Medios hacen pedagogía de la violencia y no construyen discurso de paz


CIMACFoto: César Martínez López

Cimacnoticias/AVCNoticias | Xalapa, Ver.-  Los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en el tratamiento de la violencia hacia las mujeres, para construir un discurso de paz, porque lo que actualmente se publica es un discurso que hace pedagogía de la violencia, expresó la directora de la organización civil Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Lucía Lagunes Huerta.

En entrevista con AVCNoticias, a propósito de los 16 días de activismo que iniciarán mañana en el contexto del Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la periodista y feminista, afirmó que lo que se difunde en los medios de comunicación a través del trabajo de periodistas y fotoperiodistas, es “una pedagogía de la violencia” porque va enseñando paso a paso la forma en la que se ejercen las agresiones contra las mujeres, lo cual normaliza la violencia, cuando esto no debe ser así.

“Esto permite que puedan ocurrir sucesos iguales”, lo que provoca un incremento de los crímenes cometidos en contra de mujeres, con niveles cada vez más elevados de saña.

Agregó que “no hay desde los medios una sanción de la violencia hacia las mujeres ni se dimensiona lo que ocurre, toman a la violencia como casos aislados y sólo van sumándolos, entonces los medios influyen en la vida de las personas, forman criterios y colocan en la agenda pública los temas que deben ser discutidos en la sociedad y a pesar de que la sociedad critica a los medios, aún les cree y se forman esos criterios”.

Lagunes Huerta señaló que para poder frenar esta situación se debe actuar de dos formas simultáneas. La primera es atender las políticas periodísticas en materia del tratamiento de la violencia y la segunda es incidir en la formación de periodistas en materia de Derechos Humanos (DH).

Las políticas periodísticas que los medios deben tener para el tratamiento de la violencia hacia las mujeres y la violencia en general, agregó la periodista, deben buscar la manera de no hacer pedagogía de la violencia, cómo no normalizar la violencia, “porque la violencia no es normal, no podemos retratarla como si fuera algo natural”, insistió.

En cuanto al trabajo de las y los periodistas, dijo que se necesita tener una formación más profunda en materia de DH y en perspectiva de género, para que eso sirva de barrera ante los estereotipos que aplican los medios de comunicación para tratar de vender.

“Muchas veces (las y los periodistas) no se dan cuenta de que eso que están haciendo está violentando los DH de las mujeres pues están siguiendo una lógica mercantil de sus propias empresas, diciendo que la sangre vende y yo necesito vender periódicos, vamos a vender sangre, pero el tema es que el negocio no puede estar por encima de los DH de las personas, no puede estar encima de los derechos de las mujeres”, dijo.

Recordó que actualmente la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se encuentra trabajando en las currículas de las carreras de Comunicación y Periodismo, para incluir en ella la formación en DH y perspectiva de género, que permita formar nuevas generaciones de jóvenes con esta visión y generar mejores contenidos.

Recordó que existe en el país la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que se establecen las sanciones que deben tener los medios que publican y permiten este tipo de contenidos, pero lamentó que esa legislación no se aplique, por lo que la sociedad debe ser clara en exigir su cumplimiento.

Filtran investigación de allanamiento a oficinas de Aristegui


CIMACFoto: César Martínez López

Cimacnoticias | Ciudad de México.- El domingo 13 de noviembre las oficinas donde se encuentra la redacción del portal informativo Aristegui Noticias fueron allanadas por sujetos desconocidos, quienes forzaron cerraduras, desmontaron puertas y se llevaron una computadora portátil con información relevante, así lo dio a conocer hoy ese medio de comunicación.

El hecho ocurrió hace 10 días pero la periodista Carmen Aristegui decidió no divulgar el allanamiento y robo para no afectar la secrecía de las investigaciones, no afectar el trabajo de la Procuraduría capitalina, ni entorpecer o poner en riesgo la indagatoria y sus resultados; sin embargo, decidió hacerlo del conocimiento público porque la investigación se filtró a otros medios de comunicación.

El allanamiento fue después de que el 28 de octubre el Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil en la Ciudad de México condenara a la periodista por el prólogo que escribió para el libro “La Casa Blanca de Peña Nieto”. El juez consideró que la periodista se “excedió” en su derecho a la libertad de expresión e información, y que afectó la imagen de Joaquín Vargas Guajardo, presidente de MVS, quien en 2015 la despidió del espacio informativo.

