VIVENCIAS: *CONGRESO Y CIRCO

El reloj marca las doce del día, en una de las instalaciones más importantes del estado de Colima, como lo es el congreso del Estado, una sala iluminada y fresca con unos tribunos alegres, contentos, jubilosos (con doscientos mil al mes) quien no estaría feliz, la comparecencia del alcalde Insúa pareciese más un interrogatorio Ministeral. La idea es exhibirlo a como de lugar, a decir del diputado pridependiente por los “fallidos” resultados de seguridad en la capital.
Mientras en teoría los tres niveles de gobierno debiesen proponer, trabajar y combatir ese flagelo, todo parece que en la praxis hay que hacer leña del árbol caído, culpar al adversario político es lo más fácil ¿o no? Profesor Nicolás.
Con actitudes cirqueras - aberrantes no lograremos descender de ese nada honroso primer lugar en homicidios y demás conductas delictivas que van despegando a paso raudo y veloz, creo que esa pasarela de alcaldes solo sirvió para evidenciar al que no comulga, simpatiza con la ideología o colores del gobernate en turno.
Los ciudadanos hacemos lo propio buscando el despertar de nuestras autoridades, luchando por lograr esa anhelada libertad acompañada de seguridad, si de seguridad en el empleo, seguridad en servicios de salud, en educación, al deporte, a vivienda digna a un salario decoroso (no como el de nuestros diputados locales) ese si es antipatriótico, injusto e inmoral, derechos consagrados en nuestra carta magna.
Lo vivido en dichas comparecencias solo refleja el grado de legisladores no idóneos que hacen de la “casa del pueblo” un lugar circense, un espectáculo poco creíble, pero eso si, logran su cometido nuestros tribunos de pacota al divertir al pueblo (de ahí su devaluada figura).
El pedir renunciar a recursos económicos destinados a prevenir y combatir la inseguridad en la capital del estado o en cualquier otro municipio, no es más que darle paso a generar a escala mayor delincuencia, por el contrario todo buen legislador debe hacer uso de su raciocinio, gestionar mayores recursos para VIVIR FELIZ y SEGURO, para ello ocupamos legisladores dotados de imaginación y voluntad.
Legislar es tener una agenda transformadora y una gestión transparente, para ello debiesen empezar por renunciar a ese ofensivo sueldo que “devengan” nuestros actuales e improductivos diputados locales, que les interesa más el confort en el que se desenvuelven, que velar por sus representados, esperamos en corto plazo acciones y resultados concretos de ese poder legislativo, que al igual que los otros poderes están en deuda con la población, esperando que no sea un solo manojo de sueños el que nos mueve como sociedad critica y participativa.
A MANERA DE COMENTARIO...
*Quien camina a paso lento, seguro, en contacto con la gente es el regidor por Villa de Álvarez Carlos Cardona. Quien fiel a su estilo como cuando fue presidente de su partido a nivel municipal logro acrecentar el trabajo partidista, velando siempre por los intereses de la gente no escatima tiempo y recurso para favorecer a los más desvalidos, en un futuro fuerte candidato a disputar un distrito y representar al partido que pertenece.
*Con profundo penar me toco observar las contaminadas playas del puerto de manzanillo, y el fin a la vida de un quelonio que fue expulsado a las orillas de la playa de las brisas, nuestras autoridades municipales y ambientales no escapan de realizar su labor en defesa de nuestro medio ambiente que es de lo poco que nos queda.
*El que no da color es el actual secretario general de la sección 39 del SNTE, solo observa como se desploma el gremio que encabeza, sin tomar acciones reales en defensa de sus agremiados, el caso de pensiones es preocupante, así como la salud de los trabajadores de la educación que en más de un caso, no tienen acceso al derecho a la salud por adeudos con las clínicas o el desabasto de medicamento. La vida es de definiciones, estará con melón o con sandia .

