Mujeres en reclusión sin derecho al voto

 

Ciudad de México, 5 ene 17 (Cimacnoticias).- Las mujeres privadas de la libertad pierden el derecho a ejercer el voto, pero la investigadora, Corina Giacomello propone debatir cómo garantizar los derechos políticos de las personas en reclusión como parte de los derechos electorales y su reinserción social.

La investigadora argumentó en su estudio “Mujeres privadas de la libertad y del derecho al voto. De objetos de normas a sujetos de ciudadanía” publicado en 2016 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que la privación de la libertad es ya la pena y no deberían añadirse otras que despojen a las personas presas de su estatus como ciudadanas o ciudadanos.

En México se contempla la suspensión del ejercicio de los derechos políticos a las personas procesadas y condenadas a prisión pero para la investigadora en un régimen democrático, basado en los Derechos Humanos (DH), los esfuerzos del Estado mexicano deben estar orientados a garantizarlos y fomentar “valores de participación y apego a la comunidad” de las personas en prisión.

Corina Giacomello indicó que las mujeres privadas de la libertad pueden ser la puerta para comenzar a plantear el tema, pues son un grupo de la población penitenciaria que es vulnerable y aunque es minoritario enfrentan violencia específica.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), las mujeres representan el cinco por ciento de la población penitenciaria total, la mayoría se encuentran encarceladas por delitos menores como: robo y posesión de drogas, mencionó la investigadora.

Al representar un porcentaje muy pequeño de la población penitenciaria, las mujeres son menos vistas y tomadas en cuenta. La autora apuntó que esto deriva en un número insuficiente de centros de reclusión exclusivos para mujeres.

A partir de este contexto, Giacomello realizó en marzo de 2016, entrevistas a 12 mujeres del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, sobre la relevancia que tienen los derechos políticos y particularmente el derecho al voto para ellas.

Las internas expresaron que el voto podría fungir como un medio para influir en el mejoramiento de las condiciones carcelarias, pues los políticos se interesarían en “resolver los problemas que enfrentan al estar en prisión”.

Asimismo concluyeron que el voto podría ser una voz para que las mujeres privadas de la libertad puedan expresar que “existen” y por tanto que requieren servicios y atenciones.

La mayoría de las presas entrevistadas (50 por ciento) eran madres con hijos e hijas menores de edad, el 70 por ciento, laboraba en el comercio informal antes de ser recluidas, lo que responde a niveles educativos muy bajos en todas las entrevistas, reportó el estudio. 

Para la investigadora, debatir el derecho de las mujeres privadas de la libertad para votar, también significa considerar y replantear las condiciones en las que viven en los reclusorios, así como su inserción a la sociedad.

Sin embargo, estas posibilidades son obstaculizadas por las autoridades mexicanas, quienes argumentaron que la suspensión de los derechos políticos de las personas presas está relacionada con la imposibilidad de “llevar casillas a los centros de reclusión y realizar los procedimientos que conlleva una elección”.

La investigadora afirmó que esta abdicación del Estado en su función como defensor y garante de los DH, a partir de un reconocimiento de su incapacidad para hacer efectivos estos derechos es inadmisible.

Ante la situación la autora elaboró una serie de propuestas, para implementar los derechos al voto de las personas presas, iniciando con las mujeres.

Como principio establece que es necesario presentar el tema para desencadenar el debate; continuar con los cambios al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el derecho al voto a las personas procesadas. De lograrse, deberían generarse modificaciones a las leyes secundarias en la materia.

Y por último, discutir cómo garantizar el ejercicio del voto notificado en lugares donde las personas viven aisladas de los acontecimientos del mundo exterior. Esto plantearía analizar las condiciones de reclusión y el acceso restringido a los medios de comunicación en las cárceles. Lo que abre, según la investigadora, nuevos temas de los derechos en prisión.

Convoca CONACYT a presentar proyectos para solucionar problemas nacionales


Colima, México, Comunicado (21/12/16).- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) lanzó la convocatoria “Proyectos de Desarrollo Científico para Atender Problemas Nacionales”, la cual invita a las instituciones de educación superior públicas y privadas, así como a centros de investigación de México, a presentar propuestas que contribuyan a resolver los problemas de la nación.

La convocatoria establece un periodo de recepción de pre-propuestas con fecha límite al 13 de enero de 2017 hasta las 18:00 horas, por lo que la Coordinación General de Investigación Científica de la Universidad de Colima invita a los investigadores de esta casa de estudios a que participen en dicha convocatoria.

