PGJ Tlaxcala continúa simulación en caso de niñas desaparecidas

CIMACFoto: César Martínez López

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/05/2017 A dos meses de que el procurador General de Justicia de Tlaxcala, Tito Cervantes Zepeda, se comprometió con familiares de niñas desaparecidas y víctimas de violencia sexual del municipio de San Pablo del Monte a revisar personalmente los casos, las acciones de la Procuraduría siguen siendo “simuladas”, con lo que se obstaculiza el acceso a la justicia de mujeres y niñas en esta situación.

Eso denunció en entrevista la abogada de las organizaciones Red Retoño y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social A.C, Miriam Pascual Jiménez, quien desde marzo pasado expuso en conferencia las irregularidades que enfrentan los familiares de niñas desaparecidas y agredidas sexualmente al denunciar en los ministerios públicos, así como la omisión de funcionarios de la entidad.

Miriam Pascual informó que tras una reunión efectuada la última semana de marzo entre la secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de violación, representantes de las organizaciones acompañantes y el procurador Cervantes Zepeda este último se comprometió a investigar hasta obtener justicia cada uno de los siete casos de desapariciones de niñas y tres mayores de edad registrados por las organizaciones Red Retoño y Grupo de Acción desde enero de 2016 hasta marzo de 2017.

Sin embargo, aseguró Miriam Pascual, “ante las denuncias, la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala (PGJ) solo ha tomado medidas simuladas”. Incluso se niega a aceptar que existan otros casos además de los sólo ocho reportes de mujeres desaparecidas que la instancia reportó de 2012 a 2016, de los cuales sólo tres corresponden a menores de edad. “Los califican como casos aislados”, dijo.

SIN RESPUESTAS

Miriam Pascual señaló que la indiferencia de las autoridades ante las desapariciones de mujeres se refleja en la falta de voluntad del gobernador de Tlaxcala, el priista Marco Antonio Mena Rodríguez, por conversar con las familias. “Antes de reunirnos pusimos como requisito la presencia del Gobernador, sin embargo, él no se presentó ni se ha comunicado con la familia, al igual que el presidente municipal de San Pablo del Monte, Cutberto Benito Cano Coyotl”, aseguró.

Además, la abogada expuso que el argumento otorgado por la secretaria de Gobierno de Tlaxcala para explicar el retraso en la resolución de los casos es el desconocimiento de estos, porque las exigencias de justicia fueron atendidas, primero, por la administración anterior del estado encabezada por Mariano González Zarur. “Es mentira ese desconocimiento, dijo la abogada, ya que Anabel Alvarado trabajaba como secretaria particular con el Gobernador anterior cuando denunciamos las desapariciones constantes en la zona”, explicó.

SIGUEN INTIMIDACIONES Y OMISIONES

Señala la abogada que la PGJ continuó con las agresiones a las familias que denunciaron en marzo pasado omisiones de la autoridad, como falta de activación de la Alerta AMBER, retraso en la recolección de pruebas a tiempo y trato revictimizante. Se trata de las familias de Karla Romero Tezmol, desaparecida en San Pablo del Monte desde enero de 2016, y de Sandra Xahuantila, y Sarahí Tezmol, desaparecidas y encontradas posteriormente con signos de violencia sexual,

“La PGJ habló con los familiares y los buscó en sus domicilios para presionarlos con el argumento de que si no se presentaban a ampliar su declaración las iban a meter a la cárcel”, se trató, afirmó Miriam Pascual de hostigarlos y sancionarlos ante la denuncia pública que hicieron las familias”.

Y calificó a estas acciones de innecesarias: “Lo hicieron para aparentar que se están trabajando, pero no se está investigando para dar con los agresores”. Muestra de ello es que recientemente la Red Retoño tuvo conocimiento de que la Secretaría de Seguridad Pública de Tlaxcala constó en un escrito que el sistema de C4, el sistema público de cámaras de la zona donde se han registrado desapariciones, no está funcionando.

Además, informó, vecinos de la zona con negocios ya fueron advertidos por personal policial para no mostrar los videos captados por sus cámaras. “Un policía le hizo firmar al dueño de una tienda ubicada en la ruta donde han desaparecido varias menores un documento donde decía que él no podía dar información a nadie”, comentó.

Miriam Pascual comentó que ese tipo de acciones son ejemplo de las prácticas constantes de obstaculización de las autoridades, pero dijo que, junto con familiares de las víctimas desde la Red Retoño, el Grupo de Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social mantienen las exigencias porque se inicien averiguaciones previas en todos los casos de desaparición y que no se pierdan pruebas esenciales en los delitos de violación como las muestras de semen.

