Los valores del alma, "legalidad vs impunidad"

Colima se encuentra en una situación política complicada, pues fue iniciado un juicio político en contra del alcalde Rafael Mendoza Godinez, quien ha sido un excelente funcionario representando al PAN y un buen Legislador representando al PRD; pero lo que se discute no es si es un buen administrador o legislador, la ciudadanía esas acciones las tiene muy claras; lo que está en juicio es si violo o no la Ley Electoral eso para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha quedado claro que si, y por ende a los ciudadanos les toca decidir si la legalidad es un acto justo o injusto.

El Principio de Legalidad se define como la prevalencia de la ley ante cualquier otra actividad o accion que posee el Poder Público. Es decir, toda acción del Estado debe estar regida por ley y no por la voluntad de las personas que habitan en esa sociedad. Por lo tanto, la legalidad es todo lo que se realiza dentro del marco de la ley escrita y por ello todas las personas que conforman la sociedad, deben respetarla para una mejor coexistencia. Los gobernantes no deben oponerse a lo establecido en la Constitución, las leyes o reglamentos; por el contrario, todas sus decisiones deben estar basadas en la ley mientras duren en su encargo, pues protestaron respetar y hacer cumplir la Constitución, las leyes y reglamentos, que de ella emanan.

La palabra impunidad proviene del vocablo latino impunitas, que se refiere al acto de no recibir un castigo o no ser juzgado, es decir que no se le da castigo, pena o condena a cierta persona por haber incurrido en un hecho delictivo o como en el caso que nos ocupa, respetar la Ley Electoral.

Todo funcionario y servidor público está obligado a respetar y aplicar la ley; aquel que no lo hiciere debe ser enjuiciado y sancionado, pues ellos lo prometieron al asumir el cargo; por eso deben cuidar las formas al hacer su trabajo, la ciudadanía está cansada de que nunca pase nada cuando un político en funciones viola la ley y nada le hacen; para poder castigar a los políticos que no respetan la ley, se debe observar la legalidad; para que no exista impunidad. Esa sanción llevará a tener funcionarios más responsables del quehacer publico, pues las sanciones sirven para ser ejemplo del cuidado al Estado de Derecho; si queremos una mejor sociedad, debemos empezar por cumplir lo que la Constitución manda y es justo, lo que ha iniciado el poder legislativo. Concluimos: entonces, que la legalidad es un acto justo, que nos permite tener una mejor sociedad y exigir más responsabilidad a nuestros servidores públicos, pues si violenta la Ley están conscientes que dicha acción trae consigo un castigo y servirá de ejemplo para castigar a todos los políticos del Estado; Colima se convertirá en ejemplo de legalidad, si por todo ello el Alcalde Rafael Mendoza acepta su sanción, será un ejemplo de ser procurador del Estado de Derecho; de lo contrario estaría aceptando que prefiere la impunidad; su carrera política no se acaba al acatar su condena, apenas estaría iniciando; pues cuando un ciudadano sigue trabajando desde el área que le toque, los demás se lo reconocen; no se necesita tener un puesto o cargo público para hacer bien las cosas, al contrario, cuando llega a ostentar un cargo público, logra que el ciudadano haga al puesto y no el puesto a él, como en muchos casos pasa; Llegando a tener alcaldes o alcaldesas prepotentes y caprichosos, que piensan que por estar en el cargo serán impunes cuando violen la ley.

La ley se debe aplicar a todos por igual, sin importar partido político, cargo publico, color, credo, raza o género; quién diga lo contrario está a favor de la impunidad.

El alcalde Rafael Mendoza Godinez ha aceptado que no se defendió jurídicamente en la instancia correspondiente, al aceptar que no impugno ante la Sala Superior del TEPJF, la resolución de la Sala Regional especializada; también tuvo la oportunidad de defenderse de igual manera en el congreso, pero no acudió, pues estaba acompañando a los ciudadanos que cerraron la carretera federal y cuando acudió al congreso, sólo fue para saludar a los policías y tendrá la oportunidad de ser escuchado ante el Jurado de Sentencia; cuando tienes la oportunidad de hacer valer tu derecho y no lo haces, estás aceptando tu culpabilidad. No se le deja en estado de indefensión por parte del tribunal, ni mucho menos por el legislativo, tampoco por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pero si por parte de sus abogados que no lo asesoran apropiadamente para ejercer su derecho a defenderse y tal vez, demostrar su inocencia.