Los requisitos para la participación son: una carta de postulación institucional de conformidad y pertenecer a una institución adscrita al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECyT).

A partir del 24 de febrero de 2017, CONACYT dará a conocer qué pre-propuestas fueron aprobadas, a partir de lo cual las empezará a recibir completas hasta las 17:00 horas del 24 de marzo de 2017. La fecha de publicación de resultados será dada a conocer el cinco de mayo de ese año, explica la convocatoria.

En apego al Plan de Desarrollo Nacional 2013-2018, CONACYT solicita participar a las instituciones con alguno de los temas prioritarios en el desarrollo del país: Gestión integral del agua, seguridad hídrica y derecho del agua, Mitigación y adaptación al cambio climático, Resiliencia frente a desastres naturales y tecnológicos, Aprovechamiento y protección de ecosistemas y de la biodiversidad, Los océanos y su aprovechamiento, Alimentos y su producción, Ciudades y desarrollo urbano, y Conectividad informática y desarrollo de las tecnologías de la información, la comunicación y las telecomunicaciones.

Además, Manufactura de alta tecnología, Consumo sustentable de energía, Desarrollo y aprovechamiento de energías renovables limpias, Conducta humana y prevención de adicciones, Enfermedades emergentes y de importancia nacional, Combate a la pobreza y seguridad alimentaria, Migraciones y asentamientos humanos, Seguridad ciudadana, Economía y gestión del conocimiento, y Prevención de riesgos naturales.

Yaquis denuncian amenazas de Segob por gasoducto


Tomada de IEnova Sempra Energy

Cimacnoticias | Ciudad de México.-  En un comunicado firmado por las autoridades tradicionales del pueblo de Bácum, la tropa Yoemia y habitantes de Loma de Bácum denunciaron al subsecretario de Gobernación (Segob), René Juárez Cisneros, por amenazar con utilizar la fuerza pública para continuar con la obra del gasoducto en Sonora, en el territorio de los 8 pueblos yaquis.

La construcción se reanudó el pasado 8 de diciembre, y en la misiva señalan que las autoridades tradicionales de Bácum sostuvieron una reunión privada el 18 de noviembre del año en curso con el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) en un hotel ubicado en Ciudad Obregón, Sonora.

Tras el encuentro, denunciaron que Juárez Cisneros les dijo que “el gasoducto pasará por las buenas o por las malas. Por las buenas ustedes reciben todos los beneficios que pidan, y por las malas mandaremos a la fuerza pública y militares para obligar a que se haga la obra”.

Cinco días después la empresa “Gasoducto Aguaprieta”, filial de la empresa transnacional, se reunió con las autoridades tradicionales de Bácum para hacerles una “oferta económica” de un solo pago, diferido a 30 años, por más de 7 millones de pesos y becas escolares para las niñas y niños de la comunidad.

Mujeres que promueven los derechos indígenas y la seguridad de los habitantes de la Loma de Bácum (cuyos nombres se mantienen en anonimato), informaron a Cimacnoticias que la empresa transnacional IEnova Sempra Energy reanudó la construcción en el territorio de los 8 pueblos Yaquis, a pesar de la orden judicial que emitió el Juzgado Séptimo de Distrito.

El amparo lo interpuso la comunidad de la Loma de Bácum para detener el proceso de construcción del gasoducto, en defensa de su territorio el 4 de abril del año en curso, después de la asesoría jurídica que solicitaron las mujeres indígenas que viven en ese lugar.

El número de expediente del amparo es el 312/2016 y el Juzgado Séptimo de Distrito emitió la orden judicial para la detención de la construcción el 6 de abril pasado. A partir de ese momento, la obra que había iniciado la transnacional se detuvo.

IEnova Sempra Energy les entregó ese 23 de noviembre un “convenio” que tenían que firmar, desistimientos del amparo y un contrato de servidumbre sellado por los otros 7 pueblos Yaquis. El condicionamiento de la empresa para hacer válida la oferta era que las autoridades tradicionales de Bácum firmaran los documentos un día después, frente a toda la comunidad.

El día 24 de noviembre la comunidad se congregó en la “guardia tradicional” de la Loma de Bácum y por no estar de acuerdo con algunos puntos del contrato de servidumbre, las autoridades tradicionales de Bácum no lo firmaron.

En el comunicado también denunciaron que los representantes de la empresa dijeron que “ellos no podían volver a discutir con la gente” de su comunidad, que se “comunicarían con la Subsecretaría de Gobernación” y amenazaron con la frase: “aténganse a las consecuencias”.