 

Esta fauna. La promesa que no fue

No se puede decir que la administración del gobernador Ignacio Peralta ha institucionalizado la indolencia y el criminal silencio para evadir la problemática de la inseguridad. ¿No se puede? Según algunos cretinos, que se erigieron en censores, no se puede. Como si la reflexión y la opinión sobre los violentos acontecimientos cotidiano fuera un asunto baladí. Se trata de la muerte de unos y el miedo de otros. De la pérdida de la tranquilidad social. De personas (delincuentes o no) que tenían nombre, familia, amigos y cuyas desapariciones forzadas o ejecuciones también constituyen verdaderos actos de terror. Y se trata, también, de pensar en el papel que están tomando nuestros gobernantes ante situaciones en las que tienen facultad para intervenir. Servidores públicos que en su momento prometieron revertir el problema. En el 2015, cuando nuestro ahora gobernador lazaba su plataforma electoral, ubicaba la seguridad como una de sus prioridades. En su discurso (que ahora se antoja pura demagogia ), Ignacio Peralta abordaba el tema y prometía de esta forma: “Estoy consciente que salir a la calle con tranquilidad es una de las preocupaciones más grandes de los colimenses, es nuestra prioridad que disfrutes junto con tu familia de nuestro bello Estado sin el temor de ser víctima de algún delito. Sé que la Seguridad Pública y la Procuración de Justicia son dos apremiantes necesidades; dos retos que debo afrontar con responsabilidad, creatividad y eficacia”. (Vas a vivir feliz ¡Seguro!, abril 2015). Y aquellos retos asumidos por el entonces candidato siguen ahí, en negro sobre blanco, pero relegados. Su “responsabilidad, creatividad y eficacia” para afrontar la crisis de inseguridad tornaron desidia, simulación e incapacidad. De necios sería reprocharle el que nos haya defraudado, porque ya sabemos que un candidato se vale de promesas que no sabe ni cómo habrá de cumplir. Lo realmente lamentable es la actuación de Ignacio Peralta. La ruindad para evadirse y poner oídos sordos a una realidad violenta que afecta a todos los sectores y segmentos de la población. Quizás los ciudadanos esperábamos más de alguien que se dice bien nacido y bien plantado en Colima. O a lo mejor el político esperaba menos de una ciudadanía aterida por la violencia cotidiana. En cualquier caso, nadie esperaría que se dejara de hablar de lo que está pasando. No al menos en los medios ni en los periódicos. Nos toca recordarle a nuestro gobernador su promesa, a ver si un día de estos se acuerda de cumplirla. Es esta: “Desde el primer día de mi gobierno, daremos pasos importantes que sienten las bases para la construcción de un Plan de Seguridad Integral más eficiente. La sensación de los ciudadanos es que los esfuerzos de las instituciones han sido insuficientes para combatir el delito, aplicar la ley, castigar con justicia a quienes delinquen y proteger mejor a la sociedad”.

Vislumbres. ¿Linchamiento político?

