Esta fauna. La viva opinión.

La mitad de los opinadores colimotes dicen que nuestro estado está gobernador por un ente vengativo, hambriento de poder y tan maligno como el señor oscuro de Mordor. Su poder es tal que revierte mayorías en el congreso local, defenestra a servidores públicos ajenos a su línea, solapa corruptelas y ataca sin piedad la integridad moral de los políticos de oposición. Es tan malo que, en el colmo de la malignidad, nos somete al denigrante acto de verlo vestido en shorts cuando corre maratones.
La otra mitad de opinadores dice que no es cierto todo lo anterior. Que nuestro gobernante es un ser noble, íntegro, amante de la verdad, apasionado de la justicia y desesperado por la paz. Una persona que no sabe de egoísmos y en cuyo corazón sólo puede caber el perdón para aquellos que, en la anterior administración, saquearon las arcas públicas. Y ese proceder, dicen sus admiradores, demuestra lealtad y buena cuna.
En esas, pues, estamos. Y no es nada nuevo. En Colima la historia de la política es cíclica y redonda. La relación entre algunos “analistas políticos” y los gobernantes, también. En el periodismo de opinión colimense (si tal cosa existe) sólo hay de dos sopas: unos hinchan de alabanzas absurdas al gobernante mientras otros lo desinflan con señalamientos harto exagerados. La objetividad es perla perdida en un mar de intereses, filias y fobias.
Así, por ejemplo, ya pasó más de un año de la elección a gobernador y hay quienes siguen lamentando que el PRI y su candidato ganaran con triquiñuelas legaloides (así dicen y así lo escriben, sólo estoy citando). Gustosos por la comezón que da la sarna de una derrota asumida pero no asimilada, siguen rascándose con las uñas de sus grandilocuentes artículos de opinión militante. (Aunque farragoso, el estilacho de la línea anterior causa furor, créanme, en la asociación de cronistas de pueblos y ciudades). Al leer los lamentos de estos prohombres, paladines de la prensa, uno pensaría que los colimenses son una raza quejumbrosa y derrotista (a mí ni me miren, yo nací en Jalisco, y Jalisco nunca pierde, y cuando… etc.).
Así, ateniéndose a los textos de ciertos columnistas, cualquiera se hace a la idea de que el presente en Colima es terrible, porque el gobierno estatal es priista (noticia: tenemos décadas así); ah, pero el futuro es prometedor, porque llegará el día en que a Colima lo gobernará un panista (noticia: gran parte de los colimenses ya son gobernados por alcaldes blanquiazules). Y del otro lado están los que escriben de un Colima que no vemos, uno bien alejado de la realidad. Opinadores que repiten el discurso oficialista para complacencia y continuidad de un sistema reciclado. Arribistas de sus (nuestras) propias miserias.
Todo está bien, dicen unos. Todos está mal, dicen los otros. Y cada cual expone su punto de vista con la misma vehemencia con la que se defiende el pago de la quincena. De esas versiones encontradas sacamos en limpio que, al menos, la opinión pública colimense está viva. Está. Y ojalá nunca la encontremos metida en una bolsa negra, tirada en alguna calle.

Vislumbres. De la senectud partidista y sus achaques

Senecto.-

El sábado 4 de los corrientes el PRI cumplió 88 años de “vida”. Pero 88 son muchos años hasta para un partido político, al que por lo que se mira y se dice de él, muy bien podríamos, con toda certeza, calificar como un partido senecto, viejito, anquilosado que, aun cuando se mantenga medianamente lúcido y un tanto competitivo, requiere de andaderas y muletas para caminar y mantenerse en pie.

Las andaderas, por supuesto, se las han brindado (con sus errores) tanto los partidos de izquierda y derecha que no han sabido cómo ganarle la delantera, y las muletas son los desdibujados partidos que como el Panal, el Verde y el PT le son cada vez más necesarios para sobrevivir, como sucedió concretamente en Colima, donde en las más recientes elecciones, si no hubiera sido por los votos que éstos partidos les aportaron, el actual gobernador no estaría despachando en la residencia oficial de la Calzada Galván.

Premios para restañar heridas.-

Las noticias que nos ha tocado leer respecto al festejo número 88 del referido PRI nos dicen, por una parte, que está tratando de conseguir oxígeno y, por otra, que hay estados en los que “ya ni con viagra puede”.

