Instituciones no buscan a adolescentes desaparecidas con la debida diligencia: Redim


CIMACFoto: César Martínez López.

México, Cimacnoticias (06/03/17).- Los protocolos de localización y búsqueda de niñas y mujeres adolescentes, como la Alerta Amber y el Protocolo Alba, son insuficientes para atacar la epidemia de desapariciones entre esta parte de la población, asegura la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

El director de la Redim, Juan Martín Pérez García, explicó en entrevista con Cimacnoticias que a pesar de contar con estos mecanismos (Alerta Amber y Protocolo Alba) no se realiza la búsqueda de adolescentes y niñas con la debida diligencia porque no existe personal capacitado en la búsqueda de mujeres, los organismos institucionales están desarticulados y además, en la mayoría de los casos las autoridades desestiman las denuncias de las víctimas.

SIN SISTEMA ESPECIALIZADO DE BÚSQUEDA

Para el especialista, uno de los principales problemas es que no existe un sistema y personal especializado para la búsqueda de mujeres adolescentes en el territorio, “el mismo policía que busca a un varón de 32 años, es el que busca a una mujer de 14 años de edad.”

Esto, dijo Pérez García, es un punto importante, pues las razones de desaparición son distintas, en el caso de las adolescentes y niñas existe una intencionalidad reconocida por la institución, pueden ser víctimas de feminicidio o ser sometidas a redes de trata de personas.

Entre 2006 y 2014 la organización registró seis mil 725 casos de niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años de edad; de estos casos 7 de cada 10 eran mujeres adolescentes de 15 a 17 años.

La falta de especialización de las instituciones gubernamentales desde la perspectiva de género no permite que se tenga un entendimiento y panorama completo sobre del problema, aseguró el especialista, “lo que estamos haciendo es garantizar al crimen organizado que la trata de niños, niñas y adolescentes es un buen negocio”, comentó.

ENTIDADES NO EMITEN ALERTA AMBER

Asimismo, los protocolos existentes de búsqueda están desasociados, añadió Juan Martín Pérez. En estados donde existen altas cifras de desapariciones de adolescentes y niñas, y que también cuentan con la Alerta de Violencia de Género (AVG), el número de Alertas Amber que emiten las autoridades son mínimas.

“Si uno hiciera el análisis de cuántas Alertas Amber se emiten en los estados de la República y cuántos son los casos de desaparición, se daría cuenta que no se están buscando a las niñas y adolescentes”, dijo. Pero la organización no ha logrado tener acceso a esta información porque no existe registro oficial de cuántas alertas son emitidas a nivel nacional, declaró Juan Martín Pérez.

El director de la Redim apuntó que la Alerta Amber está diseñada para que sea un mandato de búsqueda inmediata con el apoyo de medios de comunicación y dependencias públicas, sin embargo las 32 entidades se han ido sumando a su aplicación bajo sus propias condiciones y conocimientos.

Al no existir un sistema único, “la descoordinación está garantizada y lo que menos importa son los niñas, niñas y adolescentes”, reconoció Pérez García.

AUTORIDADES NO SIGUEN PROTOCOLOS

Juan Martín Pérez añadió que las autoridades no activan las acciones de búsqueda inmediata de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas, se espera a que los familiares interpongan una denuncia o bien queda a consideración del funcionario creer si la niña o adolescente pueda ser víctima de un hecho delictivo.

Esto, a pesar de que el Protocolo Alba obliga a los tres niveles de gobierno a buscar a las niñas y mujeres reportadas como desaparecidas una vez que se tenga conocimiento del hecho, sin necesidad de esperar 72 horas o la denuncia.

De la misma forma, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que las personas menores de 18 años deben recibir especial protección en caso de extravío o desaparición, “no importa si hay riesgo en su seguridad, es obligación de la autoridad buscarlas”, dijo el especialista en niñez y juventud.
DESESTIMAN DENUNCIAS

Asimismo, la organización ha detectado que las familias, al reportar la desaparición de las adolescentes se enfrentan a discriminación y violencia institucional.

Son cuestionadas por los aspectos físicos de la víctima, “si ellas tenían el cabello pintado, estaban maquilladas, o si tenían novio”, con el fin de desestimar la búsqueda, asegura el especialista, y “las madres reciben como respuesta que las busquen en los hoteles o que quizá están con su novio.”

A decir del especialista, las autoridades desechan el factor de que cada vez más las mujeres adolescentes que están desapareciendo, por lo que la organización ha denunciado que el número de alertas Amber emitidas para mujeres adolescentes entre 15 y 17 años en el país es menor al de personas menores de 15 años, acciones que ponen en riesgo la vida de las adolescentes.

Juan Martín Pérez concluyó que es obligación de las autoridades mexicanas prevenir la desaparición de la niñez y juventud través de políticas públicas, así como sancionar aquellos funcionarios que continúan siendo omisos en la prevención y atención a los casos de desapariciones de las niñas y las adolescentes en México.