Siendo así que la ciudadanía debe decidir si quieren construir y respetar el Estado de Derecho o seguir solapando la impunidad; pues si se castiga a uno por una acción mala, se le debe castigar a todos en el futuro. El tema del aún alcalde Rafael Mendoza Godinez, es un asunto de legalidad, que obliga al legislativo a castigar a todos los que cometan violaciones a la ley y así fortalecer el Estado de Derecho, qué tanta falta hace en Colima.

 

 

 

Vislumbres. Rigor contra el enemigo

A falta de mejores temas y más notables eventos, gran revuelo ha causado la defenestración pendiente sobre Rafael Mendoza, por haberse atrevido (siendo presidente municipal en acto), a dar su inocultable apoyo a Jorge Luis Preciado Rodríguez, durante las elecciones extraordinarias para gobernador a principios de 2016.

Todos sabemos que Rafael apoyó a quien resultó ser, finalmente, el candidato perdedor, pero ¿qué tal que hubiese apoyado al que resultó triunfante? ¿Lo defenestrarían también? ¡Por supuesto que no! “El rigor de la ley sólo aplica con los enemigos”.

Prueba de ello es que, habiendo otros políticos por ahí, con manos y famas sucias, nada se ha hecho aún en su contra, porque, como ha sucedido desde que el Partido Tricolor ascendió al poder, los correligionarios se tapan con la misma cobija y, obvio, dejan descobijados a los que se rebelan.

Castigos ejemplares.-

La historia de la política es sumamente repetitiva para demostrar que cuando el que lucha se atreve a contradecir o a reclamar a los poderosos en turno, o acaba en el hospital, o termina arruinado, o se va al destierro o finaliza en la fosa. Y eso es lo que le está sucediendo, por un lado, al alcalde opositor y, por otro, al ex gobernador que no quiso guardar la compostura desde que se vio forzado a dejar vacante la casona de la Calzada Galván. O ¿qué ya, con lo de Rafa, se olvidaron de que el “Gran Señor del Trapiche”, se fue a Chihuahua a un baile?

Guardando las proporciones, uno y otro caso son lo que podría llamarse “castigos ejemplares”. Sólo que al más débil lo defenestran y lo pretenden inhabilitar políticamente por haberse opuesto al candidato que resultó ganador, y al otro, que fue más fuerte, lo mandan a desempeñar una comisión al estado más grande del país, y uno de los más remotos, con la consigna, o la aviesa intención, de que ya no estorbe.

Los verdugos.-

Lo más triste en el primer caso es que los acusadores y los verdugos del alcalde panista fueron algunos de los diputados que según se llegó a creer eran de su propio partido, y que, siendo incapaces de mirar más lejos, nunca se dieron cuenta de que estaban siendo utilizados por otros más listos que ellos para darle en la torre a uno que se atrevió a soñar con la posibilidad de que un panista fuera el gobernador. Por lo que los acusadores y verdugos acabaron convertidos en verdaderos “compañeros de viaje” de los priístas que iniciaron la legislatura siendo minoría. ¡Qué poca malicia de los diputaditos!

“A Chihuahua, a un baile”.-

En el caso de FMP, vale la pena recordar que hace muchísimos años, cuando el ex presidente Plutarco Elías Calles, decidió fundar el PNR (Partido Nacional Revolucionario, abuelito del PRI), lo hizo para, de ser posible, seguir él mandando tras bambalinas, y lo logró en parte, con los tres primeros sucesores que tuvo: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, estableciendo lo que popularmente se denominó “El Máximato”. Porque a Plutarco alguien había tenido la lacayuna ocurrencia de bautizarlo como “El Jefe Máximo de la Revolución”. “Maximato” que llegó a su fin cuando, tras asumir la Presidencia de la República, don Lázaro Cárdenas sacó a Plutarco de su casa literalmente en pijama, y lo hizo abordar un avión para que “por salud de la República”, se fuera a gozar de su pensión en una bella casa ¡de California!

Guardadas, dije, las proporciones, a FMP se le ocurrió también que podría seguir gobernando nuestra entidad (aunque no necesariamente tras bambalinas, sino con cierto descaro), y puso para eso, como candidato a sucederlo, a un joven profesor que para todo le había obedecido siendo presidente del PRI estatal. Joven elemento que quiso, pero no pudo, gobernar por su cuenta, no sólo porque la sombra del también ex rector estaba siempre allí, sino porque la muerte se interpuso violentamente en su vuelo.

Después de aquel triste episodio, muchísimos colimenses saben también que FMP quiso ser el factótum para designar al gobernador suplente, pero algunos diputados le tomaron la delantera en la decisión, colocando al frente de la campaña electoral (con Arnoldo Ochoa González como gobernador interino), a otro joven que, quizás por simple orgullo, o por un bien escondido sentimiento de venganza respecto a su amigo muerto, no le dio el gusto al ex gobernador, de seguir mandando.

