Autoridades capitalinas buscan un marco jurídico para proteger explotación sexual

CIMACFoto: Anayeli García Martínez



Cimacnoticias | Ciudad de México.-  Asegurar que todas las mujeres que se dedican al “trabajo sexual” eligieron este oficio libremente y decir que quienes sostienen lo contrario “discriminan y son moralistas” borra toda la complejidad que encierra una actividad donde las mujeres que entran a una habitación no saben si ese día será el último de su vida.

Esa es la opinión de la antropóloga social y directora de la Consultora para la Investigación, Formación e Incidencia Política (CIFIP), Verónica Caporal Pérez, quien desde 2007 ha realizado investigaciones de campo sobre la trata con fines de explotación sexual en México.

Para la perita en antropología social, las propuestas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y en la Asamblea Constituyente -que aprobará la Constitución Política de la Ciudad de México- para reconocer el “trabajo sexual” como un trabajo no asalariado, es crear un marco jurídico para proteger la explotación sexual.

En opinión de la coautora del “Diagnóstico del ciclo vital de mujeres en situación de prostitución y su relación con el proxenetismo”, reconocer el “trabajo sexual” tiene dos implicaciones fundamentales: primero generalizar que todas las mujeres en “contextos de prostitución” están en la misma situación y que eligieron libremente esa actividad.

Otra consecuencia de considerar que esta actividad es un trabajo no asalariado –dice la investigadora– es reconocer que el Estado se exime de las obligaciones que tiene de proveer derechos laborales a sus trabajadoras y trabajadores, de contratar personas y ofrecerles antigüedad y servicios de salud, vivienda y derechos laborales en general.

TRABAJO O EXPLOTACIÓN

Entre octubre y noviembre el diputado perredista Víctor Hugo Romo organizó cuatro mesas para discutir cuáles son las estrategias para visibilizar este trabajo ya que en la ALDF existen dos propuestas de reforma a la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal para que la prostitución no sea una falta administrativa.

En estas audiencias públicas grupos a favor de reglamentar esta actividad señalaron que no es lo mismo “trabajo sexual” que trata de personas y aseguraron que es fácil distinguir entre la persona que es víctima y aquella que ofrece servicios sexuales de manera autónoma, libre y sin coerción.

Sin embargo, de acuerdo con Caporal Pérez, está distinción no es fácil porque el modus operandi de la delincuencia organizada que se dedica a explotar a las mujeres es el “enganche” y el sometimiento a partir de la vinculación sexo-afectiva y erótica, es decir, a partir del discurso del amor romántico para que no se sientan víctimas.

Investigaciones como el libro “Trata de personas. Padrotes, iniciación y modus operandi” de Oscar Montiel Torres, documentan que los padrotes “enganchan” a las mujeres con la idea del amor y del progreso, así les piden que se prostituyan para garantizar su bienestar, mantener a los hijos o tener una casa.

“Se mete un discurso económico, neoliberal del progreso. Si tú haces tal cosa, si atiendes a tantos clientes, si soportas esa dinámica de estar en el comercio sexual, vamos a salir, nos vamos a casar”, y todo el tiempo son convencidas de que ejercer esta actividad es un acto de amor hacia la pareja o de protección a los hijos.

ECONOMÍA INFORMAL

En el área laboral la tendencia es fomentar la economía informal. Es por eso que un argumento para reconocer el “sexo servicio” como un oficio, es que las trabajadoras puedan ser consideradas igual que los vendedoras ambulantes, los boleros, los cuidadores de autos y no sean discriminadas ni violentadas.

Sin embargo para Caporal Pérez, no es lo mismo dedicarse a bolear zapatos que entrar a un cuarto sin saber con quién estarás y pensar que puede ser el último día de tu vida, como lo dicen los testimonios que ha recopilado en sus investigaciones porque –aunque halla mujeres que escogen a sus clientes– no todas tienen libertad de elegir.

Con estos argumentos la antropóloga afirma que reconocer el “trabajo sexual” en la Constitución capitalina es generar un ambiente para que aquellas personas que se dedican a la explotación lo hagan con un marco jurídico porque desde su experiencia, no es fácil reconocer quién es víctima y quién no lo es.

Asimismo es escéptica sobre la idea de que reconocer este trabajo generaría más denuncias de trata porque actualmente este delito se relaciona con la delincuencia organizada y por tanto no es fácil denunciar porque quién señale es perseguido y hasta asesinado.

La legalización de la “prostitución”, afirma, tampoco borrará la idea de que los espacios donde se ejerce el “comercio sexual”, desde calles, cantinas, centros botaneros, spas, casas de cita hasta table dance, se puede hacer lo que sea con el cuerpo de las mujeres, incluso asesinarlas.

