Video. Procedimiento de alimentación involuntaria en Guantánamo


Colima, México.- Mediante un video que muestra el procedimiento que llevan a cabo en Guantánamo, el rapero y activista Yasiin Bey protesta por la manera torturante en que están alimentando obligatoriamente a los presos de la citada cárcel que comenzaron una huelga de hambre.
Las imágenes de este video pueden resultar perturbadoras. El rapero se somete al procedimiento de la alimentación involuntaria a través de sonda nasogástrica, al que muchos presos en huelga de hambre de Guantánamo están siendo sometidos involuntariamente varias veces al día.
La alimentación forzada a través de sonda nasogástrica se le administra principalmente prisioneros de religión musulmana , que como Bey ayunan desde el amanecer hasta el atardecer durante el mes de Ramadán, que comienza esta semana.

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“Pacto patriarcal” impide a mujeres acceder a pensión alimenticia

 

Como si existiera un pacto de poder entre los hombres, cada vez que una mujer se separa de su pareja y se atreve a demandar una pensión alimenticia para los hijos, el deudor alimentario, el abogado que lo defiende, el jefe de la empresa donde él trabaja, el agente del MP e incluso el juez, se coluden para perpetuar una “paternidad irresponsable”.
 
Al final –afirma Marta Torres Falcón, profesora-investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)–, las mujeres se enfrentan a un sistema de justicia patriarcal y a una sociedad que sigue con la idea de que ellas quieren arruinar económicamente a los hombres, pese a que exigen un derecho que por ley debería ser garantizado.
 
En entrevista con Cimacnoticias, Torres Falcón, también licenciada en Derecho y doctora en Ciencias Sociales y quien se ha dedicado a investigar los derechos femeninos y las relaciones de género en el hogar, sostiene que demandar la pensión alimenticia es un fenómeno de raíces profundas que debe cambiar a través de reformas legales y concientización.
 
“Estamos pensando que los hijos son fundamentalmente de las mujeres. Se sigue pensando que la crianza de los hijos es su responsabilidad. En la medida en que ellos asuman como propio el cuidado y la crianza de los hijos vamos a tener mejores resultados. Los hombres que lo están haciendo por supuesto que nunca los vamos a ver demandados por una pensión alimenticia”.
 
Esta semana, Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, informó que en la Ciudad de México se han registrado 70 mil juicios de pensión alimenticia.
 
Por otro lado, de acuerdo con las Estadísticas de Nupcialidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para 2011 se habían otorgado sólo 4 mil 247 pensiones alimenticias en todo el país.
 
En este contexto, la ex coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de El Colegio de México sostiene que el gasto cotidiano sigue siendo una fuente de conflictos en muchas parejas que se divorcian o se separan.
 
Explica que el divorcio es un proceso complejo que implica la separación de bienes si el matrimonio fue por bienes mancomunados y una pensión alimenticia para las y los hijos y otra para la esposa.
 
Esto es un problema porque generalmente abogados litigantes, jueces y agentes del Ministerio Publico no separan la pensión para la mujer y los hijos, y piden en una sola demanda ese derecho, señala la especialista.
 
Torres Falcón explica que la consecuencia de no separar la pensión alimenticia para la madre y para los hijos es que se sigue pensando que la mujer es dependiente económicamente del marido y, lo más alarmante, que para otorgar la pensión alimenticia el sistema judicial le pide a ella una especie de “cinturón de castidad”, es decir, que no se vuelva a casar o no se una en concubinato.
 
Incluso –abunda– hay muchos casos donde no se demuestra que ella tiene otra pareja, sólo se sospecha, pero el varón argumenta ante el juez que no está obligado “a mantenerla”.
 
La ley dice que la niñez –menores de 18 años– tiene derecho a recibir alimentos y este concepto comprende la comida, el vestido, la vivienda y los gastos necesarios para acudir a la escuela o adquirir productos básicos, pero Torres Falcón aclara que en la práctica los padres evaden esta responsabilidad y en ocasiones obligan a las mujeres a renunciar a este derecho.
 
La explicación es que una demanda que dura meses y se puede prolongar por años hace que ellas digan “lo que quiero es salir, quédate con todo, quiero mi libertad, quiero irme”, sobre todo si con la ex pareja vivió o vive situaciones de violencia.
 
La autora del libro “La violencia en casa” señala que si las mujeres demandan este derecho y logran obtener una sentencia a su favor llega el problema más complicado: aquí es donde se distinguen los “pactos patriarcales” en su máxima expresión porque es cuando un deudor alimenticio encuentra apoyo en su jefe, su abogado y el juez.
 
“Las mujeres demandan la pensión alimenticia, el juez ordena al empleador de la empresa privada o pública que descuente un porcentaje del ingreso del deudor alimentario. A veces el descuento llega en la primera y segunda quincena, pero en la tercera los hombres repentinamente dejan de trabajar, prefieren dejar de trabajar que dar dinero para que coman sus hijos”.
 
En este punto pueden haber sucedido varias cosas, por ejemplo que él deje de trabajar, que se cambie de empleo o que pida a su patrón que le baje el salario, entre otros trucos para hacer creer que no tiene recursos económicos para sostener a las hijas e hijos. “Van a apelar el fondo de la pensión; lo que muy pocas veces he visto es que la acepten y no la hayan eludido”.
 
De acuerdo con la experta, durante los últimos 20 años de investigaciones sobre la violencia en la pareja se ha encontrado que los jueces conceden pensiones mínimas. La pensión más alta de la que se tiene conocimiento es de un hombre a quien se pidió que otorgara el 55 por ciento de su salario para su ex pareja y sus ocho hijos.
 