En el documento reiteraron que el Pueblo de Bácum y la Loma de Bácum siempre han estado abiertos al diálogo, a la armonía y la paz para hablar sobre el “desarrollo económico” y bienestar social de los 8 pueblos Yaquis y del municipio de Cajeme.

Indicaron que proponen una nueva ruta para el gasoducto que atraviesa los municipios de San Ignacio Río Muerto, otra zona del municipio de Bácum y Cajeme, llevando el gas natural directamente por el “parque industrial” de Ciudad Obregón, Sonora.

En entrevista con las mujeres que promueven los derechos indígenas de la etnia Yaqui, explicaron que el modelo económico de los 3 niveles de gobierno y las políticas públicas que impulsan bajo el enfoque “indigenismo integracionista etnicista”, no respeta las tradiciones y derechos de los pueblos indígenas, ya que los “despoja” de sus tierras, obliga a la comunidad a trabajar para empresas transnacionales que atentan contra su seguridad y a una vida libre de violencia, autonomía, usos y costumbres.

Aprueban sancionar hasta con cinco años de cárcel las peleas de perros

El Pleno cameral aprobó el dictamen que adiciona el artículo 419 Bis al Código Penal Federal, para incluir las peleas de perros como delito y sancionar con seis meses a cinco años de prisión y el equivalente de 200 a dos mil días de multa, a quien posea, crie o entrene estos animales con el propósito de hacerlos participar en riñas.

 

También, a quien organice, promueva, patrocine o venda entradas para asistir a peleas de perros; posea o administre una propiedad donde se realicen; permita que menores de edad las presencien, y los realice con fines de lucro.

 

Las mismas sanciones se incrementarán hasta en una mitad cuando se trate de servidores públicos y se impondrá un tercio de la pena a espectadores o asistentes a peleas de perros, establece el dictamen que fue avalado con 291 votos a favor y 1 en contra, y enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

 

En la fundamentación, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), expresó que una de las prácticas más deplorables que puede utilizar un ser humano es la violencia hacia otro ser vivo, que por sus propias características y condiciones se encuentran en desventaja, es decir, indefenso. “Este tipo de patología incluye al maltrato animal”.

 

Indicó que, en la actualidad, una de las formas más comunes del maltrato animal es la pelea de perros, la cual ha proliferado exponencialmente casi en todo el mundo en las últimas décadas, debido a las fuertes sumas de dinero que se manejan en apuestas y, por ende, el reporte de grandes ganancias para quienes participan en ellas. “Es decir, desde la clandestinidad se ha construido una industria”.

 

Es primordial, afirmó, tomar cartas en el asunto y hacer lo propio para inhibir esta lamentable práctica y con reformas adecuadas, como los que se contemplan, combatir el crecimiento de un negocio basado en la crueldad hacia los seres vivos.

 

Ibarra Hinojosa subrayó que lo que se busca con esta propuesta es combatir el maltrato animal, específicamente la pelea de perros. Con estas reformas se sancionarán, entre otras conductas, a quienes organicen u ocasionen que menores asistan a eventos en los que se lleven prácticas tan lamentables. Con esta reforma, detalló, México se une a países como Chile, Estados Unidos y Suiza, que cuentan con una sanción específica para las personas que fomenten esta actividad.

 

En los posicionamientos, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán (Encuentro Social) señaló que un acto tan cruel y vandálico como la organización de peleas de perros es una conducta antisocial que merece ser perseguida, castigada y reprendida con severidad. Se trata de un fenómeno social de alta complejidad y lesividad que niega todo indicio milenario de domesticación y rompe con una relación muy antigua, explicó.

 

De acuerdo con un estudio realizado por la organización Personas por un Trato Ético de los Animales, de Latinoamérica, las peleas de perros a menudo están ligadas a otro tipo de delitos, incluyendo las apuestas ilegales, inherentes a este tipo de situaciones, pero también drogas y asesinatos.

 

Francisco Javier Pinto Torres, diputado de Nueva Alianza, argumentó que conforme a la Declaración Universal de los Derechos del Animal, el desconocimiento y desprecio de las garantías de los animales han conducido al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra ellos mismos.

 

“Es nuestro deber proteger el planeta y las especies que lo habitan. Es momento de demostrar que verdaderamente somos humanos y nos preocupan esos animales que nos han acompañado desde hace más de 10 mil años”, añadió.