Vino otra nueva sucesión, y el ex rector que jamás aprendió a ser ex gobernador, quiso imponer a “su gente” de nuevo, pero el segundo muchacho de Tecomán no lo dejó hacer, y puso (o le dio su apoyo franco) a otro relativamente joven elemento, nacido en Tinajas, Col., contra quien, convertido en furibundo articulista, el ex gobernador que no quería ser ex, lanzó pestes desde que MAM se convirtió en candidato.

Más recientemente, cuando JIPS logró, finalmente, la candidatura por la que tantos pelean, FMP creyó que había vuelto a encontrar la posibilidad de realizar su “mini-maximato” local, y no sólo él lo creyó, sino que así lo creímos muchos, porque lo vimos regodearse con la satisfacción de que él, de algún modo, seguía mandando en Colima.

Hoy, sin embargo, como se mencionó arriba, parece que finalmente se fue “a Chihuahua a un baile”. Y quién sabe qué tanto lo dejen bailar allá.

La polvareda.-

Y ya que hablamos de MAM, de antología fue la polvareda que levantó con sólo participar en la primera cabalgata nocturna de los festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez, cuando, por hacerlo,

le llovieron por un lado epítetos nada positivos y, por otro, saludos, cariño y aplausos del público que lo vio pasar.

Unos días después, cansado seguramente, de que sus acusadores de robo y malversación de fondos públicos, le dijeran “cínico y desvergonzado” por haberse atrevido a cabalgar como a él le gusta (y olvidándose de que en otros años lo había hecho precisamente junto con JIPS), MAM acudió a una estación de radio, desde donde, palabras más, palabras menos, dijo: “Mientras que ninguna autoridad competente demuestre que soy culpable de lo que se me acusa, tengo mis derechos a salvo y puedo salir a cabalgar y a hacer cualquier cosa que a mí me guste, aunque no les guste a otros”. Y tiene razón con lo que afirma.