El oxígeno que pretenden conseguir se basa en el otorgamiento de premios de consolación para quienes por decisiones presidenciales habían resultado con algún daño en su ego, siendo por eso que para restañar un poco el dolor (y la irritación) que le causó a Claudia Ruiz Massieu su despido de la Cancillería, apenas el jueves 2, Enrique Ochoa Reza, presidente del CEN de dicho partido, le entregó, evidentemente aprobado por el otro Enrique, la Secretaría General del Tricolor.

A ese premio ejemplar, en la ceremonia conmemorativa del día 4, a la que por cierto no acudió Luis Videgaray, el nuevo Canciller, se otorgaron algunos otros reconocimientos a militantes destacados. Entre los que robó cámaras el que se le brindó a Manlio Fabio Beltrones, ex presidente nacional del Tricolor, que dejó de serlo por la paliza que su partido recibió en las elecciones de 2016, pero que no obstante lo anterior, cuando recibió dicho reconocimiento “se fundió en un abrazo con Enrique Peña Nieto”, dando ejemplo de sabia militancia que otorga y recibe perdones.

Manlio Fabio, en efecto, recibió de mano de EPN la presea “Plutarco Elías Calles al Mérito Revolucionario”, pero eso puede tener varias interpretaciones: por un lado se podría entender que la presea es, para el sonorense, un equivalente a la carta de jubilación que recibe un empleado

que ya no tiene la edad requerida para trabajar, y que por ende está fuera de forma para competir, si de materia política se trata. Pero, por otro, si se toma en cuenta el currículum del galardonado (al que lo único que le falta ser es presidente también de la república), ese mismo premio podría interpretarse exactamente al revés: es decir, como una especie de “resurrección de Lázaro”, en la que el apestado (en este caso Manlio Fabio) sale de la cueva en que se le sepultó por una decisión presidencial, para ponerlo de nuevo a la vista, en virtud de que los precandidatos tricolores que actualmente se placean para las elecciones del 2018, como que no dan color, y van muy bajos en todas las encuestas que se han publicado desde noviembre de 2016.

Así que de acuerdo con esa interpretación Manlio Fabio estaría siendo resucitado para, en caso de probada necesidad o urgencia, pudiera ser él, supuesto político muy colmilludo, el tercero en discordia o el bateador suplente. Cosa de no creerse, pero podría ser.

Cifras y datos.-

Y ya que andamos metidos en estos chismes, echémosle un ojo a ciertos párrafos del discurso que durante el mencionado festejo pronunció el presidente Peña Nieto:

“El PRI es un partido que sabe acordar, que pacta para gobernar y para transformar, pero que quede bien claro: nunca, pero nunca pactará para dejarse derrotar. Nosotros los priístas, y está en nuestra genética, siempre salimos a ganar”.

Luego, hablando de las próximas elecciones estatales en el Estado de México, Nayarit, Veracruz y Coahuila, anunció: “Vamos por cuatro triunfos”. Señalándolos como el preámbulo de lo que sucederá en las elecciones presidenciales del 2018, sobre las que advirtió: “Nuevamente hay riesgos de retroceso, como hace seis años están resurgiendo amenazas que representan la parálisis de la derecha o el salto al vacío de la izquierda demagógica”. Etc.

Si nos detenemos unos instantes en desglosar estas pequeñas muestras de la retórica peñanietana, notaremos que, una de dos, o EPN carece por entero de una actitud autocrítica, o ni cuenta se dio del contenido del texto que sus discurseros le pusieron a leer, pues más vacío no podría quedar su mensaje, dado que aun cuando él mismo siga recordando que fue el candidato presidencial que más votos históricos ha obtenido, hoy es el presidente de la república que menor índice de aprobación histórica tiene también desde que el PRI es PRI. Habiéndole dado actualmente la espalda no sólo los casi treinta millones de ciudadanos que votaron en su contra, sino más de la mitad de los poco más de 19 millones de ciudadanos que sufragaron a su favor. Todo ello en franca reprobación, no sólo de su persona, sino de las cacareadas reformas fundamentales con que dio inicio su hoy devaluado sexenio.

