Vigente la esclavitud en México, asegura académica de la UNAM


¿Aún existe la esclavitud en nuestro país? Lamentablemente sí, y mucho más de la que se cree. Aunque se ha transformado conceptualmente en una forma multidimensional de explotación, como la trata de personas, sigue vigente y es un fenómeno delictivo altamente lucrativo, considerado el tercer negocio ilícito más fructífero del mundo, resaltó Carmen Gabriela Ruiz Serrano, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.

A propósito del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se conmemora hoy, 2 de diciembre, la académica mencionó que según el más reciente estudio del Departamento de Estado de Estados Unidos, México ingresa a la Unión Americana el mayor número de personas que son explotadas por bandas de trata. En la actualidad nuestro país se ha posicionado como uno de los principales exportadores de víctimas.

De acuerdo con la Comisión intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, del gobierno mexicano, de 2009 a 2015 se identificaron 951 víctimas. Sin embargo, la asociación civil AGAPE afirma que en nuestro territorio hay aproximadamente 300 mil, y el 70 por ciento fue "tratada" por el crimen organizado que opera en complicidad con autoridades de los tres niveles de gobierno, refirió Ruiz Serrano.

“El nuestro es el país del continente con mayor número de personas en esclavitud. Para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la trata en México es un problema del que tenemos una fotografía incompleta, porque no hay datos o cifras que reflejen realmente su magnitud”, resaltó.

Ese organismo de la ONU clasifica como zonas de alta incidencia a urbes como Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Cancún, Tapachula, Acapulco, Tlaxcala, Puerto Vallarta, Los Cabos, Veracruz, Oaxaca y la Ciudad de México.

Esclavitud

La esclavitud ha aumentado, se ha diversificado y afinado en sus métodos, apuntó la académica.

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de este delito (LGPSETP) reconoce como formas de explotación a la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual.

Además, explotación laboral, mendicidad forzada, adopción ilegal o utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, matrimonio forzoso o servil, tráfico de órganos, tejidos o células de seres humanos vivos y experimentación biomédica ilícita en seres humanos, subrayó la académica de la ENTS.

“¿Por qué existe gente aún que esclaviza?, porque el reducir a una persona a calidad de objeto de intercambio se le asigna un rol de mercancía y hay un mercado que lo demanda, lo que se traduce en un beneficio monetario para el tratante, quien además, sin gran inversión, obtiene ganancias considerables”.

Esta situación se debate actualmente en el Legislativo: la modificación de 22 artículos de la LGPSETP, en donde se discute si se debe o no sancionar también al “consumidor”, concluyó.

Amenazas a periodistas en redes sociales aumentaron el último trimestre


Ciudad de México, 2016.- El espacio digital se ha convertido en uno que complementa la participación en las protestas en las calles, asambleas y discusiones presenciales. Por su relevancia como campo para la participación social y política, el ejercicio de derechos y el intercambio de información e ideas, las plataformas digitales son un campo de batalla donde la libertad de expresión es atacada. En este sentido, el acoso en internet, especialmente mediante amenazas en plataformas de redes sociales, se ha consolidado en el periodo como una forma para intimidar, infundir miedo y censurar.

Por ello, ARTICLE 19 realiza un análisis de la situación en su tercer informe trimestral: De lo digital a lo tangible. Durante el periodo de julio a septiembre, se documentaron 88 agresiones contra la prensa, lo que eleva el total de 2016 –hasta este periodo– a 306 agresiones.

Destaca que 2016 es el año con más asesinatos de periodistas: ARTICLE 19 ha registrado 10 casos. Durante el tercer trimestre, Pedro Tamayo, reportero de Tierra Blanca, Veracruz; Agustín Pavia, locutor de Huajuapan, Oaxaca, y Aurelio Cabrera, reportero y director de un medio de Huachinango, Puebla, fueron asesinados. En ninguno de estos 3 casos documentados durante este trimestre por ARTICLE 19, la FEADLE ha ejercido su facultad de atracción para investigar los homicidios en contra de los periodistas.