Seis puntos clave de la Ley de Movilidad

Colima ha experimentado en los últimos tiempos transformaciones importantes en el funcionamiento de su gobierno y en las reglas que rigen el comportamiento social. En estos cambios la aprobación que el pasado 27 de enero el Congreso del Estado hizo de la Ley de Movilidad, es un hecho significativo. Nuestra entidad era una de las pocas rezagadas en la materia, con una Ley de Transporte cuyo contenido era ya inaplicable para la nueva realidad social.
Lejos de las especulaciones y del jaloneo político estéril que se experimentó en el antes y el después de esta nueva Ley de Movilidad, un mejor entendimiento de sus 404 artículos y de las implicaciones que éstos traen, es una necesidad social y técnica. Por eso la tarea de identificar 6 puntos clave de esta norma que dieran mejor luz sobre qué contiene y por qué es importante:
• Prioridad para moverse. Se establece la obligación de las autoridades de crear las condiciones para que los colimenses elijan libremente cómo moverse dentro del territorio. Tienen preeminencia, en orden de prelación, peatones, ciclistas, usuarios del transporte de pasajeros, prestadores de este servicio, transportistas de carga, y conductores de automotores particulares. Además, se adiciona la prioridad de personas con discapacidad y de estudiantes, como grupos que requieren atención especial en los espacios públicos. Es un acierto en el que no se busca un tratamiento distinto entre colimenses, sino dar orden y tener claras las preferencias de movilidad.
• Ley amplia. La de Movilidad es, sin duda, una de las leyes más extensas del marco jurídico del estado de Colima. Con más de 400 numerales, no sólo supera a casi todas las normas colimenses, sino también a sus homólogas de otros estados. Los efectos de esto quedan a la interpretación, pero recordemos que más no significa mejor.
• Excesiva carga regulatoria y económica. Aunque el Poder Legislativo de Colima, que dio origen a esta Ley, cuenta en su diseño institucional con una Comisión Especial de Mejora Regulatoria, cuyo propósito es realizar un análisis sobre el costo-beneficio de las iniciativas, la de Movilidad no fue puesta a escrutinio de los integrantes de esta Comisión, y ellos no emitieron opinión alguna sobre su pertinencia.
Sin embargo, las diversas cargas regulatorias y económicas que se advierten en su contenido, en el sentido técnico, hacen necesario verificar que los beneficios de esta nueva Ley sean superiores a sus costos, para que la entrada en vigor de la legislación no signifique disminuir el nivel de vida de los colimenses. Enseguida se presenta dos de las nuevas obligaciones:
• Obligatoriedad de la revisión física, mecánica, eléctrica y de emisión de humos contaminantes de todos los vehículos, en periodos anual o semestral (artículos 143 y 145).
• Exigencia sin excepción de que todos los vehículos tengan un seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros (artículo 152).
• Atenta contra la libre competencia. A ningún otro tipo de servicio de transporte para pasajeros señalado en la Ley de Movilidad se les imponen tantas exigencias y requisitos para funcionar, como a los llamados vehículos de transporte por arrendamiento a través de aplicaciones tecnológicas, cuyos ejemplos son Chofer PRO, City Drive, Uber, entre otros. Además de que se les piden vehículos iguales o superiores al “taxi ejecutivo público”, se especifica que deben tener frenos ABS, bolsas de aire, control eléctrico de estabilidad, aire acondicionado y elevadores eléctricos. Aunado a esto, se les impone prohibiciones a sus dueños o poseedores: recibir pagos en efectivo o mediante tarjetas de prepago, subarrendar los vehículos, y hacer base o sitio. También, se les forza al pago de un impuesto del 1.5% por cada viaje que realicen, se les señala medidas de aseguramiento cautelar de sus vehículos y documentos de circulación, así como una cuota de participación máxima de 4% respecto del total del parque vehicular del servicio de transporte público individual motorizado, con lo que se controla de manera artificial la oferta del servicio.
• Otorga poderes a particulares a costa del interés público. En tres temas la Ley de Movilidad conserva el secuestro de la cosa pública para favorecer con poder de decisión, gestión y económico a particulares. El primero se relaciona con los corralones o depósitos vehiculares, que por décadas han establecido de manera discrecional su funcionamiento y tarifas, a costa del patrimonio económico y vehicular de los colimenses. Este aspecto permanece inalterado, aun cuando ha sido de los más cuestionados y exigidos para transformarse, por la sociedad colimense. El segundo es el referido al método para otorgar concesiones de taxis y otros transportes, pues, aunque puede ser por convocatoria, el Gobernador permanece con la facultad de otorgarlas de manera unilateral, es decir, por opinión personal. El tercer tema en el que la Ley otorga poder a particulares, es el de la Federación de Estudiantes Colimenses, organización de naturaleza privada a la que se dan las siguientes prerrogativas: participación en las decisiones de la Comisión Mixta de Tarifas (única instancia que establece las tarifas del transporte) y preeminencia en la aplicación del descuento a estudiantes en el transporte público, al utilizar la Ley el acuerdo del 31 de octubre de 2012 entre concesionarios, el Poder Ejecutivo y la Federación de Estudiantes Colimenses.
• Falta por hacer. Una de las principales deficiencias de la antecesora Ley de Transporte era su nula aplicabilidad. Esto tenía origen en la inexistencia de reglamentos, lineamientos y herramientas administrativas, que regularan aspectos específicos de la ley. Tiene una ardua tarea la Secretaría de Movilidad para transitar de una legislación en papel hacia la plena implementación y aplicación de este ordenamiento, del cual están pendientes regulaciones secundarias e instrumentos administrativos, tales como el Reglamento de la Ley, el Plan Estatal de Movilidad, el Reglamento del Consejo Estatal de Movilidad, Reglas de Operación para empresas de gestión de transporte mediante aplicaciones tecnológicas, el Manual de Diseño Vial, etcétera. La responsabilidad originaria de cumplir y hacer cumplir la Ley de Movilidad recae en la Secretaría del mismo nombre, a la que se deberá castigar sin vacilo legal, en caso de evitar su aplicación por omisión o dolo.
Al igual que con cualquier regulación, la prueba de fuego de la Ley de Movilidad está en su implementación, y en que legisladores, ejecutores y gobernados sean capaces de identificar y llevar a cabo, en tiempo oportuno, los ajustes que la perfeccionen. Los 6 puntos clave que se presentan son resultado de un análisis riguroso de la nueva norma, a los que se propone poner especial atención, pues algunos representan un riesgo y otros hacen posible transitar más suavemente de ser un documento sin vida, hacia la aplicabilidad plena.

Vislumbres. Victorias que no son tanto

Día del Ejército.-

En el transcurso de los últimos dos sexenios el Ejército Mexicano en particular, y las fuerzas armadas en general, han desempeñado un papel protagónico en el combate contra la delincuencia organizada, recibiendo por ello tanto corrosivas críticas como numerosos aplausos.