De acuerdo a datos de la Red Retoño en Tlaxcala, la desaparición de Karla Romero Tezmol es la única contabilizada porque sólo ella cuenta con una Averiguación Previa por delitos relacionados con su desaparición.

Las desapariciones de niñas y mujeres ocurren en un contexto donde organizaciones civiles de Tlaxcala emitieron en agosto de 2016 la primera solicitud para la implementación de la Alerta de Violencia de Género (AVG), admitida por el Instituto Nacional de las Mujeres desde el pasado 30 de agosto, por el delito de explotación sexual comercial de mujeres.

Conavim, Inmujeres y CNDH no respetan mecanismo de AVG

CIMACFoto: César Martínez López

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/05/2017 Son 22 estados del país quienes han presentado la solicitud para la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), pero es común que no se respeten los tiempos del mecanismo, que las acciones recomendadas por los grupos de trabajo no garanticen la seguridad de las mujeres y que haya un desconocimiento general sobre el proceso en que se encuentra cada alerta.

Así lo expusieron promotoras y solicitantes de la AVG de los estados de Sonora, Quintana Roo, Sinaloa, Querétaro, Tlaxcala, Nayarit, Guerrero y Campeche, en una reunión con representantes del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La reunión -solicitada por las organizaciones- se realizó en el Senado de la República, el 29 y 30 de abril, y ahí se discutieron los avances, obstáculos y resultados que observan luego de presentar la solicitud, la experiencia que tienen durante el proceso de la declaratoria, y los resultados que visualizan después de que se aplica o niega el mecanismo.

Hasta ahora, la AVG se decretó en 7 estados del país: 11 municipios del Estado de México, 8 municipios de Morelos, 14 de Michoacán, 7 de Chiapas, 5 municipios de Nuevo León, 11 municipios de Veracruz y en Sinaloa en 5 municipios.

Entre los puntos discutidos, las representantes de organizaciones como la Asociación Guerréense contra la Violencia AC, el Consejo Estatal de Mujeres de Quintana Roo AC, la Red Feminista Sonorense, entre otras, reprocharon a las instituciones encargadas del seguimiento de las Alertas no contar con un reporte sobre el estado en el que se encuentran las solicitudes y de no ser informadas sobre los avances de éstas, al ser las organizaciones civiles las principales solicitantes, y parte clave de la vigilar que se cumplan con las recomendaciones emitidas por los grupos de trabajo.

De acuerdo con información del portal web de Inmujeres, hasta el 5 de abril, casi la mitad de los estados del país (13 en total) cuenta con procedimientos de AVG en trámite: Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz (por agravio comparado) y Zacatecas.

Estos obstáculos, precisaron, también se presentan porque no se siguen los plazos para decretar o rechazar la AVG. En el Estado de México tardó 5 años la declaratoria, en Veracruz y Sinaloa un año, en tanto Sonora sigue en proceso, a pesar de contar con características similares la última entidad -presencia de crimen organizado, desaparición de mujeres y violencia feminicida-, aseveraron las presentes.

Tras estos ejemplos, la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, presente en la reunión, refirió la importancia de la reforma aprobada por la Cámara de Diputados al Artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para puntualizar el procedimiento y los plazos para decretar la Alerta de Violencia de Género.

Estos son: 5 días para conformar el grupo de trabajo, 30 días para que este dicte una resolución; 30 días para rechazar o aceptar la solicitud de AVG, y un plazo de 6 meses para que el gobierno de la entidad implemente acciones de prevención y atención reflejadas en el informe.

“ALERTA” CON PRÓRROGAS

“El mecanismo no es expedito ni está dando garantías, debe ser mucho más ágil la actuación de las autoridades, no puede llevarse años, porque esa ya no es un alerta”, comentó en entrevista con Cimacnoticias Leticia Burgos.

Este último proceso es donde se presentan mayores conflictos, concordaron las organizaciones, ya que en diversas ocasiones –como en Quintana Roo y Sonora- se da a los gobiernos prórrogas para cumplir con las recomendaciones, a pesar de no estar previstas en la Ley General de Acceso.

En la reunión, la promovente de la AVG en Querétaro, Angélica Reyes Servín, señaló que sería obligación de los gobiernos locales generar planes de acción de emergencia una vez que se hizo la investigación del grupo de trabajo, para garantizar a las mujeres vivir una vida libre de violencia con o sin declaratoria.

