Detienen al ex Gobernador Rodrigo Medina

Colima, México, Redacción (26/01/17).- Detienen a el ex Gobernador priista Rodrigo Medina como medida cautelar para evitar una posible evasión de la acción de la justicia, luego de ser vinculado por los delitos de peculado y de daño al patrimonio del Estado. El ex Gobernador fue recluido en el Penal de Topo Chico.

El Gobierno del Estado de Nuevo León informó que "ante un probable daño contra el patrimonio estatal aproximado a los 3 mil 128 millones de pesos, el Juez Miguel Ángel Eufracio dictó la prisión preventiva al considerar que las penas de hasta 12 años de prisión por los delitos y la falta de arraigo en Nuevo León pueden provocar la sustracción de la justicia del ahora investigado.
El 9 de agosto del año pasado, el ex Gobernador fue vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones por presuntas irregularidades en los incentivos otorgados a la armadora KIA Motors, por más de 3 mil millones de pesos y exenciones de impuestos que excedieron los montos establecidos por la ley.
Aunque en aquella ocasión la Subprocuraduría Anticorrupción pidió también la vinculación a proceso por peculado y delitos contra el patrimonio del Estado, pero el Juez de Control consideró que aunque los ilícitos sí existían, no se acreditaba la participación de Medina de la Cruz como inductor.
La madrugada de este jueves, tras más de 18 horas de audiencia, la Fiscalía sostuvo que el ex Mandatario debe ser juzgado por su probable autoría intelectual en los delitos que le atribuye.
Medina de la Cruz acudió a la audiencia realizada en el Palacio de Justicia de Monterrey acompañado de su defensa, integrada por el ex Procurador General de Justicia del Estado, Javier Flores, el penalista Alonso Aguilar Zinser y un grupo de abogados asistentes.
Tras la vinculación a proceso y la solicitud de la Fiscalía para dictar medidas preventivas, el abogado de la defensa presentó un amparo ante la autoridad para evitar las medidas cautelares en su contra, sin embargo, el Juez de Control lo rechazó, al señalar que se encuentra en otra etapa del proceso.
Con esta nueva vinculación y la formulada el pasado mes de agosto, la Fiscalía Anticorrupción buscará acumular ambos procesos para continuar con los tres delitos que se encuentran dentro de la misma carpeta de investigación.
La prisión preventiva para Medina de la Cruz será por lo menos hasta el próximo 24 de febrero, fecha para la que se dictó el cierre de la investigación".

Se agudizan ataques contra defensoras del medio ambiente


Cimacnoticias | Ciudad de México (17/01/2017).- El Centro Mexicano de Derechos Ambientales (Cemda) registró durante el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, 63 ataques a personas defensoras ambientales, de los cuales, 10 fueron contra mujeres.

Al presentar su tercer “Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos (DH) ambientales en México”, con el fin de visibilizar el riesgo que corren las personas defensoras ambientales en nuestro país, el Cemda refirió que los tipos de megaproyectos donde más casos de agresiones se identificaron son las obras hidráulicas, y políticas públicas de administración de agua (17 casos), seguidas de los proyectos mineros (10) e hidroeléctricas con 7 casos.

De acuerdo con este documento, las agresiones se registraron en 18 entidades, pero destaca Oaxaca, que se mantiene, según la organización, como una de las tres entidades con mayor número de agresiones contra personas defensoras del ambiente; el primer lugar lo ocupan el Estado de México y Sonora con 12 casos cada uno; Oaxaca 6 casos y Puebla 5 casos.

El tipo de agresión más frecuente es la amenaza en 24 por ciento de los casos, seguidas de intimidación (19 por ciento) y la criminalización con 18 por ciento.

Asimismo las agresiones físicas representaron 15 por ciento; en 6 por ciento de los casos hubo privación ilegal de la libertad y se registró un caso de homicidio vinculado a tala clandestina, el cual ocurrió en el 2016, en Chihuahua.

“Las amenazas y agresiones siguen. México es un país muy peligroso para la defensa del medio ambiente, el Estado mexicano no está realizando un papel eficaz para prevenir y sancionar las agresiones contra las y los defensores ambientales”, dijo la experta en Derechos Humanos e integrante de Cemda, Alejandra Leyva.

Alejandra Leyva (izq.) y Margarita Campuzano (der.), Abogada del Área de Derechos Humanos y Directora de Comunicación y Difusión de CEMDA, respectivamente, presentaron su informe en conferencia de prensa | CIMACFoto: César Martínez López


Los principales agresores son funcionarios públicos, dice el informe. De los 63 casos de ataques identificados, 43 por ciento fueron cometidos por autoridades del Estado, 7 por ciento por personal de las empresas y 2 por ciento por personas del crimen organizado.

