Usurpación de identidad será castigado con uno a seis años de prisión

* Avalan diputados una adición al artículo 430 al Código Penal Federal para sancionar este delito **Creció este ilícito 141 por ciento en un año; se detectaron 33 mil casos en primeros seis meses de 2016 ***Las penas aumentarán hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por un servidor público ****A septiembre de este año, delincuencia obtuvo por robo de identidad hasta mil 800 mdp

 

 

La Cámara de Diputados aprobó, con 414 votos a favor, el dictamen que adiciona un artículo 430 al Código Penal Federal, para sancionar la usurpación de identidad con una pena de uno a seis años de prisión y 400 a 600 días de multa y, en su caso, la reparación del daño que se hubiere causado.

 

El dictamen, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, destaca que comete el delito de usurpación de identidad quien por sí o por interpósita persona, usando cualquier medio lícito o ilícito, se apodere, apropie, transfiera, utilice o disponga de datos personales sin autorización de su titular o, bien, suplante la identidad de una persona, con la finalidad de cometer un ilícito o favorecer su comisión.

 

Las penas aumentarán hasta en una mitad cuando el ilícito sea cometido por un servidor público que, aprovechándose de sus funciones, tenga acceso a bases de datos que contengan este tipo de información, así como a los particulares responsables del tratamiento de datos personales sensibles, en términos de la ley en la materia.

 

Al fundamentar el dictamen que adiciona el Título Vigésimo Séptimo “Delitos contra la identidad de las personas. Capítulo Único. Usurpación de identidad”, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), señaló que la identidad es un derecho humano y, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, esta garantía consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades.

 

En México, dijo, la usurpación de identidad va en aumento. Según datos del Banco de México, el país ocupa el octavo lugar a nivel mundial en la comisión de este delito. “Hoy hacemos eco a las demandas ciudadanas que existen y exigen una protección más eficaz a sus derechos de identidad”.

 

Refirió que la intención del dictamen es tipificar el delito de usurpación o robo de identidad, estableciendo sanciones para quien cometa este acto delictivo, así como agravantes tratándose de servidores públicos en la fijación de penas. Además, plantea sancionar hasta con seis años de prisión y 600 días de multa a quien cometa este delito.

 

Ibarra Hinojosa argumentó que la Organización de las Naciones Unidas, en su manual sobre delitos relacionados con la identidad, ha dejado en claro que el legislar en materia penal sobre la usurpación de identidad, es urgente y necesario.

 

“Tenemos ante nosotros la oportunidad de actualizar nuestra legislación para hacer frente de una manera más eficaz a esta conducta que tanto ha lastimado a los mexicanos. Sancionar la usurpación de identidad, es prioritario para castigar a quienes, haciendo uso de datos que no le corresponden, obtienen beneficio. Estamos seguros que la protección de este derecho es indispensable”, añadió.

 

En los posicionamientos, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes (Encuentro Social) mencionó que la sobreexposición de los datos personales, así como la existencia de diversas instancias y métodos para su recopilación, ha generado la oportunidad para que individuos mal intencionados se hagan pasar por un tercero suplantado y, en muchos casos, erogando recursos o adquiriendo obligaciones a nombre de la persona usurpada.

 

Indicó que al aprobar esta reforma se fortalece el sistema jurídico del país, “ya que lo haremos más justo y humano. El dictamen goza a cabal taxatividad, ya que (esta) es precisa y otorga seguridad jurídica a los gobernados y abarca todos los supuestos que se presenten diariamente en la comunidad”.

 

Angélica Reyes Ávila, diputada de Nueva Alianza, dijo que hay países que ya cuentan con un marco jurídico preciso para combatir este tipo de delitos, entre ellos Estados Unidos y Canadá, “circunstancia que nos coloca en la imperiosa necesidad de adecuar nuestro Código Penal Federal para abatir estas acciones”.

 

La certidumbre jurídica, subrayó, es una circunstancia indispensable para el respeto del Estado de derecho, y es fundamental para combatir el robo de identidad. Con esta adición “estamos cumpliendo con México y pensando, como siempre, en el bienestar de las y los mexicanos”.

