Destruyen 52 toneladas de mariguana en Jalisco

México, Comunicado (17/01/17).- Derivado de las acciones que realiza la Policía Federal, la Procuraduría General de la Republica (PGR), a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), por conducto de su Delegación Estatal en Jalisco, inició dos Carpetas de Investigación contra quien o quienes resulten responsables por el delito de Contra la Salud.

De acuerdo con las indagatorias, elementos de la Policía Federal, hicieron del conocimiento del Fiscal de la Federación, que al realizar sobrevuelos sobre el poblado denominado “Tesistán”, en el municipio de Zapopan, localizaron y destruyeron dos plantíos de mariguana.

En estos dos predios, los efectivos federales, destruyeron por medio de incineración 52 toneladas 80 kilogramos de plantas de Cannabis Sativa (mariguana).

En ese lugar, fueron recabadas las muestras representativas, mismas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien continúa con la integración de las Carpetas de Investigación correspondientes para resolver conforme a derecho.

En México, 63 de cada 100 mujeres experimenta un acto de violencia

Cimac, México, (01/09/17).- En el año que concluyó, dos casos de acoso sexual hicieron eco a la situación que enfrentan miles de mexicanas. En marzo de 2016, la periodista Andrea Noel, fue agredida en la colonia Condesa de la capital por un sujeto que le subió la falda y bajó su ropa interior.

En el mismo mes, la estudiante universitaria, Gabriela Nava denunció a un hombre que grabó bajo su falda en el transporte público mientras se dirigía a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Ambas presentaron denuncia penal pero fueron responsabilizadas de los hechos.

Por denunciar Andrea y Gabriela recibieron ataques en redes sociales, incluso a la periodista la amenazaron de muerte. Ante los hechos se unieron para crear la campaña virtual “#NoTeCalles”.

Mediante un video pidieron a las mexicanas alzar la voz y denunciar a sus agresores, pero también relataron la ineficiencia de las autoridades mexicanas al investigar y castigar a los responsables.

Fue a través de las redes sociales que las mujeres comenzaron a denunciar, meses después, alumnas del Teatro Enríquez Lizalde realizaron protestas en contra de su director. Otras seis alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunciaron a sus agresores.

Ninde Molre difundió en Twitter la foto de su pantalón, donde un hombre en el metro eyaculó; una alumna de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) acusó de violencia familiar y laboral al titular de la Defensoría de Derechos Universitarios de la institución. Las mujeres ya no estaban dispuestas a callar.

Para el 24 de abril de 2016, las mexicanas organizaron una manifestación en 27 estados del país a la que llamaron “Primavera Violeta”, fue así como denunciaron el acoso callejero y la violencia machista.

La marcha #24A –como se etiqueto en redes sociales– logró ser una de las movilizaciones feministas más importantes del país.
Mientras que en Facebook y Twitter con la etiqueta #MiPrimerAcoso las mexicanas relataron abiertamente la primera vez que sufrieron un acoso sexual.

La denuncia pública a través de las redes sociales se convirtió en una herramienta clave para demostrar lo común que es el acoso sexual.

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) define el acoso sexual como una forma de violencia en la que, si bien no existe subordinación de la víctima, hay un ejercicio abusivo de poder, que la coloca en un estado de abandono y riesgo.

En México, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más, experimentaron un acto de violencia psicológica, física, sexual, económica y patrimonial, reportó en 2015 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi).

AÑO DE PROTOCOLOS

Como respuesta a las protestas y denuncias, las autoridades de Gobierno e instancias públicas comenzaron a atender casos de víctimas de acoso sexual.

Luego de la protesta #24A, el Gobierno de la capital en colaboración con el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX) y ONU Mujeres anunciaron la “Estrategia 30-100”; con acciones que harían frente al acoso callejero.

Una de las estrategias que más llamó la atención fue la entrega de silbatos en el transporte público para que las mujeres silbaran cuan-do fueran agredidas. Con esta acción se pretendía que las capitalinas viajarán seguras en el transporte público.

Por su parte, el Inmujeres CDMX informó que se detuvieron a alrededor de 178 personas por casos de acoso sexual, es decir, casi 2 agresores diariamente.