Lo anterior, porque en los estados donde se negó la Alerta, se interpuso en principio la “cantidad de casos de feminicidio” que se contabilizaron y, en los casos donde sí se decretó la AVG, “las recomendaciones no aterrizan en los planes de acción de emergencia que deberían de estarse implementando para evitar el asesinato de las mujeres”, añadió Leticia Burgos.

En dos ocasiones Segob determinó no declarar la AVG; en Guanajuato (30 de junio de 2015) y Baja California (19 de mayo de 2016) al considerar que los gobiernos locales cumplieron con las recomendaciones determinadas en los informes de los Grupos de Trabajo, indica información del portal de Inmujeres.

En el caso más reciente, Querétaro (9 de febrero de 2017), se concluyó no declarar la AVG porque no existían elementos que acreditarán la violencia feminicida en la entidad, recordó Reyes Servín.

SE LLEVAN “LAS INQUIETUDES”

Los representantes de Inmujeres, Conavim y CNDH acordaron remitir estas observaciones a sus autoridades correspondientes: “nos parece como si no tuvieran en la materia la responsabilidad completa, porque todos dejaron en claro que se llevarían todas las inquietudes”, dijo la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos.

Por su parte, la CNDH adelantó que está preparando un informe especial sobre las alertas de violencia a nivel nacional, y la actuación de las autoridades encargadas del debido funcionamiento y seguimiento del mecanismo de la AVG.

De esta reunión también se desprendió la creación de una red conformada por las organizaciones que impulse y dé seguimiento a las declaratorias de AVG en todo el territorio, asimismo, buscarán tramitar la AVG a nivel nacional.

Ordenan a la SEP transparentar información sobre sus empleados agresores sexuales

México, Comunicado (23/04/2017).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) dar a conocer el número de empleados de la dependencia denunciados por abuso sexual, violación y acoso sexual, dentro y fuera de escuelas de educación inicial y básica en el país, durante el periodo del 1 de enero de 2010 al 8 de enero de 2017.
La información deberá estar desglosada por entidad federativa, año y mes de denuncia, nombre de la escuela, nivel educativo, tipo de víctima (menor o adulto) y cargo y/o puesto de quien fue denunciado, con excepción de que se trate de cargos únicos, en cuyo caso, deberá entregar, de forma desasociada dicha información, y no sea posible identificar el cargo y/o puesto de quien fue denunciado con el nombre de la escuela.
Así lo determinó el Pleno del INAI al resolver un recurso de revisión interpuesto por un particular que solicitó conocer dicha información de cada entidad federativa; en respuesta, la SEP le proporcionó sólo datos de la Ciudad de México.
En alegatos, la dependencia se declaró incompetente para conocer la información de cada entidad federativa, argumentando que la educación básica es descentralizada, por lo que orientó al particular a solicitar los datos de su interés a las autoridades de educación estatales.
En el análisis del caso, a cargo de la ponencia del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, se determinó que si bien los gobiernos estatales son los encargados de dirigir los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y para la formación de maestros; ello no implica que el gobierno federal deje de atender la educación pública.
Asimismo, del Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México, elaborado por la SEP, en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se advirtió que la dependencia cuenta con datos estadísticos sobre agresiones físicas que ha recibido el alumnado de instituciones de educación básica de distintas partes del país.
Por otro lado, y en atención a la Recomendación número 55/2013, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se advierte que la SEP ha recibido diversas recomendaciones derivadas de casos de violación a los derechos, a la integridad personal, libertad sexual, educación, sano desarrollo, trato digno y seguridad jurídica de alumnos de educación básica.
Además, se verificó que la dependencia no buscó la información en todas sus unidades administrativas competentes, como es la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, que por sus atribuciones puede conocer los datos solicitados.
Por lo expuesto, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la SEP y le instruyó buscar y entregar al particular la información de su interés, desglosada por entidad federativa, con excepción de la Ciudad de México, año y mes de denuncia, nombre de la escuela, nivel educativo, tipo de víctima (menor o adulto) y cargo y/o puesto de quien fue denunciado, con excepción de que se trate de cargos únicos, en cuyo caso, deberá entregar, de forma desasociada dicha información, de forma tal que no sea posible identificar el cargo y/o puesto de quien fue denunciado con el nombre de la escuela.

Crean Frente Veracruzano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres

Imagen retomada del portal cinu.mx | Imagen: Antonio Nieto

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/04/2017 Luego de reunirse con el titular en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, al menos 10 agrupaciones feministas, locales y nacionales, acordaron crear el Frente Veracruzano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.

