 

En nueve años del Mecanismo Nacional, se acudió a todos los estados del país y se llevaron a cabo 4 mil 546 visitas tanto iniciales como de seguimiento, con un total de 126 informes. Hay que conocer no sólo la parte reactiva de los casos de tortura que ya fueron perpetrados y dijo que Naciones Unidas, en un momento dado, viola la necesidad de ir más allá de una situación reactiva pues se avocó a establecer un instrumento preventivo.

 

José Mosqueda, secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expresó que México tiene un bloque de constitucionalidad que “nos lleva a tener en cuenta que de acuerdo con el artículo primero de la Carta Magna, es un gran ordenamiento y es protector de los derechos humanos”.

 

Planteó redundar en más leyes secundarias, circulares e instrumentos internos para los operadores jurídicos y que estén en armonía con todos los marcos internacionales, a fin de tener un marco jurídico de mayor protección; sin embargo, dijo, se está obligado “desde ahora a seguirlo más allá de las leyes que vienen en camino”.

 

A partir del caso Acteal, expuso, se dan los lineamientos que obligan a las juzgadoras y juzgadores a atender violaciones a derechos humanos como la tortura. Afirmó que México tiene un sistema sistemático en este delito, pues las infracciones ocurren de manera concomitante con las detenciones arbitrarias y eso “nos coloca en un grado muy lejano de un Estado democrático y de derecho”.

 

Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), aseguró que este problema no se acota de manera jurídica, pues “ya son cinco años de reformas constitucionales y no se puede delimitar”.

 

La corrupción y el tráfico de influencias son los principales problemas de la seguridad y la justicia, y los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial “perpetúan y legitiman la tortura, ya que en Ayotzinapa se atormentó para que los que sabían la verdad se callaran y replicaran una verdad a modo”.

 

Se manifestó a favor de una iniciativa contra la tortura que ponga a la persona por encima de todo, que logre tipificarla como un ilícito contra la humanidad en el Código Penal Federal y, con ello, tener todas las sanciones que establece el modelo internacional, pues son delitos que se investigan de oficio, no tienen la amnistía, asilo e inmunidad y, por lo tanto, deberán tener graves penalidades.

 

Andrés Díaz Fernández, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C, sostuvo que diversos “estados cometen tortura y desapariciones” y subrayó que la primera se ha vuelto en un método de investigación. “Aunque en nuestro marco normativo es de prohibición absoluta, pareciera que las actitudes de los juzgadores o de quienes persiguen los delitos como el Ministerio Público, la regulan”, apuntó.

 

Afirmó que “es un crimen de Estado la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial, pero no podemos seguir manteniendo un esquema donde se pueda torturar abiertamente, no se tome con seriedad la prohibición absoluta de la tortura y no haya ningún mecanismo de prevención en general”.

 

Recalcó que la tortura no es una argucia legal, es un delito, es una violación a los derechos humanos y es una práctica que se sigue presentando en este país.

 

El defensor de Derechos Humanos, Alfonso García Castillo, señaló que en la mayoría de los estados existen quejas por tortura, por lo que se podría decir que es una “práctica generalizada”. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó que entre 2006 y 2014 hubo cerca de 11 mil quejas.

 

Resaltó que “vivimos en un país donde la tortura ha sido normalizada y parece que no nos sorprende que haya miles de quejas y muchísimas recomendaciones”. Se pronunció por que se tenga un sistema de justicia confiable y garantice los derechos humanos tanto de las personas imputadas como de las víctimas de los delitos. Consideró que la nueva ley debe contemplar, por una parte, a quienes están acusados de cometer tortura, pero también los impactos de la gente que alega haber sido torturada.

 

Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director ejecutivo de Idheas, señaló que no se requieren modificaciones normativas, porque ya se tiene un cúmulo de avances, como la Convención Americana y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. “Si se atendieran, darían los elementos necesarios para avanzar en la investigación adecuada de la tortura. El problema ha sido la falta de voluntad para investigar estos hechos y algunos vicios en la investigación de los temas de tortura”, explicó.