 

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco relató que el robo de identidad es un problema que en los últimos años se ha incrementado con el uso de Internet y el comercio electrónico y en México este ilícito va en aumento día con día. Además, la usurpación tiene consecuencias graves que pueden requerir de tiempo y recursos económicos para resolverse, ya que a las víctimas les lleva tiempo darse cuenta de que su identidad ha sido robada, comentó.

 

Relató que este dictamen da herramientas jurídicas y provee lo necesario para que las autoridades investigadores puedan combatir el delito. “Nos congratulamos de que nos pongamos a la altura de las circunstancias, que esta reforma ayude a combatir un delito que cada día es más frecuente y que está ocasionando grandes daños en la sociedad”.

 

El diputado Alfredo Basurto Román (Morena) se congratuló con este dictamen, porque también castiga a aquellos particulares que, independientemente del delito que cometan, utilicen datos sensibles de un tercero, en este caso robo de identidad, para que la pena sea incrementada hasta en un 50 por ciento.

 

Detalló que de antaño, al ciudadano únicamente se le robaba el portafolios o la cartera con el objeto de sustraer el dinero o los objetos de valores. “Hoy no. Hoy incluso habrá ciudadanos particulares que no se dan cuenta que están utilizando su tarjeta de crédito con fines lucrativos. Se da cuenta posteriormente, cuando le llegan los estados de cuenta y descubre que ha sido defraudado”.

 

Lorena Corona Valdés, diputada del PVEM, expresó que la usurpación o robo de identidad ha crecido 141 por ciento de 2014 a 2015 en el país, y esta reforma es de suma relevancia, ya que con ella se tipifica a nivel federal un delito de alta incidencia. Sin embargo, dijo, solo Colima, Ciudad de México, Estado de México, Tabasco y Nuevo León han adecuado sus Códigos Penales para tipificar esta conducta.

 

Con esta reforma, precisó, se protege el derecho a la identidad pero fundamentalmente el patrimonio de los mexicanos, debido a que este ilícito causa una afectación patrimonial y daño moral al individuo y a su familia. Entre los datos personales que se obtienen de manera ilícita se encuentran los nombres de usuario, contraseñas, número de seguridad social, de cuentas bancarias, de identificación personal, de tarjetas de crédito y fecha de nacimiento, explicó.

 

El diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) mencionó que el robo de identidad es el delito de más rápido crecimiento en el mundo y generalmente se usa para abrir cuentas de crédito, contratar líneas telefónicas, seguros de vida, realizar compras o para el cobro de seguros de salud, vida y pensiones.

 

Puntualizó que en un 67 por ciento de los casos, el robo de identidad se da por la pérdida de documentos, 63 por ciento por robo de carteras y portafolios y 53 por ciento por información tomada directamente de una tarjeta bancaria. “Es necesario que contemos con la legislación para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos y que los infractores o delincuentes sean castigados por la comisión de este hecho delictivo”.

 

César Flores Sosa, diputado del PAN, argumentó que esta irregularidad se ve beneficiada por la falta de controles de seguridad de las instituciones bancarias, el avance de las nuevas tecnologías, la especialización de los ciberdelincuentes y por la falta de la regulación de este tema. La usurpación de identidad se presenta, por ejemplo, en una apertura de las cuentas bancarias usando la credencial de elector con otra fotografía y con otra firma, detalló.

 

Se manifestó por tipificar la usurpación de identidad como un delito que busca no solamente proteger el patrimonio, sino la confianza de la persona. La legislación, añadió, debe ir a la par de las exigencias de un mundo interconectado y detectar las fallas para que estos delitos no queden en la impunidad y generen un alto costo social, siendo imperante tipificar este delito y garantizar la seguridad jurídica de todos los ciudadanos.

 

La diputada Gloria Himelda Félix Niebla (PRI) puntualizó que el robo de identidad es uno de los problemas que continuamente aquejan a la sociedad a nivel mundial y, por ende, México no es la excepción. Actualmente, los defraudadores y ladrones ya no buscan robarse una billetera solo para sustraer el dinero, sino para apropiarse de las identificaciones, para hacer uso indebido de tarjetas de crédito, de debido y de cheques.

 

Datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), revelan que tan sólo en los primeros seis meses de 2016, se han detectado aproximadamente 33 mil casos de robo de identidad, la gran mayoría derivado de engaños a los usuarios. A septiembre de este año la delincuencia ha obtenido, a través del robo de identidad, entre mil 500 millones y mil 800 millones de pesos (mdp).