Certificarán a 100 parteras mexicanas


Foto: Asociación Mexicana de Partería

Cimacnoticias | Ciudad de México.- Fundación MacArthur conjuntamente con otras organizaciones, financia un programa piloto para certificar a 100 parteras mexicanas, de acuerdo con un modelo de Estados Unidos, informó la presidenta de la Asociación Mexicana de Partería (AMP), Cristina Alonso Lord.

Entrevistada en el Cuarto foro anual 2016 “Partería en Movimiento hacia la transformación Empoderada” que se realizó este jueves y viernes en el Palacio de la Escuela de Medicina, la representante de la AMP dijo que esta certificación maneja la evaluación de competencias y agregó que la idea de promover la certificación es parte de las metas de la Asociación de impulsar la participación de las parteras en el Sistema Nacional de Salud para que atiendan los partos naturales de las mexicanas.

En su opinión, el Estado mexicano tiene que reconocer el trabajo de las parteras ya que tienen la experiencia para atender partos naturales, sobre todo cuando hay un incremento de cesáreas innecesarias. En este sentido recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece como límite 15 por ciento de cesáreas en los países y México tiene 46 por ciento en este tipo de procedimientos.

PARTERÍA EN COLOMBIA

La partera y directora de la Asociación de Parteras Unidad del Pacífico Asoparupa Buenaventura, Lizeth Quiñonez Sánchez, dijo a Cimacnoticias que la experiencia en su país con las parteras tradicionales afro fue un proceso de empoderamiento de las mujeres y luego un proceso político para que el Estado las reconociera como maestras y sus saberes formaran parte del patrimonio cultural de Colombia.

La abogada especialista en derechos de las comunidades étnicas y defensa de conocimientos tradicionales, Carolina Córdoba Curi, explicó que para lograr dicho reconocimiento, se tuvo que partir de autoreconocimiento de las mujeres afro y sus tradiciones, pero también el “reconocimiento diferenciado” que consiste en visibilizar el valor de las minorías, en este caso de las mujeres parteras afro de Colombia y el impacto de su servicio social en las comunidades donde habitan, en la salud de las mujeres y verlo también como un aporte cultural.

Ambas reconocieron que el proceso de certificación puede tomar tiempo y generar dudas en las parteras tradicionales, porque son ellas quienes tienen conocimientos y prácticas muy específicas de su territorio, etnia y tradición, factores que se deben tomar en cuenta al momento de tratar de unificar un método de partería.

Desde el 2010 al 2016, se han registrado mil 600 parteras tradicionales afro en Colombia que trabajan en el cordón del Pacífico, en los departamentos del Choco, Valle, Cauca y Nariño; en Buenaventura hay 256 parteras afro.

En México la AMP tiene un registro de 16 mil parteras tradicionales, 16 mil enfermeras gineco obstetras y 100 parteras técnicas.

Después de 5 años en prisión liberan a veracruzanas torturadas por agentes del Estado


Foto: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Cimacnoticias | Ciudad de México.-  Luego de pasar 5 años en prisión en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 16 en el estado de Morelos, las veracruzanas sobrevivientes de tortura sexual, Denise Blanco, Korina Utrera y Wendy Hernández fueron liberadas.

Las mujeres fueron detenidas sin orden de aprehensión por elementos de la Marina Armada de México en Villahermosa, Tabasco, el 27 de agosto de 2011 y llevadas a una instalación militar en Veracruz, en donde permanecieron retenidas 36 horas.

Durante el tiempo de su retención fueron torturadas, abusadas sexualmente y violadas. Las acusaron de pertenecer a un grupo delictivo y su proceso penal estuvo lleno de irregularidades.

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), señaló que las mujeres fueron puestas en libertad, luego de que el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Veracruz ordenara su liberación.

Al salir de prisión, Denise Blanco dijo que su libertad es “tener de nuevo vida que se suspendió sin sentido, rehacer el tiempo perdido”.

Mientras que Korina Utrera, refirió “la libertad es volver a nacer junto a mi familia y la gente que me apoyó. Hoy es una nueva vida para mí, estoy de frente y de pie, quiero justicia”.

Por su parte, Wendy Hernández, explicó que para ella la libertad significa “estar con la mirada al frente y con sed de justicia”.

En días pasados, las mujeres sobrevivientes de tortura sexual se integraron a la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas Juntas contra la Tortura Sexual” que realizan varias organizaciones civiles entre las que se encuentran el Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Asociadas por lo Justo (JASS), entre otras.

En el comunicado, las organizaciones integrantes de la campaña reconocieron que la liberación de las mujeres representa un primer paso para la justicia y exigieron que la Procuraduría General de la República (PGR) no apele la decisión del juez e investigue las denuncias de tortura de las mujeres y garantice que éstas puedan interponer recursos efectivos y reciban una reparación integral.