Ante esta táctica, las críticas fueron duras, el Observatorio de la Estrategia 30-100 -conformado por organizaciones civiles como Equis Justicia para las Mujeres y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)- acusó a las autoridades de mandar a conciliación a la mitad de los casos de acoso y no estructurar acciones que estén a la altura de la problemática.

Universitarias también denunciaron el acoso que sufren dentro de las escuelas. En la UNAM varios grupos pidieron a la institución tomar acciones ante la violencia de género.

Por su parte las alumnas de la UAM-Unidad Xochimilco crearon el “muro del acoso”, donde denunciaron anónimamente a distintos profesores.

Ante la movilización estudiantil, el 29 de agosto de 2016, la UNAM presentó el “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género” que atiende casos de acoso y hostigamientos dentro de la máxima casa de estudios.

Sin embargo, las alumnas siguen enfrentando obstáculos al realizar su denuncia. Se espera que otras universidades del país se unan a este Protocolo y atiendan los casos de violencia de género.

Debido al aumento de agresiones sexuales que no sólo ocurren en la calle o en universidades, el pasado 31 de agosto el Gobierno federal publicó en el Diario Oficial el “Protocolo para la prevención, atención, investigación y sanción de conductas de hostigamiento y acoso sexual”, dirigido a dependencias y entidades de la administración pública federal, ante el acoso sexual que también enfrentan las servidoras públicas.

DELITO IMPUNE

A pesar del aumento de violencia sexual, en 12 estados del país no consideran como delito el acoso sexual, por lo tanto, no existen cifras oficiales sobre la incidencia a nivel nacional en el tema.

La LGAMVLV solicitó a los gobiernos crear mecanismos que favorezcan la erradicación de acoso en escuelas y centros laborales públicos, mediante acuerdos y convenios con las instituciones para sancionar esos ilícitos.

También mencionaron que las autoridades están obligadas a brindar atención psicológica, legal especializada y gratuita, a quienes fueron víctimas de hostigamiento o acoso sexual; además de sancionar al agresor.

En los 20 estados donde sí se tipifica el acoso sexual, no existe una sanción homologa. Campeche, Coahuila y Oaxaca tienen tipificado al acoso como “asedios reiterados”, mientras que en la Ciudad de México se castiga “a quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad”.

En Aguascalientes y Sinaloa, el acoso sexual se contempla como “atentados al pudor” y en el resto de los estados está estipulado como “delitos contra la libertad y el desarrollo psicosexual de las personas”.

Mujeres en reclusión sin derecho al voto

 

Ciudad de México, 5 ene 17 (Cimacnoticias).- Las mujeres privadas de la libertad pierden el derecho a ejercer el voto, pero la investigadora, Corina Giacomello propone debatir cómo garantizar los derechos políticos de las personas en reclusión como parte de los derechos electorales y su reinserción social.

La investigadora argumentó en su estudio “Mujeres privadas de la libertad y del derecho al voto. De objetos de normas a sujetos de ciudadanía” publicado en 2016 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que la privación de la libertad es ya la pena y no deberían añadirse otras que despojen a las personas presas de su estatus como ciudadanas o ciudadanos.

En México se contempla la suspensión del ejercicio de los derechos políticos a las personas procesadas y condenadas a prisión pero para la investigadora en un régimen democrático, basado en los Derechos Humanos (DH), los esfuerzos del Estado mexicano deben estar orientados a garantizarlos y fomentar “valores de participación y apego a la comunidad” de las personas en prisión.

Corina Giacomello indicó que las mujeres privadas de la libertad pueden ser la puerta para comenzar a plantear el tema, pues son un grupo de la población penitenciaria que es vulnerable y aunque es minoritario enfrentan violencia específica.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), las mujeres representan el cinco por ciento de la población penitenciaria total, la mayoría se encuentran encarceladas por delitos menores como: robo y posesión de drogas, mencionó la investigadora.

Al representar un porcentaje muy pequeño de la población penitenciaria, las mujeres son menos vistas y tomadas en cuenta. La autora apuntó que esto deriva en un número insuficiente de centros de reclusión exclusivos para mujeres.