 

La diputada Verónica Delgadillo García (Movimiento Ciudadano) precisó que en México no existe una legislación que pueda prohibir las peleas de perros. En algunos estados, hay algunas leyes que sólo los sancionan como falta administrativa, y “lo que hoy aprobamos establecerá la penalización y la prohibición de las peleas de perros en el propio Código Penal Federal, y todo lo relacionado con estos espectáculos”.

 

Este es un tema que tiene un gran respaldo de la sociedad. Un estudio demostró que el 99 por ciento de los mexicanos rechaza y repudia las peleas de perros, y el 85 por ciento pide que se sancione a los organizadores de las peleas de perros, subrayó.

 

Por Morena, el diputado Alfredo Basurto Román consideró que en la tipificación de este precepto legal, hay incongruencias y existen tecnicismos jurídicos que no han sido abordados, incluso de técnica legislativa que faltó de abordar, para que fuera perfectamente tipificado este delito.

 

“Le estamos aventando una bronca a los ministerios públicos para que puedan integrar una averiguación o una investigación. Queda al libre arbitrio, tanto del ministerio como del juez, tipificar con exactitud qué es el maltrato animal y qué no. Es decir, cómo determinar con exactitud en qué momento se está, en un momento dado, en una pelea de perros”, agregó.

 

El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez (PVEM) destacó que esta reforma incorpora como tipo penal la promoción, inducción, asistencia, participación y ayuda para la realización de peleas de perros. Con esto, dijo, se atenderá un serio problema sobre el cual diversas organizaciones civiles en México han venido manifestándose y exigiendo una solución.

 

Las peleas de perros involucran tortura, maltrato y explotación, por lo cual rompen con los principios de respeto a todas las formas de vida e invalidan el derecho de los animales a tener bienestar. Por ello, resulta indispensable contar con un marco jurídico elemental que garantice su derecho a vivir y a ser respetados, agregó.

 

Arturo Santana Alfaro, diputado del PRD, puntualizó que hoy se generan sanciones penales tendentes a combatir el maltrato animal, específicamente el relativo con los caninos. “Debemos conocer a los animales, entenderlos para protegerlos y evitar la extinción de muchos de ellos”.

 

El dictamen, abundó, trata de respetar cualquier forma de vida, fortaleciendo la perspectiva de que los animales son seres vivos, dotados de plena capacidad de sentir y sufrir y, por tanto, se les debe garantizar una vida digna, libre de sufrimiento innecesario.

 

De Acción Nacional, la diputada Patricia Sánchez Carrillo relató que las peleas son organizadas por personas que al hacerlo no solamente demuestran su total carencia de escrúpulos, sino exhiben una conducta patológica que pudiera derivar en actos criminales en el futuro, al no tener absolutamente nada de sensibilidad. “Nadie, en su sano juicio, puede disfrutar de este tipo de eventos”.

 

Añadió que en los últimos años la sociedad ha desarrollado una sensibilidad hacia las especies animales. “Estamos conscientes de que muchas de ellas nos aportan alimento y abrigo, esto nos obliga a no incurrir en prácticas que infrinjan dolor innecesario o excesivo, sobre todo con las que de manera natural convivimos”.

 

El diputado Pablo Elizondo García (PRI) indicó que las peleas de perros son una expresión categórica de la violencia, representan un espectáculo bárbaro e involucran la tortura, el maltrato y la explotación animal, en el cual dos o más caninos se enfrentan a muerte ante muchos espectadores.

 

Puntualizó que la lucha para erradicar el maltrato animal, es una responsabilidad de todos. “A nosotros nos corresponde legislar para contribuir a que si un país puede juzgarse por la forma en que trata a sus animales, México está del lado incorrecto de la historia”.

 

Posteriormente, concluyó la sesión y se citó a la que tendrá lugar el martes 13 de diciembre, a las 11:00 horas.

Encuentran cráneo humano de más de diez mil años en Quintana Roo

Colima, México, Comunicado (06/12/16).- El cráneo de un hombre muerto hace más de 10 mil años; restos de megafauna y un altar maya prehispánico en un estado de conservación inaudito, se cuentan entre los hallazgos más destacados del proyecto Gran Acuífero Maya (GAM) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), registrados durante sus primeros seis meses de prospección arqueológica.

Tales descubrimientos se realizaron en diferentes cuevas ubicadas en un transecto de 50 km radiales que abarca las zonas de Muyil, Tulum y Chumpón, en Quintana Roo, primera ruta trazada por el GAM dentro de su iniciativa de investigación denominada “Localización de fuentes de agua ancestrales”. Liderados por el doctor Guillermo de Anda Alanís, estos trabajos contaron con los aportes de geólogos, biólogos, arqueólogos y exploradores subacuáticos, en virtud de que varios de los contextos se hallan en cavidades inundadas.

