Cero tolerancia a la violencia feminicida… en Cuernavaca

Cuernavaca, México, Avanzada (12/09/2017).- Con el compromiso del presidente municipal de Cuernavaca de asumir públicamente un mensaje y acciones prácticas de cero tolerancia a la violencia feminicida, se llevó a cabo la cuarta mesa de trabajo municipal, con la participación de autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de la capital morelense y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos como organización peticionaria de la Alerta de Violencia de Género para el Estado de Morelos.

En ésta mesa de trabajo, realizada el 8 de septiembre, se señalo por parte de la Cidhmor, que la AVG no se ha levantado en ninguno de los 8 municipios como así se desprende del documento entregado por la CONAVIM, que continúa vigente hasta que se logre el objetivo de atender, sancionar y erradicar el feminicidio y garantizar una vida libre de violencia para mujeres y niñas en Morelos.

A dos años de haberse declarado la AVG, lamentablemente se percibe que todavía no se ha entendido y no ha quedado claro entre la mayoría de los respectivos funcionarios el significado, termino y concepto de “Feminicidio”, por lo que se procedió a explicarlo y que la petición formal de la correspondiente alerta a la Secretaria de Gobernación a nivel federal fue en ese sentido y a causa del alto número de feminicidios (violencia feminicida) ocurridos en la entidad y señalando en forma especial que el Municipio de Cuernavaca ha presentado en estos últimos periodos el más alto número de casos.

En ésta sesión se explicó ampliamente que la violencia institucional involucra a los tres niveles de gobierno, que llevamos dos años y no vemos resultados en ningún de los municipios, a pesar de que convergen distintas instituciones para que atiendan dicha problemática. Lamentablemente las respectivas instancias gubernamentales le han dado su interpretación por lo que no siguen los debidos pasos, además de no aplicar en la práctica una acertada metodología, por lo que todos los municipios hasta ahora han reprobado. A pesar de que han entregado la respectiva información, la misma no cubre los correspondientes indicadores de cumplimiento y todavía hay una serie de tareas pendientes. Notamos por momentos que si hay buenas intenciones pero su evaluación hoy en día resulta negativa. Por lo mismo se les recomendó tomar en consideración nuestros “informes sombra” que se encuentran disponibles en línea.

Por lo que respecta al Presidente Municipal de Cuernavaca, está pendiente que este salga a emitir de manera pública el respectivo mensaje de CERO TOLERANCIA AL FEMINICIDIO con hechos, es decir dar dicho mensaje claro y contundente ante los medios de comunicación conducentes. Además de que en su carácter de alcalde puede ya asignar tareas y tomar cartas en el asunto de la alerta. Hay acciones del municipio que notamos que no tienen implicación directa con el tema de la AVG. En éste sentido, se les hizo notar como Cidhmor, que falta todavía que se amplié la información más clara y específica, por lo que las respectivas dependencias se comprometieron a entregarla para el próximo 18 de septiembre de este año, como se estableció formalmente como acuerdo en la respectiva minuta.
El Alcalde del municipio de Cuernavaca a través de su Secretario de asuntos Jurídicos, se comprometió a pedir la respectiva información y a darle formal seguimiento y coadyuvar en forma debida con los familiares de las víctimas de los casos de violencia feminicida ante la Fiscalía General de Justicia, además de los asuntos judicializados y radicados actualmente ante el Tribunal de Justicia del Estado, por lo que también quedó como acuerdo en la respectiva minuta, ya que de implementarse en la práctica, dichos compromisos y acciones, lo mismo ayudará a fortalecer verdaderamente el mensaje de cero tolerancia.
Durante el intercambio de información y análisis que se realizó en una sesión que se prolongó más de tres horas y media, se notó una clara descoordinación entre la Federación, el Estado y el Municipio, por lo que se manifestó también en dicha mesa de trabajo que si alguna de las diferentes instancias y dependencias del Municipio tuvieran alguna serie de propuestas y consideraciones sobre el tema no dudaran en hacérnoslas saber en sus respectivos informes y que en las próximas Mesas de Trabajo con la Secretaria de Seguridad, Fiscalía, Tribunal Superior de Justicia, también queremos que estén presentes los respectivos Municipios, participando, llevando propuestas y dando seguimiento a las mismas.
Se hizo énfasis en que Cuernavaca como capital tiene un papel bastante estratégico en el tema de la violencia contra las mujeres, por ser el municipio donde se concentran mayormente las instancias y respectivas dependencias gubernamentales.
En éste sentido, la titular de la Instancia Municipal de la Mujer se comprometió a solicitar a la Fiscalía la correspondiente información sobre los diferentes casos de feminicidio ocurridos y registrados en Cuernavaca, lo que se estableció formalmente como acuerdo en la respectiva minuta. Asimismo la referida funcionaria Ariadna Sandoval y en relación al presupuesto económico a aplicar en el tema, manifestó que necesita tiempo y comentó que en días próximos se reunirá con el Tesorero de Cuernavaca para comentar dicha situación, ya que el tesorero es el que trabaja el tema de los dineros y no ella y que por el momento no podría entregar la información, por lo que apuntamos que en caso de no cumplir con lo mismo quedaría consignado en nuestros respectivos informes sombra, por lo que expresamos que a pesar de que ya hubo acuerdos y mesas de trabajo previas, hay más dudas que respuestas, como que todo pareciera algo nuevo, por lo que nosotros como Cidhmor en todo momento estaremos realizando recomendaciones sobre las medidas de la AVG en todas las mesas de trabajo, ya que aún faltan 4, en Cuautla, Zapata, Puente de Ixtla y Jiutepec.