Alejandra Leyva dijo que este informe fue presentado al relator especial sobre la situación de los defensores de DH de las Naciones Unidas, Michel Forst, quien se encuentra en una visita oficial en México hasta el 24 de enero. Las representantes de la organización esperan que el relator incluya en su informe el registro que realizaron.

En el informe, Cemda recomienda al gobierno mexicano implementar acciones que estén dirigidas a la prevención de los ataques a las personas defensoras; garantizar la consulta previa e informada de los pueblos y comunidades sobre los megaproyectos; suspender la implementación de proyectos cuando se registren agresiones contra los integrantes de las comunidades, entre otras.

También pidieron fortalecer el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas implementado en 2012, para que cuente con un presupuesto suficiente y recursos materiales y humanos que le permitan cumplir con su objetivo y funcionamiento.

Profeco denunciará penalmente 5 estaciones de servicio por venta de litros incompletos

Ciudad de México, Comunicado (17/01/17).- La Profeco mantiene una revisión estratégica focalizada en las gasolineras de todo el país para detectar irregularidades y sancionar conductas indebidas. En las últimas 72 horas se acumularon 120 verificaciones y en 58 casos se encontraron irregularidades, lo que derivó en la inmovilización de 102 mangueras.

Adicionalmente en las próximas horas, la Subprocuraduría Jurídica de la Profeco, presentará cinco denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra quien resulte responsable, a un igual número de estaciones de servicio que se negaron a la verificación y en donde existe la presunción de que no se entregan litros completos.

Las denuncias penales tienen como base el artículo 16 Fracción I de la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, que contempla una sanción de hasta 6 años de prisión a quien “enajene o suministre gasolinas o diesel con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 1.5 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición que se emplean para su enajenación o suministro”.

Asimismo, en el artículo 17 Fracción I, de la referida ley en el que se establecen penas hasta de 18 años de cárcel para quien “altere los sistemas de medición en posesión o al servicio de los asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores, con conocimiento de que producirá un daño o afectación a la normal operación de los mismos”.

En el caso de las 58 estaciones en las que se detectó la venta de litros incompletos, la Ley Federal de Protección al Consumidor, en sus Artículos 128, 128-Bis y 129 prevé sanciones económicas de hasta 4.1 millones de pesos, que pueden duplicarse en caso de reincidencia.

En los casos en los que han detectado irregularidades, la Profeco informará a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que proceda conforme a la ley.

El Procurador Nemer estableció que no se tolerará ningún abuso en contra de los consumidores e instruyó a todo el personal de verificación de combustibles a intensificar sus recorridos para detectar abusos.

 

Destruyen 52 toneladas de mariguana en Jalisco

México, Comunicado (17/01/17).- Derivado de las acciones que realiza la Policía Federal, la Procuraduría General de la Republica (PGR), a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), por conducto de su Delegación Estatal en Jalisco, inició dos Carpetas de Investigación contra quien o quienes resulten responsables por el delito de Contra la Salud.

De acuerdo con las indagatorias, elementos de la Policía Federal, hicieron del conocimiento del Fiscal de la Federación, que al realizar sobrevuelos sobre el poblado denominado “Tesistán”, en el municipio de Zapopan, localizaron y destruyeron dos plantíos de mariguana.

En estos dos predios, los efectivos federales, destruyeron por medio de incineración 52 toneladas 80 kilogramos de plantas de Cannabis Sativa (mariguana).

En ese lugar, fueron recabadas las muestras representativas, mismas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien continúa con la integración de las Carpetas de Investigación correspondientes para resolver conforme a derecho.

En México, 63 de cada 100 mujeres experimenta un acto de violencia

Cimac, México, (01/09/17).- En el año que concluyó, dos casos de acoso sexual hicieron eco a la situación que enfrentan miles de mexicanas. En marzo de 2016, la periodista Andrea Noel, fue agredida en la colonia Condesa de la capital por un sujeto que le subió la falda y bajó su ropa interior.

En el mismo mes, la estudiante universitaria, Gabriela Nava denunció a un hombre que grabó bajo su falda en el transporte público mientras se dirigía a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Ambas presentaron denuncia penal pero fueron responsabilizadas de los hechos.

Por denunciar Andrea y Gabriela recibieron ataques en redes sociales, incluso a la periodista la amenazaron de muerte. Ante los hechos se unieron para crear la campaña virtual “#NoTeCalles”.

Mediante un video pidieron a las mexicanas alzar la voz y denunciar a sus agresores, pero también relataron la ineficiencia de las autoridades mexicanas al investigar y castigar a los responsables.