Dentro del marco de las voces críticas hubo varias que, más por diferencias políticas que por tener razón, se mofaron del valiente papel que desempeñaron los soldados y los marinos durante la llamada “Guerra de Calderón”. “Guerra” contra la que, por cierto, cuando Enrique Peña Nieto fue candidato presidencial se pronunció, aunque posteriormente tuvo que continuar con una línea de acción muy similar, negándose desde los primeros días de su gobierno a devolver a los soldados del campo y de las calles a sus cuarteles, y a los marinos a sus bases navales.

Esas mismas voces han denunciado algunos yerros y abusos de las fuerzas armadas, unas ocasiones con motivos más que justificados, pero otras casi sólo nada más por llevar la contra. Pero ¿qué nos dice la realidad?

La realidad cotidiana nos dice que si aún estando las fuerzas castrenses enfrentando a los narcos, patrullando las ciudades y destruyendo plantíos y laboratorios clandestinos hay muchas partes del país en las que predomina el caos, estaríamos muchísimo peor si no se estuvieran realizando tales acciones, y que, por tanto, es válido reconocer (y aplaudir) al Ejército, en su día, como lo hicieron los alcaldes y los gobernadores de todo el país.

El caso Tecomán.-

Sin ir más lejos, tenemos el caso del municipio de Tecomán, Col., donde, desde prácticamente hace un año comenzó a ser demasiado evidente el enfrentamiento de algunos cárteles peleándose “por la plaza”, en eventos sangrientos que hacia finales del año pasado y principios de éste, producían docenas de muertos cada semana. Las policías estatales y municipales estaban rebasadas, y no por menos Guadalupe García Negrete, alcalde del lugar, se miraba desesperado y no hallaba qué hacer; hasta que rogó, pidió y exigió apoyo del gobernador para que éste a su vez demandara la ayuda presidencial, y ésta se presentó, apenas el día primero del mes en curso, con un impresionante operativo de tierra y aire, que al parecer comenzó en Cerro de Ortega (caluroso poblado que estaba más caliente que nunca), mediante un batallón de la Policía Militar que hasta paracaidistas dejó caer allí, “como sólo lo habíamos visto en las películas” - según comentaron testigos-, yendo directo a la captura de ciertas y cuales personas, que al parecer también ya tenían previamente identificadas y localizadas. Comenzando así, de manera casi inmediata, unos días en que la población local comenzó a respirar con cierta tranquilidad.

En atención a ello, y para agradecérselos de viva voz, el sábado 18 (víspera de los tradicional festejos del Día del Ejército), José Ignacio Peralta Sánchez, Arnoldo Ochoa González y el mencionado alcalde “Lupillo”, hicieron una visita a las instalaciones castrenses ubicadas sobre la carretera a Tecuanillo. En las que fueron recibidos por los altos mandos que por ahorita operan en la entidad.

Como acto de agradecimiento está muy bien, pero más tarde se publicaron unas cifras que se que se deben revisar y manejar con tino, si no quieren las autoridades que se desvanezca esa sensación (¿momentánea?) de triunfo que están queriendo transmitir.

Las cifras del Batallón.-

Usualmente, cuando hay una batalla, se suele emitir un informe pormenorizado de datos que al menos en las novelas que me ha tocado leer se conoce como “parte de guerra”. Y así, hace tres días fue emitido un “parte” en el que públicamente se informa que a raíz de la llegada del mencionado Batallón de la Policía Militar a Tecomán: “Se ha logrado la detención de 223 personas, 54 vehículos y 23 motocicletas; asimismo, se dio a conocer que se decomisaron 58 dosis de marihuana; 92 dosis de cristal, 2 de heroína y 3 jeringas”. Así como “se han aseguraron 6 armas cortas, 5 cargadores, 58 cartuchos, 1 granada de fragmentación [y…] 56 celulares. Habiéndose llevado a cabo 16 cateos, y decomisados 47 mil 852 pesos”.

La primera impresión que este redactor tuvo al enterarse de semejantes datos fue muy positiva, porque nos estaban implícitamente dando a entender que con la captura de tantos individuos “la batalla contra la delincuencia estaría prácticamente ganada en Tecomán”. Pero ¿realmente es así?

Si nos fijamos con un poco de mayor atención en las cifras, tendríamos que aceptar que 223 de individuos capturados son un montón de personas; pero que seis armas cortas, 58 cartuchos y 47 mil 852 pesos incautados o decomisados son muy pocos. ¿Acaso eran sólo esas seis armas las que produjeron tantísimos muertos y heridos?