Al final de la reunión manifestó Irais Ortega, coordinadora del Programa Integra, que se enviaría a nuestros correos electrónicos el borrador de la minuta que contiene los acuerdos a los que se llegamos en dicha mesa de trabajo, para posteriormente recabar las firmas correspondientes, para dar certeza plena a los mismos.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Nuevas agresiones contra Irinea Buendía, madre de víctima de feminicidio

Irinea Buendia. Foto: cimacnoticias.com.mx

Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio por parte de su esposo Julio César Hernández Ballinas, comandante de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, denuncia nuevas agresiones contra su familia y exige garantías de seguridad.

Irinea Buendía Cortés, es reconocida a nivel nacional e internacional por su lucha para lograr el acceso a la justicia, luego del feminicidio de su hija, quien fue asesinada el 28 de junio de 2010 a la edad de 28 años.

Con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Irinea Buendía inició un largo caminar en busca de justicia que derivó en 2015 en la sentencia 554/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , en la que el tribunal ordenó que el caso -que había sido cerrado calificando la muerte de Mariana Lima como suicidio- se reabriera para que fuera investigado como feminicidio.

La nueva investigación encontró al esposo de Mariana Lima como responsable del feminicidio, por lo que fue aprehendido el 23 de junio de 2016, fecha desde la que se encuentra en prisión por dicho delito.

Recientemente, Julio César Hernández Ballinas fue trasladado al Centro Penitenciario Neza-Bordo en el Estado de México –lugar donde fue asesinada Mariana Lima y en donde su esposo se desempeñaba como policía judicial- . En este contexto se han perpetrado nuevas agresiones contra la familia de Irinea Buendía.

El pasado 12 de agosto, Aurelio Michel Buendía hijo de Irinea Buendía, fue interceptado por personas desconocidas cuando regresaba a su casa. Lo golpearon hasta que perdió el conocimiento, y mientras lo agredían le advirtieron: “Deja tu pinche juicio pendejo contra Ballinas”.

En ocasiones anteriores, Aurelio Michel Buendía ha sido acusado y detenido arbitrariamente por la supuesta portación de armas y por circular en vehículos reportados como robados. Dichas detenciones fueron realizadas sin ninguna orden de aprehensión, lo que evidencia la criminalización y persecución de las que son objetos las familias que buscan acceder a la justicia.

Actualmente el juicio contra Julio César Hernández Ballinas se encuentra en desahogo de pruebas y en espera del desarrollo de audiencia y de la sentencia condenatoria. En ese contexto el hostigamiento y amenazas contra Irinea Buendía y su familia se han hecho presentes.

LA CONFESIÓN

Cabe recordar que en 2010, Julio César Hernández Ballinas, informó a Irinea Buendía que Mariana Lima se había suicidado, sin embargo, un día antes, ella advirtió a su madre de la violencia que vivía por parte de su esposo, por lo que terminaría la relación y regresaría a casa de sus padres. Dicha confesión hizo que Irinea Buendía supiera desde un inicio que quien había terminado con la vida de Mariana era su propio esposo.