Para el arqueólogo, director del proyecto Gran Acuífero Maya, los hallazgos son relevantes por la información que pueden aportar sobre el cambio climático, los primeros pobladores de América —en particular en la península de Yucatán— y de las manifestaciones materiales de la ritualidad maya. Ello sin considerar los datos que también se obtienen sobre la hidrogeología de esta zona.

El cráneo humano se localizó cubierto por una capa de mineral endurecido, hallándose prácticamente completo y bien preservado por el equipo del GAM. El que se encontrara rodeado por estas concreciones, las cuales requieren de un goteo constante durante cientos de años, refiere que este elemento óseo estuvo expuesto en un ambiente seco antes de que subiera el nivel del agua en la cueva.

De comprobarse mediante análisis arqueométricos la antigüedad del cráneo perteneciente a un hombre del periodo Precerámico, la cual podría rebasar los 10 mil años, “estaríamos ante un hallazgo único, en el contexto de la arqueología referente a los primeros pobladores de la zona”, expresó De Anda, también explorador de la National Geographic Society.

Al respecto, el grupo de geólogos encabezado por el especialista Agesandro García Arriola, explica que el hecho de que el mineral, posiblemente aragonito, cubra un resto óseo humano, le confiere a este último, la capacidad de fungir como indicador cronológico del desarrollo de espeleotemas (formaciones de las cavidades), de manera que se puede determinar su época y correlacionar la línea de tiempo que siguió la ocupación de los primeros humanos en la península de Yucatán, con la de algunos eventos geológicos de formación de estos sistemas.

El biólogo Arturo Bayona, responsable de los estudios medioambientales del proyecto GAM, advirtió que los análisis de muestras de agua del sitio donde se encuentra el cráneo, indican la posible alteración de las condiciones de preservación del material arqueológico sumergido, debido a los altos niveles de nitratos, fosfato, un pH ácido y detección de bacterias coliformes.

La ubicación de un altar maya del periodo Posclásico Temprano (900-1200 d.C.), revestido todavía con estuco, fue otro de los resultados de las prospecciones hechas dentro de la investigación auspiciada también por el Banco de Desarrollo para América Latina, el Aspen Institute México, la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, la National Geographic Society y el Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto.

Dicho altar, reportado por el explorador subacuático y miembro del proyecto GAM, Robbert Schmittner, resulta el mejor preservado de los hasta ahora reportados en el área y en sus relieves presenta figuras antropomorfas, zoomorfas y algunas abstractas. Sobresale el nivel de conservación del estuco que lo recubre casi en su totalidad y la ofrenda, que consiste en un gran fragmento de estalagmita (formación calcárea que los mayas vinculaban con la fertilidad) que permanece in situ.

En la cueva, de la que se hace un modelo digital con base en trabajos de escaneo y fotogrametría, también se registraron diversas ofrendas cerámicas y modificaciones arquitectónicas, tales como muros y senderos de piedra.

Los reconocimientos en trayectos circulares han resultado exitosos, anotó Guillermo de Anda. Las cavidades localizadas en el transecto antes citado siguieron deparando sorpresas al proyecto GAM, en una de ellas se observó la sección de una mandíbula de un ejemplar de megafauna, es decir, perteneciente a la última Edad de Hielo, con un antigüedad de por lo menos 10 mil años.

Tal fragmento óseo, que al parecer pertenece a un gonfoterio, presentaba al menos cinco piezas dentales todavía articuladas. Se harán más estudios y una digitalización del resto de mandíbula para conocer mejor su morfología y confirmar si pertenece a ese proboscídeo ancestral.

Un objeto a destacar dentro de los hallazgos registrados de este periodo, corresponde a una vasija maya, posiblemente del Posclásico Temprano (900-1200 d.C.), hallada completa a 500 metros de la entrada de una gran cueva inundada y a 10 metros de profundidad.

Guillermo de Anda concluyó que “hasta el momento no se sabe de accesos cercanos a esta pieza cerámica, lo cual nos lleva a pensar que fue depositada cuando el nivel del agua era más bajo, durante alguna etapa de extremo estrés climático, ocasionado por una de las fuertes sequías documentadas por los paleoclimatólogos. Depósitos similares han sido registrados en otras zonas de la península de Yucatán, pero nunca a una distancia tan grande con respecto a la entrada”.