El afirmar, además, que todos los candidatos de su partido traen en “su genética la idea de salir a ganar” no pasa de ser una fanfarronada, pues ¿acaso ya se olvidó de todas las derrotas que muchos de sus candidatos han padecido en todos los niveles y distritos electorales desde 1988 a la fecha?

Finalmente ¿cómo se atreve a advertir con que cualquier otro tipo de gobierno (ajeno obviamente al PRI) pudiese representar parálisis y retrocesos para nuestro país, si ahora mismo, bajo su mandato, los ciudadanos estamos pagando el pato de todos los desatinos que él mismo ha cometido, comenzando desde los altísimos costos de los energéticos, la luz, la telefonía y las autopistas donde se ve claramente que sus aliados económicos no tienen llenadero? No, a este señor lo que le falta es seso, o salir de Los Pinos disfrazados de cualquier ciudadano para salir a ver la realidad, y a escuchar lo que la gente sencilla de cualquier parte dice de él y de su “acertada” política administrativa.

Panorama local.

El 21 de octubre del año pasado, “ante más de 5 mil personas representativas de los diversos sectores de la sociedad colimense”, reunidas en el Casino de la Feria, JIPS hizo acto de presencia para avalar la designación y toma de protesta de Virgilio Mendoza Amezcua como delegado del Partido Verde en Colima. Pero no fue solo, sino que lo acompañaron algunos integrantes de su gabinete, más “Fernando Moreno Peña; los delegados de gobernación Víctor Gandarilla; del ISSSTE, Guillermo Villa; del trabajo y previsión social, Roberto Barbosa; de Profepa, Ciro Hurtado; Semarnat, Nabor Ochoa; el dirigente del sindicato del IMSS, Rafael Ruvalcaba; los diputados locales, Martha Meza, Nicolás Contreras, Luis Ayala y Héctor Magaña”.

Para dilucidar el motivo por el que un gobernador priísta estuviera participando en un acto político de un partido que si no es contrario, sí es distinto, JIPS se apresuró a decir: “José Ignacio Peralta Sánchez no olvida a quienes contribuyeron al triunfo, y Virgilio Mendoza y los seguidores del partido verde significaron un papel importante en los resultados, por eso les digo, Nacho apoyará a Virgilio”.

Pero eso no le quitó el coraje a los priístas colimotes “de hueso colorado”, porque sabiendo su gobernador que muy especialmente a ellos (los priístas) les debía el triunfo, no se había dado la oportunidad, o tomado la molestia de ir a uno siquiera de los comités municipales para darles asimismo las gracias. Y en ese sentido hubo al menos dos de su presidentes que muy en confianza con este redactor externaron su enojo: “¿Cómo es posible – exclamaron- que nuestro gobernador esté dando fuerza a un acto del Partido Verde cuando nunca se ha dignado visitar uno solo de nuestros comités? Aparte ¿cuándo se había visto en Colima que un gobernador priísta aplaudiera como aplaudió a un elemento de otro partido sólo por haberse convertido en delegado estatal?”

Interrogándolos un poco más a fondo, de sus respuestas entendí que desde aquel momento no pocos militantes locales del partido tricolor comenzaron a pensar que al menos en el Distrito Electoral donde se hallan Armería, Manzanillo y Minatitlán, no será, en 2018, el Partido Verde aliado que apoye al PRI, sino al revés. Y como que no le falta lógica a ese razonamiento.

Los valores del alma, "legalidad vs impunidad"

Colima se encuentra en una situación política complicada, pues fue iniciado un juicio político en contra del alcalde Rafael Mendoza Godinez, quien ha sido un excelente funcionario representando al PAN y un buen Legislador representando al PRD; pero lo que se discute no es si es un buen administrador o legislador, la ciudadanía esas acciones las tiene muy claras; lo que está en juicio es si violo o no la Ley Electoral eso para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha quedado claro que si, y por ende a los ciudadanos les toca decidir si la legalidad es un acto justo o injusto.