El 5 de mayo de 2014 inició la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas Juntas contra la Tortura Sexual” con el caso de las sobrevivientes de tortura sexual en el operativo policial de San Salvador Atenco, en mayo de 2006.

Actualmente la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas Juntas contra la Tortura Sexual” tiene documentados 19 casos de mujeres torturadas sexualmente por distintos agentes de seguridad.

Buscan a sus hijas e hijos desaparecidos, 12 años de Caravana


Foto: Ruben Figueroa

Ciudad de México.-  El día de ayer ingresaron a territorio mexicano integrantes de la XII Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos 2016 “Buscando vida en caminos de muerte”, quienes entraron por la frontera sur en el punto conocido como la Mesilla, en el municipio de Frontera Comalapa, en el estado de Chiapas.

En un comunicado, el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) que apoya la caravana, indicó que 40 mujeres provenientes de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, recorrerán 11 estados de la república mexicana y 30 localidades por donde transitan las personas migrantes, para buscar a sus hijas e hijos.

En esta ocasión, indicó el MMM, la caravana irá por nuevas rutas, ya que el excesivo control policiaco y militar desprendido del programa Plan Frontera Sur (2014) ha obligado a las personas migrantes a diversificar sus rutas para evadir retenes y operativos, así como a redes criminales, lo que los expone a más riesgos y obstáculos durante su trayecto.

Los operativos que realiza el Instituto Nacional de Migración (INM) se realizan en autobuses, carreteras, tren de carga y centrales camioneras.

De acuerdo con organizaciones nacionales e internacionales, e investigaciones periodísticas, las agresiones, detenciones, actos de corrupción e impunidad en México, han ido en aumento contra los migrantes por parte de autoridades migratorias, policías federales y estatales, y crimen organizado.

La caravana recorrerá las localidades de Comitán y San Cristóbal de las Casas en Chiapas; para después ir al corredor migratorio conocido como la ruta del Golfo en Tabasco y Veracruz, lugares en donde los migrantes son asaltados, secuestrados, y desaparecidos por bandas de delincuentes.

Continuarán hacia Hidalgo, San Luís Potosí, Guanajuato y Querétaro, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla, para finalmente dirigirse el 3 de diciembre a la Frontera Sur vía Oaxaca y Chiapas.

Así durante 19 días, la Caravana realizará actividades de denuncia y búsqueda, se reunirá con integrantes de organizaciones civiles y visitará albergues, cárceles, iglesias y hospitales.

La XII Caravana de Madres Centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos inició el pasado 10 de noviembre en Guatemala en donde con ayuda de organizaciones de Nicaragua, El Salvador y Honduras realizaron diversas acciones de búsqueda e integración.

Desde 2004, las mujeres integrantes de la Caravana salen de sus hogares para buscar a sus familiares migrantes, y desde 2008 son acompañadas por el MMM, organización no gubernamental encabezada por Martha Sánchez Soler y fray Tomás González Castillo.

Se incrementa 70 por ciento la violencia contra mujeres periodistas en 2 años

CIMACFoto: César Martínez López

Cimacnoticias | Ciudad de México.-  La violencia contra las mujeres periodistas se incrementó 70 por ciento durante 2014 y 2015 (147 casos) pero lo más grave es que las agresiones pueden ser perpetradas por servidores públicos, del crimen organizado, empresas privadas o de otros actores.

Al presentar el informe “El Poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015” las periodistas Lydia Cacho Ribeiro, Gloria Muñoz Ramírez, Maite Azuela Gómez, Lucía Lagunes Huerta y Fabiola González Barrera, aseguraron que todavía no se reconoce que mujeres y hombres reporteros viven agresiones de diferente tipo.

“El Poder del cacicazgo” es el tercer informe sobre este tema. En 2012 CIMAC presentó el “Informe Diagnóstico de Violencia contra Mujeres Periodistas”, donde por primera vez se registraron y documentaron las agresiones contra las reporteras desde un enfoque de género. En esa ocasión se contabilizaron 94 casos de violencia.

En el segundo informe “Impunidad, Violencia contra Mujeres Periodistas” a través de un análisis jurídico de 4 casos emblemáticos (Lydia Cacho y a la entonces reportera de la revista Contralínea, Ana Lilia Pérez; el asesinato de la reportera de la revista Proceso, Regina Martínez; y los allanamientos a las oficinas de CIMAC en 2008 y 2011), se demostraron los obstáculos que enfrentan las periodistas para obtener justicia. El informe documentó 86 casos de violencia entre 2012 y 2013.