En su búsqueda de justicia Irinea Buendía ha sido objeto de agresiones y amenazas que la obligaron a desplazarse de manera forzada de su hogar. El nivel de riesgo de ella y su familia, ha ameritado la otorgación de medidas de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Y es que la sentencia lograda por Irinea Buendía y su familia, así como por su representantes legales, marca un precedente histórico para el caso de Mariana Lima y para las mujeres víctimas de la violencia feminicida en México, por lo que representa también el incremento del riesgo para quienes buscan que el feminicidio de Mariana Lima no quede impune.

Ante ello, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio manifiesta su preocupación por la vida e integridad física de Irinea Buendía Cortés y su familia. Irinea -además de la justicia para su hija- junto con otras madres y activistas defiende el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y lucha contra la obstrucción de la justicia en los casos de feminicidio en México.

En ese sentido, hacemos un llamado al Gobierno Federal, en particular a la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y periodistas y al Gobierno del Estado de México para que a la brevedad:

-Realicen las acciones necesarias para salvaguardar la vida e integridad física y emocional de la defensora Irinea Buendía y su familia.

-Inicie las investigaciones necesarias para identificar y sancionar a los autores intelectuales y materiales de las agresiones contra Irinea Buendía y los integrantes de su familia.

-Implemente de manera cabal la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que Mariana Lima, Irinea Buendía y su familia pueden acceder a la justicia.

-De la mano de las organizaciones no gubernamentales, impulsen acciones para abatir los feminicidios en el país, y de manera urgente en estados -como el Estado de México-, cuyos índices de violencia se acrecentan y prevalecen en la impunidad.


Atentamente,

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, conformado por 40 organizaciones de 22 estados del país.

Auditoría detecta en el Gobierno de Colima irregularidades por Mil MDP

Colima, México, Avanzada (21/08/2017).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el Gobierno de Colima, durante el último año de Mario Anguiano Moreno, registró un sub ejercicio de recursos por 93 millones 700 mil pesos.

Además tiene observaciones pendientes por solventar por poco más de mil millones de pesos, mientras que en este 2016, en diferentes rubros, la ASF también detectó una serie de observaciones para la administración estatal sobre todo en Salud, el Programa Nacional de Inglés, pues en este último el gobierno actual no comprobó el ejercicio de 10 millones de pesos.

La administración estatal durante el 2015 obtuvo recursos federales pero no los utilizó en los programas para los que fueron asignados y hasta la fecha, la ASF no ha emitido ninguna información para saber si el gobierno estatal a cargo de Ignacio Peralta Sánchez será el encargado de solventar dichas observaciones.

En el informe de la cuenta pública 2015, la ASF detectó que los sub ejercicios son en el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas.

Así como en el programa de Inclusión Social (Componente de Salud); en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente y en el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública.

También el gobierno del Estado debe aclarar el uso de poco más de mil millones de pesos, correspondientes a los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014, y 2015 y por los cuales existen denuncias ante la PGR en contra del gobierno de Colima.

La administración de Mario Anguiano Moreno acumuló observaciones sin solventar, por un monto de 205 millones 600 mil pesos.

A esos 205 millones que corresponden a la fiscalización de la cuenta pública 3015, debe agregársele las observaciones que no han sido solventadas en el periodo 2011-2014, las cuales ascienden a un monto total de 845 millones de pesos.

Es decir que desde 2011 y hasta 2015, el gobierno de Colima, durante el periodo de Mario Anguiano, tiene pendiente de solventar poco más de mil millones de pesos.

La ASF en su informe de resultados, expuso que al gobierno de Colima lo ha denunciado ante la PGR por mal uso de los recursos, por una suma de 107 millones 400 mil pesos.

También existen en la misma PGR denuncias por simulación de reintegros, mismas que ascienden a 46 millones 800 mil pesos.

Pese a las irregularidades detectadas jamás se ejerció alguna acción de responsabilidad para los encargados de las dependencias en cuestión durante el sexenio de Anguiano, es decir el secretario de Educación, Guillermo Rangel, hermano del actual coordinador de los diputados del PRI en el Congreso local.

El documento, se puede consultar en la página: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/InformeGeneral/ig2015.pdf

Decomisan 18 toneladas de precursor químico para droga en Manzanillo


Colima, México, Avanzada (02/08/2017).- Elementos de la Secretaría de Marina –Armada de México aseguraron en el puerto de Manzanillo un cargamento de aproximadamente 18 toneladas de ácido fenilacético, un precursor químico utilizado comúnmente para la fabricación de drogas sintéticas.

