Anuncian encuentro global de periodistas con visión de género


Cimacnoticias | México, DF.- Debido a que es necesario lograr que a través del periodismo se narre la condición social de las mujeres y hacer ver que es imprescindible la presencia femenina en los medios de comunicación, periodistas de México y diversos países de América, Europa y África, se reunirán en nuestro país para debatir estos temas.
 
Reporteras de distintos rincones de la República mexicana y de otras latitudes se encontrarán este 11 y 12 de octubre en Mérida, Yucatán, para reflexionar sobre la realidad de las mujeres, el papel del periodismo, los retos de los medios de comunicación, y la violencia que amenaza la libertad de expresión y el derecho a la información.
 
En este espacio se darán cita las y los integrantes de la Red Nacional de Periodistas y de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, para celebrar su quinto encuentro en el que tomarán impulso para seguir trabajando en la profesionalización de este oficio, y en una agenda periodística que incluya los derechos de las mujeres.
 
Convocadas por ambas redes de periodistas y por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), las participantes también pretenden reiterar que es obligación de los Estados garantizar el derecho a la libertad de expresión, y en el caso de México demandar que los crímenes y atentados contra periodistas sean esclarecidos y castigados.
 
Cabe mencionar que este año México es sede de este diálogo porque en el anterior encuentro, que se realizó en Marruecos en 2011, las periodistas vieron con especial preocupación que de 2002 a 2012 en nuestro país se haya agredido a 130 comunicadoras y que en el mismo periodo 11 reporteras fueran asesinadas.
 
A decir de las organizadoras, este es un esfuerzo por continuar incidiendo en la democratización de los países y la comunicación, y con miras a reducir la discriminación contra las mujeres en los medios, quienes ahora enfrentan un contexto inédito por la violencia hacia el gremio periodístico
 
Participarán Elisa Less Muñoz, directora de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF, por sus siglas en inglés); Marcela Gabiound, secretaria regional de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC, por sus siglas en inglés); Erika Smith, de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), y la antropóloga feminista Marcela Lagarde, entre otras personalidades.

Estereotipos en TV vulneran derechos de niñas


La situación de los derechos de niñas y adolescente ha empeorado en los últimos años debido, en buena medida a la repetición de estereotipos a través de los medios de comunicación, que refuerzan principios como la obediencia de las esposas hacia sus parejas o el maltrato familiar como un asunto privado, que sólo compete a la familia.
 
Estadísticas oficiales arrojan, por ejemplo, que 22% de las mujeres de 15 años o más está de acuerdo en que una esposa debe obedecer a su pareja en todo, mientras que 18.1% piensa que es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su pareja aunque no quiera. Asimismo, 26.6% opina que si hay golpes o maltrato en casa es un asunto que compete sólo a la familia.
 
En el marco del Día Internacional de la Niña, a celebrarse el 11 de octubre, Alan Jiménez Reynoso, responsable del área de Participación Infantil de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), dijo en entrevista que la programación televisiva, incluidos los comerciales, repiten a diario estereotipos y un lenguaje cargado de violencia de género que propician que el esquema machista de la sociedad no cambie.
 
La influencia de los medios es reconocida desde el ámbito oficial. Según el anteproyecto del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, que está en revisión en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), incidir en los medios de comunicación para modificar la imagen social que se tiene de las mujeres es fundamental para lograr la igualdad sustantiva en la sociedad.
 
El documento establece que la industria cultural, de entretenimiento y de información tiene un papel relevante en una revolución cultural, debido a que en México 94.7% de los hogares cuentan con televisión, y los mexicanos dedican 10 horas a la semana a este medio: “de ahí la importancia de incluir la perspectiva de género en las imágenes y contenidos de los medios que son los que modelan parte de las percepciones sociales”.
 
“La sociedad en general tiene muy arraigado el tema del machismo y por desgracia no hemos cambiado mucho en eso; imperan los estereotipos en los que la participación de la mujer debe ser en la casa, sin tener las mismas oportunidades que los hombres”, agregó Jiménez Reynoso.
 
Para el especialista, una solución al problema es la conformación de un Sistema Nacional de Garantías, con perspectiva de género, que agrupe las acciones de equidad en todos los órdenes de gobierno a fin de coordinarlas y obtener resultados inmediatos. Esta propuesta, dijo, ha sido entregada a diversas instancias, incluida la Presidencia de la República, pero no ha tenido ninguna respuesta.
 
