La lucha de los trabajadores municipales: una lucha legítima y legal

Fotografía de archivo.

La política económica que en Colima siguen, como patrón de conducta nacional, los diferentes gobiernos, sean del partido que sean, consiste en reducir el gasto público en aéreas sociales y laborales, que se manifiesta en la falta de infraestructura urbana (calles, luz, agua, drenaje, calles y mejoras) y en los raquíticos salarios y pésimas condiciones laborales de los trabajadores que prestan sus servicios en los niveles federal, estatal, municipal, lo que ha generado en diferentes estratos sociales malestar que se expresa en diversos canales, distintos tiempos y de diferentes maneras.

Los municipios son los que menos recursos monetarios tienen aunado a un ambiente político insoportable donde los caprichos de los presidentes municipales y grupos de facto que mantienen el control en esos lugares, son los que dominan. Es un espacio en el que el ejercicio del derecho está ausente, donde reina la impunidad y los conflictos se resuelven acorde a las normas del más fuerte. Tenemos los casos de Colima, Tecomán y Villa de Álvarez, en unos, los trabajadores piden sean cubiertos los pagos de prestaciones como fondo de ahorro, prestamos, defunciones, entre otros, que les adeuda el ayuntamiento; en otros, solicitan información de sus recursos de pensiones, pues, se tiene la sospecha que han sido utilizados para actividades diferentes a las establecidas.

Cuestiones estas que en un país que se dice democrático deben ser transparentes, sin embargo, se mantienen en la mayor de las secrecías sin que a la autoridad jurisdiccional se le vea interés en resolver de manera expedita el caso y con justicia, mucho menos la autoridad municipal quien, con el cinismos que la caracteriza, se queja de “la carga que representa el sindicato”; ese tipo de declaraciones deja en claro que para ella los derechos de los trabajadores deben ser anulados, con la falsa idea de que tendrán más recursos para la realización de más y mejores obras; argumento que es totalmente falso, pues la falta de dinero es responsabilidad tanto de la política fiscal, por su inequidad al favorecer a los grandes empresarios, como de la política de austeridad, que se aplica en perjuicio de los que menos tienen. Bajo ese camino, llegará el día en que los ayuntamientos tendrán que cerrar sus puertas, y el problema será saber quién lo hará, al carecer de empleados.

Por eso, para defender lo que les corresponde, los trabajadores de los ayuntamientos se han movilizado a través de sus burocráticos sindicatos, en ese sentido, el 5 de julio realizaron una manifestación en el municipio de Tecomán en la que participaron nueve organizaciones sindicales en defensa de los derechos laborales, movilizando a cientos de trabajadores, algo no común para estas organizaciones que prefieren el aislamiento y la parálisis.

Ante el miedo de perder su soporte de legitimidad como las pocas prestaciones que todavía hoy disfrutan sus representados, la burocracia sindical se moviliza. El ánimo de lucha es producto de la inquietud reinante y de la autonomía que poseen los sindicatos en esta etapa; la dirigencia sindical de las tres organizaciones sindicales tienen signo priistas, mientras las presidencias municipales son de signo contrario: panistas.

Los trabajadores deben tener presente esto pues la defensa de sus legítimos y legales derechos se entremezcla en una lucha de intereses partidista, ello no debe, sin embargo, ser impedimento para que en cada asamblea y en cada lugar de trabajo reivindiquen lo que han obtenido a través de sus luchas, al tiempo que, con sus acciones, construyan una organización democrática e independiente de cualquier partido político. Con sus acciones y luchas contribuirán a seguir agrietando, en principio, al actual régimen político creando las condiciones para detener la actual política económica neoliberal, y en segunda momento, y en un proceso más lento y tardado, al sistema capitalista.

La pobreza presupuestaria de los ayuntamientos es resultado entonces de la política de austeridad - no de los derechos sindicales- los partidos la han impulsado y aprobado en el Congreso de la Unión y refrendado en el Congreso Local, por lo que son participe los mismos funcionarios municipales y por ende, carecen de recursos financieros pero no por la responsabilidad de sus empleados; si bien los salarios y prestaciones llegan alcanzar en varios municipios el 50 por ciento del gasto presupuestario asignado o más, es debido a la reducción que los partidos en que militan hacen del gasto público. La responsiva está entonces, aunque no lo vea así la autoridad municipal, en los presupuestos oficiales asignados y aprobados por los diputados federales y locales. La falta de recursos no justifica, en ningún momento, que la autoridad municipal asalte los fondos de los trabajadores que descuenta de los propios salarios o que forman parte de las prestaciones contractuales que por ley han obtenido; hacerlo los hace acreedores a la cárcel, lástima que en México reine la impunidad.

La única manera de defensa de los intereses de los empleados municipales es la movilización consciente y la realización de asambleas democráticas para determinar el rumbo de la lucha.