Los asesinatos en la costa colimota han, ciertamente, disminuido desde el impactante arribo del batallón en comento, pero no han terminado, por lo que se puede deducir que aún andan sueltos otros matarifes. Pero volvamos a la pregunta: ¿En dónde están, pues, las armas con que se cometían tantos crímenes si sólo se han detectado e incautado seis pistolas? ¿Qué no hubo todo un arsenal en la supuesta batalla entre los grupos en pugna?

Estas preguntas generan dudas, y por consiguiente, las dudas nos llevan a otras indagatorias: Si sólo fueron seis sujetos a los que se les hallaron armas y a los demás unas cuantas dosis de mariguana y cristal ¿de qué tipo de delincuentes están hablando las autoridades que como quien dice claman victoria? ¿Acaso son, en su mayoría, vendedores callejeros de dosis mínimas de droga o consumidores viciosos de las vecindades y de las colonias más pobres de Tecomán?

Hasta el momento no me he percatado de que el gobernador, o el secretario general de gobierno, hayan informado, por ejemplo, cuántos matones aprehendieron durante las redadas realizadas a partir del primero del mes, ni si hubo entre todos ellos algún capo importante que haya sido capturado. No en vano ya otras mentes suspicaces advierten que no hubo ningún pez gordo que cayese en el trasmallo, y que sólo han sido sardinitas las que se pescaron. ¿Es realmente así?

Ahora, bien, si no cayó ningún pez gordo, ¿fue porque no había ninguno en todas las casas o guaridas que se revisaron, o porque hubo alguien que habiéndose enterado del operativo que estaba organizándose les dio, como vulgarmente se dice, “el pitazo”?

Estas preguntas andan de voz en voz entre muchos lectores y gente que observa lo que pasa en las calles. Y mientras que no se responda con veracidad a ninguna de ellas, el silencio que se mantenga deslucirá los pretendidos logros, hasta convertirlos en datos de muy poca monta. Todo ello sin dejar de reconocer que ya es un triunfo el que se consiga que en vez de docenas de muertos por asesinato cada semana, sean sólo cuatro o cinco, como hoy parece ser la cifra semanal promedio.

Un dato para la historia.-

Y para que no vayamos a creer que hoy todo está peor que antes, quiero comentarles que hace justamente un siglo, cuando los mexicanos acababan de enterarse que los integrantes del Congreso habría logrado al fin ponerse de acuerdo para promulgar la entonces nueva Constitución Mexicana, acá en Colima el gobernador Juan José Ríos (general zacatecano, por cierto), impuesto a la entidad por el presidente Venustiano Carranza, andaba todavía peleando contra unos presuntos guerrilleros villistas, entre los que destacaban los grupos (ya muy mermados) del general ex maderista Eugenio Aviña, y de Vicente Alonso Teodoro, mejor conocido como “El Indio Alonso”. Un período, pues, en el que todavía se miraba muy distante la paz que se había perdido durante “La Bola”. Como popularmente la raza denominó al movimiento armado en que, por puros intereses de caudillos, murieron miles de paisanos.

