México ocupa primeros lugares en violencia obstétrica

En México no existen estudios o informes cuantitativos sobre violencia obstétrica; sin embargo, nuestro país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en el uso de la práctica de cesárea sin indicación médica, en los sectores público y privado, lo que lleva a una forma común de violencia hacia las mujeres.

 

A este tipo de daño se exponen, en promedio, más de 6 mil 800 mexicanas al día, debido a que se registran alrededor de 2 millones 500 mil nacimientos anuales, de los cuales 475 mil son de madres adolescentes en situación vulnerable.

 

Asimismo, hay un incremento de quejas sobre tratos inhumanos, principalmente hacia las mujeres indígenas que, por no contar con servicios de salud, en ocasiones alumbran en patios de hospitales o en la calle.

 

El daño obstétrico es la característica más representativa de la violencia de género, la cual también implica violencia institucional, debido al trato deshumanizado hacia las mujeres desde el período de gestación hasta después del parto, lo que afecta de manera directa o indirecta su cuerpo y procesos reproductivos.

 

Lo anterior forma parte de la investigación “Violencia Obstétrica”, realizada por el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (Coceameg), que preside la diputada Guadalupe González Suástegui (PAN).

 

El documento, revela que en los últimos doce años ha habido un incremento de 50.3 por ciento de cesáreas. En el sector público creció 33.7 por ciento, y 60.4 en el privado.

 

Indica que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado recomendaciones para que todas las mujeres tengan derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, incluido el derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo y el parto, y no sufrir violencia ni discriminación.

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo anterior, recomienda no hacer intervenciones médicas innecesarias, como episiotomía, rasurado, monitoreo fetal y enema.

 

Además, restringir el uso de oxitocina, analgesia y anestesia; mantener la tasa de cesáreas recomendada, máximo entre 10 y 15 por ciento de los nacimientos.

 

Por su parte, el Coceameg reconoce que entre los retos más importantes están incoporar el concepto de Violencia Obstétrica en la Ley General y local para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; tipificar la esterilización forzada, como delito en los Códigos penales de todas las entidades federativas, y establecer sanciones adecuadas a esta práctica en las leyes locales de salud.

 

Considera prioritario impulsar leyes que protejan los derechos humanos de las mujeres, tanto en centros urbanos como en medios rurales y establecer sanciones administrativas que permitan visibilizar y sancionar la violencia obstétrica.

 

Reducir el número de cesáreas en todas las entidades federativas e instituciones del sistema federal de salud, hasta llegar a los estándares recomendados por la OMS.

 

Por ello, es necesario que médicos, enfermeras, técnicos y personal administrativo esté debidamente capacitado y sensibilizado en derechos humanos de las mujeres y en salud, agregó.

 

Destaca el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad 2013 – 2018), que tiene líneas de acción para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y garantizarles acceso a una justicia efectiva.

 

También, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014 -2018 (PIPASEVM), que fomenta la armonización de contenidos legislativos para contribuir a la no violencia contra las mujeres.

Enseñanza estandarizada impide a niños con alto coeficiente intelectual desarrollarse

Enseñanza estandarizada impide a niños con alto coeficiente intelectual desarrollarse **En muchas ocasiones tienen más conocimiento que los propios maestros

 

La presidenta de la Comisión Especial para impulsar a estudiantes de altas capacidades intelectuales, diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos (PRI), planteó implementar un programa educativo para niños con una mentalidad prodigiosa, toda vez que la enseñanza es estandarizada.

 

Afirmó que en México no existe un proyecto específico, aunque sí se tratan, cuando “esos menores requieren una curricula más avanzada y flexible que les permita triunfar a la velocidad que ellos van, pues en muchas ocasiones ellos tienen más conocimiento que los propios maestros”.

 

En entrevista, Cavazos Cavazos precisó que se debe trabajar con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) para diseñar diversas acciones que van desde la evaluación, la detección y el trabajo hasta convertirse en una política pública.

 

No será tarea sencilla crear una curricula apropiada para apoyar el coeficiente intelectual; se necesitan alianzas con aquellos sectores que tienen alguna injerencia en este tema como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el rubro empresarial, académico, investigador y las universidades.

 

Para ello, la comisión especial llevará a cabo foros, conferencias y seguirá una ruta de trabajo organizado para ayudar a la SEP a que estas acciones se conviertan en una política pública, así como proponer cambios legislativos para que sea a nivel nacional.

 

La legisladora priista expuso que de acuerdo con padres de niños prodigiosos, los menores que acuden a una escuela normal son víctimas de bullying y, en muchas ocasiones, “abortan el sistema escolar, porque no se adapta, ya que ellos pueden tomar el programa de un niño normal en tres meses y se quedan enclavados en un año”.