Ahora, en 2016, tras 11 años de investigación y documentación de este tema, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) registró en 2 años (2014-2015) 147 agresiones contra mujeres periodistas, periodo en el que Veracruz, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Morelos, fueron las entidades más peligrosas para ejercer la libertad de expresión.

Durante la presentación del informe en el Museo Memoria y Tolerancia, se proyectó el video “Vivir para dar voz” donde 5 periodistas narran su pasión por el periodismo y lo que las motiva a continuar escribiendo e informando a la sociedad.

Al comentar el informe, la periodista y directora del portal noticioso Desinformémonos, Gloria Muñoz Ramírez, aseguró que se violenta de forma diferente a una reportera mujer que a un reportero varón y alertó que actualmente “los cacicazgos” se han ampliado de tal manera que es más difícil saber “a quién molestan” las investigaciones periodísticas.

Como ejemplo citó su caso. En 2007 y después en 2015 su casa fue allanada. La primera vez los agresores se llevaron libros, papeles, el CPU de su computadora, un folder con recortes de noticias sobre Chiapas (donde ella reporteó muchos años del levantamiento zapatista) y una maleta de libros, y aunque parecía que el robo estaba ligado con su ejercicio profesional, las causas del suceso nunca fueron ligadas a su trabajo.

La también columnista del periódico La Jornada, recordó que el país se transformó entre la primera agresión que vivió y la segunda; ahora, dijo, se vive más autoritarismo, políticas de despojo, represión y violaciones a Derechos Humanos y a la par es más complicado indagar quién puede ser el agresor.

La segunda agresión ocurrió en noviembre de 2015. En aquella ocasión la periodista llegó a su casa y encontró su ropa íntima “revuelta y tirada en la cama”. A diferencia del primer allanamiento a su casa, ahora el abanico de posibles responsables se amplió porque ya no sólo escribía sobre los pueblos indígenas, ahora también lo hacía sobre mineras, desapariciones forzadas o empresas transnacionales.

En opinión de la periodista hoy se agrede a quienes hacen un periodismo crítico e independiente que cuestiona al poder en cualquiera de sus formas, y que además “se atreve” a decir que es activista o defensora de Derechos Humanos.

La columnista del portal noticioso SinEmbargo, Maite Azuela Gómez, recordó que el año pasado por estas fechas, le llegó entre su correspondencia un sobre amarillo cuyo contenido era una fotografía suya y una amenaza de muerte, una agresión que tardó en asimilar y que le hizo pensar en el riesgo que corría y en la seguridad de su hija menor de edad.

En la experiencia de la comunicadora, ni la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, ni el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, consideraron su trabajo periodístico como causa de la agresión.

Azuela Gómez aseguró que cuando se agrede a una periodista las autoridades no investigan sobre los temas que escribe, las fuentes de información que tiene y qué le motivaba para escribir, es decir, le restan valor al trabajo que realizan, aunque las agresiones son consecuencia de estas investigaciones periodísticas.

La columnista narró que en otra ocasión, cuando daba seguimiento al homicidio del activista Francisco Kuykendall, herido en la manifestación del 1 de diciembre de 2012, llegaron policías al edificio donde vive la periodista porque querían entrar a su departamento y aunque denunció el hecho, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) no pudo tener ninguna conclusión al respecto.

Destacó que en México hay pocos abogados que litiguen casos relacionados con la libertad de expresión, que acompañen a las víctimas y que conozcan de las diferencias de género, por lo que el apoyo para quien acude a los mecanismos institucionales a exigir justicia o medidas de protección, no es el idóneo.

Durante la presentación, la periodista y directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y coordinadora del informe, Lucía Lagunes Huerta, recalcó que en los casos de violencia contra mujeres periodistas lo que más preocupa a la autoridad es investigar la vida personal de la víctima y preguntarle de quién sospecha.

Las mujeres, sostuvo, son las encargadas de investigar, aportar pruebas y convencer a los funcionarios de que lo que pasó tiene que ver con su trabajo periodístico porque en los servidores públicos existe la creencia de que la labor de una reportera no es tan importante como para que las agredan.

En medio de la adversidad, Lagunes Huerta destacó avances; por ejemplo, que las informadoras han creado redes de periodistas, han hecho ver que el periodismo también se puede hacer con perspectiva de género, que los medios independientes pueden ser profesionales y hacer incidencia, y que las nuevas generaciones se comprometen con el tema.

La periodista y defensora de los Derechos Humanos de las mujeres, Lydia Cacho, quien moderó la presentación del Informe, destacó que todavía se cree que las reporteras no enfrentan agresiones y riesgos por su labor periodística, pero consideró que pese a todo, aquellas que son perseguidas, tienen toda la dignidad para enfrentar el contexto adverso.