Lo que pasa en México podría acercarse al Terrorismo de Estado: Nora Cortiñas

Imagen retomada de you tube. Comisión por la Verdad.
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/05/2017 La democracia mexicana se encuentra enferma y sus síntomas son la desaparición, el asesinato de periodistas y personas defensoras, diagnostica una de las mujeres emblemáticas de la resistencia en la dictadura argentina de los años 70, Nora Cortiñas, cofundadora del movimiento Madres de Plaza de Mayo.

Si alguien sabe de desaparición y la lucha por la verdad es ella, quien a sus 87 años de edad sigue demandando la presentación con vida de su hijo Gustavo, desaparecido por su lucha política un 15 de abril del año 1977, fecha en la que ella se transformó de ama de casa en defensora de la libertad y la democracia.

Tras cuatro décadas de la exigencia por la presencia de las personas desaparecidas, el derecho a la verdad y la justicia, Nora sigue dándose cita en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, la casa de gobierno argentino, donde cada madre de alguna hija/o desaparecida se transformó en la madre de 30 mil jóvenes desaparecidos, que la dictadura de Jorge Rafael Videla arrebató de sus familia.

En su visita a México para participar en el Foro Internacional sobre las Madres de Plaza de Mayo, Nora ausculta al México de 26 mil personas desaparecidas, 126 periodistas asesinados, de los cuales 19 son mujeres y 29 personas defensoras también asesinadas, en la última década.

Lo que ocurre en México, asegura la defensora argentina, podría acercarse al Terrorismo de Estado, donde el crimen organizado sirve para eliminar del paso a quienes incomodan u obstaculizan los planes de los poderosos, del dinero y la política.

Para Nora, el crimen organizado no es un ente ajeno a las estructuras de poder, no cree en la “infiltración de instancias políticas”, su lectura es que “son lo mismo”, aunque desde el gobierno se busque ubicarlo como separado.

En entrevista con Cimacnoticias, Nora Cortiñas disecciona la grave violación de Derechos Humanos en la República Mexicana, convencida de que esta es parte de la estrategia de quienes detentan del poder político y económico, para sembrar el miedo que paraliza a las sociedades, que impide la resistencia ante un régimen voraz, que hunde en la pobreza a la mayoría de su población.

Lucía Lagunes Huerta (LLH): ¿Cómo encuentras a México, en materia de Derechos Humanos?

Nora Cortiñas (NC): Veo a México a través de las noticias, que cada tanto nos revela la noticia terrible de los asesinatos de periodistas, como el reciente de Javier Valdez, la de desaparecidos como los de Ayotzinapa, que recibimos y acompañamos en Buenos Aires.

Me parece que lo que ocurre en México podría acercarse al Terrorismo de Estado. Los crímenes que se cometen (en México), los disfracen como los quieran disfrazar, son responsabilidad del Estado.

Aunque nos quieran confundir, a nosotros desde afuera, pero a los familiares (de las y los desaparecidos) con que son producto del narcotráfico, el Estado es responsable ya sea por omisión o colusión.

¿Qué pasó con los desaparecidos?, ¿dónde están, cómo fueron desaparecidos, cuándo?, son la preguntas a las que queremos respuesta los familiares y esas respuestas tienen que venir del Estado. Por eso, cuando uno se entera que (en México) a los familiares les dan una pala para que vayan a buscarlos, nos indigna, porque es una indignidad de parte del gobierno, es el Estado el que debe dar noticias sobre el detenido/desaparecido.

LLH: ¿Por qué nombras terrorismo de Estado?

NC: Porque muchas organizaciones militares y policiacas dependen del Estado, no operan de por sí. Nosotras, las Madres de Plaza de Mayo, lo sabemos: ni un particular, ni una organización privada puede llevar a cabo estos asesinatos ni la desaparición sin que autoridades estén involucradas.

Los grandes crímenes que se cometen en nuestros países, donde están perseguidos los jóvenes y los pobres, son el Estado quien los comete, los asesinatos y las desapariciones. Esta es una acción que persigue a los que molestan. Los pobres molestan, las personas que reclaman justicia social molestan, es así como se les persigue con desaparición y muerte.