 

Consideró que un Estado democrático de derecho no puede fundamentar, bajo ninguna circunstancia, pruebas obtenidas en confesiones bajo tortura. Tampoco, “bajo ninguna circunstancia, puede favorecer a los derechos de las víctimas un proceso plagado de irregularidades o de violaciones a derechos humanos”. Enfatizó que la mejor manera de garantizar estas garantías de las víctimas, es la certeza del debido proceso en cualquier investigación.

 

Alejandro Lugo, víctima de tortura en la Ciudad de México, aseguró que del 1 de diciembre de 2012 al 1 diciembre de 2015 se detuvo a 500 personas en el contexto de protestas y manifestaciones sociales en la capital, de las cuales 400 declararon haber sido víctimas de tortura.

 

De ese total, 200 son procesados por detenciones arbitrarias, sin fundamento y con acusaciones fabricadas. Existen 34 documentos de acompañamiento; de ellos, siete han terminado en una recomendación de derechos humanos, la cual tardó entre uno y tres años, y solo tres contienen casos de tortura. “Las comisiones de derechos humanos, en muchas ocasiones, promueven y son tolerantes a la tortura”, añadió.

 

El abogado y asesor del grupo parlamentario de Morena, Luis Álvaro López Trinidad, precisó que el plazo para emitir una ley contra este delito, ya venció el pasado 10 de enero de 2016, “por lo que el Congreso se encuentra ante una gran omisión legislativa”.

 

Edith Escareño, de la Red Todos los Derechos para Todos, señaló que en los peritajes médico-psicológicos para casos de posible tortura, los exámenes se deben practicar con plena garantía y seguridad para las personas examinadas. Subrayó que la ausencia de lesiones físicas en el momento de la documentación, no significa que no haya habido tortura, y planteó que las personas examinadas desde el punto de vista clínico deben tener derecho a impugnar jurídicamente el resultado del dictamen.

 

Stephanie Erin Brewer, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, estimó necesaria una ley que deje en claro el tema de la exclusión de la prueba obtenida bajo tortura, pues de no hacerlo sería contraproducente y “muy poco servirá tipificar bien a la tortura y ordenar investigaciones si, por el otro lado, estamos enviando el mensaje de que se puede usar la tortura para generar pruebas o tener sentencias condenatorias”.

 

Lucía Chávez, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C, resaltó que de acuerdo con la PGR y desde 2006 al 2014, se presentaron más de 4 mil denuncias de tortura y solo hay 15 sentencias. “Hay impunidad, lo que quiere decir que se incentiva o se comete muy seguido; no se investiga y menos del 1 por ciento de las personas torturadas son las que acceden a la justicia. Celebramos que el Legislativo haga una ley que abone a erradicarla y prevenirla” ”.

Vaticano dicta normas para sepultura de muertos, cremación y conservación de cenizas

VATICANO, 25 Oct. 16 / 05:45 am (ACI).- El Vaticano ha presentado un documento acerca de la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de cremación, elaborado por la Congregación para la Doctrina de la Fe que está presidida por el Cardenal Gerhard Müller.

Con estas nuevas normas incluidas en la instrucción titulada Ad resurgendum cum Christo, se prohíbe algunas prácticas ampliamente difundidas en la actualidad entre los católicos como la conservación de las cenizas en el hogar, esparcir las cenizas del difunto en el mar o usarlas para confeccionar recuerdos.

La cremación es lícita y las cenizas deben conservarse en un lugar sagrado

La Iglesia establece ahora que “cuando razones de tipo higiénicas, económicas o sociales lleven a optar por la cremación, ésta no debe ser contraria a la voluntad expresa o razonablemente presunta del fiel difunto, la Iglesia no ve razones doctrinales para evitar esta práctica, ya que la cremación del cadáver no toca el alma" ni tampoco niega "la doctrina cristiana sobre la inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo”.

El texto precisa que la Iglesia "sigue prefiriendo la sepultura de los cuerpos, porque con ella se demuestra un mayor aprecio por los difuntos; sin embargo, la cremación no está prohibida a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana”.