Proponen garantizar servicio de guarderías a hijas e hijos de empleados domésticos

 

La Comisión de Trabajo y Previsión Social analiza una iniciativa para fortalecer los derechos laborales de las y los empleados domésticos y otorgarles a sus hijas e hijos, acceso a los servicios de guarderías que presta el Instituto Mexicano de la Seguro Social (IMSS).

 

En México, 2.2 millones de personas se dedican al trabajo doméstico; 96 de cada 100 no tienen un contrato por escrito donde se estipulen las condiciones del empleo. Además, 9 de cada 10 son mujeres, y de acuerdo a las disposiciones vigentes en la Ley del Seguro Social, aunque sean derechohabientes no cuentan con el derecho de guarderías.

 

A través de una iniciativa, la diputada Mirza Flores Gómez (Movimiento Ciudadano), planteó modificar los artículos 331, 332, 333, 334, 335, 337; adicionar el 332 bis y derogar el 336 de la Ley Federal del Trabajo, donde consideró “absurdo e inaudito que se discrimine a mujeres y hombres que realicen trabajo doméstico, sobre todo cuando tienen Seguro Social”.

 

De conformidad con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2013, de enero a octubre de 2010, 42.7 por ciento de las trabajadoras domésticas perdieron su empleo por problemas de salud; infortunadamente, sólo 2.2 por ciento tiene cobertura de seguridad social, en los términos que marca el artículo 13, fracción II, de la Ley del Seguro Social.

 

Consideró ilógico que si una trabajadora o trabajador del hogar son derechohabientes, no tengan acceso para que sus hijos gocen de la misma garantía de estar en una guardería, como los hijos e hijas del resto de los empleados del país que están afiliados al sistema de seguridad social.

 

Flores Gómez destacó que esta situación, no solamente significa discriminación para mujeres y hombres que se dedican al trabajo doméstico, sino vulneración a los derechos humanos de los menores.

 

Argumentó que la Ley Federal del Trabajo hace una discriminación al trabajo del hogar, pues de los 13 artículos sobre el tema “en ningún lado se habla de la seguridad social, contrato de trabajo o un horario establecido”.

 

La intención de la reforma legal es mejorar las condiciones de las empleadas domésticas, pero también se requiere un compromiso ciudadano para valorizarlas y avanzar en la mejora de su situación, pues “mientras estos hechos no sucedan, ni las empleadas domésticas ni sus eventuales patrones tendrán certeza del camino a seguir”.

 

En su propuesta, la diputada también plantea considerar como empleados del hogar a quienes presten servicios de asistencia personal y acompañamiento a los miembros de la familia o a quienes convivan en el mismo domicilio con el empleador, así como el cuidado no terapéutico de personas enfermas con discapacidad.

 

Prevé la obligación de los patrones de celebrar contrato por escrito en triplicado, debiendo entregar un tanto a la o el trabajador, y el otro lo registrará ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; además, garantizar a las empleadas domésticas embarazadas el derecho establecido en el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.

 

Considera que los empleados que presten sus servicios para un solo empleador y que residan o no en el domicilio, tengan las condiciones de trabajo que establece el Titulo Tercero, sobre jornada, días de descanso, vacaciones, salario, normas protectoras y utilidades.

 

Por su parte, los trabajadores domésticos que prestan sus servicios para diferentes empleadores y que no residan en el domicilio, gozarán de un período de descanso anual con derecho a sueldo, en proporción de un día de descanso por cada 20 días de trabajo efectivo, y tendrán derecho al pago de una gratificación económica anual equivalente a 50 por ciento del sueldo pagado en un mes de trabajo efectivo.

El feminicidio, un fenómeno histórico, crónico y sistemático

 

El feminicidio u homicidio de una mujer, doloso, con premeditación, alevosía, ventaja e, incluso, traición, que se lleva a cabo con extrema crueldad, no es un fenómeno en aumento. “Si se revisa la historia de la humanidad, las violaciones y asesinatos en nuestra contra han existido siempre”, afirmó Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

Hoy hemos logrado poner el tema sobre la mesa, llamar la atención de los gobiernos y las sociedades sobre esta problemática, y en el establecimiento de mecanismos que definen y sancionan, dijo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy, 25 de noviembre.