Es claro que en materia de seguridad (pero sobre todo de inseguridad) todos los niveles de gobierno deben de involucrarse y coordinarse, pero ¿se involucran y coordinan?
Desde la perspectiva de un simple observador ciudadano, uno tiene la impresión de que los distintos cuerpos policiacos, más que coordinarse se estorban y hasta se pelean. Ya sea porque algunos de ellos son cómplices de las mafias que los tienen en sus nóminas, o porque la mirada chata de quienes los mandan ven a los otros policías como sus contrincantes, en vez de verlos como sus aliados.
En razón de lo anterior y de que en nuestro estado la criminalidad sigue operando a sus anchas, no nos pareció de ningún modo descabellado que los diputados locales decidieran a principios del mes convocar a los diez alcaldes para que, cada uno durante un tiempo prudente, dijera qué tanto ha hecho o dejado de hacer en su respectivo ámbito de competencia. Pero sí fue raro que no convocaran para eso al gobernador, quien en su caso sería el primer responsable de la seguridad en el estado. ¿Por qué? No lo sabemos, pero hubo varios indicios después en el sentido de que, una de dos, o que sus diputados afines lo habrían querido eximir de su responsabilidad, o que buscaban el modo de trasladar una parte de aquélla a los diez ediles para que, compartiéndola, se diluyera un poco la del titular del Ejecutivo. Tal como lo declaró el alcalde municipal de Cuauhtémoc un día después de su comparecencia: “Citan a los diez alcaldes, menos al gobernador [y] les hacen pregunta tras pregunta como si ellos (los diputados) fueran expertos en seguridad” [tal parece con el propósito de] “exhibirnos y decir que la culpa de la inseguridad es de los alcaldes”.
Dentro de este contexto los ediles fueron citados en orden alfabético respecto a los nombres de sus municipios, y desde luego inició, la mañana del martes 16, el de Armería, quien dijo lo que tenía que decir y pasó sin mayor problema el examen de los diputados asistentes, porque, para variar, no todos fueron. Pero la bronca se le vino encima la tarde de ese mismo día a Héctor Insúa, alcalde capitalino, porque se atrevió a decir que según lo establece la Constitución local, no es a él, sino al gobernador, a quien le competen los temas de la seguridad en la capital del estado.
¿Por qué lo comenzaron a tundir primero en el Congreso y luego en toda la prensa oficialista si todo eso que dijo es cierto y deriva de la legalidad vigente? Analizado muy friamente las cosas cualquier lector perspicaz puede entender que todo eso le está ocurriendo hoy a Héctor Insúa es porque apenas hace unos poquitos días recibió, incluso de muchos priístas ya no muy convencidos del liderazgo de JIPS, numerosos elogios y reconocimientos por la organización y la realización del Segundo Festival Internacional del Volcán. Hecho innegable que puso en alerta a sus enemigos políticos, porque lo vieron con un gran potencial electoral para el año que viene. Aunque taimados como suelen ser digan a esto que no.
Otro tipo de seguridad.-
Y para que los lectores vean que también nos gusta resaltar lo bueno, quiero comentarles una nota positiva del gobierno estatal que me llamó muy poderosamente la atención, publicada este martes 23, en Diario Ventanas, que hace alusión a una tarea importantísima y muy poco conocida que cotidianamente realizan algunos elementos de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coespris).
La tarea a que me refiero consiste en subir a bordo de los barcos que atracan en Manzanillo antes de que descienda de ellas cualquier tripulante o pasajero, para indagar si no traen consigo alguna enfermedad contagiosa, como viruela, poliomielitis, influenza, cólera, fiebre amarilla o cualquier otra enfermedad epidémica.
En dicha nota se informa que tan solo el año pasado se revisaron mil 888 buques de todos tipos y calados, y que posteriormente se les permitió descender al puerto y calles de Manzanillo a 47 mil 200 tripulantes y 20 mil pasajeros “que no representaban ningún riesgo sanitario asociado a la propagación de alguna enfermedad infecto contagiosa”, como lo tiene previsto el Reglamento Sanitario Internacional vigente. Una labor, como dije, importantísima que hasta el momento ha impedido que cunda por nuestra región otra epidemia mortal, como la de la peste amarilla que asoló a casi todos los puertos del Pacífico entre los meses de julio y agosto de 1883.
Cincuentenario.-
Este próximo jueves 26, el municipio de Armería cumplirá 50 años de haber sido erigido. Siendo, en consecuencia, el municipio más joven de toda la entidad.