Las cenizas, precisa el texto, "deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el cementerio o, si es el caso, en una iglesia o en un área especialmente dedicada a tal fin por la autoridad eclesiástica competente”.


La instrucción establece que la conservación de las cenizas en un lugar sagrado (cementerio) ayuda a evitar "la posibilidad de olvido, falta de respeto y malos tratos, que pueden sobrevenir sobre todo una vez pasada la primera generación, así como prácticas inconvenientes o supersticiosas”.

No se puede conservar las cenizas en el hogar

La Congregación para la Doctrina de la Fe señala que está totalmente prohibida “la conservación de las cenizas en el hogar”. “Sólo en casos de graves y excepcionales circunstancias, dependiendo de las condiciones culturales de carácter local, el Ordinario (obispo), de acuerdo con la Conferencia Episcopal o con el Sínodo de los Obispos de las Iglesias Orientales, puede conceder el permiso para conservar las cenizas en el hogar”.

“Las cenizas, sin embargo, no pueden ser divididas entre los diferentes núcleos familiares y se les debe asegurar respeto y condiciones adecuadas de conservación”, dice también.

No se puede esparcir las cenizas

El Papa Francisco también ha aprobado que “para evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o nihilista, no sea permitida la dispersión de las cenizas en el aire, en la tierra o en el agua o en cualquier otra forma, o la conversión de las cenizas en recuerdos conmemorativos, en piezas de joyería o en otros artículos, teniendo en cuenta que para estas formas de proceder no se pueden invocar razones higiénicas, sociales o económicas que pueden motivar la opción de la cremación”.

¿Por qué estas prohibiciones?

“Siguiendo la antiquísima tradición cristiana, la Iglesia recomienda insistentemente que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en los cementerios u otros lugares sagrados”.


El texto recuerda que en 1963 la Santa Sede estableció que “la Iglesia aconseja vivamente la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos”, pero “agregó que la cremación no es contraria a ninguna verdad natural o sobrenatural y que no se les negaran los sacramentos y los funerales a los que habían solicitado ser cremados, siempre que esta opción no obedezca a la negación de los dogmas cristianos o por odio contra la religión católica y la Iglesia”.

Sin embargo, la Congregación para la Doctrina de la Fe destaca que la cremación se ha extendido “notablemente en muchos países” y “al mismo tiempo también se han propagado nuevas ideas en desacuerdo con la fe de la Iglesia”.

El Vaticano también recuerda que “la inhumación (entierro) es en primer lugar la forma más adecuada para expresar la fe y la esperanza en la resurrección corporea”.

“Enterrando los cuerpos de los fieles difuntos, la Iglesia confirma su fe en la resurrección de la carne, y pone de relieve la alta dignidad del cuerpo humano como parte integrante de la persona con la cual el cuerpo comparte la historia”.

La Iglesia advierte por tanto que no puede permitir "actitudes y rituales que impliquen conceptos erróneos de la muerte, considerada como anulación definitiva de la persona, o como momento de fusión con la Madre naturaleza o con el universo, o como una etapa en el proceso de re-encarnación, o como la liberación definitiva de la ‘prisión’ del cuerpo”.

El 11.9 por ciento de niñas y niños mexicanos reconocen que en su familia los golpean

24-10-2016.- La diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa (PAN) impulsa un punto de acuerdo para exhortar a las dependencias educativas y de procuración de justicia, federal y estatales, a promover acciones para prevenir y atender la violencia en los hogares contra niñas, niños y adolescentes.

 

Enfatizó que la violencia no sólo se da en las calles, en el trabajo o en las escuelas sino también en los hogares, “toda vez que es una práctica cotidiana en las vidas de los pequeños y adolescentes, quienes son víctimas silenciosas de este delito; esta práctica se oculta y, en muchas ocasiones, es aprobada socialmente”.

 

Subrayó que, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la violencia contra los menores en sus casas “es un factor determinante de la deserción escolar e, incluso, una causa importante de muertes infantiles”.