La sustancia, descubierta por la Semar en coordinación con personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), llegó a bordo del buque “Coyhaique”, proveniente de Shanghai, China, y tenía como destino final el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

A través de un reporte conjunto, las dependencias federales informaron que el ácido, considerado como psicotrópico, venía en 720 tambos de 25 kilogramos cada uno, en el interior de un contenedor.

El hallazgo fue realizado este martes luego de que se llevó a cabo una revisión física y visual por parte de personal de la Aduana Manzanillo y la Semar, quienes realizaron un muestreo de la mercancía, encontrando incidencia en ella y dando como resultado positivo para ácido fenilacético; sustancia usada como psicotrópico y precursor químico.

Tras ser asegurado, el cargamento fue puesto a disposición de las autoridades de la Federación para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, aunque no se informó sobre la detención de presuntos responsables de los hechos.

Se amparan trabajadores marítimos de Manzanillo contra fallo de la JFCA

Fotografía ilustrativa.

Colima, México, Avanzada (30/06/2017).- Trabajadores de los buques Golfa I, Golfa II y Golfa III, que se encuentran anclados en el puerto de Manzanillo, promovieron un juicio de amparo contra la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que les negó el derecho de huelga al archivar el caso del conflicto laboral que sostienen desde hace casi dos años con la empresa Energía y Logística Servis SAPI de C.V., que se declaró en quiebra y entre otras cosas les adeuda alrededor de diez meses de salarios.

La demanda fue presentada ante el Juez de Distrito en turno en materia de trabajo en la Ciudad de México, este lunes 26 de junio, por Honorio Alberto Galván Aguilar, en su carácter de secretario general de la Unión Nacional de Marineros, Fogoneros, Mayordomos, Cocineros, Camareros, Similares y Conexos de la Industria Marítima de la República Mexicana.

El acto reclamado es la resolución de fecha 21 de junio de 2017, dictada dentro del expediente III-2769/2015, mediante la cual se le niega al sindicato las peticiones realizadas en torno al emplazamiento a huelga y al cumplimiento del pliego petitorio, por lo que “se declara que no corre término para la suspensión de las labores y, por tanto, se ordena el archivo general del expediente en que se actúa como asunto total y definitivamente concluido”.

El pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, por incumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo, fue presentado desde el 1 de julio de 2015 ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Secretaria General de Acuerdos, Conciliación y Asuntos Colectivos, hecho que fue notificado a la empresa el 19 de agosto de ese mismo año, cuando se celebró la primera audiencia de conciliación con la asistencia del apoderado legal de la empresa, con la intervención de los funcionarios conciliadores de la Secretaria Auxiliar de Emplazamientos a Huelga de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Estos últimos, narró el representante de los quejosos, desde un principio manifestaron “que buscáramos llegar a un arreglo, ya que tenían instrucciones de no dejar estallar huelga alguna”, motivo por el cual y con el objeto de llegar a un arreglo conciliatorio con la empresa se prorrogó el periodo de prehuelga para las 13:00 horas del 28 del mes de agosto del 2015, y se señalaron las 11:00 horas del día 26 de agosto previo para la continuación de la audiencia de conciliación.
En la fecha indicada para continuar la audiencia de conciliación, ante la imposibilidad de la empresa de cumplir con el contrato colectivo de trabajo, el sindicato manifestó su decisión de estallar la huelga programada para el 28 de agosto, pero el funcionario conciliador de la JFCA trató de que llegaran a un arreglo con la empresa o que le dieran una prorroga más para ver la posibilidad de llegar a un arreglo, y ante el rechazo de los representantes de los trabajadores se dirigió a ellos y, según la versión de estos últimos, les manifestó:

“Miren muchachos, por instrucciones de arriba no está permitido estallar huelgas, si checan las estadísticas lo demuestran, en el país no habido huelga alguna y si ratifican se les archivaría su expediente”, pero si daban la prórroga que les pedían contarían con su apoyo para presionar a la empresa y que nos cumpliera con sus demandas.

Con el transcurso del tiempo, señalaron los trabajadores en su demanda de garantías, “tratando en todo momento de conservar la fuente de empleo, se prorrogó en varias ocasiones la fecha de estallamiento a huelga, manifestando a su señoría que cada vez que intentábamos estallar la huelga, el sindicato mi representado era amenazado que si lo hacíamos nos archivarían el expediente”.