DEMOCRACIA ENFERMA

LLH: ¿Cómo miras la democracia mexicana?

NC: La veo enferma. Cuando se habla de democracia y hay hambre, hay gente durmiendo en la calle, no hay democracia, hay gobierno constitucional. Una democracia es cuando la gente tiene vida digna, esa es una verdadera democracia.

LLH: ¿Qué papel juega el crimen organizado?

NC: El crimen juega la lógica de la economía, (los gobiernos) los dejan porque entra el dinero en las arcas del Estado, por eso los gobiernos miran para otro lado, porque les conviene, así no se hacen responsables, aunque lo son.

LLH: ¿El papel de la sociedad?

NC: La sociedad, a veces, se ve confundida con los discursos del Estado, quien echa culpa para afuera de sus instituciones (a las organizaciones criminales), así el Estado no se hace cargo. Entonces, la gente vive confundida, en vez de reclamar al Estado trata de resolver por sus propios medios.

Que en México le den una pala y le digan “búsquelos usted”, a su desaparecido, es una infamia, hacer eso con los familiares es la mayor infamia que una puede conocer.

CRIMEN DE CRÍMENES

LLH: ¿Cuál es el efecto de la desaparición en este contexto?

NC: La desaparición es el crimen de crímenes, porque es cuando a una persona le quitan todos sus derechos, está desprovista de todos sus derechos, similar a la política nazi. Con esa política, lo que se busca es eliminar a los molestos y que no les encuentre, para que reine el terror en la población.

LLH: Pero, el otro efecto es la transformación política de amas de casa…

NC: Sí, claro, cuando dicen que las madres hacemos política, sí porque se los llevaron por razones políticas y aprendemos en este caminar a visualizar la política en otro niveles. En Argentina, cuando empezamos a ver, por ejemplo, la relación entre las desapariciones con la deuda externa, mi hijo es parte de esa deuda externa. Cuando en la Argentina empieza la dictadura, la deuda era de 6 mil millones de dólares (110 mil 899.962.000.00 pesos mexicanos), cuando termina debíamos 45 mil millones de dólares.

¿En qué se lo gastaron?, nos preguntamos, pues piden dinero para pagar a los oficiales el extra por torturar, para comprar las armas con las que torturan, para comprar los aviones de la muerte y toda la parafernalia que se necesita para mantener años el terror del Estado en la población.

Cuando termina vemos la deuda que creció en esos años y eso también lo aprendemos las madres. En México la deuda puede crecer para comprar armas para combatir el crimen, este es parte de la funcionalidad de poner como enemigo al crimen organizado y así confundir a la población.

LLH: ¿De qué tendría que estar alerta la sociedad?

NC: Creo que no nos tenemos que insensibilizar, ni encontrar como natural que se desaparecen personas. Hacer cumplir a los gobiernos con las convenciones (Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas e Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas) y castigo a los culpables.

Estar alertas de cómo se nombran las cosas, porque se va construyendo un lenguaje que hace olvidar todo lo pasado, que diluye las responsabilidades del Estado.

Nosotras en Argentina tuvimos logros muy importantes. Cuando terminó la dictadura, con Alfonsín, tuvimos el primer paso para demostrar que se podía hacer justicia si el gobierno quería. Se creó la Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada de Personas, que aglutinó todas las denuncias que habían hecho los organismos de Derechos Humanos a un ente oficial. Así se logra el primer juicio en democracia en Argentina a las 3 primeras juntas asesinas.

LLH: Justicia es una palabra que ahora se escucha mucho en México, ¿cómo lograrla?

NC: El juicio y castigo a todos los culpables, no hay otra salida.

LLH: ¿Qué dirías del gobierno de Peña Nieto?

(NC).- Que no quiere controlar el país porque es su ideología, porque hace negocios para enriquecerse, sin importarle la seguridad ni la justicia que tenga su pueblo.

Por ejemplo el feminicidio, también se acerca a un terrorismo. Es a través del miedo que las mujeres dejan de ir a trabajar, etcétera, porque no puede denunciar en una comisaría, porque se burlan de ella. En esto también tiene responsabilidad el Estado, él es el que debería garantizar que no pasara, pero mira para otro lado.

Por muchas razones no se pueden bajar los brazos.