Las amenazas en general constituyeron las agresiones más comunes del total de agresiones registradas por ARTICLE 19 a nivel nacional este trimestre, y representaron casi una cuarta parte (23), del agregado total de agresiones trimestrales. De este cúmulo de amenazas, 6 de cada 10 fueron realizadas vías redes sociales. Durante este periodo ARTICLE 19 ha notado con especial preocupación que las amenazas en redes sociales han incrementado: mientras que en los primeros seis meses de 2016, se documentó en promedio una amenaza mensual por esta vía; durante el tercer trimestre del año, se documentaron 4.6 amenazas promedio por mes.

Las agresiones en el espacio digital tienen como objetivo y infundir miedo, sentimiento de persecución e inseguridad ante la percepción de un riesgo inminente. Además, logran extender la sensación hacia los círculos cercanos como familiares y amigos e incluso las fuentes de los periodistas. Esta virulencia se pudo documentar con mayor claridad durante el tercer trimestre, donde se observan ataques directos contra quienes defienden derechos humanos y comparten información crítica de los gobiernos, principalmente.

Hasta el momento de cierre de este informe y a pesar de existir investigaciones judiciales abiertas para algunos de los casos presentados, ARTICLE 19 no tiene conocimiento de que algún responsable intelectual ni material de las amenazas haya sido identificado y llevado ante la justicia como resultado de una investigación diligente y exhaustiva.

Esta impunidad en casos de agresiones en el espacio digital se suma al clima existente para crímenes y violaciones en contra de la libertad de expresión en México. La ausencia de justicia impide que se brinden garantías de no repetición, lo que representa un caldo de cultivo para que este tipo de amenazas se incrementen en el corto plazo.

 

 

 

Tercer Informe Trimestral: De lo digital a lo tangible by ARTICLE 19 MX-CA on Scribd

Gabinetes de coalición o segunda vuelta electoral darían gobernabilidad a México

Ante un escenario político cada vez más fragmentado se requieren fórmulas que garanticen gobernabilidad en México, tales como los gobiernos de coalición, la segunda vuelta electoral para cargos ejecutivos y una representación proporcional estricta para los congresos, señalaron los ponentes del Foro “Coaliciones políticas. ¿Solución del régimen político mexicano?”.

El excandidato presidencial de Acción Nacional, Diego Fernández de Cevallos; el expresidente del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg y el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, debatieron sobre estos tópicos en una mesa moderada por el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, en el marco de la 30 Feria Internacional del Libro (FIL). La introducción al diálogo la ofreció el presidente de la feria, licenciado Raúl Padilla López.

Woldenberg señaló que hay tres tipos de coaliciones: electoral, legislativa y de gobierno. La primera se ha hecho en México a través de casi todos los partidos y la segunda, por necesidad, pero tratando tema por tema, lo que ha provocado desgaste. La tercera no se ha dado, pero la Constitución ya prevé esta posibilidad a raíz de la reforma de 2014, en la que un presidente que no tenga mayoría puede pactar un programa de gobierno y un gabinete, siempre y cuando sea refrendado por el Senado.

“En 2018, gane quien gane, lo más probable es que el próximo presidente no tenga mayoría en ninguna cámara y se le abrirá la posibilidad de esta figura. O puede encabezar un gobierno de minoría y negociar cada asunto por separado, o generar un gobierno de coalición que le garantice votos suficientes para sus propuestas”, afirmó.

Señaló que las segundas vueltas electorales tendrían sentido solamente si hay representación proporcional estricta, es decir, que los escaños en el Congreso se repartan conforme a los votos obtenidos y no como se hace actualmente, con diputaciones de mayoría por distrito y plurinominales.

Fernández de Cevallos afirmó que el Pacto por México fue una suerte de coalición de gobierno, pero que se desfondó porque el presidente de la República presumió los logros como suyos, sin dar crédito a los partidos participantes (PAN y PRD). Recordó que cuando empezó en la política, este tipo de acercamientos se veían como una traición, pero ahora hay más civilidad política.

“Ahora no sólo se aceptan las coaliciones, sino que parece que hay un clamor de la sociedad de que los políticos nos pongamos de acuerdo para trabajar. En lo que no estoy de acuerdo es que la coalición sea obligatoria, como plantea Manlio Fabio Beltrones, cuando un candidato no obtenga 51 por ciento de los votos; tiene que ser opcional. Un sexenio es una eternidad, y debemos pensar en períodos de cuatro años, incluso con reelección y en segundas vueltas”, afirmó Fernández de Cevallos.