 

Además, de acuerdo con el Informe del experto independiente para el estudio de la violencia contra los niños, de las Naciones Unidas, la violencia puede ocasionar en las víctimas problemas sociales, emocionales y cognitivos durante toda la vida, y producir comportamientos perjudiciales para la salud como ansiedad, trastornos depresivos, alucinaciones, desempeño deficiente de las tareas profesionales, alteraciones de la memoria y comportamiento agresivo.

 

Mencionó que, de acuerdo con cifras de la Consulta Infantil y Juvenil 2015, realizada por el Instituto Nacional Electoral, el 11.9 por ciento de niñas y niños -entre 6 y 9 años-, reconocen que en su familia los golpean.

 

Agregó que en el caso de los menores, de entre 10 y 13 años, que han sufrido algún tipo de violencia en su hogar, el 9 por ciento fue física; 16.4 por ciento, verbal; 6.6 por ciento, emocional, y 2.6 por ciento, sexual. Asimismo, el 21.1 por ciento reconoce no saber a quién o donde pedir ayuda si tiene un problema o está en peligro.

 

Entre los adolescentes de 14 a 17 años, el 19.5 por ciento sufre o ha sufrido violencia donde viven: el 44 por ciento, física; 67.3 por ciento, verbal; 32.8 por ciento, psicológica, y 11.6 por ciento, sexual. Sin embargo, sólo el 5 por ciento se acercaría a una institución del gobierno en caso de tener problemas o estar en peligro, precisó la diputada.

 

Paniagua Figueroa resaltó que dicha situación es preocupante, pues si bien las niñas, niños y adolescentes saben que viven en hogares donde son violentados, el 95 por ciento de ellos no buscaría apoyo de alguna institución gubernamental.

 

Por ello, propuso exhortar a las Secretarías de Educación de las entidades federativas y de la Ciudad de México, para que instrumenten las medidas necesarias orientadas a promover entre las niñas, niños y adolescentes la cultura de la denuncia de los actos violentos en su contra, que se presenten en sus hogares.

 

También plantea solicitar a las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, federal y estatal y de la Ciudad de México, coordinarse con la procuradurías de justicia, para que utilicen mecanismos de denuncias confidenciales, accesible, y amigables con los menores, en instituciones, escuelas, centros de detención, hospitales, entre otros, proveyendo apoyo legal, enjuiciando a los presuntos autores y rehabilitando y compensando a las víctimas.

 

Del mismo modo, exhorta a los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, nacional, estatales, de la Ciudad de México y municipales, promover campañas y cursos para padres, madres y tutores, con la finalidad de prevenir la violencia de los menores en los hogares.

Preocupantes recortes en rubro de comunicaciones

 

La presidenta de la Comisión de Comunicaciones, diputada Ivonne Ortega Pacheco (PRI), informó que al analizar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017, se encontraron asuntos muy preocupantes en el ramo que atiende la comisión, particularmente recortes al “Programa Estratégico de Telecomunicaciones” y “México Conectado”.

 

El primer programa, el año pasado tenía asignados 2 mil 500 millones de pesos (mdp) y para 2017 está en cero. “Por la importancia del programa, debemos trabajar con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Público”.

 

México Conectado, es fundamental para el país y de los mil 815 mdp etiquetados en 2016, hoy le disponen 288 millones, es decir, 85 por ciento menos. “Con ese recorte no se logrará conectividad en escuelas ni hospitales”, advirtió.

 

Ortega Pacheco anunció que la fecha límite de recepción de solicitudes de gestión sobre asuntos de competencia de la comisión es el 25 de octubre, y para propuestas de modificación de asignaciones presupuestales, el 31 del mismo mes.

 

En la reunión, donde la instancia legislativa se declaró en sesión permanente, se aprobó un dictamen que reforma los artículos 7, 118 y 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, con el propósito de cambiar en dicha norma jurídica, el término Distrito Federal por el de Ciudad de México.

 

El dictamen refiere que no es una modificación de carácter estético, sino una homologación de dicha ley, con los términos derivados de la reforma constitucional que transformó el antes Distrito Federal en Ciudad de México.

 

La secretaria de la comisión Lluvia Flores Sonduk (PRD) propuso a la instancia generar un punto de acuerdo para conocer el estatus y avance de la agenda digital de los estados.