En ese tiempo, la empresa realizó algunos pagos de los salarios adeudados a los trabajadores, pero “las violaciones al contrato colectivo de trabajo se siguieron dando de manera sistemática”, entre ellas que no pagaba las aportaciones obrero-patronales ante el IMSS y en el caso del Infonavit la empresa hacía las retenciones de los pagos a los trabajadores que tenían crédito, pero no los reportaba a la institución.

En febrero de 2016, cuando la actuaria adscrita a la JFCA trató de notificar a la empresa el pliego de peticiones de los trabajadores con emplazamiento a huelga, exigiendo la revisión de los salarios, en la ciudad de México, se constató que el domicilio ya se encontraba desocupado.

En agosto siguiente, “de manera inexplicable la empresa dejó de cubrir los salarios a los trabajadores socios de este sindicato, situación que se hizo notar a los funcionarios conciliadores para que tomaran cartas en el asunto, y lo único que nos pidieron es que aguantemos o bien demandemos a la empresa por la vía ordinaria, porque estallar huelga no está permitido”.

En una audiencia del 7 de junio del presente año, la empresa manifestó que estaba en posibilidad de cubrir a los trabajadores a partir de la siguiente semana la cantidad de 100 mil pesos semanales a cuenta del saldo que tenía con ellos por concepto y a cuenta de salarios que les venía adeudando, por lo que la autoridad laboral les pidió desistir del estallamiento de la huelga, pues existía interés de la empresa de pagar los salarios.

El sindicato respondió que el ofrecimiento de la empresa no garantizaba los derechos laborales de los trabajadores y que lo mejor era estallar la huelga, pero los conciliadores dijeron que lo único que podían hacer era dar una prorroga más y señalaron el 23 de junio de 2017 para el estallido de la huelga y el día 21 para continuar la audiencia de conciliación.

En esa fecha el apoderado de la empresa dijo que ésta había dado los cien mil pesos que se había comprometido y que no tenía más.

“En efecto la empresa sí dio una cantidad, pero fue de 4 mil pesos a cada uno de los 17 trabajadores, a lo que manifestamos que eso era una broma, ya que por salarios devengados del periodo comprendido del 16 de agosto de 2016 al 15 de junio de 2017 adeudaban la cantidad de 2 millones 431 mil 687 pesos, además de que la empresa no garantizaba en nada los derechos laborales de los trabajadores y que no quedaba más remedio que estallar la huelga anunciada para las 13:00 horas del día 23 de junio del año en curso”, narró ante el juez el quejoso.

Ante esta determinación, la JFCA argumentó que el estallido de la huelga se había diferido 43 veces, por lo que dictó el acuerdo en el que negó a los trabajadores el derecho a la huelga y archivó el expediente como total y definitivamente concluido.

De acuerdo con Honorio Alberto Galván Aguilar, con esa resolución la autoridad laboral responsable “no solo viola los derechos laborales de los trabajadores socios de esta organización”, sino que “va más allá, ya que viola los derechos humanos de las personas dependientes de dicho operario, ya que al no poder ejercer el derecho de huelga para exigir el pago de su salario, se ve impedido como jefe de familia a cumplir con las necesidades básicas de su familia en el orden material, social y cultural”.

Por lo tanto, la autoridad responsable “viola en perjuicio del trabajador y su familia los siguientes derechos humanos: derecho a la educación; derecho a la vivienda; derecho a la salud; y derecho a la alimentación, toda vez que la responsable no toma en cuenta que el trabajador no ha cobrado su salario durante diez meses, que el trabajador no puede abandonar los buques porque incurriría en responsabilidades y que el trabajador durante diez meses y más los que se acumulen no podrá cumplir con su obligación de jefe de familia”.

Por su parte, el representante estatal del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, Héctor Jesús Lara Chávez, advirtió que la JFCA actuó en complicidad con la empresa para afectar a los trabajadores.

“De manera truculenta estuvieron posponiendo el estallido de la huelga, diciéndoles que no les convenía hacerlo, con el propósito de archivar el asunto después y tratar de matarlos jurídicamente”, mencionó.

Lara Chávez advirtió que además del acompañamiento a los trabajadores, el Frente se encuentra documentando el asunto desde el punto de vista de los diferentes derechos violados, con el propósito de llevarlo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.