Corrupción y control: el sindicalismo en México hoy

Una de las muchas características del régimen político mexicano es la integración entre el Estado y las organizaciones sindicales; desde la década de los cuarenta inicia el proceso de consolidación de este binomio, con sus altibajos como resultado de la conflictividad social misma. En sus inicios hubo sus rupturas en la cúpula sindical imponiéndose la corriente más conservadora a cuya cabeza quedó Fidel Velázquez, quien persiguió, al igual que otros líderes de segundo nivel, con apoyo de las instituciones del Estado (ejército, policía, ministerio público y tribunales laborales), a toda disidencia democrática, sobre todo si ésta tendía a florecer en clivajes básico del sistema de dominación (Sindicatos nacionales u organizaciones de trabajadores de servicio público).

La democracia como vida propia de los sindicatos, desde ese entonces, ha sido negada por el Estado mismo y la cúpula empresarial principalmente. Si bien se realizan en algunos de ellos asambleas, no hay reglas claras ni medios para impugnar procedimientos ilegales, y muchos menos, respeto a la pluralidad de ideas. Los estatutos se incumplen, a reserva de serles negados a sus afiliados. Aunado a que en la mayoría de los casos, el estatuto sindical tutela estructura y funciones antidemocráticas. Hay inexistencias de instancias de defensa de los derechos de los agremiados, tanto sindicales como judiciales. Los informes financieros son inexistentes. Pedirlos y exigir que sean detallados y puntuales, es un sacrilegio que puede terminar en el despido -si bien le va- del o los solicitantes.

El despido y el amedrentamiento son por eso la moneda de circulación. Los sindicatos son feudos políticos, como los hay muchos en México, impenetrables por la ley, donde reina desde el asesinado hasta el robo millonaria de fondos, ejemplo de ello hay bastantes, gozan del encubrimiento de las autoridades judiciales y laborales, protegiendo, sin el menor escrúpulo, a líderes sindicales siniestros, conocidos por los trabajadores como: “lideres charros”.

Las cosas hoy no han cambiado nada en el régimen político, por el contrario, se ha acentuado la intolerancia de la autoridad de todos los niveles y de todos los partidos políticos. Para ellos, estos medios de control social son indispensables en el marco de la política neoliberal que exige el aprisionamiento de la variable demanda (lo salarial), para ello, se hace uso de la represión con el fin de sembrar el miedo. El único cambio que observamos en esta dicotomía Estado-sindicatos, es, para estar acorde con los tiempos “democráticos”, el retiro del concepto: charrismo sindical de los escritos y expresiones de analistas del sistema. Lo anterior tiene como explicación, por supuesto para los ideólogos, que el diálogo es el medio de entendimiento por excelencia en México. Qué dirán al respecto los trabajadores que viven a diario una ambiente de impunidad, intolerancia y persecución en sus organizaciones y en sus fuentes laborales.

No negamos la presencia de algunos cambios institucionales. Es cierto, en nuestros días hay una nueva configuración del sistema político -tenemos una multiplicidad de partidos políticos y un sistema electoral con muchas espacios que todavía generan incertidumbre en la gente, sin negar que permite la alternancia en los cargos públicos; sin embargo, no acontece así en lo que respecta a la articulación Estado y sindicatos que se ha mantenido invariable. En la “Era de oro” (1994-2006), como gustan llamarla, de la fase denominada de transición democrática, la ofensiva contra estos fue brutal, tratándose principalmente de sindicatos en los que había cierta vida democrática y un distanciamiento de las políticas gubernamentales; de un plumazo fueron privatizadas varias empresas y sus trabajadores despedidos (recordemos lo sucesos en líneas aéreas como Aeroméxico y Mexicana de Aviación, o el cierre de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro), y si bien les iba, se daba por terminado el contrato colectivo de trabajo sin el mayor reparo legal, signándose uno nuevo sin las anteriores conquistas laborales y violando la ley. A cualquier tipo de resistencia se le responde con el despido, arma mortal, que cuenta con el apoyo estatal. Así es impuesta la llamada modernidad en el mundo laboral. ¿Cuál diálogo para una cultura cívica? ¿Es posible hablar de cultura cívica cuando se prohíbe el ejercicio democrático en un espacio fundamental de la sociedad como en muchos más?

Otro ejemplo de esa vida siniestra que reina en las organizaciones lo tenemos en los sindicatos de los ayuntamientos. Los trabajadores de este nivel han sido olvidados hasta por los estudiosos, es muy difícil encontrar bibliografía acerca de ellos y sus luchas. La jerarquía administrativa que ubica al municipio como el último eslabón del Estado mexicano, es una realidad en todo sentido. Una gran mayoría de los municipios en México son pobres, los recursos presupuestales propios son pocos, por lo que están a expensas de los federales que son insuficientes y son dados a cuenta gotas, eso si llegan a su destino…. En muchos municipios, ser trabajador del ayuntamiento era un “privilegio” porque se gozaba de un salario bajo pero seguro, de cierta estabilidad laboral y de prestaciones de ley. Si esto fue cierto en tiempo pasado, hoy ya ni esto: se está perdiendo la estabilidad laboral, las pensiones y otras prestaciones; las condiciones laborales llegan a estar por debajo de lo aceptable para tener una vida realmente humana.

En pocas palabras, varios municipios están casi en el olvido y sus trabajadores aún más. La despolitización de estos últimos los hace participes de la forma de dominación caciquil y patrimonialista, donde no hay ley ni reglamente que rija, sino la voluntad del cacique (presidente municipal) y fuerzas vivas, sin contrapeso real a su mandato. La resistencia a perder sus conquistas es mínima, por estar bajo la sombra de líderes espurios en muchas ocasiones, que más que defender los intereses de los trabajadores protegen los personales: sus cuotas de poder. El modelo edificó en el empleado municipal una cultura paternalista y pasiva de la que emana el liderazgo sindical y el despotismo de sus líderes sindicales, llámense: Ramírez Guzmán, León Alam y Flores Jurado, entre otros más.