Diego Valadés, por su parte, señaló que no está de acuerdo con las segundas vueltas electorales, a las que calificó como una “forma artificial de gobernabilidad. Es una meta-cláusula de gobernabilidad artificial. El gobierno de coalición también es, en cierto modo, artificial, pues el presidente estaría formando con discrepantes un programa de gobierno en el que los partidos convienen cosas que no ofrecieron a los electores. Es cuando el sistema de representatividad llega a tener vulnerabilidad”, reflexionó Valadés.

Usurpación de identidad será castigado con uno a seis años de prisión

* Avalan diputados una adición al artículo 430 al Código Penal Federal para sancionar este delito **Creció este ilícito 141 por ciento en un año; se detectaron 33 mil casos en primeros seis meses de 2016 ***Las penas aumentarán hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por un servidor público ****A septiembre de este año, delincuencia obtuvo por robo de identidad hasta mil 800 mdp

 

 

La Cámara de Diputados aprobó, con 414 votos a favor, el dictamen que adiciona un artículo 430 al Código Penal Federal, para sancionar la usurpación de identidad con una pena de uno a seis años de prisión y 400 a 600 días de multa y, en su caso, la reparación del daño que se hubiere causado.

 

El dictamen, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, destaca que comete el delito de usurpación de identidad quien por sí o por interpósita persona, usando cualquier medio lícito o ilícito, se apodere, apropie, transfiera, utilice o disponga de datos personales sin autorización de su titular o, bien, suplante la identidad de una persona, con la finalidad de cometer un ilícito o favorecer su comisión.

 

Las penas aumentarán hasta en una mitad cuando el ilícito sea cometido por un servidor público que, aprovechándose de sus funciones, tenga acceso a bases de datos que contengan este tipo de información, así como a los particulares responsables del tratamiento de datos personales sensibles, en términos de la ley en la materia.

 

Al fundamentar el dictamen que adiciona el Título Vigésimo Séptimo “Delitos contra la identidad de las personas. Capítulo Único. Usurpación de identidad”, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), señaló que la identidad es un derecho humano y, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, esta garantía consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades.

 

En México, dijo, la usurpación de identidad va en aumento. Según datos del Banco de México, el país ocupa el octavo lugar a nivel mundial en la comisión de este delito. “Hoy hacemos eco a las demandas ciudadanas que existen y exigen una protección más eficaz a sus derechos de identidad”.

 

Refirió que la intención del dictamen es tipificar el delito de usurpación o robo de identidad, estableciendo sanciones para quien cometa este acto delictivo, así como agravantes tratándose de servidores públicos en la fijación de penas. Además, plantea sancionar hasta con seis años de prisión y 600 días de multa a quien cometa este delito.

 

Ibarra Hinojosa argumentó que la Organización de las Naciones Unidas, en su manual sobre delitos relacionados con la identidad, ha dejado en claro que el legislar en materia penal sobre la usurpación de identidad, es urgente y necesario.

 

“Tenemos ante nosotros la oportunidad de actualizar nuestra legislación para hacer frente de una manera más eficaz a esta conducta que tanto ha lastimado a los mexicanos. Sancionar la usurpación de identidad, es prioritario para castigar a quienes, haciendo uso de datos que no le corresponden, obtienen beneficio. Estamos seguros que la protección de este derecho es indispensable”, añadió.

 

En los posicionamientos, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes (Encuentro Social) mencionó que la sobreexposición de los datos personales, así como la existencia de diversas instancias y métodos para su recopilación, ha generado la oportunidad para que individuos mal intencionados se hagan pasar por un tercero suplantado y, en muchos casos, erogando recursos o adquiriendo obligaciones a nombre de la persona usurpada.

 

Indicó que al aprobar esta reforma se fortalece el sistema jurídico del país, “ya que lo haremos más justo y humano. El dictamen goza a cabal taxatividad, ya que (esta) es precisa y otorga seguridad jurídica a los gobernados y abarca todos los supuestos que se presenten diariamente en la comunidad”.

 

Angélica Reyes Ávila, diputada de Nueva Alianza, dijo que hay países que ya cuentan con un marco jurídico preciso para combatir este tipo de delitos, entre ellos Estados Unidos y Canadá, “circunstancia que nos coloca en la imperiosa necesidad de adecuar nuestro Código Penal Federal para abatir estas acciones”.