Hasta un día antes de esa fecha, tanto Armería, como Cuyutlán, Zorrillos (hoy Los Reyes) y una gran parte de la laguna salada de Cuyutlán habían pertenecido al entonces muy extenso municipio de Manzanillo, mientras que las hacienda de El Banco y Cuastecomatán, junto con algunos otros ranchos, ubicados en lo que hoy es la parte norte del municipio, pertenecían a Coquimatlán. Pero como la población de Armería se incrementó primero a raíz del maremoto de Cuyutlán, y luego a raíz de la conformación de importantes y muy productivos ejidos, el Congreso, por iniciativa el profesor Juan Oseguera Velázquez, y de común acuerdo con el gobernador Francisco Velasco Curiel, decidieron, en mayo de 1967, convertir a ese girón de tierras colimotas en el municipio número 10.
A mí me tocó (porque mi papá era el jefe administrativo de la Sociedad Cooperativa de Salineros de Colima) vivir unos años en el pueblo salinero de Cuyutlán, y acudir con cierta frecuencia al vecino pueblo de Armería, constatando que, en efecto, su gente era muy dinámica y productiva, y estaba convirtiendo a todas esas planas tierras aptas para el riego en un verdadero emporio agrícola, en el que prevalecía la producción de coco, limón y plátano, casi con la misma intensidad con que los producían los agricultores del vecino Valle de Tecomán. Por eso me da mucho gusto saber que Armería cumplirá este próximo viernes 26 su primer medio siglo como municipio, pese a no ignorar que las condiciones de vida de sus pacíficos pobladores están siendo violentadas principalmente por fuereños ambiciosos que carecen de moral y no tienen consideración alguna por la vida y los derechos de los armeritenses y demás paisanos.
Centenario.-
Muy en otro tenor quiero comentar también que, de haber vivido hasta la fecha, el pasado martes 16 habría cumplido cien años de su nacimiento Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, famoso escritor jalisciense mejor conocido como Juan Rulfo. Un individuo que nació en el pueblo de Sayula, Jal., pero que desde temprana edad fue llevado a vivir al entonces remoto, incomunicado y casi desconocido pueblo de San Gabriel, en la zona noroccidental del Nevado de Colima, muy cerca de una región muy seca y despoblada que desde varios siglos atrás fue conocida como “El Llano Grande”, y a la que al niño Rulfo le tocó varias veces atravesar a pie o en bestia, cuando iba de vacaciones con sus parientes de Apulco y Tonaya.
Inspirado en esos paisajes áridos, desolados y casi totalmente desérticos, luego, Rulfo, cuando ya vivía en Guadalajara y era un lector vicioso, comenzó a escribir una serie de cuentos que, retomando el tono y las variantes dialectales de los viejos de la región, recrean un ambiente de pobreza, desolación, delirios y desesperanzas. Mismos que poco a poco fue publicando en la década de los 40as, en la revista “Pan”, donde también colaboraba como ilustrador el joven pintor y dibujante colimote, Alejandro Rangel Hidalgo, quien a la postre se hizo amigo del sayulense y le ilustró, entre otros, Luvina, un cuento magistral, de ambiente un tanto tétrico, pero no exento de un humor corrosivo y filoso, narrado en la voz de un viejo profesor rural muy dado a la bebida, que durante sus primeros años de servicio tuvo la mala suerte de haber sido enviado a trabajar allá, enterrándose, como quien dice, en las frías tolvaneras de Luvina, a dar clases a niños cuasi fantasmales, para ofrecerles algo de comer a los propios.
Con 17 de esos cuentos (en los que, insisto, se ventila el habla de los viejos de nuestra región), el Fondo de Cultura Económica le publicó a Rulfo el volumen El Llano en Llamas, que tomó el título de uno de esos relatos. Y dos años después publicó Pedro Páramo, una pequeña y extraña novela que “mundializó”, por decirlo así, el nombre de Comala. Un pueblo que, sin embargo, no era nuestro verde Comala colimote, sino una especie de cementerio en el que por azares de la vida (o por mejor decir de la muerte) todos los enterrados ahí seguían teniendo oportunidad de conversar por medio de murmullos.
Casi sobra decir que estos dos únicos y no extensos libros, bastaron al escritor para adquirir fama mundial, y para orientar la mirada de los lectores de muy diversos idiomas al Llano Grande, a San Gabriel y, por supuesto, tanto al Comala mítico, como al Comala nuestro.
Sobre esto último quiero finalmente comentar que el sábado 21 de los corrientes nos tocó asistir (junto con un grupo de inteligentes amigos), al XX Festival Cultural 2017, desarrollado en San Gabriel, Jal., habiendo tenido la oportunidad de presenciar la presentación de un volumen colectivo titulado “[Los] Comalas de Jaliscolimán”, coordinado y editado por José Fernando González Castolo, director del Archivo Histórico del Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, y por Enrique Ceballos Ramos, miembro de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos. Libro cuya presentación concitó la presencia de un público numeroso y diverso, procedente de Guadalajara, Ciudad Guzmán, Colima y otras ciudades y pueblos de la región en la tierra de Juan Rulfo. Y que será un libro de consulta para todos los amantes de la literatura rulfiana.