NIÑAS Y VIOLENCIA
 
 
En 2010, considerado como el año más violento en el país, el número de mujeres menores de 17 años fallecidas por presunto homicidio fue de 337, la cifra más alta en la última década, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
 
La situación de los derechos de niñas y adolescentes ha empeorado en los últimos, advierte Alan Jiménez Reynoso, de la REDIM al citar que entre 2005 y 2010 los homicidios de niñas entre 15 y 17 años se incrementaron en más del doble, al pasar de 70 a 151 defunciones.
 
Pero también la cifra de suicidios entre menores de edad creció. Tan sólo en 2011 se registró el número más alto de defunciones en mujeres, al registrar 285 muertes por esta causa entre la población de niñas de 10 a 17 años.
 
LA CONMEMORACIÓN
 
El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que declaró el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el fin de reconocer los derechos de las niñas y los desafíos excepcionales que confrontan en todo el mundo.
 
En la conmemoración, que se realizó por primera vez en 2012, la ONU invitó a gobiernos, organizaciones y sociedad a crear conciencia sobre la situación de vulnerabilidad que sufren millones de niñas en todo el mundo, ya que se estima que 500 millones de niñas y adolescentes ven desaprovechado su potencial por las pocas oportunidades que se les ofrecen.
 
DATOS
 
94.7% de los hogares cuenta con televisión
10 horas semanales dedican los mexicanos a la televisión
22% de las mujeres de 15 años o más está de acuerdo en que una esposa debe obedecer a su pareja en todo
18.1% piensa que es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su pareja aunque no quiera
26.6% opina que si hay golpes o maltrato en casa es un asunto que compete sólo a la familia
FUENTE: Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres

Sometidas a violencia 80 por ciento de indígenas embarazadas


Cimacnoticias | Oaxaca.- El pasado 2 de octubre, Irma, mujer indígena originaria de San Felipe Jalapa de Díaz, municipio oaxaqueño, se vio obligada a parir en el patio del centro de salud de la comunidad debido a la negativa de atención del personal médico.
 
La violencia contra la mujer no culminó con el parto a ras de piso; minutos después del nacimiento, ella y su esposo fueron obligados a lavar la sangre y los restos de tejido que se desprendieron por el alumbramiento.
 
Al menos el 80 por ciento de las mujeres indígenas y rurales de Oaxaca son sometidas por el personal médico en las clínicas comunitarias y hospitales a tratos discriminatorios, violencia psicológica, física y verbal, durante el control del embarazo y atención del parto, señala Mayra Morales Aldáz, representante en el estado de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser).
 
La violencia obstétrica (aún no tipificada en la entidad) va desde el regaño hasta la negativa de atención a quienes no acuden bañadas a la cita de control o a la atención del parto, explica la activista.
 
En la documentación realizada por Ddeser en 2007, de 210 casos en 70 localidades de 40 municipios se detectaron un total de 385 situaciones violatorias durante la atención del embarazo y parto relacionadas con demoras, violencia verbal y emocional, maltrato físico, falta de confidencialidad, falta de información y carencia de recursos.
 
Morales Aldáz indica que a pesar de que Oaxaca es un estado multiétnico y pluricultural, los centros de salud que atienden a las mujeres de las comunidades más alejadas y marginadas carecen de un traductor o traductora, lo que deriva en desinformación para las indígenas.
 
La defensora de los derechos sexuales y reproductivos señala que en las distintas visitas y monitoreos realizados en las zonas indígenas de Oaxaca se ha detectado que a las mujeres no las atienden porque no van bañadas a su consulta médica.
 
“A las mujeres se les critica porque llegan a su cita después de una jornada de trabajo en el campo o en la elaboración de tortillas. Negarles la atención por no ir bañadas confronta y se convierte en un problema de salud. El hecho de que al llegar a la clínica les piden que se quiten los huaraches para no ensuciar el piso, también es una cuestión discriminatoria”, advierte.
 
De la misma manera se detectó que las mujeres son humilladas y ofendidas cuando se quejan por los dolores de parto con frases que cuestionan su vida sexual o el número de hijos.
 
Un análisis realizado en 2007 por la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca refiere que las quejas de atención gineco-obstétrica ocupan los primeros lugares en relación con otras especialidades médicas.
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que en la entidad habitan 964 mil mujeres consideradas indígenas o rurales por vivir en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes.
 
Entre estas mujeres, 38 de cada 100 nacimientos registrados fueron atendidos en el domicilio de la madre y 52 de cada 100 en una clínica oficial.
 