“Ya sabemos: las mujeres trabajamos y damos a la casa el 120 por ciento de lo que ganamos. Entonces una mujer trabaja y lo que gana es para su casa, para los hijos, para el súper y hasta cuando se compra un suéter lo hace con cierta culpa. Los hombres entregan, en el mejor de los casos, una parte de su ingreso”, critica.
 
Torres Falcón menciona que los jueces han adoptado el criterio de que los padres tienen que quedarse con una parte del dinero para vivir, y bajo esa idea cuando hay un hijo de por medio se pide el 15 por ciento del salario; cuando son dos el 25 por ciento, con tres el 30 por ciento y si son cuatro o más el 35 por ciento. “El porcentaje suele ser limitado, generalmente insuficiente y muy peleado”.
 
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México el 44.6 por ciento de las mujeres son pobres. Sin embargo el Inegi indica que en 2011 las mujeres aportaron 79.1 pesos por cada 100 pesos que valen las labores domésticas y del cuidado en el hogar.
 
La doctora reconoce que hay hombres que no necesitan convenios, firmas o exigencias para dar dinero para sus hijas e hijos, pero advierte que esos casos no los conocemos porque no llegan a los juzgados, los casos que están en litigio son así de difíciles porque son para lograr una pensión alimenticia.
 
Agrega que los pactos patriarcales no son un tema de clases sociales, se puede ver a un presidente, un ministro o un ex gobernador negándose a dar la pensión alimenticia como a un taxista, un mecanismo o un funcionario de una dependencia de gobierno.
 
“Tenemos numerosos casos de mujeres que tienen que hacerse cargo de sus hijos porque los hombres sencillamente no dan dinero para la cuestión alimentaria, y en este terreno es donde hace faltan reformas legislativas y sobre todo el trabajo de concientización de los jueces”, indica.
 
La ley deja a los jueces la decisión de fijar el porcentaje de la pensión y no hay medidas que los obliguen a emitir sentencias eficaces, para garantizar el derecho de las y los hijos a recibir alimentos.
 
“En la ley se debería establecer un tabulador para regular los porcentajes”, para que las mujeres obtengan recursos que realmente solventen los gastos básicos.
 
“En segundo lugar las leyes deberían señalar medidas de apremio para cumplir con la pensión alimenticia. También tendría que haber mecanismos más eficaces para garantizar el cumplimiento de la pensión. Por ejemplo, cuando un hombre es empleado público no es tan difícil porque se manda un oficio a la dependencia u organismo y el porcentaje se descuenta”, concluye Torres Falcón.

Investiga IFAI presunto espionaje por internet en México

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) informó que ha iniciado los procedimientos previstos en la ley para atender la solicitud que presentaron representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, a fin de verificar presuntas irregularidades en el manejo de datos personales mediante la utilización del programa de cómputo Finfisher.

 

En un comunicado, el IFAI dio a conocer que, a partir de la queja recibida el pasado 20 de junio, envió requerimientos a las empresas Iusacell y UniNet, señaladas por las organizaciones  Propuesta Cívica y Al Consumidor como presuntas responsables de emplear este software, mediante el cual presuntamente se recaba información de usuarios de computadoras y dispositivos móviles.

 

El Instituto destacó que, de acuerdo con las Organizaciones Sociales, la presunción sobre irregularidades en el manejo de datos personales está basada en la publicación del estudio del laboratorio “Citizen Lab”, de la Universidad de Toronto, Canadá, el cual habla sobre el programa de cómputo Finfisher.

 

Dicho estudio señala que este programa es capaz de crear acceso a la información privada de los usuarios tales como contraseñas y claves de acceso, directorios, información de conversaciones, audios e impresiones de pantalla, encendido de micrófonos y cámaras, por citar algunos ejemplos. 

 

Ante ello, el IFAI destacó que con base en un análisis que en su momento se haga de la información que brinden las empresas requeridas, se determinará -en su caso- el inicio del procedimiento de verificación, establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, mismo que de acuerdo con la normatividad debe ser tramitado de manera confidencial.

 

 

Cautivos en el infierno

“Mi hermano desapareció cuando tenía 19 años. Trabajaba en el pueblo, en una carpintería, y un día unos amigos le dicen que los acompañe a llevar una troca a la sierra, llegando allá con un mueble les dicen: ‘Ustedes se van a quedar aquí a trabajar’, y les dan armas poderosas y trocas y los ponen a cuidar al pueblo. Estaban bajo las órdenes de un comandante, entre la gente, matando. Porque los ponían a matar. Pero mi hermano nunca mató”.

 

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El testimonio es de una joven de Chihuahua. No es un relato más de los que se susurran durante las reuniones de familiares dedicados a la búsqueda de uno de los suyos –extraviados, levantados, secuestrados o desaparecidos–, de esos que dan cuenta de que no todos los desaparecidos están muertos, algunos están vivos, esclavizados; esta historia contiene datos, nombres de pueblos, descripción de criminales.

 

“Llegaban a las casas y así nomás apuntaban con sus armas, violaban a señoras. Los trataban muy mal, duraban 15 días sin bañarse, de comida les daban puras Maruchan, los traían robando, armados, dando vueltas por el pueblo”.

 

–¿Y cómo sabes eso? –se le pregunta.

 

–Mi hermano nos lo contaba.

 

–¿Cómo?

 

–Un día logró ir a un cerro y desde arriba le llamó por teléfono a mi papá para decir que estaba bien pero que los trataban muy mal. Otro día apareció en casa… aprovechó que hubo una balacera… Escapó.

 

Este es un adelanto del número 1914 de la revista Proceso, ya en circulación.