Vislumbres. Colimenses en peligro

Gigantesca evacuación.-
Muy al margen de que los agentes del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos han intensificado su actividad para atrapar “mojados” y devolverlos a México, el fin de semana anterior sucedió que varios miles de paisanos que viven en las poblaciones situadas al norte de California fueron obligados a evacuar sus casas y pertenencias; pero no por “La Migra”, sino por las autoridades estatales y el sheriff del Condado de Butte, quienes tomaron tal decisión debido a que, como consecuencia de las intensas lluvias y nevadas ocurridas durante las últimas dos semanas, en las sierras situadas al norte del California, E. U., la presa de Oroville, la más alta de aquel país, se llenó prácticamente hasta el tope y comenzó a desbordarse arrojando alrededor de tres mil metros cúbicos de agua por segundo.
La orden de evacuación alcanzó a casi doscientas mil personas que viven en Oroville, Biggs, Gridley, Palermo, Termalito y otras numerosas poblaciones aledañas, en las que, como dije arriba, radican y trabajan muchos colimotes.
Yo he tenido dos veces la oportunidad de visitar Oroville y sus alrededores durante varios días, y de haber caminado por encima de la cortina de la presa, sobre la que pasa una carretera de cuatro carriles y hay todavía amplísimos andadores por ambos lados. Y he visto, también, caer un poco de agua por el vertedero principal, pero las imágenes que he estado viendo a través del internet son verdaderamente impresionantes. Y mis parientes y amigos que viven allá, dicen que padecieron varias horas de angustia cuando, tras haber abordado sus respectivos vehículos con unos cuantos cambios de ropa, abrigos, cobijas y algo para comer, se fueron a las carreteras y se las encontraron atestadas por tantísima gente que huía también para salvar sus vidas, mientras que a lo lejos, o en sus tablets o en las pantallitas de sus teléfonos veían la presa a punto de colapsar.
Lo peor, sin embargo, no ha pasado aún porque se esperan más lluvias para los próximos días, y porque no tarda mucho en calentar lo suficiente el sol como para que se comience a derretir la nieve situada en las cimas más altas de la sierra. Y por lo pronto la orden de no regresar a sus casas se mantiene en toda esa área, donde, por supuesto, se han detenido todas las actividades y las calles de los pueblos y ciudades aparecen totalmente desiertas. Como lo muestran las fotos y los videos que han sido tomados por drones y helicópteros de los medios informativos.
“¿Gavilán o paloma?”
Algunos ya lo llaman “cínico, desvergonzado”, mientras que otros, en cambio, lo califican de “valiente”. El caso es que, como quizás ya todos los lectores lo saben, Mario Anguiano Moreno, ex
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gobernador de Colima acusado de malversación y desvío de fondos, reapareció la noche del viernes 10, haciendo algo de lo que más le gusta: montando en su penco en la cabalgata inaugural de los Festejos Charro-taurinos del Villa de Álvarez.
Su presencia, según lo pudimos observar en algunos videos tomados por telefonitos que luego se “subieron” a las redes, dejó atónitos a varios, y causó curiosidad en muchos espectadores entre los que alternativamente se experimentó, coraje, alegría y aún cierta admiración. Siendo por demás notorio que “el hombre de Tinajas” tiene más simpatizantes que críticos y que, obvio, gozó con las muchas muestras que de ese sentimiento tuvo. Pero más allá del hecho de que a Mario le encanten las cabalgatas, es un hecho, también, que está pendiente sobre su cabeza un juicio político. Y entonces muchos paisanos se han preguntado ¿por qué se decidió a participar y a exhibirse en público estando en dicha situación?
El cerebro, obviamente, funciona más rápido que los dedos que pulsan las teclas de una computadora, y bueno, es claro que cuando unos lo llamaron cínico y otros lo volvieron a aplaudir, cada cual estaba emitiendo, a su modo, un juicio moral. ¿Fue gavilán o paloma? ¿Será exonerado por el pueblo, o declarado culpable por las autoridades? Saque usted, lector, sus propias conclusiones.
Tradiciones cambiantes.-
A propósito de los festejos que acabo de mencionar, es de notar también que aun cuando haya muchos villalvarenses que añoran las fiestas como eran antes, éstas ya nunca serán iguales, no sólo porque nunca se puede invertir la marcha del tiempo, sino porque los cambios que éste va trayendo en su devenir son irrefrenables. Sin ir muy lejos, hace algunos días Manuel Hernández Luna, director del Ballet Folclórico de Villa de Álvarez (y el más antiguo y persistente de cuantos existen en todo el estado hasta la fecha), comentaba en un evento público: “¿En donde están las muchachas vestidas como ‘manolas’ o son sus trajes de ‘chinas poblanas’?” E igual dije yo cuando lo oí: “Y ¿en dónde están los vaqueros, los caporales y los charros colimotes que participaban en esas cabalgatas”.