Fue a través de las redes sociales que las mujeres comenzaron a denunciar, meses después, alumnas del Teatro Enríquez Lizalde realizaron protestas en contra de su director. Otras seis alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunciaron a sus agresores.

Ninde Molre difundió en Twitter la foto de su pantalón, donde un hombre en el metro eyaculó; una alumna de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) acusó de violencia familiar y laboral al titular de la Defensoría de Derechos Universitarios de la institución. Las mujeres ya no estaban dispuestas a callar.

Para el 24 de abril de 2016, las mexicanas organizaron una manifestación en 27 estados del país a la que llamaron “Primavera Violeta”, fue así como denunciaron el acoso callejero y la violencia machista.

La marcha #24A –como se etiqueto en redes sociales– logró ser una de las movilizaciones feministas más importantes del país.
Mientras que en Facebook y Twitter con la etiqueta #MiPrimerAcoso las mexicanas relataron abiertamente la primera vez que sufrieron un acoso sexual.

La denuncia pública a través de las redes sociales se convirtió en una herramienta clave para demostrar lo común que es el acoso sexual.

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) define el acoso sexual como una forma de violencia en la que, si bien no existe subordinación de la víctima, hay un ejercicio abusivo de poder, que la coloca en un estado de abandono y riesgo.

En México, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más, experimentaron un acto de violencia psicológica, física, sexual, económica y patrimonial, reportó en 2015 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi).

AÑO DE PROTOCOLOS

Como respuesta a las protestas y denuncias, las autoridades de Gobierno e instancias públicas comenzaron a atender casos de víctimas de acoso sexual.

Luego de la protesta #24A, el Gobierno de la capital en colaboración con el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX) y ONU Mujeres anunciaron la “Estrategia 30-100”; con acciones que harían frente al acoso callejero.

Una de las estrategias que más llamó la atención fue la entrega de silbatos en el transporte público para que las mujeres silbaran cuan-do fueran agredidas. Con esta acción se pretendía que las capitalinas viajarán seguras en el transporte público.

Por su parte, el Inmujeres CDMX informó que se detuvieron a alrededor de 178 personas por casos de acoso sexual, es decir, casi 2 agresores diariamente.

Ante esta táctica, las críticas fueron duras, el Observatorio de la Estrategia 30-100 -conformado por organizaciones civiles como Equis Justicia para las Mujeres y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)- acusó a las autoridades de mandar a conciliación a la mitad de los casos de acoso y no estructurar acciones que estén a la altura de la problemática.

Universitarias también denunciaron el acoso que sufren dentro de las escuelas. En la UNAM varios grupos pidieron a la institución tomar acciones ante la violencia de género.

Por su parte las alumnas de la UAM-Unidad Xochimilco crearon el “muro del acoso”, donde denunciaron anónimamente a distintos profesores.

Ante la movilización estudiantil, el 29 de agosto de 2016, la UNAM presentó el “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género” que atiende casos de acoso y hostigamientos dentro de la máxima casa de estudios.

Sin embargo, las alumnas siguen enfrentando obstáculos al realizar su denuncia. Se espera que otras universidades del país se unan a este Protocolo y atiendan los casos de violencia de género.

Debido al aumento de agresiones sexuales que no sólo ocurren en la calle o en universidades, el pasado 31 de agosto el Gobierno federal publicó en el Diario Oficial el “Protocolo para la prevención, atención, investigación y sanción de conductas de hostigamiento y acoso sexual”, dirigido a dependencias y entidades de la administración pública federal, ante el acoso sexual que también enfrentan las servidoras públicas.

DELITO IMPUNE

A pesar del aumento de violencia sexual, en 12 estados del país no consideran como delito el acoso sexual, por lo tanto, no existen cifras oficiales sobre la incidencia a nivel nacional en el tema.

La LGAMVLV solicitó a los gobiernos crear mecanismos que favorezcan la erradicación de acoso en escuelas y centros laborales públicos, mediante acuerdos y convenios con las instituciones para sancionar esos ilícitos.

También mencionaron que las autoridades están obligadas a brindar atención psicológica, legal especializada y gratuita, a quienes fueron víctimas de hostigamiento o acoso sexual; además de sancionar al agresor.

En los 20 estados donde sí se tipifica el acoso sexual, no existe una sanción homologa. Campeche, Coahuila y Oaxaca tienen tipificado al acoso como “asedios reiterados”, mientras que en la Ciudad de México se castiga “a quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad”.

En Aguascalientes y Sinaloa, el acoso sexual se contempla como “atentados al pudor” y en el resto de los estados está estipulado como “delitos contra la libertad y el desarrollo psicosexual de las personas”.