Vislumbres. Urgía también una reforma laboral


ASUNTO PROPORCIONAL.-

Si damos por verídica y válida la expresión que afirma que “cada pueblo tiene el gobierno que se merece”, no nos queda sino concluir que la porción del pueblo que votó por Enrique Peña Nieto es culpable que estemos hoy como estamos.

Para mitigar tamaña verdad alguien podría afirmar que nuestro sistema electoral es imperfecto, que nos falta la segunda vuelta electoral, y tal vez tengan razón al afirmarlo. Pero mientras nuestra legalidad no cambie, los gobiernos que hemos tenido (y padecido) son los que como pueblo nos merecemos, y ya. Sólo nos queda lamentarnos o aspirar a más.

ASUNTO DE RESPONSABILIDADES.-

En este tema tan arduo y poco ventilado, es claro también que aun cuando los gobernantes en turno hayan sido electos para conducir los destinos de la sociedad y administrar las arcas públicas, no son ellos los únicos responsables de lo que pasa en nuestras ciudades y pueblos, o en los páramos y los campos más productivos que haya en nuestro país. Porque la otra gran parte de la responsabilidad es de quienes habitamos en cada lugar y tampoco hacemos nada para propiciar que las cosas mejoren o cambien.

Un caso concreto de responsabilidad social lo es, sin lugar a dudas, el fenómeno del alcoholismo creciente en los jóvenes mexicanos, del que ya no sólo son sus víctimas los varones, sino multitud de muchachas briagas.

En ese caso concreto ¿tienen las autoridades municipales la culpa de la existencia de tantos borrachos jóvenes por emitir los permisos para los establecimientos que venden bebidas alcohólicas? O ¿tiene la culpa el gobierno federal por extender los certificados de origen para el tequila, el charanda y los diversos mezcales? O ¿la tienen los productores de cervezas que hacen negocio redondo? O ¿la tienen sólo los jóvenes que se emborrachan?

Se podría asegurar que siendo el alcoholismo un problema social, la culpa la tienen todos los actores mencionados, pero faltaría alguien más: los padres y los abuelos que pusieron o ponen el mal ejemplo. ¿Cómo, en tal caso, podría un padre o un abuelo bebedor aconsejar u ordenar a un hijo o a un nieto que no beba ni se emborrache como lo hacen ellos?
OTROS ASUNTOS DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA.-

El pasado lunes 15, se publicaron multitud de comentarios en torno a las posibilidades, carencias, fallas y aciertos de la actividad docente. Comentarios que eran de esperarse en función de ser ese lunes Día del Maestro.

Pero entre lo mucho (bueno y malo) que con ese mismo motivo se dijo este lunes, tenemos, por ejemplo, que varios miles de trabajadores de la educación que ajenos al SNTE y fieles a la CNTE, marcharon en la ciudad de México, en Morelia, Cuernavaca, Chilpancingo, Tuxtla Gutiérrez y otras ciudades donde predomina esta expresión sindical, para protestar (¡todavía!) contra la Reforma Educativa promulgada en 2013 por el gobierno de Enrique Peña Nieto, y por el pomposamente llamado “Nuevo Modelo Educativo” que implantó el muchacho Nuño Mayer (titular de la SEP) a principios de este año.

Ellos alegan que sus reclamos no fueron oídos a la hora en que el gobierno federal se disponía a realizar dicha reforma y afirman que, en vez de ser ésta una reforma que verdaderamente incida en las aulas para mejorar la educación que se brinda es, más bien, una reforma laboral que quiere privatizar los servicios educativos, eliminar la escuela pública y correr a los profesores estatales y federales que se nieguen a ser evaluados.

Por su parte, en un evento conmemorativo encabezado por el presidente Peña Nieto, éste precisó que ni los maestros ni los padres de familia deben engañarse con los argumentos esgrimidos por la disidencia magisterial, y que la reforma en cuestión lo único que verdaderamente quiere es brindar a los niños y jóvenes del país una educación de calidad que responda a las necesidades de éstos, con maestros mejor capacitados y, evidentemente, mejor evaluados. ¿Quién tiene la razón?

Si se pone uno a analizar con frialdad ambos discursos podría llegar a la conclusión de que ninguno elimina la verdad del otro, pero en lo que a mí respecta, creo que en esta ocasión es el gobierno quien está más cerca de lo cierto, aunque me pese decirlo y esté con ello en contra de lo que regularmente opino de EPN, y de las pifias de Aurelio Nuño Mayer. Pero ¿cómo explicar esta aparente contradicción de mi parte?

Partiré de la tesis de que dados los comportamientos del SNTE y de la CNTE en los últimos casi 40 años, la convicción generalizada es que lo que a ellos menos les interesaba era que la reforma educativa contuviera tales o cuales cambios en la educación que se brinda en las aulas, y que lo que más les interesaba era, en realidad, no perder las jugosas prerrogativas que manosean a su favor; partiendo de la recolecta de las crecientes cuotas sindicales que por obligación, y sin posibilidad de decir “no”, aportan todos los trabajadores de la educación al servicio del Estado. Sumas realmente millonarias que maneja cada facción sindical a su antojo, y de las que no dan cuentas a nadie.

Frente a dicha situación (que se evidenció bastante desde que Elba Esther Gordillo fue a parar al bote, y cuando los líderes de la CNTE llevaron incluso al matadero a un montón de estudiantes y profesores desinformados), era cabalmente claro para el gobierno que la reforma educativa era necesaria, pero que también tendría que ser una reforma laboral urgente (aunque no lo dijeran). Y desde luego que pusieron manos a la obra, tratando, como debía ser, de retomar el control de la educación pública en el país, y de anular los liderazgos sindicales que se oponían a ello.