A partir de este contexto, Giacomello realizó en marzo de 2016, entrevistas a 12 mujeres del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, sobre la relevancia que tienen los derechos políticos y particularmente el derecho al voto para ellas.

Las internas expresaron que el voto podría fungir como un medio para influir en el mejoramiento de las condiciones carcelarias, pues los políticos se interesarían en “resolver los problemas que enfrentan al estar en prisión”.

Asimismo concluyeron que el voto podría ser una voz para que las mujeres privadas de la libertad puedan expresar que “existen” y por tanto que requieren servicios y atenciones.

La mayoría de las presas entrevistadas (50 por ciento) eran madres con hijos e hijas menores de edad, el 70 por ciento, laboraba en el comercio informal antes de ser recluidas, lo que responde a niveles educativos muy bajos en todas las entrevistas, reportó el estudio. 

Para la investigadora, debatir el derecho de las mujeres privadas de la libertad para votar, también significa considerar y replantear las condiciones en las que viven en los reclusorios, así como su inserción a la sociedad.

Sin embargo, estas posibilidades son obstaculizadas por las autoridades mexicanas, quienes argumentaron que la suspensión de los derechos políticos de las personas presas está relacionada con la imposibilidad de “llevar casillas a los centros de reclusión y realizar los procedimientos que conlleva una elección”.

La investigadora afirmó que esta abdicación del Estado en su función como defensor y garante de los DH, a partir de un reconocimiento de su incapacidad para hacer efectivos estos derechos es inadmisible.

Ante la situación la autora elaboró una serie de propuestas, para implementar los derechos al voto de las personas presas, iniciando con las mujeres.

Como principio establece que es necesario presentar el tema para desencadenar el debate; continuar con los cambios al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el derecho al voto a las personas procesadas. De lograrse, deberían generarse modificaciones a las leyes secundarias en la materia.

Y por último, discutir cómo garantizar el ejercicio del voto notificado en lugares donde las personas viven aisladas de los acontecimientos del mundo exterior. Esto plantearía analizar las condiciones de reclusión y el acceso restringido a los medios de comunicación en las cárceles. Lo que abre, según la investigadora, nuevos temas de los derechos en prisión.

Convoca CONACYT a presentar proyectos para solucionar problemas nacionales


Colima, México, Comunicado (21/12/16).- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) lanzó la convocatoria “Proyectos de Desarrollo Científico para Atender Problemas Nacionales”, la cual invita a las instituciones de educación superior públicas y privadas, así como a centros de investigación de México, a presentar propuestas que contribuyan a resolver los problemas de la nación.

La convocatoria establece un periodo de recepción de pre-propuestas con fecha límite al 13 de enero de 2017 hasta las 18:00 horas, por lo que la Coordinación General de Investigación Científica de la Universidad de Colima invita a los investigadores de esta casa de estudios a que participen en dicha convocatoria.

Los requisitos para la participación son: una carta de postulación institucional de conformidad y pertenecer a una institución adscrita al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECyT).

A partir del 24 de febrero de 2017, CONACYT dará a conocer qué pre-propuestas fueron aprobadas, a partir de lo cual las empezará a recibir completas hasta las 17:00 horas del 24 de marzo de 2017. La fecha de publicación de resultados será dada a conocer el cinco de mayo de ese año, explica la convocatoria.

En apego al Plan de Desarrollo Nacional 2013-2018, CONACYT solicita participar a las instituciones con alguno de los temas prioritarios en el desarrollo del país: Gestión integral del agua, seguridad hídrica y derecho del agua, Mitigación y adaptación al cambio climático, Resiliencia frente a desastres naturales y tecnológicos, Aprovechamiento y protección de ecosistemas y de la biodiversidad, Los océanos y su aprovechamiento, Alimentos y su producción, Ciudades y desarrollo urbano, y Conectividad informática y desarrollo de las tecnologías de la información, la comunicación y las telecomunicaciones.

Además, Manufactura de alta tecnología, Consumo sustentable de energía, Desarrollo y aprovechamiento de energías renovables limpias, Conducta humana y prevención de adicciones, Enfermedades emergentes y de importancia nacional, Combate a la pobreza y seguridad alimentaria, Migraciones y asentamientos humanos, Seguridad ciudadana, Economía y gestión del conocimiento, y Prevención de riesgos naturales.