Hoy, Aristegui Noticias difundió el video de las cámaras de seguridad donde se ve a dos de los individuos que ingresaron a la redacción así como a la de la Unidad de Investigaciones Especiales; de donde se llevaron una computadora portátil, la cual contiene información relevante de investigaciones en curso, aunque no se llevaron más equipo de cómputo.

De acuerdo con el portal de noticias, entre las 3 y las 6 de la tarde, cinco personas (dos mujeres y tres hombres), llegaron al lugar. Las mujeres se presentaron como vendedoras de suplementos alimenticios y dieron una bebida al conserje para drogarlo, luego le dieron un cachazo con una pistola y lo amarraron de pies y manos.

En su declaración ante el Ministerio Público, el conserje dijo que uno de los individuos que participó en el asalto y allanamiento le dijo que estaban buscando “datos o información”, sin especificar más.

Los administradores del inmueble presentaron la denuncia respectiva ante la Fiscalía Desconcentrada de Álvaro Obregón, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, pero la periodista dio a conocer los hechos después de que este lunes la revista TV Notas y el periódico Récord, publicaran información de la indagatoria.

“Una vez que la cadena de custodia de los elementos que forman parte de la investigación y la reserva, a la que está obligada la autoridad, fueron rotas, Aristegui Noticias ha decidido dar a conocer lo sucedido y mostrar ante la opinión pública los videos que fueron entregados a las autoridades de la Fiscalía”, informó en el portal.

El procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza y el fiscal en Benito Juárez, Gustavo Omar Jiménez Escudero, se comprometieron con el grupo de periodistas de Aristegui a realizar una investigación interna para identificar al o los responsables de la divulgación de la carpeta de investigación.

El allanamiento a la redacción de Aristegui Noticias se dio cuando la periodista se encontraba en Washington para recibir el 14 de noviembre, el Premio Knight que otorga el International Center for Journalists por la investigación de “La Casa Blanca”, valuada en 7 millones de dólares, propiedad de Enrique Peña Nieto y su esposa, la actriz Angélica Rivera.

Justo el domingo 13 de noviembre, según denunció el equipo periodístico, en redes sociales surgió una campaña de desprestigio contra Aristegui acusándola de tener intereses con el empresario Carlos Slim y el lunes 24 surgieron amenazas en redes sociales aludiendo al robo de información del que fe víctima.

Esta no es la primera agresión contra Aristegui. En 2008 la periodista fue despedida de W Radio. En 2011 fue despedida de MVS Radio por supuestamente preguntar si el entonces presidente Felipe Calderón tenía problemas de alcoholismo; en aquella ocasión logró un acuerdo con la empresa y fue reinstalada pero en 2015 nuevamente fue despedida, esta vez por participar en la plataforma Mexicoleaks.

Aristegui se suma a la lista de periodistas mujeres violentadas por realizar su trabajo. El informe “El Poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), contabiliza 147 atentados a la libertad de expresión de mujeres periodistas en 24 entidades del país, durante estos 2 años.

De acuerdo con este informe, la Ciudad de México es la segunda entidad -la primera es Veracruz- con más agresiones a mujeres periodistas; documentó que en 89.6 por ciento de los 147 casos registrados, los agresores eran personas con cargos públicos, de poder, o eran miembros del crimen organizado.

Autoridades capitalinas buscan un marco jurídico para proteger explotación sexual

CIMACFoto: Anayeli García Martínez



Cimacnoticias | Ciudad de México.-  Asegurar que todas las mujeres que se dedican al “trabajo sexual” eligieron este oficio libremente y decir que quienes sostienen lo contrario “discriminan y son moralistas” borra toda la complejidad que encierra una actividad donde las mujeres que entran a una habitación no saben si ese día será el último de su vida.

Esa es la opinión de la antropóloga social y directora de la Consultora para la Investigación, Formación e Incidencia Política (CIFIP), Verónica Caporal Pérez, quien desde 2007 ha realizado investigaciones de campo sobre la trata con fines de explotación sexual en México.

Para la perita en antropología social, las propuestas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y en la Asamblea Constituyente -que aprobará la Constitución Política de la Ciudad de México- para reconocer el “trabajo sexual” como un trabajo no asalariado, es crear un marco jurídico para proteger la explotación sexual.