Periodista es criminalizado por secretario de Seguridad Pública de Colima, dos días después es amenazado

Ciudad de México, a 27 de mayo de 2017.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima criminalizó la labor del reportero Arturo Ávalos, del medio De Política y Algo Más, quien fue agredido fue agredido por policías estatales.

El 14 de mayo, el reportero se encontraba al interior del panteón municipal de Tecomán tomando imágenes y cubriendo una noticia sobre el hallazgo de una persona asesinada, cuando un grupo de oficiales estatales le dijo que se retirara del lugar. El reportero dijo que sólo estaba haciendo su trabajo, sin embargo, uno de los agentes lo empujó para sacarlo del lugar.

“Hemos detectado molestia por parte de las corporaciones de seguridad porque con nuestro trabajo se está evidenciando la violencia”, dijo Ávalos en entrevista con ARTICLE 19. “Les molesta que en muchas ocasiones llegamos antes que ellos. Incluso, ya se volvió algo normal el hostigamiento verbal por parte de los agentes ministeriales con la intención de intimidar”.

El periodista buscó conciliar a través de la Comisión Estatal para la Protección del Ejercicio Periodístico y el 16 de mayo de reunió con el secretario de Seguridad Pública de Colima, Francisco Javier Castaño Suárez. Sin embargo, el titular responsabilizó a Ávalos por las agresiones (físicas y bloqueo informativo), las cuales calificó como un “empujoncito”.

Además, el funcionario dijo que abrirían una investigación contra el periodista, ya que “ha llegado antes a las escenas de crimen que las autoridades”. Amenazar a Ávalos con abrir una carpeta de investigación constituye un acto de intimidación y criminaliza el trabajo periodístico.

Dos días después, el 18 de mayo, el periodista recibió una amenaza en la página de Facebook del medio: “Cuídate perro. Porque te ira mal asi seas lo k seas (sic)”. Esto eleva el riesgo de desempeñar la tarea de difundir e investigar información en un contexto de violencia creciente, como el que atraviesa Colima.

Por ello, ARTICLE 19 exige a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal que cese las agresiones hacia la prensa y se abstenga de obstaculizar el ejercicio periodístico.

Asimismo, hacemos un llamado al Gobierno Estatal de Colima para que genere las condiciones necesarias para la realización de la labor informativa. Y a la Comisión de Derechos Humanos de Colima para que conozca del caso, contacte al periodista afectado y se pronuncie en la medida de sus atribuciones.

ARTICLE 19 exige al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que intervenga en el ámbito de sus facultades para proteger la integridad de Arturo Ávalos.

Ante desapariciones, que universidades públicas actúen: Aboites

CIMACFoto: César Martínez López


Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/05/2017 A casi un mes de la desaparición de Belén Montserrat Cortés Santiago, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), autoridades y estudiantes de la institución marcharon del Plantel Centro Histórico hacia la Procuraduría capitalina para exigir que se acelere el proceso de búsqueda y para entregar datos recabados en jornadas de búsqueda solidaria.

La marcha estuvo encabezada por el rector Hugo Aboites y la familia de la alumna, quienes se reunieron con la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, María de los Ángeles López Peña, para exigir que se agilice la búsqueda de la joven.

Belén Montserrat, de 19 años de edad y estudiante de Comunicación y Cultura del plantel San Lorenzo Tezonco de la UACM, desapareció el pasado 29 de abril, después de que avisó a su familia que había salido de trabajar y se iría a casa.

El Rector de la UACM informó que le brindan apoyo legal a la familia a través del abogado de la institución, Rodolfo Aguilar, y llamó a las autoridades de universidades públicas y privadas a organizarse para acordar cómo pueden responder ante los constantes casos de desapariciones de mujeres y agresiones en su contra.

Una comisión de estudiantes y profesores entregaron a la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) un informe con los elementos detectados en dos brigadas de búsqueda, que la comunidad de la UACM realizó en las colonias cercanas al trabajo de Belén, encabezadas por los hermanos de Belén, el pasado miércoles 17 de mayo y ayer cerca del plantel Casa Libertad, entre Ermita y la carretera a Puebla, en la colonia San Miguel Teotongo.

