Indi-cio. Lesividad o complicidad

Altozano, un complejo residencial para muy ricos y ricos muy pobres, cumple más de un lustro, en una segunda etapa completa 712 lotes de entre 300 y 500 m2 con un costo por metro de 4 mil 200 pesos, contará con un área que incluye cuatro lagos, cascadas, áreas verdes y gimnasio.
El gerente indicó que como inversión es bueno adquirir terrenos en Altozano, pues “la plusvalía ha subido el 60 por ciento”, ya que los terrenos que durante el inicio de la primera etapa costaban 2 mil 650 pesos por m2, actualmente valen más de cuatro mil pesos. (Ángel Guardian)
Esto viene a cuento puesto que, residentes del municipio de Cuauhtémoc, hicieron llegar a la “Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo A.C.”; el Expediente 1339/2017, un atestado de 266 fojas, donde se desprende que:
A fines de 2009 el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, aprobó el Programa Parcial de Urbanización de Altozano (PPA), publicado en el Periódico Oficial el 21/11/09, señala como área de cesión a favor del Ayuntamiento 69,443.71 m2, aproximado 7 ha.
En diciembre de 2012, José Luis Aguirre Ávalos, Ingeniero, perito valuador con registro BA-BI/025. Fijó al área en cuestión un valor comercial de 10'751,952.31 pesos, donde se advierte que cada m2 de Altozano tiene para tal efecto, un precio de $154.67, cuando el valor actual es más de 4 mil.
Se aprecia en el Amparo 231/2016-1, presentado por el Presidente Municipal, Rafael Mendoza, contra Altozano, quien pretende se publique la modificación al PPA, promovido por Indira Vizcaino Silva, al verse imposibilitado por la inexistencia del acta donde el perito haya sido propuesto y aprobado por el cabildo. Donde subsiste un antijurídico por emitir un dictamen sin la autorización legal, causando un daño patrimonial por $95' 250,000 pesos. Equivalente a un año de ejercicio para el municipio $91'906,523.30 (INTHEC)
En marzo de 2013, Indira Vizcaino Silva, Juan Manuel Preciado Barbosa, y Ana Bertha Zamora Prieto, presidenta, síndico y secretaria del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, autorizaron la sustitución de Áreas de Cesión para Destinos, con INVERCOL/Altozano. En la declaración III.5 del Convenio, se asienta que el valuador Aguirre Avalos, fue “reconocido y aceptado por el propio Ayuntamiento”, lo que contradice la declaración “no existe acta…”, en el Amparo 231/2016-I. (foja.11)
También, se desprenden más anomalías: la modificación al PPA es nulo de origen porque, la Ley de Asentamiento Humanos del Estado de Colima, prohíbe la sustitución de las Áreas de Cesión, por otras, por tanto, obliga a los urbanizadores a pagar el valor comercial ya urbanizado de las áreas descritas, y con esos recursos deberá en su caso adquirir otros predios para equipamiento urbano o su mejoramiento en la misma colonia, barrio o zona donde se localice el predio. Además, las claves catastrales que aparecen en el Convenio no existen, ni son las correspondientes a dichos predios, y no se tiene la certeza de cuáles son dichas claves catastrales.
No obstante, las observaciones de la Auditoria del Estado, nunca fueron atendidas, los procedimientos marcados en la ley, se incumplieron, las áreas de cesión peritadas no se encuentran urbanizadas, ni pueden ser permutadas, por lo que se debió pagar al valor comercial urbanizado, tampoco representa una mejora efectiva para la comunidad.
Qué sigue, cuando todo parece perdido, cuando vemos que el pillo huye y se oculta impune bajo la sombra del poder. A la indiferencia de la justicia, surge una luz.
Consultando a peritos, procede el juicio de lesividad, el promovido por una autoridad en contra de una resolución favorable a un ciudadano, en el caso el pueblo de Cuauhtémoc, quien resulta agraviado en su patrimonio. Es decir, trata de la anulación del fallo sobre las Modificaciones al Plan Parcial de Urbanización del Fraccionamiento Altozano. De lo que resulta una prueba fundatoria para encausar penalmente a los responsables.
¡Un manto de corrupción e impunidad cubre a Colima, sin embargo, nunca existe el crimen perfecto!

* General Brigadier del Ejército Mexicano
Doctor en Administración Pública/UNAM
Defensor de Derechos Humanos
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