Como nuestros lectores lo saben muy bien, las protestas comenzaron a surgir y a manifestarse como la lumbre la lumbre en un pastizal. Pero ¿cuál era el trasfondo de todo eso?

EL CONTRATO COLECTIVO QUE DEBIÓ SER PERSONAL.-

Trataré de explicar históricamente este “pequeño detalle”: Un buen número de los profesores estatales y federales que hoy siguen en ejercicio, y casi la totalidad de quienes tuvimos la fortuna de serlo, fuimos contratados para realizar una tarea específica como “Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado”, pero sin que lamentable y equívocamente nos dieran a leer las condiciones, compromisos, acuerdos y limitantes que contenían, o venían implícitas en un contrato laboral individualizado, porque éste simplemente no existía, y lo que sí existía, en cambio, era un “contrato colectivo de trabajo” que por entonces (y hasta principios de la década de los 90as del siglo pasado) reclamaba para sí, en exclusividad, el SNTE.

Este solo hecho implicó, por un lado, que ninguno de los nuevos profesores contratados conocieran a fondo los derechos y las obligaciones que adquirían al recibir las plazas asignadas y, por otro, que, dado el casi total desconocimiento que los profesores tenían de las “Condiciones Generales de Trabajo”, la dirigencia sindical se aprovechara de su ignorancia para manipularlos y presionarlos políticamente. Ostentándose ante el propio gobierno federal como un poderosísimo grupo de presión contra el que ningún presidente de la república, ningún secretario de estado y menos un gobernador podría atreverse a levantar su mano.

Tal modo de proceder comenzó desde que el presidente Lázaro Cárdenas dio un gran impulso al sindicalismo oficial; pero se comenzó a pervertir hacia mediados del siglo pasado, cuando encabezaba el magisterio nacional el grupo político de Jesús Robles Martínez (colimense por cierto), y llegó a la cumbre de la corrupción cuando hacia principios de los 70as el grupo del profesor potosino Carlos Jongitud Barrios, le arrebató primero la batuta del SNTE a los roblesmartinistas y conformó después el movimiento conocido como Vanguardia Revolucionaria, que de vanguardia sólo tenía el título, y que de revolucionario no tenía nada, siendo, por el contrario, un grupo represor de todos los profesores que no se alineaban.

Ese grupo faccioso, tolerado, promovido y sostenido por los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, se ufanaba de ser “un pilar del sistema”. Cuando el sistema era todo PRI. Y ¡ay de aquellos profesores que se manifestaran en contra o pensaran distinto!, porque de inmediato eran colocados en la lista negra de los disidentes, y para ellos no había dobles plazas (si trabajaban en las primarias), o mayor número de horas frente a grupo (si trabajaban en las secundarias), ni eran favorecidos con cambios del medio rural a las ciudades, como sí lo eran todos aquellos ¡hijos de Jongitud! que doblaban la cerviz y rendían loas y pleitesía a los secretarios seccionales del SNTE, y desarrollaban labor política para los candidatos del partido tricolor, o se prestaban para realizar los fraudes electorales, porque en aquel entonces, casi por lo regular eran profesores fieles al régimen quienes eran seleccionados para ser funcionarios de casilla.

No quiero, sin embargo, abundar demasiado en todos esos viejos asuntos, sino volver al punto inicial: que la inmensa mayoría de jóvenes que durante la segunda mitad del siglo XX fueron contratados como profesores, no vieron, ni conocieron ningún contrato laboral porque un conjunto de plazas eran asignadas directamente a los alumnos de las Escuelas Normales Rurales sólo por haber cursado la carrera aunque la pasaran “por puro panzazo”. Otro gran montón eran asignadas directamente por las secciones sindicales y muchísimas más iban a parar en manos de verdaderos ineptos sólo porque eran hijos de maestros, compadres de trabajadores de la SEP, o porque tenían palancas en el gobierno. ¡Pero nunca por oposición, ni por demostrar que se tenía formación y capacidad para ser docente!

Estos vicios prevalecieron en unas entidades federativas más que en otras, pero en varias de las del centro y sur del país fue donde más se aplicaron, tal vez por ser las más pobres y menos desarrolladas, llegándose el caso (que se volvió costumbre) de la venta indiscriminada de plazas. Todo ello sin mencionar aún que se acostumbraba también entregar plazas o mayor número de horas laborales a las maestras solicitantes, a cambio de favores sexuales.

EL IMPERATIVO DE LA REFORMA LABORAL.-

Con semejantes antecedentes por delante, era obvio que no sólo urgía una reforma educativa, sino, también, una reforma laboral que fuera depurando todos esos vicios y todas esas perniciosas costumbres. Pero quienes recibieron o adquirieron sus plazas de cualquiera de los modos descritos (y ya tampoco la pueden traspasar o “heredar” a sus descendientes), temen que al ser evaluados no den el ancho y se las quiten, y por eso marchan para oponerse. Aunque hay otros trabajadores nuevos que, por ignorancia de lo antes dicho (o por temor a las represalias de los dirigentes), también marchan, engañados, sin preocuparse por indagar el verdadero fondo de todo este asunto.

Concluyo con esto: sin ser enemigo de la llamada clase trabajadora, pues formo parte de ella, creo que quienes menos derecho tienen a protestar porque se les pretenda evaluar son los profesores, porque todos ellos tienen como obligación laboral la de evaluar constantemente el aprendizaje y el comportamiento de sus alumnos. Así que si ellos evalúan, tienen que ser evaluados. No más, pero tampoco menos.