En opinión de la coautora del “Diagnóstico del ciclo vital de mujeres en situación de prostitución y su relación con el proxenetismo”, reconocer el “trabajo sexual” tiene dos implicaciones fundamentales: primero generalizar que todas las mujeres en “contextos de prostitución” están en la misma situación y que eligieron libremente esa actividad.

Otra consecuencia de considerar que esta actividad es un trabajo no asalariado –dice la investigadora– es reconocer que el Estado se exime de las obligaciones que tiene de proveer derechos laborales a sus trabajadoras y trabajadores, de contratar personas y ofrecerles antigüedad y servicios de salud, vivienda y derechos laborales en general.

TRABAJO O EXPLOTACIÓN

Entre octubre y noviembre el diputado perredista Víctor Hugo Romo organizó cuatro mesas para discutir cuáles son las estrategias para visibilizar este trabajo ya que en la ALDF existen dos propuestas de reforma a la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal para que la prostitución no sea una falta administrativa.

En estas audiencias públicas grupos a favor de reglamentar esta actividad señalaron que no es lo mismo “trabajo sexual” que trata de personas y aseguraron que es fácil distinguir entre la persona que es víctima y aquella que ofrece servicios sexuales de manera autónoma, libre y sin coerción.

Sin embargo, de acuerdo con Caporal Pérez, está distinción no es fácil porque el modus operandi de la delincuencia organizada que se dedica a explotar a las mujeres es el “enganche” y el sometimiento a partir de la vinculación sexo-afectiva y erótica, es decir, a partir del discurso del amor romántico para que no se sientan víctimas.

Investigaciones como el libro “Trata de personas. Padrotes, iniciación y modus operandi” de Oscar Montiel Torres, documentan que los padrotes “enganchan” a las mujeres con la idea del amor y del progreso, así les piden que se prostituyan para garantizar su bienestar, mantener a los hijos o tener una casa.

“Se mete un discurso económico, neoliberal del progreso. Si tú haces tal cosa, si atiendes a tantos clientes, si soportas esa dinámica de estar en el comercio sexual, vamos a salir, nos vamos a casar”, y todo el tiempo son convencidas de que ejercer esta actividad es un acto de amor hacia la pareja o de protección a los hijos.

ECONOMÍA INFORMAL

En el área laboral la tendencia es fomentar la economía informal. Es por eso que un argumento para reconocer el “sexo servicio” como un oficio, es que las trabajadoras puedan ser consideradas igual que los vendedoras ambulantes, los boleros, los cuidadores de autos y no sean discriminadas ni violentadas.

Sin embargo para Caporal Pérez, no es lo mismo dedicarse a bolear zapatos que entrar a un cuarto sin saber con quién estarás y pensar que puede ser el último día de tu vida, como lo dicen los testimonios que ha recopilado en sus investigaciones porque –aunque halla mujeres que escogen a sus clientes– no todas tienen libertad de elegir.

Con estos argumentos la antropóloga afirma que reconocer el “trabajo sexual” en la Constitución capitalina es generar un ambiente para que aquellas personas que se dedican a la explotación lo hagan con un marco jurídico porque desde su experiencia, no es fácil reconocer quién es víctima y quién no lo es.

Asimismo es escéptica sobre la idea de que reconocer este trabajo generaría más denuncias de trata porque actualmente este delito se relaciona con la delincuencia organizada y por tanto no es fácil denunciar porque quién señale es perseguido y hasta asesinado.

La legalización de la “prostitución”, afirma, tampoco borrará la idea de que los espacios donde se ejerce el “comercio sexual”, desde calles, cantinas, centros botaneros, spas, casas de cita hasta table dance, se puede hacer lo que sea con el cuerpo de las mujeres, incluso asesinarlas.

Certificarán a 100 parteras mexicanas


Foto: Asociación Mexicana de Partería

Cimacnoticias | Ciudad de México.- Fundación MacArthur conjuntamente con otras organizaciones, financia un programa piloto para certificar a 100 parteras mexicanas, de acuerdo con un modelo de Estados Unidos, informó la presidenta de la Asociación Mexicana de Partería (AMP), Cristina Alonso Lord.

Entrevistada en el Cuarto foro anual 2016 “Partería en Movimiento hacia la transformación Empoderada” que se realizó este jueves y viernes en el Palacio de la Escuela de Medicina, la representante de la AMP dijo que esta certificación maneja la evaluación de competencias y agregó que la idea de promover la certificación es parte de las metas de la Asociación de impulsar la participación de las parteras en el Sistema Nacional de Salud para que atiendan los partos naturales de las mexicanas.