 

Esta fauna. Los tiempos que corren

Son malos tiempos para ser periodista o policía. Por extensión corren malos tiempos para ser un ciudadano común. Corren malos tiempos para vivir en esta ciudad. Malos tiempos para vivir en este Estado (llevamos más de un año con el lamentable primer lugar en homicidios dolosos). Corren, y no paran de correr, los malos tiempos para habitar este país. Simplificando, digamos que corren malos tiempos para vivir. Así nomás: para vivir. Vivir es un verbo que la corrupción y el narco devaluaron hasta más no poder. En contraparte, hicieron de la muerte y el miedo un discurso que ni siquiera necesita palabras ni alegatos. Ayer mataron a dos, con saña y odio. Inmediatamente después alguien soltó que andaban en malos pasos, otro más dijo que ya les tocaba, la voz autorizada y oficialista salió a decir que sí, que en efecto unos sicarios mataron a dos, pero que por fortuna no fueron tres, porque bien pudieron ser cuatro, y cuando no hasta cinco. Y luego, después de la muerte violenta, sobreviene el silencio, de uno y de todos. Como si diéramos por sentado que tales asesinatos fueran necesarios e inevitables. Juzgamos como cierto que todo el que muere a balazos es un delincuente. Pero ¿y si no lo era? ¿Y si era un hombre o una mujer que le tocó morir entre la confusión y la metralla sin haber hecho nunca nada para merecerlo? ¿Y si era una joven o un muchacho que fue levantado y luego asesinado tan solo por parecerse a alguien, por ser amigo de ese otro, por ser familiar de aquel?
En su reciente recuento, el Sistema Nacional de Seguridad Pública arroja cifras tan tristes como desconcertantes: en catorce meses han sido asesinadas 760 personas en Colima. Muchas muertes y casi ningún detenido. Como si no hubiera culpables. Así como en cualquier guerra: ya ni siquiera se procura justicia. Y otra vez la barbarie. La impunidad. Y nuestra instituciones de justicia, las que nos cuestan mantener con nuestros impuestos, no se dan abasto. Lo más fácil es echarle la culpa, toda, a nuestros gobernantes. Al presidente Peña. Al gobernador Peralta. Es que ellos tienen la culpa, dirán muchos. Por negligentes, por indolentes. Pero si ellos son incapaces de garantizarnos la seguridad, es porque los ciudadanos fuimos incapaces de elegir una mejor propuesta de gobierno. Y aún así, nada es tan simple como echar culpas los unos a los otros. El problema del narco es complejo, amerita esfuerzo mayores de uno y de muchos. Comprobado está que si dejamos en manos de los políticos nuestras problemas, tarde que temprano terminan agravándolos. Aunque tampoco podemos ser tan ilusos como para pensar que ciudadanos comunes y corrientes vamos a poder contra la fuerza de hombres armados. Quizá nos toca hacer cosas tan sencillas como el declarar que la vida, la de uno y la de todos, debe volver a tener el mismo valor que siempre tuvo. Luchar contra esa idea de que la integridad humana puede ser reducida hasta caber en una bolsa negra de basura. Impedir, ahora que vienen las campañas, que los políticos lucren con la esperanza y la necesidad. Nos toca hacer cosas pequeñas que, sumadas todas, se hagan grandes.
Como diría Juan Rulfo, si esto se ve tan triste a lo mejor es por los tiempos. Los que corren. Los que fuimos forjando. Los que se nos acaban si no hacemos algo, así sea lo más personal y sencillo.