No obstante, desde que se tiene definido el feminicidio, “estamos frente a una situación preocupante. Además, en el grueso de los casos el responsable es alguien cercano a la asesinada, empezando por el esposo, novio, compañero o amante”, resaltó.

Ese concepto deriva del inglés femicide, que la feminista Diana Russell propuso para hacer referencia a una situación histórica, crónica y sistemática de violencia de género en contra de las mujeres, que además tiene una connotación de tolerancia social, de impunidad y generalidad. No ocurre en una, sino en todas las sociedades patriarcales, es decir, en todo el mundo, aclaró la universitaria.

Sin embargo, abundó Pérez Duarte y Noroña, el tipo penal es muy complejo, porque abarca una serie de elementos “que nuestros juzgadores no están acostumbrados a valorar”.

Ese tipo penal señala que se trata del asesinato por “razón de género”, lo que significa que las matan sólo por ser mujer, sin ningún otro motivo. No hay otro móvil para cometer el delito: no es por venganza, robo o crimen pasional. Es una cuestión relacionada con las raíces profundas de la misoginia, del odio o del temor hacia las mujeres. Un hombre simplemente se siente con derecho a agredirla hasta el asesinato.

Como tipo penal es difícil de definir y, sobre todo, de analizar y probar frente a un caso concreto, refirió la experta. En México, el primer concepto legal que apareció fue el de violencia feminicida: en contra de las mujeres, sistemática, en un lugar y tiempo determinados, y que engloba la impunidad. No se refería a un crimen concreto, sino a una situación de violencia.

Primero en Chihuahua, luego en el resto de las entidades federativas, se comenzó a definir el tipo penal del feminicidio. El concepto es nuevo, tanto que la primera de las definiciones se estableció en 2011. Se buscó para significar la problemática de la violencia de género y mandar una señal clara del rechazo a la misma.

“Como feminista concibo la necesidad del nuevo concepto, pero como jurista entiendo las dificultades que hay en el ministerio público y en tribunales para investigar y luego sancionar el delito”.

El sujeto activo responsable de un feminicidio sólo puede ser un hombre, y la víctima, una mujer. “Si una mujer mata a otra, estamos frente a un homicidio que puede ser calificado, pero no frente a un feminicidio, porque falta la razón patriarcal que aglutina al concepto”.

Entramos en una fuerte problemática si la víctima es una mujer transgénero, ejemplificó; si quien la asesina no tiene idea de que lo es, si no hay otra razón más que considerarla mujer, habría feminicidio; pero si la matan por homofobia, no lo es. Es una situación compleja para quien va a sancionar, remarcó.

Llamar la atención sobre la violencia de género ha dado resultados. Desde luego, “no son satisfactorios, porque ahí sigue y hay situaciones inmanejables”. En promedio, según el INEGI, se estima que durante 2013 y 2014 fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país.

Entre 2011 y 2013 las entidades que presentaron las tasas más altas fueron Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Colima, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California y Estado de México.

Para prevenir el fenómeno se requieren dos elementos: información constante a la población de que la violencia hacia este género es inaceptable en un país democrático. Y que las autoridades hablen un mismo lenguaje para poder prevenir, investigar y sancionar.

“Si cada autoridad entiende de manera distinta lo que significa violencia de género en contra de las mujeres, si cada una planea sus propias estrategias de trabajo, o no las tiene, y establece por separado criterios para la investigación de un acto violento, seguirá habiendo impunidad”, concluyó.

Difícil que México pueda generar un mercado interno sólido


La economía mexicana está en un momento de alta vulnerabilidad e incertidumbre; no existen condiciones para generar un mercado interno sólido, coincidieron académicos del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM en la conferencia “El aumento a la tasa de interés y sus repercusiones en la población y en la economía nacional”.

No sólo es el efecto Trump, también arrastra un problema estructural en la economía: el precio del petróleo, la inflación, la devaluación del tipo de cambio peso-dolar (que en menos de tres años ha pasado de 13 a 20 pesos), la fuga de capitales y el aumento de la deuda externa, señaló Alicia Girón, coordinadora del Seminario Universitario de Estudios Asiáticos.