 

La certidumbre jurídica, subrayó, es una circunstancia indispensable para el respeto del Estado de derecho, y es fundamental para combatir el robo de identidad. Con esta adición “estamos cumpliendo con México y pensando, como siempre, en el bienestar de las y los mexicanos”.

 

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco relató que el robo de identidad es un problema que en los últimos años se ha incrementado con el uso de Internet y el comercio electrónico y en México este ilícito va en aumento día con día. Además, la usurpación tiene consecuencias graves que pueden requerir de tiempo y recursos económicos para resolverse, ya que a las víctimas les lleva tiempo darse cuenta de que su identidad ha sido robada, comentó.

 

Relató que este dictamen da herramientas jurídicas y provee lo necesario para que las autoridades investigadores puedan combatir el delito. “Nos congratulamos de que nos pongamos a la altura de las circunstancias, que esta reforma ayude a combatir un delito que cada día es más frecuente y que está ocasionando grandes daños en la sociedad”.

 

El diputado Alfredo Basurto Román (Morena) se congratuló con este dictamen, porque también castiga a aquellos particulares que, independientemente del delito que cometan, utilicen datos sensibles de un tercero, en este caso robo de identidad, para que la pena sea incrementada hasta en un 50 por ciento.

 

Detalló que de antaño, al ciudadano únicamente se le robaba el portafolios o la cartera con el objeto de sustraer el dinero o los objetos de valores. “Hoy no. Hoy incluso habrá ciudadanos particulares que no se dan cuenta que están utilizando su tarjeta de crédito con fines lucrativos. Se da cuenta posteriormente, cuando le llegan los estados de cuenta y descubre que ha sido defraudado”.

 

Lorena Corona Valdés, diputada del PVEM, expresó que la usurpación o robo de identidad ha crecido 141 por ciento de 2014 a 2015 en el país, y esta reforma es de suma relevancia, ya que con ella se tipifica a nivel federal un delito de alta incidencia. Sin embargo, dijo, solo Colima, Ciudad de México, Estado de México, Tabasco y Nuevo León han adecuado sus Códigos Penales para tipificar esta conducta.

 

Con esta reforma, precisó, se protege el derecho a la identidad pero fundamentalmente el patrimonio de los mexicanos, debido a que este ilícito causa una afectación patrimonial y daño moral al individuo y a su familia. Entre los datos personales que se obtienen de manera ilícita se encuentran los nombres de usuario, contraseñas, número de seguridad social, de cuentas bancarias, de identificación personal, de tarjetas de crédito y fecha de nacimiento, explicó.

 

El diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) mencionó que el robo de identidad es el delito de más rápido crecimiento en el mundo y generalmente se usa para abrir cuentas de crédito, contratar líneas telefónicas, seguros de vida, realizar compras o para el cobro de seguros de salud, vida y pensiones.

 

Puntualizó que en un 67 por ciento de los casos, el robo de identidad se da por la pérdida de documentos, 63 por ciento por robo de carteras y portafolios y 53 por ciento por información tomada directamente de una tarjeta bancaria. “Es necesario que contemos con la legislación para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos y que los infractores o delincuentes sean castigados por la comisión de este hecho delictivo”.

 

César Flores Sosa, diputado del PAN, argumentó que esta irregularidad se ve beneficiada por la falta de controles de seguridad de las instituciones bancarias, el avance de las nuevas tecnologías, la especialización de los ciberdelincuentes y por la falta de la regulación de este tema. La usurpación de identidad se presenta, por ejemplo, en una apertura de las cuentas bancarias usando la credencial de elector con otra fotografía y con otra firma, detalló.

 

Se manifestó por tipificar la usurpación de identidad como un delito que busca no solamente proteger el patrimonio, sino la confianza de la persona. La legislación, añadió, debe ir a la par de las exigencias de un mundo interconectado y detectar las fallas para que estos delitos no queden en la impunidad y generen un alto costo social, siendo imperante tipificar este delito y garantizar la seguridad jurídica de todos los ciudadanos.