Vislumbres. Urgía también una reforma laboral


ASUNTO PROPORCIONAL.-

Si damos por verídica y válida la expresión que afirma que “cada pueblo tiene el gobierno que se merece”, no nos queda sino concluir que la porción del pueblo que votó por Enrique Peña Nieto es culpable que estemos hoy como estamos.

Para mitigar tamaña verdad alguien podría afirmar que nuestro sistema electoral es imperfecto, que nos falta la segunda vuelta electoral, y tal vez tengan razón al afirmarlo. Pero mientras nuestra legalidad no cambie, los gobiernos que hemos tenido (y padecido) son los que como pueblo nos merecemos, y ya. Sólo nos queda lamentarnos o aspirar a más.

ASUNTO DE RESPONSABILIDADES.-

En este tema tan arduo y poco ventilado, es claro también que aun cuando los gobernantes en turno hayan sido electos para conducir los destinos de la sociedad y administrar las arcas públicas, no son ellos los únicos responsables de lo que pasa en nuestras ciudades y pueblos, o en los páramos y los campos más productivos que haya en nuestro país. Porque la otra gran parte de la responsabilidad es de quienes habitamos en cada lugar y tampoco hacemos nada para propiciar que las cosas mejoren o cambien.

Un caso concreto de responsabilidad social lo es, sin lugar a dudas, el fenómeno del alcoholismo creciente en los jóvenes mexicanos, del que ya no sólo son sus víctimas los varones, sino multitud de muchachas briagas.

En ese caso concreto ¿tienen las autoridades municipales la culpa de la existencia de tantos borrachos jóvenes por emitir los permisos para los establecimientos que venden bebidas alcohólicas? O ¿tiene la culpa el gobierno federal por extender los certificados de origen para el tequila, el charanda y los diversos mezcales? O ¿la tienen los productores de cervezas que hacen negocio redondo? O ¿la tienen sólo los jóvenes que se emborrachan?

Se podría asegurar que siendo el alcoholismo un problema social, la culpa la tienen todos los actores mencionados, pero faltaría alguien más: los padres y los abuelos que pusieron o ponen el mal ejemplo. ¿Cómo, en tal caso, podría un padre o un abuelo bebedor aconsejar u ordenar a un hijo o a un nieto que no beba ni se emborrache como lo hacen ellos?
OTROS ASUNTOS DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA.-

El pasado lunes 15, se publicaron multitud de comentarios en torno a las posibilidades, carencias, fallas y aciertos de la actividad docente. Comentarios que eran de esperarse en función de ser ese lunes Día del Maestro.

Pero entre lo mucho (bueno y malo) que con ese mismo motivo se dijo este lunes, tenemos, por ejemplo, que varios miles de trabajadores de la educación que ajenos al SNTE y fieles a la CNTE, marcharon en la ciudad de México, en Morelia, Cuernavaca, Chilpancingo, Tuxtla Gutiérrez y otras ciudades donde predomina esta expresión sindical, para protestar (¡todavía!) contra la Reforma Educativa promulgada en 2013 por el gobierno de Enrique Peña Nieto, y por el pomposamente llamado “Nuevo Modelo Educativo” que implantó el muchacho Nuño Mayer (titular de la SEP) a principios de este año.

Ellos alegan que sus reclamos no fueron oídos a la hora en que el gobierno federal se disponía a realizar dicha reforma y afirman que, en vez de ser ésta una reforma que verdaderamente incida en las aulas para mejorar la educación que se brinda es, más bien, una reforma laboral que quiere privatizar los servicios educativos, eliminar la escuela pública y correr a los profesores estatales y federales que se nieguen a ser evaluados.