 

Indicó que así como existe un modelo para atender a menores con alguna discapacidad, se deben crear condiciones igualmente para el segmento de la población con una mente prodigiosa y que tienen un IQ por encima de los 130.

 

“Lo que hay que permitirles a ellos, es avanzar, desarrollarse y hacer las conexiones para que su mentalidad que es prodigiosa pueda ser bien utilizada por un país que necesita una verdadera movilidad social”, afirmó.

En México anualmente 8 mil 600 personas son diagnosticadas con cáncer pulmonar

Este padecimiento ocasiona más de 60 mil muertes al año; Estado destina 61 mil 252 millones de pesos para problemas de salud por consumo de tabaco *Especialistas coinciden en que estrategias sanitarias deben ser dirigidas a la prevención

 

El presidente de la Comisión de Salud, Elías Octavio Iñiguez Mejía (PAN), sostuvo que en México anualmente 8 mil 600 personas son diagnosticadas con cáncer pulmonar, 15 por ciento de los casos se detecta en etapa inicial, y el resto de los pacientes mueren pasados 18 meses de descubrirse el padecimiento.

 

Al inaugurar el foro “A todo pulmón, rompamos Estigmas”, llevado a cabo en el recinto legislativo de San Lázaro, el diputado apuntó que la Secretaría de Salud gasta alrededor de 100 mil pesos al año en un paciente con cáncer de pulmón, por lo que es necesario implementar estrategias enfocadas a la prevención y promoción de las causas que conlleva el tabaquismo.

 

Informó que la Comisión de Salud trabaja para que el Fondo de Gastos Catastróficos destine recursos para atender a los pacientes afectados.

 

El objetivo de este foro, destacó, es profundizar en el conocimiento de las consecuencias que tiene el consumo del tabaco en la salud y destacar los beneficios de contar con un país libre de humo. En este sentido, mencionó que la comisión que preside próximamente discutirá un dictamen para que esto sea una realidad en México.

 

El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (PRI), organizador de este foro de análisis, mencionó que recientemente la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud para crear un Registro Nacional de Cáncer y diseñar una estrategia de atención para los pacientes de cáncer.

 

Refirió que para hacer frente a este padecimiento pulmonar, es necesario diseñar políticas públicas enfocadas a la detección y atención oportuna.

 

Hemos tratado de inhibir el consumo del tabaco y, para ello, se generó el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el cual establece gravar actividades con un costo social o comportamiento negativo.

 

Explicó que el IEPS determina que los consumidores pagarán una tasa de 160 por ciento a la cajetilla de 20 cigarros, además un gravamen de 35 centavos por cigarrillo (7 pesos por cajetilla), lo que representa un impuesto total de 220 por ciento sobre el precio de la cajetilla.

 

Resaltó que durante el 2015 la recaudación del IEPS fue de 36 mil 890 millones de pesos, mientras que a septiembre del 2016 se ha logrado una captación por este rubro de 30 mil 199 millones de pesos.

 

Detalló que el 8 por ciento de la recaudación del consumo de tabaco se distribuye en función del porcentaje que presente la enajenación de estos bienes de cada entidad federativa, con el fin de que los municipios reciban como minino el 20 por ciento de la participación que le corresponde al estado.

 

Abelardo Meneses García, director general del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), expuso que en México el cáncer ocupa el tercer lugar de muertes, donde el 30 por ciento de los tumores malignos están asociados al tabaquismo.

 

Añadió que el Estado gasta alrededor de 61 mil 252 millones de pesos anuales para tratar los problemas de salud por el tabaco, que ocasionan más de 60 mil muertes al año.

 

El titular del INCAN dijo que el cigarrillo tiene más de 4 mil sustancias toxicas, 68 son cancerígenas; además, algunos de los componentes son utilizados al elaborar productos de limpieza para sanitarios y matar chinches.

 

“El 95 por ciento de los pacientes llegan en etapas avanzadas, por lo cual es fundamental la detección temprana y atacar los factores de riesgo como vigilar la no venta de cigarrillos a menores de edad, ya que de acuerdo con estudios realizados una persona que no fuma antes de los 18 años es muy probable que no lo haga en su vida adulta”.

 

Planteó la necesidad que la Secretaría de Educación Pública integre a los planes de estudio, las consecuencias que tiene para la salud consumir tabaco.

 

Jorge Salas Hernández, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), mencionó que en México el 43 por ciento de los casos de cáncer de pulmón ocurre en personas no fumadoras; de estos, 30 por ciento son hombres y 70 mujeres, los cuales tienen como principal factor de riesgo la exposición de humo de leña. Sin embragó, resaltó que 3.9 millones son expuestos al humo de tabaco en su lugar de trabajo.