El Principio de Legalidad se define como la prevalencia de la ley ante cualquier otra actividad o accion que posee el Poder Público. Es decir, toda acción del Estado debe estar regida por ley y no por la voluntad de las personas que habitan en esa sociedad. Por lo tanto, la legalidad es todo lo que se realiza dentro del marco de la ley escrita y por ello todas las personas que conforman la sociedad, deben respetarla para una mejor coexistencia. Los gobernantes no deben oponerse a lo establecido en la Constitución, las leyes o reglamentos; por el contrario, todas sus decisiones deben estar basadas en la ley mientras duren en su encargo, pues protestaron respetar y hacer cumplir la Constitución, las leyes y reglamentos, que de ella emanan.

La palabra impunidad proviene del vocablo latino impunitas, que se refiere al acto de no recibir un castigo o no ser juzgado, es decir que no se le da castigo, pena o condena a cierta persona por haber incurrido en un hecho delictivo o como en el caso que nos ocupa, respetar la Ley Electoral.

Todo funcionario y servidor público está obligado a respetar y aplicar la ley; aquel que no lo hiciere debe ser enjuiciado y sancionado, pues ellos lo prometieron al asumir el cargo; por eso deben cuidar las formas al hacer su trabajo, la ciudadanía está cansada de que nunca pase nada cuando un político en funciones viola la ley y nada le hacen; para poder castigar a los políticos que no respetan la ley, se debe observar la legalidad; para que no exista impunidad. Esa sanción llevará a tener funcionarios más responsables del quehacer publico, pues las sanciones sirven para ser ejemplo del cuidado al Estado de Derecho; si queremos una mejor sociedad, debemos empezar por cumplir lo que la Constitución manda y es justo, lo que ha iniciado el poder legislativo. Concluimos: entonces, que la legalidad es un acto justo, que nos permite tener una mejor sociedad y exigir más responsabilidad a nuestros servidores públicos, pues si violenta la Ley están conscientes que dicha acción trae consigo un castigo y servirá de ejemplo para castigar a todos los políticos del Estado; Colima se convertirá en ejemplo de legalidad, si por todo ello el Alcalde Rafael Mendoza acepta su sanción, será un ejemplo de ser procurador del Estado de Derecho; de lo contrario estaría aceptando que prefiere la impunidad; su carrera política no se acaba al acatar su condena, apenas estaría iniciando; pues cuando un ciudadano sigue trabajando desde el área que le toque, los demás se lo reconocen; no se necesita tener un puesto o cargo público para hacer bien las cosas, al contrario, cuando llega a ostentar un cargo público, logra que el ciudadano haga al puesto y no el puesto a él, como en muchos casos pasa; Llegando a tener alcaldes o alcaldesas prepotentes y caprichosos, que piensan que por estar en el cargo serán impunes cuando violen la ley.

La ley se debe aplicar a todos por igual, sin importar partido político, cargo publico, color, credo, raza o género; quién diga lo contrario está a favor de la impunidad.

El alcalde Rafael Mendoza Godinez ha aceptado que no se defendió jurídicamente en la instancia correspondiente, al aceptar que no impugno ante la Sala Superior del TEPJF, la resolución de la Sala Regional especializada; también tuvo la oportunidad de defenderse de igual manera en el congreso, pero no acudió, pues estaba acompañando a los ciudadanos que cerraron la carretera federal y cuando acudió al congreso, sólo fue para saludar a los policías y tendrá la oportunidad de ser escuchado ante el Jurado de Sentencia; cuando tienes la oportunidad de hacer valer tu derecho y no lo haces, estás aceptando tu culpabilidad. No se le deja en estado de indefensión por parte del tribunal, ni mucho menos por el legislativo, tampoco por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pero si por parte de sus abogados que no lo asesoran apropiadamente para ejercer su derecho a defenderse y tal vez, demostrar su inocencia.

Siendo así que la ciudadanía debe decidir si quieren construir y respetar el Estado de Derecho o seguir solapando la impunidad; pues si se castiga a uno por una acción mala, se le debe castigar a todos en el futuro. El tema del aún alcalde Rafael Mendoza Godinez, es un asunto de legalidad, que obliga al legislativo a castigar a todos los que cometan violaciones a la ley y así fortalecer el Estado de Derecho, qué tanta falta hace en Colima.

 

 

 

Vislumbres. Rigor contra el enemigo

A falta de mejores temas y más notables eventos, gran revuelo ha causado la defenestración pendiente sobre Rafael Mendoza, por haberse atrevido (siendo presidente municipal en acto), a dar su inocultable apoyo a Jorge Luis Preciado Rodríguez, durante las elecciones extraordinarias para gobernador a principios de 2016.