Por su parte, en un evento conmemorativo encabezado por el presidente Peña Nieto, éste precisó que ni los maestros ni los padres de familia deben engañarse con los argumentos esgrimidos por la disidencia magisterial, y que la reforma en cuestión lo único que verdaderamente quiere es brindar a los niños y jóvenes del país una educación de calidad que responda a las necesidades de éstos, con maestros mejor capacitados y, evidentemente, mejor evaluados. ¿Quién tiene la razón?

Si se pone uno a analizar con frialdad ambos discursos podría llegar a la conclusión de que ninguno elimina la verdad del otro, pero en lo que a mí respecta, creo que en esta ocasión es el gobierno quien está más cerca de lo cierto, aunque me pese decirlo y esté con ello en contra de lo que regularmente opino de EPN, y de las pifias de Aurelio Nuño Mayer. Pero ¿cómo explicar esta aparente contradicción de mi parte?

Partiré de la tesis de que dados los comportamientos del SNTE y de la CNTE en los últimos casi 40 años, la convicción generalizada es que lo que a ellos menos les interesaba era que la reforma educativa contuviera tales o cuales cambios en la educación que se brinda en las aulas, y que lo que más les interesaba era, en realidad, no perder las jugosas prerrogativas que manosean a su favor; partiendo de la recolecta de las crecientes cuotas sindicales que por obligación, y sin posibilidad de decir “no”, aportan todos los trabajadores de la educación al servicio del Estado. Sumas realmente millonarias que maneja cada facción sindical a su antojo, y de las que no dan cuentas a nadie.

Frente a dicha situación (que se evidenció bastante desde que Elba Esther Gordillo fue a parar al bote, y cuando los líderes de la CNTE llevaron incluso al matadero a un montón de estudiantes y profesores desinformados), era cabalmente claro para el gobierno que la reforma educativa era necesaria, pero que también tendría que ser una reforma laboral urgente (aunque no lo dijeran). Y desde luego que pusieron manos a la obra, tratando, como debía ser, de retomar el control de la educación pública en el país, y de anular los liderazgos sindicales que se oponían a ello.

Como nuestros lectores lo saben muy bien, las protestas comenzaron a surgir y a manifestarse como la lumbre la lumbre en un pastizal. Pero ¿cuál era el trasfondo de todo eso?

EL CONTRATO COLECTIVO QUE DEBIÓ SER PERSONAL.-

Trataré de explicar históricamente este “pequeño detalle”: Un buen número de los profesores estatales y federales que hoy siguen en ejercicio, y casi la totalidad de quienes tuvimos la fortuna de serlo, fuimos contratados para realizar una tarea específica como “Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado”, pero sin que lamentable y equívocamente nos dieran a leer las condiciones, compromisos, acuerdos y limitantes que contenían, o venían implícitas en un contrato laboral individualizado, porque éste simplemente no existía, y lo que sí existía, en cambio, era un “contrato colectivo de trabajo” que por entonces (y hasta principios de la década de los 90as del siglo pasado) reclamaba para sí, en exclusividad, el SNTE.

Este solo hecho implicó, por un lado, que ninguno de los nuevos profesores contratados conocieran a fondo los derechos y las obligaciones que adquirían al recibir las plazas asignadas y, por otro, que, dado el casi total desconocimiento que los profesores tenían de las “Condiciones Generales de Trabajo”, la dirigencia sindical se aprovechara de su ignorancia para manipularlos y presionarlos políticamente. Ostentándose ante el propio gobierno federal como un poderosísimo grupo de presión contra el que ningún presidente de la república, ningún secretario de estado y menos un gobernador podría atreverse a levantar su mano.