 

Sostuvo que 14.3 millones de adultos son fumadores y estos llegan a consumir cerca de 7.7 cigarros al día; gastan alrededor de 300 pesos al mes y aunque, el 98.1 por ciento sabe que su ingesta afecta su salud, continúa con este hábito.

 

Expresó que es necesario implementar acciones de prevención, detección oportuna, capacitación médica y acceso a tratamientos integrales, ya que esto permitiría combatir la alta mortalidad de este padecimiento, a través de un programa nacional de atención de enfermedades respiratorias.

 

La representante del departamento de Investigación sobre Tabaco del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Luz Miriam Reynales, indicó que el tabaquismo está estrechamente ligado con las enfermedades crónicas como la bronquitis, enfisema pulmonar, cataratas, neumonía, tuberculosis, embarazo ectópico, disfunción eréctil, entre otras.

 

Reveló que el aumento impositivo a productos del tabaco, ha reducido su consumo y evita que los jóvenes se inicien como fumadores, reduce costos de atención médica. Además, mayor recaudación de impuestos, se puede aprovechar en programas sociales, salud, educación y medidas sanitarias.

 

Informó que entre 2011-2015 se han recaudado por impuestos al tabaco cerca de 183 mil 839 millones de pesos.

 

Guadalupe Ponciano Rodríguez, de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, se pronunció por terminar con el estigma que el cáncer pulmonar tiene como principal factor de riesgo del tabaquismo, pues también intervienen variables como la contaminación atmosférica y humo de leña para cocinar.

 

Propuso actualizar las guías clínicas de cáncer de pulmón, y generar una norma oficial mexicana para estandarizar su atención e integrar esta enfermedad al Seguro Popular.

 

Jimena Morales Ayala, directora de Priorización de Gastos Catastróficos y Gestión Intersectorial del Consejo de Salubridad General, agregó que el sector médico cuenta con especialistas y herramientas para que las instituciones homologuen la atención a la salud, así como medicamentos de vanguardia para atender estos padecimientos.

 

Omar Macedo Pérez, Respirando con Valor, A.C., añadió que los pacientes se enfrentan a un sistema de salud fraccionado lo que afecta sensiblemente su tratamiento.

 

Finalmente, Jorge Arturo Alatorre Alexander, director de la Clínica de Oncología Torácica, del INER, enfatizó que el cáncer de pulmón actualmente se encuentra considerado como una enfermedad que causa gastos catastróficos, y de ahí la importancia de homologar su atención.

Debe formularse en México una nueva agenda del derecho a la información

 

El derecho a la información es una preocupación inmanente, un derecho humano positivo; junto a los otros derechos fundamentales, es universal, interdependiente, indivisible y progresivo, objeto de tutela y de observación por la acción pública, señaló Angélica Cuéllar Vázquez, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.

En el evento conmemorativo por los 15 años de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), “Históricos y nuevos retos del Derecho a la Información y autonomía de las instituciones”, se entregaron los premios AMEDI al Derecho a la Información a: Alma Rosa Alva de la Selva, de la FCPyS, en la categoría de Investigación en Tecnologías de la Información; a Gabriel Sosa Plata, de la UAM Xochimilco y egresado de la UNAM, en Divulgación.

Además, a Carmen Aristegui Flores, también egresada de Universidad Nacional, en Libertad de Expresión; a Beatriz Solís Leree, de la UAM Xochimilco, en la categoría de Trayectoria; y a Jenaro Villamil, profesor de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y egresado de la UNAM, en Ejercicio Periodístico.

En la inauguración, Cuéllar Vázquez dijo que debido a la importancia de ese derecho, la Constitución creó cuatro grandes instituciones con autonomía constitucional: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR).

“Por ello éste es un evento inédito: la AMEDI celebra su 15 aniversario con la reunión de los presidentes de estos cuatro organismos autónomos para discutir y plantear los retos del derecho a la información”.

La UNAM y la FCPyS, añadió, serán siempre un espacio abierto a la libertad de expresión, de pensamiento y de reflexión; estarán atentas a promover y defender el derecho a la información y a seguir siendo semillero de académicos, especialistas y defensores como los que hoy integran la AMEDI.

En su oportunidad, Jorge Fernando Negrete Pacheco, presidente del Consejo Directivo de la AMEDI, indicó que debe reformularse en México una nueva agenda del derecho a la información. No obstante, acotó, este derecho se ha vuelto robusto y no es el mismo que conocimos en sus primeros años.