Todos sabemos que Rafael apoyó a quien resultó ser, finalmente, el candidato perdedor, pero ¿qué tal que hubiese apoyado al que resultó triunfante? ¿Lo defenestrarían también? ¡Por supuesto que no! “El rigor de la ley sólo aplica con los enemigos”.

Prueba de ello es que, habiendo otros políticos por ahí, con manos y famas sucias, nada se ha hecho aún en su contra, porque, como ha sucedido desde que el Partido Tricolor ascendió al poder, los correligionarios se tapan con la misma cobija y, obvio, dejan descobijados a los que se rebelan.

Castigos ejemplares.-

La historia de la política es sumamente repetitiva para demostrar que cuando el que lucha se atreve a contradecir o a reclamar a los poderosos en turno, o acaba en el hospital, o termina arruinado, o se va al destierro o finaliza en la fosa. Y eso es lo que le está sucediendo, por un lado, al alcalde opositor y, por otro, al ex gobernador que no quiso guardar la compostura desde que se vio forzado a dejar vacante la casona de la Calzada Galván. O ¿qué ya, con lo de Rafa, se olvidaron de que el “Gran Señor del Trapiche”, se fue a Chihuahua a un baile?

Guardando las proporciones, uno y otro caso son lo que podría llamarse “castigos ejemplares”. Sólo que al más débil lo defenestran y lo pretenden inhabilitar políticamente por haberse opuesto al candidato que resultó ganador, y al otro, que fue más fuerte, lo mandan a desempeñar una comisión al estado más grande del país, y uno de los más remotos, con la consigna, o la aviesa intención, de que ya no estorbe.

Los verdugos.-

Lo más triste en el primer caso es que los acusadores y los verdugos del alcalde panista fueron algunos de los diputados que según se llegó a creer eran de su propio partido, y que, siendo incapaces de mirar más lejos, nunca se dieron cuenta de que estaban siendo utilizados por otros más listos que ellos para darle en la torre a uno que se atrevió a soñar con la posibilidad de que un panista fuera el gobernador. Por lo que los acusadores y verdugos acabaron convertidos en verdaderos “compañeros de viaje” de los priístas que iniciaron la legislatura siendo minoría. ¡Qué poca malicia de los diputaditos!

“A Chihuahua, a un baile”.-

En el caso de FMP, vale la pena recordar que hace muchísimos años, cuando el ex presidente Plutarco Elías Calles, decidió fundar el PNR (Partido Nacional Revolucionario, abuelito del PRI), lo hizo para, de ser posible, seguir él mandando tras bambalinas, y lo logró en parte, con los tres primeros sucesores que tuvo: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, estableciendo lo que popularmente se denominó “El Máximato”. Porque a Plutarco alguien había tenido la lacayuna ocurrencia de bautizarlo como “El Jefe Máximo de la Revolución”. “Maximato” que llegó a su fin cuando, tras asumir la Presidencia de la República, don Lázaro Cárdenas sacó a Plutarco de su casa literalmente en pijama, y lo hizo abordar un avión para que “por salud de la República”, se fuera a gozar de su pensión en una bella casa ¡de California!

Guardadas, dije, las proporciones, a FMP se le ocurrió también que podría seguir gobernando nuestra entidad (aunque no necesariamente tras bambalinas, sino con cierto descaro), y puso para eso, como candidato a sucederlo, a un joven profesor que para todo le había obedecido siendo presidente del PRI estatal. Joven elemento que quiso, pero no pudo, gobernar por su cuenta, no sólo porque la sombra del también ex rector estaba siempre allí, sino porque la muerte se interpuso violentamente en su vuelo.

Después de aquel triste episodio, muchísimos colimenses saben también que FMP quiso ser el factótum para designar al gobernador suplente, pero algunos diputados le tomaron la delantera en la decisión, colocando al frente de la campaña electoral (con Arnoldo Ochoa González como gobernador interino), a otro joven que, quizás por simple orgullo, o por un bien escondido sentimiento de venganza respecto a su amigo muerto, no le dio el gusto al ex gobernador, de seguir mandando.