Tal modo de proceder comenzó desde que el presidente Lázaro Cárdenas dio un gran impulso al sindicalismo oficial; pero se comenzó a pervertir hacia mediados del siglo pasado, cuando encabezaba el magisterio nacional el grupo político de Jesús Robles Martínez (colimense por cierto), y llegó a la cumbre de la corrupción cuando hacia principios de los 70as el grupo del profesor potosino Carlos Jongitud Barrios, le arrebató primero la batuta del SNTE a los roblesmartinistas y conformó después el movimiento conocido como Vanguardia Revolucionaria, que de vanguardia sólo tenía el título, y que de revolucionario no tenía nada, siendo, por el contrario, un grupo represor de todos los profesores que no se alineaban.

Ese grupo faccioso, tolerado, promovido y sostenido por los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, se ufanaba de ser “un pilar del sistema”. Cuando el sistema era todo PRI. Y ¡ay de aquellos profesores que se manifestaran en contra o pensaran distinto!, porque de inmediato eran colocados en la lista negra de los disidentes, y para ellos no había dobles plazas (si trabajaban en las primarias), o mayor número de horas frente a grupo (si trabajaban en las secundarias), ni eran favorecidos con cambios del medio rural a las ciudades, como sí lo eran todos aquellos ¡hijos de Jongitud! que doblaban la cerviz y rendían loas y pleitesía a los secretarios seccionales del SNTE, y desarrollaban labor política para los candidatos del partido tricolor, o se prestaban para realizar los fraudes electorales, porque en aquel entonces, casi por lo regular eran profesores fieles al régimen quienes eran seleccionados para ser funcionarios de casilla.

No quiero, sin embargo, abundar demasiado en todos esos viejos asuntos, sino volver al punto inicial: que la inmensa mayoría de jóvenes que durante la segunda mitad del siglo XX fueron contratados como profesores, no vieron, ni conocieron ningún contrato laboral porque un conjunto de plazas eran asignadas directamente a los alumnos de las Escuelas Normales Rurales sólo por haber cursado la carrera aunque la pasaran “por puro panzazo”. Otro gran montón eran asignadas directamente por las secciones sindicales y muchísimas más iban a parar en manos de verdaderos ineptos sólo porque eran hijos de maestros, compadres de trabajadores de la SEP, o porque tenían palancas en el gobierno. ¡Pero nunca por oposición, ni por demostrar que se tenía formación y capacidad para ser docente!

Estos vicios prevalecieron en unas entidades federativas más que en otras, pero en varias de las del centro y sur del país fue donde más se aplicaron, tal vez por ser las más pobres y menos desarrolladas, llegándose el caso (que se volvió costumbre) de la venta indiscriminada de plazas. Todo ello sin mencionar aún que se acostumbraba también entregar plazas o mayor número de horas laborales a las maestras solicitantes, a cambio de favores sexuales.

EL IMPERATIVO DE LA REFORMA LABORAL.-

Con semejantes antecedentes por delante, era obvio que no sólo urgía una reforma educativa, sino, también, una reforma laboral que fuera depurando todos esos vicios y todas esas perniciosas costumbres. Pero quienes recibieron o adquirieron sus plazas de cualquiera de los modos descritos (y ya tampoco la pueden traspasar o “heredar” a sus descendientes), temen que al ser evaluados no den el ancho y se las quiten, y por eso marchan para oponerse. Aunque hay otros trabajadores nuevos que, por ignorancia de lo antes dicho (o por temor a las represalias de los dirigentes), también marchan, engañados, sin preocuparse por indagar el verdadero fondo de todo este asunto.

Concluyo con esto: sin ser enemigo de la llamada clase trabajadora, pues formo parte de ella, creo que quienes menos derecho tienen a protestar porque se les pretenda evaluar son los profesores, porque todos ellos tienen como obligación laboral la de evaluar constantemente el aprendizaje y el comportamiento de sus alumnos. Así que si ellos evalúan, tienen que ser evaluados. No más, pero tampoco menos.