Ley de Seguridad Nacional avalaría violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército

Colima, México, Avanzada (28/02/17).- El general José Francisco Gallardo Rodríguez, alertó sobre el peligro en el que se encontraría la sociedad si el Congreso de la Unión avala la ley de Seguridad Nacional.

El ex candidato al gobierno de Colima, sostuvo que el objetivo de este documento, es dejar impune las violaciones a los derechos humanos que han cometido el Ejército en los últimos 10 años.

Además, sostuvo que esta iniciativa de Ley enviada por el titular del Ejecutivo, forma parte de una serie de reformas legales que tienen como finalidad, permitir que el capital extranjero se apropie del Estado.

El general y defensor de los Derechos Humanos, solicitó a la población estar atenta y evitar que esta ley se apruebe en el Congreso de la Unión, pero en caso de que sea avalada por la mayoría de los legisladores federales, “se tiene que evitar que sea avalada por los Congresos de los Estados”.

Insistió que la población debe permanecer atenta e impedir que la Ley tenga efecto, porque de lo contrario, el Ejército tendrá libertad para cometer una serie de atropellos en contra de la ciudadanía, sin que se le llame a cuentas por ello.

“Lo que se puede hacer, es tener una activa participación y repudiar por todos lados que esta ley se apruebe en los Congreso locales y participar en todos los foros para evitar que esta ley surta efecto”.

El general Gallardo explicó que la autoridad civil no ha defendido lo que establece el artículo 21 constitucional, que a la letra señala que “la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios”.

Desaparición de mujeres de 15 a 17 años subió 974 por ciento en cuatro años

CIMACFoto: César Martínez López

Ciudad de México, Cimacnoticias (27/02/17).- La desaparición de mujeres adolescentes, de 15 a 17 años de edad en el país, es hoy un severo problema: los casos aumentaron 974 por ciento de 2010 a 2014, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim).

Así, de las 57 desapariciones de mujeres entre 15 a 17 años de edad registrados en 2010, se pasó a 612 casos el año 2014, pero ante esto, “el Estado mexicano sigue siendo omiso y negligente frente a este crimen de lesa humanidad”, afirmó el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García, al participar en el Webinar “Niñez Desaparecida” organizado por Comunicación e Información de la Mujer AC (Cimac).

“En el caso de mujeres adolescentes, estamos hablando de grupos criminales vinculados a grupos de trata para explotación sexual comercial”, señaló Pérez García, y eso puede explicar que, de 2006 a 2014, de los 2 mil 506 casos de adolescentes, entre 15 a 17 años de edad, reportados como desaparecidos, 7 de cada 10 eran mujeres, convirtiéndose en el grupo más afectado, dijo Pérez García

De acuerdo con datos de la Red, durante 2006-2014 las entidades que presentaron el mayor número de casos de mujeres desaparecidas menores de 17 años son: Tamaulipas con un registro de 609 casos; Estado de México; 386 casos, y Guanajuato con 263 casos.

Asimismo, los casos no son menores en otras entidades, por ejemplo, en Baja California se registraron 257 adolescentes desaparecidas, en Puebla 236 y en Coahuila 193.

Para atacar esta situación, Juan Martín Pérez informó que la Red ha solicitado al Estado mexicano desarrollar, dentro de la nueva Ley General de Personas Desaparecidas, un capítulo específico sobre la niñez y juventud desaparecida, que permita reconocer su impacto, generar una base de datos oficial, así como crear un protocolo único de búsqueda a nivel nacional para localizar de manera eficiente a las víctimas.

EDOMEX, 400 DESAPARECIDAS

El director de la Redim destacó que el Estado de México (Edomex) es una entidad emblemática de este problema y en el año 2014 se contabilizaron 400 adolescentes desaparecidas, de las cuales existe la posibilidad que varios de esos casos hayan terminado en feminicidio.

En esta entidad, dijo, “se puede observar la omisión de las autoridades para la investigación de estos hechos, son pocos los casos de éxito donde las adolescentes son encontradas”.
Juan Martín Pérez declaró que, ante ineficiencia de los sistemas mexicanos de justicia, la Red ha recurrido a organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Y recordó que en una audiencia ante ese organismo, en abril de 2016, la Redim destacó la crisis de derechos humanos que vive México y la “desaparición de la niñas, niños y adolescentes”,

INAI ordena a SHYCP transparentar recursos enviados a la UdeC en 2016

Colima, México, Avanzada (09/02/17).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obligó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dar información sobre el uso y destino de los recursos públicos federales que recibió la Universidad de Colima durante los tres primeros trimestres del 2016.

Este día, el pleno del INA tomó la decisión, después de analizar un recurso de revisión que presentó un ciudadano, ante la respuesta negativa que obtuvo de la SHyCP cuando solicitó la información para conocer la forma en la cual la Máxima Casa de Estudios del Estado ejerció el presupuesto federal.

La comisionada del INAI encargada de analizar el caso, Areli Cano Guardiana señaló que la autonomía de las universidades tiene que entenderse aparejada de la responsabilidad para actuar con la máxima transparencia en el uso de los recursos públicos.