Basada en sus investigaciones y en datos del Country Information Report del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo que México no alcanzará su expectativa de crecimiento para 2017, y se ubicará en dos por ciento.

“El FMI insiste en llevar hasta las últimas consecuencias las llamadas Reformas Estructurales, pero lo que se requiere son cambios en las políticas monetaria, fiscal y financiera”, indicó la ex directora del IIEc.

La fuga de capitales es un hecho, pues las reservas del país pasaron de 192,365 mil millones de dólares en diciembre de 2014, a 174,498 mil millones de dólares en noviembre de 2016, por lo que en el curso de casi dos años han decrecido más de 20 mil millones de dólares.

Vulnerabilidad

En su oportunidad, César Armando Salazar López, también del IIEc, comentó que no existen condiciones para generar un mercado interno sólido, por lo que estamos altamente vulnerables a los golpes y choques externos.

“No contamos con una política económica que ayude en forma adecuada a enfrentar las situaciones y movimientos financieros del exterior; la política actual no distingue lo que es mejor para la economía nacional, no se buscan condiciones de crecimiento, sólo de estabilización”.

Intentar mantener la política monetaria con instrumentos tradicionales en un contexto donde ya no funcionan, llevará a impactar los costos del Estado por su deuda, apuntó.

“Los pronósticos de crecimiento para la economía mexicana han caído para 2016, y para 2017; pasamos de un rango de 1.5 a dos por ciento”, reiteró Salazar López.

Al referirse al mercado cambiario, expuso que éste reaccionará conforme haya anuncios en el plano internacional, por lo que se padecerá “una incertidumbre completa”.

TLCAN

En cuanto a la posibilidad de la reapertura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), César Salazar subrayó que nuestro país debería aprovechar la ocasión para replantear las condiciones en materia agroalimentaria, pues México es un gran importador de alimentos estadounidenses, mayoritariamente de maíz.

Al respecto, Alicia Girón, manifestó que esa reapertura también es una oportunidad para reintentar una renegociación de la deuda externa y especificar con qué sectores se ha contraído.

Segunda oportunidad para policías que no aprobaron primera evaluación de control de confianza

 Sólo será para elementos que no tengan historial de sanciones por indisciplina

La Comisión de Seguridad Pública, que preside el diputado Jorge Ramos Hernández (PAN), aprobó reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de establecer que en los controles de confianza los elementos policiacos pueden realizar una segunda evaluación para su permanencia si es que no pudieron acreditar en la primera.

El dictamen, que modifica los artículos 73, 88 y 108, de dicho margo legal, puntualiza que para dar una segunda oportunidad, los elementos no deberán contar con antecedentes de indisciplina o sanciones, o que repercutan o pongan en peligro el desempeño de sus funciones policiales.

La propuesta, avalada en reunión de trabajo, señala que al existir la opción de una segunda evaluación, se fortalece el propósito que tienen estas pruebas de ser un medio de confiabilidad y eficiencia en los elementos que pertenecen a las corporaciones de seguridad pública.

Subraya que la prueba “no debe ser un mecanismo de separación de buenos elementos” que, en sus casos, han acreditado otros exámenes, tienen antecedentes impecables, y muchos de ellos con una experiencia probada en su ejercicio.

“Si un policía realizó conductas que ameritaron su suspensión o remoción, no pueden ser beneficiados por esta segunda oportunidad”, sostiene el texto.

Desde 2010, los exámenes de control de confianza se usan como filtros para la contratación, permanencia o baja de agentes en corporaciones de seguridad pública, así como de diversos funcionarios de gobiernos federal, estatal o municipal, explica la reforma.

Integrar en el RNPED la historia de violencia de género

De igual forma, la comisión aprobó un dictamen que reforma el artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), para integrar en su catálogo de indicadores la “historia de violencia de género”, a fin de ser una referencia a destacar, lo que ayudaría a reforzar su seguimiento.

Se considera fundamental su inclusión debido a que este lamentable fenómeno es cada vez más frecuente en niñas y mujeres mexicanas. “No existe una cifra de cuántas de las mexicanas que desaparecen tuvieron una historia de violencia de género previa al suceso”.

“Dicha modificación abonaría en la identificación de cuáles son las causas adyacentes a la desaparición de niñas y mujeres en todo el territorio nacional”, señala el dictamen.