Son los resultados “de las búsquedas en zonas donde vecinos informan que creen haberla visto y lugares donde hay cámaras de video que podrían servir para la búsqueda”, dijo a Cimacnoticias uno de los hermanos de Belén.

Ante la falta de respuesta de la autoridad judicial, “estamos actuando porque no queremos que el terror del país alcance a la universidad y mostrar que no pueden tocar a alguien de la comunidad sin que actuemos todos”, aseguró la profesora investigadora del Colegio de Ciencias y Humanidades de San Lorenzo Tezonco de la UACM, Tania Paloma Hernández.

La profesora Hernández agregó que con la entrega de ese informe buscan “presionar a las autoridades que no han actuado, supuestamente no han podido ni rastrear el teléfono de Belén, es para que hagan su trabajo”. Añadió que la solidaridad de la comunidad de la UACM hizo que ella se sumara a la iniciativa de búsqueda de la familia.

El Rector agregó que no tiene planeado solicitar más elementos de Seguridad Pública capitalina porque apuestan a que las y los estudiantes trabajen en conjunto y se solidaricen. Y anunció que el próximo lunes se reunirán nuevamente con la autoridad judicial para saber si hay más elementos que puedan discutirse en cuanto al caso.

“Tenemos un compromiso de coadyuvancia para estar pendientes, no damos un voto de confianza y no nos sentamos a descansar, damos los elementos que tenemos para que los analicen, generen nuevos y se fortalezcan las líneas de investigación”, afirmó Aboites.

A la reunión efectuada en las oficinas de la PGJDF también acudieron José Antonio Ferrer Álvarez, de CAPEA; un asesor del Procurador; el secretario técnico de la Comisión y Organización del Consejo Universitario, Ernesto López Chávez; la secretaria técnica de Mediación y Conciliación, Ana María Ponce; así como personal académico del plantel Casa Libertad y un representante de las y los estudiantes, quienes desde la semana pasada realizan las brigadas de búsqueda e información.

PGJ Tlaxcala continúa simulación en caso de niñas desaparecidas

CIMACFoto: César Martínez López

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/05/2017 A dos meses de que el procurador General de Justicia de Tlaxcala, Tito Cervantes Zepeda, se comprometió con familiares de niñas desaparecidas y víctimas de violencia sexual del municipio de San Pablo del Monte a revisar personalmente los casos, las acciones de la Procuraduría siguen siendo “simuladas”, con lo que se obstaculiza el acceso a la justicia de mujeres y niñas en esta situación.

Eso denunció en entrevista la abogada de las organizaciones Red Retoño y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social A.C, Miriam Pascual Jiménez, quien desde marzo pasado expuso en conferencia las irregularidades que enfrentan los familiares de niñas desaparecidas y agredidas sexualmente al denunciar en los ministerios públicos, así como la omisión de funcionarios de la entidad.

Miriam Pascual informó que tras una reunión efectuada la última semana de marzo entre la secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de violación, representantes de las organizaciones acompañantes y el procurador Cervantes Zepeda este último se comprometió a investigar hasta obtener justicia cada uno de los siete casos de desapariciones de niñas y tres mayores de edad registrados por las organizaciones Red Retoño y Grupo de Acción desde enero de 2016 hasta marzo de 2017.

Sin embargo, aseguró Miriam Pascual, “ante las denuncias, la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala (PGJ) solo ha tomado medidas simuladas”. Incluso se niega a aceptar que existan otros casos además de los sólo ocho reportes de mujeres desaparecidas que la instancia reportó de 2012 a 2016, de los cuales sólo tres corresponden a menores de edad. “Los califican como casos aislados”, dijo.

SIN RESPUESTAS

Miriam Pascual señaló que la indiferencia de las autoridades ante las desapariciones de mujeres se refleja en la falta de voluntad del gobernador de Tlaxcala, el priista Marco Antonio Mena Rodríguez, por conversar con las familias. “Antes de reunirnos pusimos como requisito la presencia del Gobernador, sin embargo, él no se presentó ni se ha comunicado con la familia, al igual que el presidente municipal de San Pablo del Monte, Cutberto Benito Cano Coyotl”, aseguró.