PANORAMA ADVERSO
 
Zenaida Pérez, jefa del Departamento de Derechos de la Mujer Indígena de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) de Oaxaca, indica que para evitar tratos discriminatorios las mujeres no acuden a los centros de salud para su atención y deciden parir en casa, incluso cuando el parto es de alto riesgo.
 
En el mejor de los casos las mujeres son asistidas por parteras. En el peor escenario el alumbramiento es apoyado por el esposo o por ellas mismas. Bajo estas circunstancias muchas mujeres se juegan la vida.
 
En 2011, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social realizó un estudio sobre la calidad de la atención en el primer nivel del sector salud en comunidades indígenas y rurales.
 
La investigación involucró a 323 mujeres de 63 clínicas de los Servicios de Salud de Oaxaca en localidades con menos de 3 mil habitantes.
 
Entre los hallazgos más importantes está que el personal tiene poca experiencia en atención de partos y emergencias obstétricas, no se brinda atención de emergencias las 24 horas, los 365 días del año, y no se cuenta con sistema de comunicación y transporte eficiente.
 
Además de que se envía a las mujeres a los hospitales para realizarse estudios de laboratorio y ultrasonido, lo que les genera gastos indirectos. En el 8 por ciento de los centros de salud se sigue realizando el rasurado del vello púbico (tricotomía).
 
El estudio concluye que las unidades de primer y segundo nivel no se apegaban a lo establecido en la Constitución, la Ley General de Salud, la NOM-007-SSA2-1993, las guías de práctica médica, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la carta de los derechos del paciente, y los lineamientos de interculturalidad a nivel nacional e internacional.
 
En agosto de 2011 el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, envió al Congreso local un paquete de reformas a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género y al Código Penal, para tipificar la violencia obstétrica.
 
La iniciativa plantea adicionar los artículos 409 y 410 del Código Penal de Oaxaca para que ese delito quede establecido como “el acto u omisión que llevan a cabo el personal médico, cirujanos y demás profesionistas similares y auxiliares, que en el ejercicio de su profesión u oficio, causen daño al cuerpo, la salud física o psicológica, así como a los procesos reproductivos de las mujeres”.
 
La iniciativa, que permanece en la “congeladora” legislativa, contempla sanciones penales que van de tres y hasta nueve años de prisión, y sanciones económicas en distintas circunstancias.
 
La presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso local, Ivonne Gallegos Carreño, ya adelantó que esta Legislatura próxima a culminar no aprobará la iniciativa debido a la oposición del sector médico del estado.

Despliegan a 3 mil 779 agentes para el América-Chivas

 

Ciudad de México • A las 13:00 horas arrancó el dispositivo de seguridad en inmediaciones del Estadio Azteca por motivo del partido de futbol entre los equipos América y Guadalajara, que se llevará a cabo a las 17:00 horas de este sábado.

Para garantizar la integridad física y patrimonial de los aproximadamente 100 mil asistentes, la Secretaría de Seguridad Pública destinó tres mil 779 efectivos apoyados con 194 vehículos.

En el operativo se desarrollan acciones preventivas en las vías de acceso e inmediaciones del estadio para evitar alteraciones al orden público, vandalismo y la comisión de delitos, todo ello dentro de un marco de respeto y legalidad de los derechos humanos.

En un comunicado, la SSPDF informó que la Subsecretaría de Control de Tránsito se encargará de regular el flujo vehicular y evitar que los automóviles sean estacionados en lugares no autorizados, que dificulten las funciones de los cuerpos policiales y pongan en riesgo la integridad física de los aficionados.

Durante el dispositivo, un helicóptero del Agrupamiento Cóndores sobrevuela la zona para coordinar las acciones desde el aire, además se tendrá un monitoreo constante con las cámaras de video-vigilancia del Centro de Control y Comando (C2) Sur y del C4i4, para evitar la reventa de boletos y cualquier otro acto ilícito.

También se aplicarán acciones específicas para resguardar y conducir a los grupos de animación de ambos equipos, desde sus puntos de reunión hasta su ingreso al inmueble y posteriormente a la salida cuando concluya el espectáculo, a fin de evitar situaciones que provoquen riñas o pongan en riesgo a los demás espectadores.

Seguridad Pública local exhortó a los asistentes a respetar el orden público, no portar objetos que puedan ser utilizados como proyectiles, no ingerir bebidas alcohólicas y prever sus tiempos de traslado durante el evento deportivo.