Vino otra nueva sucesión, y el ex rector que jamás aprendió a ser ex gobernador, quiso imponer a “su gente” de nuevo, pero el segundo muchacho de Tecomán no lo dejó hacer, y puso (o le dio su apoyo franco) a otro relativamente joven elemento, nacido en Tinajas, Col., contra quien, convertido en furibundo articulista, el ex gobernador que no quería ser ex, lanzó pestes desde que MAM se convirtió en candidato.

Más recientemente, cuando JIPS logró, finalmente, la candidatura por la que tantos pelean, FMP creyó que había vuelto a encontrar la posibilidad de realizar su “mini-maximato” local, y no sólo él lo creyó, sino que así lo creímos muchos, porque lo vimos regodearse con la satisfacción de que él, de algún modo, seguía mandando en Colima.

Hoy, sin embargo, como se mencionó arriba, parece que finalmente se fue “a Chihuahua a un baile”. Y quién sabe qué tanto lo dejen bailar allá.

La polvareda.-

Y ya que hablamos de MAM, de antología fue la polvareda que levantó con sólo participar en la primera cabalgata nocturna de los festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez, cuando, por hacerlo,

le llovieron por un lado epítetos nada positivos y, por otro, saludos, cariño y aplausos del público que lo vio pasar.

Unos días después, cansado seguramente, de que sus acusadores de robo y malversación de fondos públicos, le dijeran “cínico y desvergonzado” por haberse atrevido a cabalgar como a él le gusta (y olvidándose de que en otros años lo había hecho precisamente junto con JIPS), MAM acudió a una estación de radio, desde donde, palabras más, palabras menos, dijo: “Mientras que ninguna autoridad competente demuestre que soy culpable de lo que se me acusa, tengo mis derechos a salvo y puedo salir a cabalgar y a hacer cualquier cosa que a mí me guste, aunque no les guste a otros”. Y tiene razón con lo que afirma.