Además, la abogada expuso que el argumento otorgado por la secretaria de Gobierno de Tlaxcala para explicar el retraso en la resolución de los casos es el desconocimiento de estos, porque las exigencias de justicia fueron atendidas, primero, por la administración anterior del estado encabezada por Mariano González Zarur. “Es mentira ese desconocimiento, dijo la abogada, ya que Anabel Alvarado trabajaba como secretaria particular con el Gobernador anterior cuando denunciamos las desapariciones constantes en la zona”, explicó.

SIGUEN INTIMIDACIONES Y OMISIONES

Señala la abogada que la PGJ continuó con las agresiones a las familias que denunciaron en marzo pasado omisiones de la autoridad, como falta de activación de la Alerta AMBER, retraso en la recolección de pruebas a tiempo y trato revictimizante. Se trata de las familias de Karla Romero Tezmol, desaparecida en San Pablo del Monte desde enero de 2016, y de Sandra Xahuantila, y Sarahí Tezmol, desaparecidas y encontradas posteriormente con signos de violencia sexual,

“La PGJ habló con los familiares y los buscó en sus domicilios para presionarlos con el argumento de que si no se presentaban a ampliar su declaración las iban a meter a la cárcel”, se trató, afirmó Miriam Pascual de hostigarlos y sancionarlos ante la denuncia pública que hicieron las familias”.

Y calificó a estas acciones de innecesarias: “Lo hicieron para aparentar que se están trabajando, pero no se está investigando para dar con los agresores”. Muestra de ello es que recientemente la Red Retoño tuvo conocimiento de que la Secretaría de Seguridad Pública de Tlaxcala constó en un escrito que el sistema de C4, el sistema público de cámaras de la zona donde se han registrado desapariciones, no está funcionando.

Además, informó, vecinos de la zona con negocios ya fueron advertidos por personal policial para no mostrar los videos captados por sus cámaras. “Un policía le hizo firmar al dueño de una tienda ubicada en la ruta donde han desaparecido varias menores un documento donde decía que él no podía dar información a nadie”, comentó.

Miriam Pascual comentó que ese tipo de acciones son ejemplo de las prácticas constantes de obstaculización de las autoridades, pero dijo que, junto con familiares de las víctimas desde la Red Retoño, el Grupo de Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social mantienen las exigencias porque se inicien averiguaciones previas en todos los casos de desaparición y que no se pierdan pruebas esenciales en los delitos de violación como las muestras de semen.

De acuerdo a datos de la Red Retoño en Tlaxcala, la desaparición de Karla Romero Tezmol es la única contabilizada porque sólo ella cuenta con una Averiguación Previa por delitos relacionados con su desaparición.

Las desapariciones de niñas y mujeres ocurren en un contexto donde organizaciones civiles de Tlaxcala emitieron en agosto de 2016 la primera solicitud para la implementación de la Alerta de Violencia de Género (AVG), admitida por el Instituto Nacional de las Mujeres desde el pasado 30 de agosto, por el delito de explotación sexual comercial de mujeres.

Conavim, Inmujeres y CNDH no respetan mecanismo de AVG

CIMACFoto: César Martínez López

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/05/2017 Son 22 estados del país quienes han presentado la solicitud para la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), pero es común que no se respeten los tiempos del mecanismo, que las acciones recomendadas por los grupos de trabajo no garanticen la seguridad de las mujeres y que haya un desconocimiento general sobre el proceso en que se encuentra cada alerta.

Así lo expusieron promotoras y solicitantes de la AVG de los estados de Sonora, Quintana Roo, Sinaloa, Querétaro, Tlaxcala, Nayarit, Guerrero y Campeche, en una reunión con representantes del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La reunión -solicitada por las organizaciones- se realizó en el Senado de la República, el 29 y 30 de abril, y ahí se discutieron los avances, obstáculos y resultados que observan luego de presentar la solicitud, la experiencia que tienen durante el proceso de la declaratoria, y los resultados que visualizan después de que se aplica o niega el mecanismo.

Hasta ahora, la AVG se decretó en 7 estados del país: 11 municipios del Estado de México, 8 municipios de Morelos, 14 de Michoacán, 7 de Chiapas, 5 municipios de Nuevo León, 11 municipios de Veracruz y en Sinaloa en 5 municipios.