Asimismo, informó que el operativo estará a cargo de personal adscritos a la Policía de Proximidad, Subdirección de Control de Tránsito, Policía Metropolitana, Policía Auxiliar, Policía Bancaria e Industrial y Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), entre otras.

Fracasa tipificación del feminicidio

-- Leyes dispares, penas variadas y falta de protocolos
 
 
Legisladores presumen las reformas para castigar los asesinatos de mujeres, pero en los hechos hay una mala definición del delito y una inadecuada aplicación de la justicia.
 
Organizaciones civiles afirman que desde 2007 la violencia feminicida se ha incrementado exponencialmente en México, y como muestra está el aumento a más del 400 por ciento en Nuevo León, Sinaloa o Chihuahua. A decir de la ONU a diario son asesinadas seis mexicanas por razones de género.
 
Ante este auge, activistas, académicas e instancias internacionales han convocado a que se legisle a favor de las mujeres y se castigue el feminicidio. Hasta ahora 30 congresos estatales han respondido al llamado, pero no de forma adecuada.
 
En 2006, la feminista y doctora en antropología Marcela Lagarde documentó la falta de investigación y sanción ante los asesinatos dolosos de mujeres y propuso crear un tipo penal específico para sancionar los homicidios de mujeres por razones de género, es decir para castigar a quien matara a una mujer por el simple hecho de serlo. Además planteó una serie de requisitos que debería contener el tipo penal. 
 
Siete años después del llamado, las iniciativas que han sido aprobadas para 29 estados, el DF y a nivel federal no consideran en su totalidad las propuestas de Lagarde y en muchos casos han ignorado las advertencias de la sociedad civil en el sentido de que las y los legisladores incluyeron “elementos subjetivos que vuelven imposible la comprobación” del feminicidio.
 
FALTA  DE UNA REFORMA INTEGRAL
 
La maestra en Derecho Lourdes Enríquez explica que para crear un tipo penal adecuado se debió aprobar primero un paquete de reformas a diversos códigos estatales, como los de procedimientos penales y civiles, además de las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Por lo que no sólo se debió reformar o agregar artículos a los códigos penales, indica.
 
A decir del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), las reformas debieron incluir protocolos de investigación adecuados, así como la obligatoriedad de las autoridades de generar información estadística para visualizar la incidencia de este tipo de violencia.
 
Al revisar las leyes estatales que fueron reformadas, esta agencia pudo comprobar que los tipos penales creados y las penas difieren entre sí, no hay homologación en las circunstancias consideradas razones de género, y en la mayoría de los casos lo modificado se limita a los códigos Penal y de Procedimientos Penales estatales.
 
Enríquez y el OCNF coinciden en que para lograr el adecuado acceso a la justicia es indispensable que los delitos de feminicidio sean “autónomos”. Es decir, que no dependan de la existencia de otros crímenes para su comprobación, tal y como sucede en Aguascalientes, Coahuila, Guerrero, Yucatán y Durango, donde el feminicidio sólo se considera un agravante del homicidio doloso, lo que implica que para comprobar su existencia primero se debe comprobar el asesinato.
 
Mientras estados como Baja California definen como “razones de género” dos circunstancias, en Guanajuato existen siete elementos considerados como tales. En Coahuila y Durango el agravante de feminicidio no define la existencia de razones de género que motiven el crimen.
 
Sumado a ello, hay una disparidad en el tipo de sanciones a los responsables del delito, pues mientras unos códigos establecen penas de 18 a 50 años de prisión, en otras entidades los años de cárcel pueden extenderse hasta 70.
 
CADA QUIEN POR SU LADO
 
En esta confusión sobre las penas destaca el estado de Campeche, ya que su Código Penal establece que las sanciones serán dictadas con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues si bien esta norma define la violencia feminicida no estipula castigos. 
 
De las pocas entidades que aprobaron un paquete de reformas destaca Querétaro, que modificó incluso el Código de Procedimientos Civiles para eliminar el derecho del responsable sobre los bienes heredables o los hijos, en caso de tener una relación familiar con la víctima. No obstante, las penas son de las más bajas.
 
Hay además estados donde el delito de feminicidio no está catalogado como grave, así que quienes lo perpetran pueden quedar en libertad bajo fianza.
 
Existen otras entidades que no sancionan a servidores públicos que incurran en acciones u omisiones en el delito, como es el caso de San Luis Potosí.
 
Chiapas, Colima, Morelos y Veracruz contemplaron una reforma integral para erradicar el delito, pero a la fecha estas entidades carecen de protocolos que garanticen una investigación adecuada con perspectiva de género.