En su opinión, el Estado mexicano tiene que reconocer el trabajo de las parteras ya que tienen la experiencia para atender partos naturales, sobre todo cuando hay un incremento de cesáreas innecesarias. En este sentido recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece como límite 15 por ciento de cesáreas en los países y México tiene 46 por ciento en este tipo de procedimientos.

PARTERÍA EN COLOMBIA

La partera y directora de la Asociación de Parteras Unidad del Pacífico Asoparupa Buenaventura, Lizeth Quiñonez Sánchez, dijo a Cimacnoticias que la experiencia en su país con las parteras tradicionales afro fue un proceso de empoderamiento de las mujeres y luego un proceso político para que el Estado las reconociera como maestras y sus saberes formaran parte del patrimonio cultural de Colombia.

La abogada especialista en derechos de las comunidades étnicas y defensa de conocimientos tradicionales, Carolina Córdoba Curi, explicó que para lograr dicho reconocimiento, se tuvo que partir de autoreconocimiento de las mujeres afro y sus tradiciones, pero también el “reconocimiento diferenciado” que consiste en visibilizar el valor de las minorías, en este caso de las mujeres parteras afro de Colombia y el impacto de su servicio social en las comunidades donde habitan, en la salud de las mujeres y verlo también como un aporte cultural.

Ambas reconocieron que el proceso de certificación puede tomar tiempo y generar dudas en las parteras tradicionales, porque son ellas quienes tienen conocimientos y prácticas muy específicas de su territorio, etnia y tradición, factores que se deben tomar en cuenta al momento de tratar de unificar un método de partería.

Desde el 2010 al 2016, se han registrado mil 600 parteras tradicionales afro en Colombia que trabajan en el cordón del Pacífico, en los departamentos del Choco, Valle, Cauca y Nariño; en Buenaventura hay 256 parteras afro.

En México la AMP tiene un registro de 16 mil parteras tradicionales, 16 mil enfermeras gineco obstetras y 100 parteras técnicas.

Después de 5 años en prisión liberan a veracruzanas torturadas por agentes del Estado


Foto: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Cimacnoticias | Ciudad de México.-  Luego de pasar 5 años en prisión en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 16 en el estado de Morelos, las veracruzanas sobrevivientes de tortura sexual, Denise Blanco, Korina Utrera y Wendy Hernández fueron liberadas.

Las mujeres fueron detenidas sin orden de aprehensión por elementos de la Marina Armada de México en Villahermosa, Tabasco, el 27 de agosto de 2011 y llevadas a una instalación militar en Veracruz, en donde permanecieron retenidas 36 horas.

Durante el tiempo de su retención fueron torturadas, abusadas sexualmente y violadas. Las acusaron de pertenecer a un grupo delictivo y su proceso penal estuvo lleno de irregularidades.

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), señaló que las mujeres fueron puestas en libertad, luego de que el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Veracruz ordenara su liberación.

Al salir de prisión, Denise Blanco dijo que su libertad es “tener de nuevo vida que se suspendió sin sentido, rehacer el tiempo perdido”.

Mientras que Korina Utrera, refirió “la libertad es volver a nacer junto a mi familia y la gente que me apoyó. Hoy es una nueva vida para mí, estoy de frente y de pie, quiero justicia”.

Por su parte, Wendy Hernández, explicó que para ella la libertad significa “estar con la mirada al frente y con sed de justicia”.

En días pasados, las mujeres sobrevivientes de tortura sexual se integraron a la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas Juntas contra la Tortura Sexual” que realizan varias organizaciones civiles entre las que se encuentran el Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Asociadas por lo Justo (JASS), entre otras.

En el comunicado, las organizaciones integrantes de la campaña reconocieron que la liberación de las mujeres representa un primer paso para la justicia y exigieron que la Procuraduría General de la República (PGR) no apele la decisión del juez e investigue las denuncias de tortura de las mujeres y garantice que éstas puedan interponer recursos efectivos y reciban una reparación integral.

El 5 de mayo de 2014 inició la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas Juntas contra la Tortura Sexual” con el caso de las sobrevivientes de tortura sexual en el operativo policial de San Salvador Atenco, en mayo de 2006.

Actualmente la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas Juntas contra la Tortura Sexual” tiene documentados 19 casos de mujeres torturadas sexualmente por distintos agentes de seguridad.