 

La diputada Gloria Himelda Félix Niebla (PRI) puntualizó que el robo de identidad es uno de los problemas que continuamente aquejan a la sociedad a nivel mundial y, por ende, México no es la excepción. Actualmente, los defraudadores y ladrones ya no buscan robarse una billetera solo para sustraer el dinero, sino para apropiarse de las identificaciones, para hacer uso indebido de tarjetas de crédito, de debido y de cheques.

 

Datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), revelan que tan sólo en los primeros seis meses de 2016, se han detectado aproximadamente 33 mil casos de robo de identidad, la gran mayoría derivado de engaños a los usuarios. A septiembre de este año la delincuencia ha obtenido, a través del robo de identidad, entre mil 500 millones y mil 800 millones de pesos (mdp).

Proponen garantizar servicio de guarderías a hijas e hijos de empleados domésticos

 

La Comisión de Trabajo y Previsión Social analiza una iniciativa para fortalecer los derechos laborales de las y los empleados domésticos y otorgarles a sus hijas e hijos, acceso a los servicios de guarderías que presta el Instituto Mexicano de la Seguro Social (IMSS).

 

En México, 2.2 millones de personas se dedican al trabajo doméstico; 96 de cada 100 no tienen un contrato por escrito donde se estipulen las condiciones del empleo. Además, 9 de cada 10 son mujeres, y de acuerdo a las disposiciones vigentes en la Ley del Seguro Social, aunque sean derechohabientes no cuentan con el derecho de guarderías.

 

A través de una iniciativa, la diputada Mirza Flores Gómez (Movimiento Ciudadano), planteó modificar los artículos 331, 332, 333, 334, 335, 337; adicionar el 332 bis y derogar el 336 de la Ley Federal del Trabajo, donde consideró “absurdo e inaudito que se discrimine a mujeres y hombres que realicen trabajo doméstico, sobre todo cuando tienen Seguro Social”.

 

De conformidad con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2013, de enero a octubre de 2010, 42.7 por ciento de las trabajadoras domésticas perdieron su empleo por problemas de salud; infortunadamente, sólo 2.2 por ciento tiene cobertura de seguridad social, en los términos que marca el artículo 13, fracción II, de la Ley del Seguro Social.

 

Consideró ilógico que si una trabajadora o trabajador del hogar son derechohabientes, no tengan acceso para que sus hijos gocen de la misma garantía de estar en una guardería, como los hijos e hijas del resto de los empleados del país que están afiliados al sistema de seguridad social.

 

Flores Gómez destacó que esta situación, no solamente significa discriminación para mujeres y hombres que se dedican al trabajo doméstico, sino vulneración a los derechos humanos de los menores.

 

Argumentó que la Ley Federal del Trabajo hace una discriminación al trabajo del hogar, pues de los 13 artículos sobre el tema “en ningún lado se habla de la seguridad social, contrato de trabajo o un horario establecido”.

 

La intención de la reforma legal es mejorar las condiciones de las empleadas domésticas, pero también se requiere un compromiso ciudadano para valorizarlas y avanzar en la mejora de su situación, pues “mientras estos hechos no sucedan, ni las empleadas domésticas ni sus eventuales patrones tendrán certeza del camino a seguir”.

 

En su propuesta, la diputada también plantea considerar como empleados del hogar a quienes presten servicios de asistencia personal y acompañamiento a los miembros de la familia o a quienes convivan en el mismo domicilio con el empleador, así como el cuidado no terapéutico de personas enfermas con discapacidad.

 

Prevé la obligación de los patrones de celebrar contrato por escrito en triplicado, debiendo entregar un tanto a la o el trabajador, y el otro lo registrará ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; además, garantizar a las empleadas domésticas embarazadas el derecho establecido en el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.

 

Considera que los empleados que presten sus servicios para un solo empleador y que residan o no en el domicilio, tengan las condiciones de trabajo que establece el Titulo Tercero, sobre jornada, días de descanso, vacaciones, salario, normas protectoras y utilidades.

 

Por su parte, los trabajadores domésticos que prestan sus servicios para diferentes empleadores y que no residan en el domicilio, gozarán de un período de descanso anual con derecho a sueldo, en proporción de un día de descanso por cada 20 días de trabajo efectivo, y tendrán derecho al pago de una gratificación económica anual equivalente a 50 por ciento del sueldo pagado en un mes de trabajo efectivo.