Las ‘manolas” eran muchachas vestidas a la usanza española que iban a los cosos taurinos a participar en las aquí llamadas “corridas formales”, y se ataviaban con amplios y coloridos vestidos llenos de holanes, llevando sobre sus trenzas mantas sevillanas y grandes peinetas. Mientras que las “chinas poblanas” eran muchachas que en Villa de Álvarez se vestían con blusas blancas, floreadas, generalmente adornadas a mano, y anchas faldas lentejueleadas, por considerar que de algún modo portaban, a falta de uno local, “el traje nacional”. Pero todo eso fue una moda, como moda es hoy que vayan portando pantalones “untados” de mezclilla y blusas de manga larga muy parecidas a las camisas de los varones. E igual pasó con lo de los vaqueros y caporales que prácticamente ya casi no existen en todo Colima, pues en su lugar van puros jóvenes que de ranchos y de ganado no saben nada, aunque gasten decenas de miles de pesos al año para mantener preciosos caballos que tampoco sirven para gran cosa, salvo para, precisamente, ir a ser presumidos en las cabalgatas. Vestidos casi todos ellos a la usanza norteña o tejana, olvidándose de las vestimentas “típicas o tradicionales”, como los calzones de manta, el ceñidor colorado, los
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sombreros de “de cuatro pedradas”colimotes y hasta del traje de charro; y llevando, en vez de las otrora muy visibles pistolas al cinto, sus modernos teléfonos celulares.
El primer año.-
Generalmente se ha visto que el primer año de un gobernador es un año de aprendizaje, pero también suficiente para “dar color”, o para “enseñar el cobre”.
Entre los mandatarios que “dan color” ese primer año es un ciclo que sirve para acrecentar el poder, para afianzarse y para decir a los gobernados que no se equivocaron al elegir, puesto que hay obras, hay logros que así lo demuestran. Pero entre los que no son capaces, ese primer año sólo sirve para probarle a la gente que “les quedó grande el saco” y que, por lo contrario, fueron, tal vez, buenos candidatos, pero no sirven para gobernar, y a la hora de la hora lo más y mejor que pueden hacer es ir “nadando de muertito”, para mantenerse a flote el mayor tiempo que les sea posible hacerlo.
Aquí, en Colima, el sábado 11 de febrero se cumplió ese primer año para el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, y ¿qué pudo decir él y que dijo la demás gente al respecto?
Lo más que pudo decir él es que se ha logrado cierta estabilidad económica en el manejo de las finanzas públicas, que se han tenido ‘significativos’ logros en salud y educación y que, aun cuando se han dado avances también en materia de seguridad, lo cierto es que falta mucho por hacer.
En las voces críticas, sin embargo, lo que se afirma es que dicha relativa estabilidad económica es lo menos que se podría esperar de él, puesto que se presume ser economista con grado de maestría. Pero que, por otra parte, esa estabilidad es magra y no se nota en los bolsillos de la gente porque no se ha promovido ninguna obra pública de consideración y porque las pocas que había son de carácter federal y van más que lentas, como las del túnel ferroviario de Manzanillo, que ya se abrió pero que todavía no se acaba de acondicionar.
En cuanto a los logros “significativos” en educación, el gobierno no puede jactarse de los primeros lugares que obtengan los maestros de su estado, ni de los dieces que obtengan sus alumnos, porque esos son los resultados de individuos ajenos al poder que tratan de cumplir con su obligación año con año, independientemente de quién esté gobernando o no. Por otra parte, si tan significativos fueran los logros alcanzados en materia de salud ¿por qué renunció el titular de esa secretaría exactamente al cumplirse el primer año de su período? Las señales no son buenas, y los hechos dicen más que las palabras.
Y aunque me queda muy claro que los delitos contra la seguridad (sobre todo los asesinatos, los robos y los secuestros) no necesariamente los comete el gobierno, sino una parte corrupta de la población, también es claro que las autoridades legalmente constituidas tienen la responsabilidad de limitar, si no impedir, la comisión de esos delitos, y de castigar a los delincuentes. Mismos que, como se ha podido ver este primer año de sexenio, superaron al gobierno en todas sus instancias, ubicando a nuestra entidad en lo más alto del “top ten” de los crímenes sangrientos. ¿Ineficiencia, incapacidad o franca impotencia? No sé, pero de todo parece un poco.
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Supresión de cultos.-
Un amigo con una larga carrera en el poder judicial, me llamó este martes para comentar algo que para muchas personas pudiera ser insignificante, pero que para otras podría representar un escándalo de carácter religioso.
La información (limitada, sin mayores datos) va en el sentido de que el jueves de la semana pasada, en Tepames, se metieron al templo de San Miguel, unos individuos, tal vez borrachos, quizá drogados, pero “dañeros”, con la aparente intención de robar algo de valor. Y al no hallarlo, descubrieron unas botellas de vino de consagrar, se las bebieron y, aparte, mordisquearon y pisotearon las ostias, algunas al parecer ya consagradas.
No sé sabe, con certeza, qué más pasó allí, pero de lo que sí se enteró mi amigo, es que desde el viernes, y al parecer cuando menos hasta el domingo, se aplicó en dicho templo la suspensión del culto, dejando sin “misa de cuerpo presente” a unos deudos que padecieron la muerte de un familiar, y sin misas dominicales a todos los que allá viven y siguen asistiendo a esos rituales.
Imagino que el señor cura de Tepames no tomó solo esa decisión, y que, si lo hizo fue con el consentimiento del señor obispo. Pero esto no nada más por el sacrilegio ahí cometido, sino por la suma de otros que con relativa frecuencia se han venido suscitando en los templos católicos, porque de plano hay gente que no respeta nada.