La ponente sentenció: “la autonomía de las universidades públicas no debe ser entendida como exención a las obligaciones de rendir cuentas. Las instituciones de educación superior reciben recursos del erario estatal y federal”.

“Lo cual implica la obligación de abrir toda la información sobre el destino de los mismos y el derecho de las personas para conocer sobre el ejercicio presupuestal, ya sea de manera directa, al consultar a las propias universidades o de manera indirecta, como en este caso, a través de la Secretaría de Hacienda”, sentenció.

En su dictaminación final, los comisionados del INAI coincidieron que las Universidades Públicas tienen la obligación de remitir a la SHCP la información sobre el ejercicio y destino de los recursos federales que la Dirección General de Programación y Presupuesto le asignó, mediante diferentes fondos.

Por eso se obligó a la SHyCP a transparentar la información sobre la utilización de recursos federales asignados a la Universidad de Colima, vía subsidios ordinarios, extraordinarios y, en su caso, del Ramo General 33.

Areli Cano afirmó que las universidades son parte esencial de la conciencia crítica del país y, en consecuencia, tienen que ser paradigma de transparencia.

Con esa decisión el Pleno del INAI revocó la respuesta de la SHCP y le ordenó hacer una búsqueda exhaustiva de los informes del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros del primero, segundo y tercer trimestre de 2016 de la Universidad de Colima, y una vez localizados, los proporcione al particular.

Ecatepec, municipio más violento para las mujeres: Mexfem

CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 31/01/2017 El municipio de Ecatepec se mantiene como el más violento del Estado de México (Edomex) para las mujeres, al registrarse 39 muertes violentas en 2016, es decir, aproximadamente 3 casos al mes, informó el Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México (Mexfem).
La organización civil, que tiene un año de conformada, dijo en conferencia de prensa que 2016 concluyó con una cifra alarmante de 263 casos de posibles feminicidio estado, de acuerdo con el seguimiento que realizan a través de medios y del acceso a algunos expedientes judiciales. Esto refleja los altos índices de violencia hacia las mujeres que prevalece en la entidad.
Mexfem consideró necesario, ante las próximas elecciones de 2018 y ante la grave situación de violencia que viven las mujeres en el Estado de México, que las candidatas y candidatos a puestos de elección no se “cuelguen” de los casos de feminicidio y presenten acuerdos reales.
Hicieron un llamado a los candidatos a sentarse con ellas y con las demás agrupaciones civiles para discutir las políticas públicas a favor de las mujeres.

LA LUCHA POR LA AVG
En junio de 2015, el mandatario del Edomex, Eruviel Ávila Villegas, solicitó implementar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad, acto que se concretó después de una larga lucha legal de agrupaciones civiles por conseguirlo.
No obstante, a las mexiquenses las siguen matando: en los dos meses que lleva este año, el Observatorio ha contabilizado 17 asesinatos.
La lucha de las organizaciones por obtener la AVG en el Edomex data de 2010, cuando el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNAPASEVM) se negó a efectuarla, aun cuando en el periodo de 2005 a 2010 –durante la gestión estatal de Enrique Peña Nieto- se reportaron 922 asesinatos de mujeres en la entidad, según cifras oficiales.
En los dos años siguientes, 2011 y 2012, el número de muertes violentas documentadas fue de 563 y al menos mil 258 niñas y adolescentes fueron reportadas como desaparecidas.
Son 11 los municipios que quedaron bajo la AVG: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.
Sin embargo, estos municipios aún coindicen con los más altos índices de asesinatos de mujeres: durante el último año Naucalpan presentó 17 de casos, Chilmahuacán 15 casos, Chalco 13 casos, Nezahualcóyotl con 12 casos y Tultitlán con 11, señalaron las integrantes de Mexfem.
Asimismo, en los municipios de Nicolás Romero y Tlalnepantla se contabilizaron nueve casos y siete en Cuatitlán Izcalli.
La coordinadora interinstitucional del Observatorio, Yuritzi Hernández de la Rosa, dijo que constataron varias preocupaciones y problemas en la implementación de la AVG a lo largo de su recorrido en los 125 municipios, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CDHEM).
Entre ellos está la atención a las víctimas por parte de las autoridades, en específico de los Ministerios Públicos, quienes hacen lentos sus procesos o simulan la investigación de los casos, señaló Hernández.
También, dijo, encontraron graves problemas, sobre todo en la impartición de la justicia y un ejemplo de ello es el caso emblemático del feminicidio de Nadia Muciño Márquez, que casi 13 años después sigue impune.

UN AÑO DE MEXFEM
Mexfem, coordinado por Yuritzi Hernández de la Rosa e integrado por familias de víctimas de violencia, han brindado atención a 200 mujeres, quienes han parecido algún tipo de violencia, como la física y sexual (130 casos).
También han aportado 50 apoyos jurídicos mediante el acompañamiento de la víctima al Ministerio Público, y se encuentran acompañando 13 casos de desaparición forzada.