Yaquis denuncian amenazas de Segob por gasoducto


Tomada de IEnova Sempra Energy

Cimacnoticias | Ciudad de México.-  En un comunicado firmado por las autoridades tradicionales del pueblo de Bácum, la tropa Yoemia y habitantes de Loma de Bácum denunciaron al subsecretario de Gobernación (Segob), René Juárez Cisneros, por amenazar con utilizar la fuerza pública para continuar con la obra del gasoducto en Sonora, en el territorio de los 8 pueblos yaquis.

La construcción se reanudó el pasado 8 de diciembre, y en la misiva señalan que las autoridades tradicionales de Bácum sostuvieron una reunión privada el 18 de noviembre del año en curso con el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) en un hotel ubicado en Ciudad Obregón, Sonora.

Tras el encuentro, denunciaron que Juárez Cisneros les dijo que “el gasoducto pasará por las buenas o por las malas. Por las buenas ustedes reciben todos los beneficios que pidan, y por las malas mandaremos a la fuerza pública y militares para obligar a que se haga la obra”.

Cinco días después la empresa “Gasoducto Aguaprieta”, filial de la empresa transnacional, se reunió con las autoridades tradicionales de Bácum para hacerles una “oferta económica” de un solo pago, diferido a 30 años, por más de 7 millones de pesos y becas escolares para las niñas y niños de la comunidad.

Mujeres que promueven los derechos indígenas y la seguridad de los habitantes de la Loma de Bácum (cuyos nombres se mantienen en anonimato), informaron a Cimacnoticias que la empresa transnacional IEnova Sempra Energy reanudó la construcción en el territorio de los 8 pueblos Yaquis, a pesar de la orden judicial que emitió el Juzgado Séptimo de Distrito.

El amparo lo interpuso la comunidad de la Loma de Bácum para detener el proceso de construcción del gasoducto, en defensa de su territorio el 4 de abril del año en curso, después de la asesoría jurídica que solicitaron las mujeres indígenas que viven en ese lugar.

El número de expediente del amparo es el 312/2016 y el Juzgado Séptimo de Distrito emitió la orden judicial para la detención de la construcción el 6 de abril pasado. A partir de ese momento, la obra que había iniciado la transnacional se detuvo.

IEnova Sempra Energy les entregó ese 23 de noviembre un “convenio” que tenían que firmar, desistimientos del amparo y un contrato de servidumbre sellado por los otros 7 pueblos Yaquis. El condicionamiento de la empresa para hacer válida la oferta era que las autoridades tradicionales de Bácum firmaran los documentos un día después, frente a toda la comunidad.

El día 24 de noviembre la comunidad se congregó en la “guardia tradicional” de la Loma de Bácum y por no estar de acuerdo con algunos puntos del contrato de servidumbre, las autoridades tradicionales de Bácum no lo firmaron.

En el comunicado también denunciaron que los representantes de la empresa dijeron que “ellos no podían volver a discutir con la gente” de su comunidad, que se “comunicarían con la Subsecretaría de Gobernación” y amenazaron con la frase: “aténganse a las consecuencias”.

En el documento reiteraron que el Pueblo de Bácum y la Loma de Bácum siempre han estado abiertos al diálogo, a la armonía y la paz para hablar sobre el “desarrollo económico” y bienestar social de los 8 pueblos Yaquis y del municipio de Cajeme.

Indicaron que proponen una nueva ruta para el gasoducto que atraviesa los municipios de San Ignacio Río Muerto, otra zona del municipio de Bácum y Cajeme, llevando el gas natural directamente por el “parque industrial” de Ciudad Obregón, Sonora.

En entrevista con las mujeres que promueven los derechos indígenas de la etnia Yaqui, explicaron que el modelo económico de los 3 niveles de gobierno y las políticas públicas que impulsan bajo el enfoque “indigenismo integracionista etnicista”, no respeta las tradiciones y derechos de los pueblos indígenas, ya que los “despoja” de sus tierras, obliga a la comunidad a trabajar para empresas transnacionales que atentan contra su seguridad y a una vida libre de violencia, autonomía, usos y costumbres.