 

Organismos reguladores

José de Jesús Orozco Henríquez, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, abrió las participaciones magistrales y comentó que el derecho a la información es una pieza clave para el funcionamiento de la democracia, pero no es absoluto, porque puede estar sujeto a limitaciones.
A nombre de la CNDH, Rodrigo Santiago Juárez, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, mencionó que Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca concentran el 60 por ciento de los homicidios contra comunicadores en el país.

“Desde el año 2000 han sido asesinados 119 periodistas en México, de los cuales 12 eran mujeres; 20 han desaparecido desde 2005; de la revisión de 176 averiguaciones previas relacionadas con homicidios y desapariciones de periodistas, así como de atentados a medios, el 90 por ciento está impune; en cuanto a desapariciones y atentados a medios, la impunidad alcanza al 100 por ciento de los casos”.

En tanto, Armando Carrillo Lavat, titular del SPR, expuso que debe entenderse a los medios públicos, en tanto vehículos de cultura. “Nadie como los universitarios para entender el valor de la autonomía, que es una construcción colectiva”.

Más adelante, Gabriel Contreras Saldívar, quien encabeza el IFT, subrayó que las telecomunicaciones son un instrumento de desarrollo social. “Su poder es inmenso, no sólo en este aspecto; está comprobado que a mayor penetración y apertura de la banda ancha, hay un incremento del producto interno bruto”.

Finalmente, Ximena Puente, comisionada presidenta del INAI, reconoció en video la labor de la AMEDI. En las sesiones también intervinieron los académicos Raúl Trejo Delarbre, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; Jaqueline Peschard, de la FCPyS, así como Néstor García Canclini, de la UAM Xochimilco; y Guillermo Orozco, de la Universidad de Guadalajara.

Desapariciones forzadas, tortura y violencia hacia niñas y mujeres, principales actos de intimidación en el país

Diputada Olga Catalán Padilla


México atraviesa una “grave crisis de violencia e inseguridad”, lo que hace necesario que autoridades federales asuman observaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos sobre desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y violencia hacia niñas y mujeres, “principales actos de intimidación en el país”.

 

La diputada Olga Catalán Padilla (PRD) impulsa un exhorto para que el titular del Ejecutivo federal reconozca el contenido del informe sobre la “Situación de los Derechos Humanos en México”, que presentó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) el pasado 2 de marzo, a fin de fortalecer, proteger y garantizar los derechos humanos en México, a través de las instancias correspondientes.

 

Asimismo, solicita dé énfasis a una respuesta efectiva sobre los casos de violencia contra la mujer, atendiendo de manera puntual las recomendaciones vertidas en dicho informe.

 

La diputada federal por el Estado de México destacó que otros grupos afectados son los periodistas y las y los defensores de derechos humanos, debido a la prevalente inseguridad, el difícil acceso a la justicia y la impunidad que se vive en el país.

 

Consideró que “la respuesta por parte de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Cancillería mexicana ha sido de descalificación de dicho informe de la CIDH, de sus fuentes de información, así como de sus conclusiones”.

 

De acuerdo con este informe y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México se registra un porcentaje muy alto de mujeres víctimas de violación simple, 82 por ciento; trata de personas, 81 por ciento; abuso sexual, 79 por ciento; violencia familiar, 79 por ciento; violación equiparada, 71 por ciento; otros delitos contra la familia, 56 por ciento, y contra la libertad y la seguridad sexual, 83 por ciento.

 

El Inegi reportó que entre 2013 y 2014, siete mujeres fueron asesinadas diariamente en México, en tanto que de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en 2012 la tasa de homicidios de mujeres fue de 4.6 muertes por cada cien; mil 235 mujeres fueron víctimas de asesinato por ser mujer de enero de 2010 a junio de 2011.

 

El OCNF registró que el mayor número de estos asesinatos ocurrió en el Estado de México, con 320; Tamaulipas, 169, y Sinaloa, 168. Estimó que 41 por ciento de las víctimas tendrían entre 11 y 30 años de edad; 35 por ciento entre 31 a 50 años, y 13 por ciento más de 50 años.

 

Asimismo, resalta que entre enero de 2012 y diciembre de 2013 fueron asesinadas 3 mil 892 mujeres en México y solamente 15.7 por ciento de los casos fueron investigados como violencia basada en el género o feminicidios, quedando la mayoría de estos casos en la impunidad.

 

Cabe destacar que la CIDH no cuenta con cifras más recientes sobre los homicidios de mujeres basados en casos de género en el país, ya que “se carece de datos oficiales, al considerar que no es un problema importante por atender”, enfatizó la legisladora.

 

“Es indispensable reconocer que México se encuentra ante un problema en materia de seguridad y violencia, y mientras la impunidad y la corrupción sigan siendo el común denominador en la procuración de justicia, no se logrará un avance fundamental en materia de derechos humanos”, subrayó.