Entre los puntos discutidos, las representantes de organizaciones como la Asociación Guerréense contra la Violencia AC, el Consejo Estatal de Mujeres de Quintana Roo AC, la Red Feminista Sonorense, entre otras, reprocharon a las instituciones encargadas del seguimiento de las Alertas no contar con un reporte sobre el estado en el que se encuentran las solicitudes y de no ser informadas sobre los avances de éstas, al ser las organizaciones civiles las principales solicitantes, y parte clave de la vigilar que se cumplan con las recomendaciones emitidas por los grupos de trabajo.

De acuerdo con información del portal web de Inmujeres, hasta el 5 de abril, casi la mitad de los estados del país (13 en total) cuenta con procedimientos de AVG en trámite: Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz (por agravio comparado) y Zacatecas.

Estos obstáculos, precisaron, también se presentan porque no se siguen los plazos para decretar o rechazar la AVG. En el Estado de México tardó 5 años la declaratoria, en Veracruz y Sinaloa un año, en tanto Sonora sigue en proceso, a pesar de contar con características similares la última entidad -presencia de crimen organizado, desaparición de mujeres y violencia feminicida-, aseveraron las presentes.

Tras estos ejemplos, la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, presente en la reunión, refirió la importancia de la reforma aprobada por la Cámara de Diputados al Artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para puntualizar el procedimiento y los plazos para decretar la Alerta de Violencia de Género.

Estos son: 5 días para conformar el grupo de trabajo, 30 días para que este dicte una resolución; 30 días para rechazar o aceptar la solicitud de AVG, y un plazo de 6 meses para que el gobierno de la entidad implemente acciones de prevención y atención reflejadas en el informe.

“ALERTA” CON PRÓRROGAS

“El mecanismo no es expedito ni está dando garantías, debe ser mucho más ágil la actuación de las autoridades, no puede llevarse años, porque esa ya no es un alerta”, comentó en entrevista con Cimacnoticias Leticia Burgos.

Este último proceso es donde se presentan mayores conflictos, concordaron las organizaciones, ya que en diversas ocasiones –como en Quintana Roo y Sonora- se da a los gobiernos prórrogas para cumplir con las recomendaciones, a pesar de no estar previstas en la Ley General de Acceso.

En la reunión, la promovente de la AVG en Querétaro, Angélica Reyes Servín, señaló que sería obligación de los gobiernos locales generar planes de acción de emergencia una vez que se hizo la investigación del grupo de trabajo, para garantizar a las mujeres vivir una vida libre de violencia con o sin declaratoria.

Lo anterior, porque en los estados donde se negó la Alerta, se interpuso en principio la “cantidad de casos de feminicidio” que se contabilizaron y, en los casos donde sí se decretó la AVG, “las recomendaciones no aterrizan en los planes de acción de emergencia que deberían de estarse implementando para evitar el asesinato de las mujeres”, añadió Leticia Burgos.

En dos ocasiones Segob determinó no declarar la AVG; en Guanajuato (30 de junio de 2015) y Baja California (19 de mayo de 2016) al considerar que los gobiernos locales cumplieron con las recomendaciones determinadas en los informes de los Grupos de Trabajo, indica información del portal de Inmujeres.

En el caso más reciente, Querétaro (9 de febrero de 2017), se concluyó no declarar la AVG porque no existían elementos que acreditarán la violencia feminicida en la entidad, recordó Reyes Servín.

SE LLEVAN “LAS INQUIETUDES”

Los representantes de Inmujeres, Conavim y CNDH acordaron remitir estas observaciones a sus autoridades correspondientes: “nos parece como si no tuvieran en la materia la responsabilidad completa, porque todos dejaron en claro que se llevarían todas las inquietudes”, dijo la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos.

Por su parte, la CNDH adelantó que está preparando un informe especial sobre las alertas de violencia a nivel nacional, y la actuación de las autoridades encargadas del debido funcionamiento y seguimiento del mecanismo de la AVG.

De esta reunión también se desprendió la creación de una red conformada por las organizaciones que impulse y dé seguimiento a las declaratorias de AVG en todo el territorio, asimismo, buscarán tramitar la AVG a nivel nacional.