Seis puntos clave de la Ley de Movilidad

Colima ha experimentado en los últimos tiempos transformaciones importantes en el funcionamiento de su gobierno y en las reglas que rigen el comportamiento social. En estos cambios la aprobación que el pasado 27 de enero el Congreso del Estado hizo de la Ley de Movilidad, es un hecho significativo. Nuestra entidad era una de las pocas rezagadas en la materia, con una Ley de Transporte cuyo contenido era ya inaplicable para la nueva realidad social.
Lejos de las especulaciones y del jaloneo político estéril que se experimentó en el antes y el después de esta nueva Ley de Movilidad, un mejor entendimiento de sus 404 artículos y de las implicaciones que éstos traen, es una necesidad social y técnica. Por eso la tarea de identificar 6 puntos clave de esta norma que dieran mejor luz sobre qué contiene y por qué es importante:
• Prioridad para moverse. Se establece la obligación de las autoridades de crear las condiciones para que los colimenses elijan libremente cómo moverse dentro del territorio. Tienen preeminencia, en orden de prelación, peatones, ciclistas, usuarios del transporte de pasajeros, prestadores de este servicio, transportistas de carga, y conductores de automotores particulares. Además, se adiciona la prioridad de personas con discapacidad y de estudiantes, como grupos que requieren atención especial en los espacios públicos. Es un acierto en el que no se busca un tratamiento distinto entre colimenses, sino dar orden y tener claras las preferencias de movilidad.
• Ley amplia. La de Movilidad es, sin duda, una de las leyes más extensas del marco jurídico del estado de Colima. Con más de 400 numerales, no sólo supera a casi todas las normas colimenses, sino también a sus homólogas de otros estados. Los efectos de esto quedan a la interpretación, pero recordemos que más no significa mejor.
• Excesiva carga regulatoria y económica. Aunque el Poder Legislativo de Colima, que dio origen a esta Ley, cuenta en su diseño institucional con una Comisión Especial de Mejora Regulatoria, cuyo propósito es realizar un análisis sobre el costo-beneficio de las iniciativas, la de Movilidad no fue puesta a escrutinio de los integrantes de esta Comisión, y ellos no emitieron opinión alguna sobre su pertinencia.
Sin embargo, las diversas cargas regulatorias y económicas que se advierten en su contenido, en el sentido técnico, hacen necesario verificar que los beneficios de esta nueva Ley sean superiores a sus costos, para que la entrada en vigor de la legislación no signifique disminuir el nivel de vida de los colimenses. Enseguida se presenta dos de las nuevas obligaciones:
• Obligatoriedad de la revisión física, mecánica, eléctrica y de emisión de humos contaminantes de todos los vehículos, en periodos anual o semestral (artículos 143 y 145).
• Exigencia sin excepción de que todos los vehículos tengan un seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros (artículo 152).
• Atenta contra la libre competencia. A ningún otro tipo de servicio de transporte para pasajeros señalado en la Ley de Movilidad se les imponen tantas exigencias y requisitos para funcionar, como a los llamados vehículos de transporte por arrendamiento a través de aplicaciones tecnológicas, cuyos ejemplos son Chofer PRO, City Drive, Uber, entre otros. Además de que se les piden vehículos iguales o superiores al “taxi ejecutivo público”, se especifica que deben tener frenos ABS, bolsas de aire, control eléctrico de estabilidad, aire acondicionado y elevadores eléctricos. Aunado a esto, se les impone prohibiciones a sus dueños o poseedores: recibir pagos en efectivo o mediante tarjetas de prepago, subarrendar los vehículos, y hacer base o sitio. También, se les forza al pago de un impuesto del 1.5% por cada viaje que realicen, se les señala medidas de aseguramiento cautelar de sus vehículos y documentos de circulación, así como una cuota de participación máxima de 4% respecto del total del parque vehicular del servicio de transporte público individual motorizado, con lo que se controla de manera artificial la oferta del servicio.
• Otorga poderes a particulares a costa del interés público. En tres temas la Ley de Movilidad conserva el secuestro de la cosa pública para favorecer con poder de decisión, gestión y económico a particulares. El primero se relaciona con los corralones o depósitos vehiculares, que por décadas han establecido de manera discrecional su funcionamiento y tarifas, a costa del patrimonio económico y vehicular de los colimenses. Este aspecto permanece inalterado, aun cuando ha sido de los más cuestionados y exigidos para transformarse, por la sociedad colimense. El segundo es el referido al método para otorgar concesiones de taxis y otros transportes, pues, aunque puede ser por convocatoria, el Gobernador permanece con la facultad de otorgarlas de manera unilateral, es decir, por opinión personal. El tercer tema en el que la Ley otorga poder a particulares, es el de la Federación de Estudiantes Colimenses, organización de naturaleza privada a la que se dan las siguientes prerrogativas: participación en las decisiones de la Comisión Mixta de Tarifas (única instancia que establece las tarifas del transporte) y preeminencia en la aplicación del descuento a estudiantes en el transporte público, al utilizar la Ley el acuerdo del 31 de octubre de 2012 entre concesionarios, el Poder Ejecutivo y la Federación de Estudiantes Colimenses.
• Falta por hacer. Una de las principales deficiencias de la antecesora Ley de Transporte era su nula aplicabilidad. Esto tenía origen en la inexistencia de reglamentos, lineamientos y herramientas administrativas, que regularan aspectos específicos de la ley. Tiene una ardua tarea la Secretaría de Movilidad para transitar de una legislación en papel hacia la plena implementación y aplicación de este ordenamiento, del cual están pendientes regulaciones secundarias e instrumentos administrativos, tales como el Reglamento de la Ley, el Plan Estatal de Movilidad, el Reglamento del Consejo Estatal de Movilidad, Reglas de Operación para empresas de gestión de transporte mediante aplicaciones tecnológicas, el Manual de Diseño Vial, etcétera. La responsabilidad originaria de cumplir y hacer cumplir la Ley de Movilidad recae en la Secretaría del mismo nombre, a la que se deberá castigar sin vacilo legal, en caso de evitar su aplicación por omisión o dolo.
Al igual que con cualquier regulación, la prueba de fuego de la Ley de Movilidad está en su implementación, y en que legisladores, ejecutores y gobernados sean capaces de identificar y llevar a cabo, en tiempo oportuno, los ajustes que la perfeccionen. Los 6 puntos clave que se presentan son resultado de un análisis riguroso de la nueva norma, a los que se propone poner especial atención, pues algunos representan un riesgo y otros hacen posible transitar más suavemente de ser un documento sin vida, hacia la aplicabilidad plena.