La reunión entre el Alto Comisionado y las organizaciones se dio en torno al reciente informe publicado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), a partir de la solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravio comparado en Veracruz, en el cual se emiten una serie de recomendaciones que contienen los más altos estándares internacionales en materia de protección de los derechos humanos.

El Alto Comisionado, que depende directamente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cuyo trabajo es velar por el respeto y la observancia de las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en México, acordó con las agrupaciones feministas dar seguimiento técnico para el cumplimiento de las recomendaciones a los tres poderes del estado de Veracruz derivadas de la AVG.

Junto con Jarab, los colectivos, sindicatos, cuerpos académicos y activistas defensoras de derechos humanos de las mujeres, abordaron diversas problemáticas que enfrentan las mujeres en el estado, como la impunidad, el desmantelamiento a las instancias de mecanismos de adelanto para las mujeres, la violencia sexual y el riesgo en que se encuentran las defensoras de derechos humanos.

Las agrupaciones apelaron a la voluntad política de los tomadores de decisiones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para cumplir en las recomendaciones del agravio que buscan garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres veracruzanas.

Respecto a la implementación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en casos de violación, instituida en la Norma Oficial Mexicana 46 (NOM-046), las agrupaciones coincidieron en que si bien existen capacitaciones al personal, la información no ha llegado a los cuerpos operativos generando confusión y la falta de implementación.

En ese contexto advirtieron que serán vigilantes de que la actuación de las autoridades se apegue a sus obligaciones constitucionales y principalmente a la laicidad del Estado.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas se comprometió a dar acompañamiento puntal y técnico de la AVG y a generar interlocución entre las autoridades y la sociedad civil.

Ser partera fascina, es un “basta a la injusticia”: María de la Luz

María de la Luz Díaz Hernández, indígena y partera tradicional de la ranchería San Rafael, en Comitán, Chiapas | CIMACFoto: César Martínez López

Cimacnoticias | Ciudad de México (05/04/2017).- Usar las manos para ayudar a una mujer a parir es un oficio que fascina, “es querer ayudar, decir basta de tanta injusticia hacia las mujeres”, dice sonriente María de la Luz Díaz Hernández, indígena y partera tradicional de la ranchería San Rafael, en Comitán, Chiapas, la entidad con mayor número de parteras en el país, de acuerdo con cifras de Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais)

María de la Luz es una de las casi 3 mil parteras en la entidad, que trabajan sobre todo en comunidades rurales e indígenas y que atienden 9 por ciento de los casi 90 mil partos que se presentan en tierra chiapaneca al año (Sinais, 2014).

Desde que tenía 17 años de edad, Luz se dijo dispuesta a caminar las montañas para llegar a donde una mujer embarazada la necesitara y lo haría con gusto, aunque le costara trabajo por las secuelas que le dejó en una pierna la poliomielitis que padeció de recién nacida.

Dice en entrevista con Cimacnoticias que comenzó a ser partera tradicional durante la adolescencia: “Estaba chiquita, me dormía en la noche y soñaban a la mujer con su pancita y llorando y me decía `ayúdame´. Yo le decía que no, que estaba muy chiquita, que no podía, y ella me decía que le ayudara”.

“Un mes estuve soñando lo mismo: que le tenía que ayudar. Le conté el sueño a mis abuelas, a mi mamá. Me dijeron que yo traigo la herencia de ser partera como era mi abuelo. Yo les decía ¿cómo, si no tengo taller?”, recuerda Luz.

En un principio, no necesitó capacitación alguna, porque “en mis sueños me dijeron como va a venir el bebé, dónde está la placenta, cómo cortar el cordón umbilical cuando salga, cómo sobarlo, que plantas utilizar cuando salga, que plantas voy a utiliza para que se cure el parto, cuando tenga amenaza de aborto”.

La labor de Luz se vuelve indispensable en un estado de mayoría indígena, de pobreza, de falta de acceso a servicios de salud y donde ocurrieron 68.1 muertes de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos en 2014, de acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna.

En la entidad, entre todas las instituciones públicas, las camas de hospital apenas llegan a 2 mil 240, según datos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS, 2014).

Y aunque la Razón de Mortalidad Materna (RMM) va a la baja en Chiapas, sigue siendo una de las entidades con más muertes de mujeres prevenibles. En 2002 morían 77 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos; en 2005 pasó a 68.9 y en 2010 a 60.20.

Los datos obtenidos de la DGIS de la Secretaría de Salud, también señalan que entre las causas están la hipertensión, hemorragias obstétricas y complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio.

UNA TRADICIÓN

Como es tradición en las comunidades indígenas, Luz reconoció en su sueño una señal de sabiduría y lo tomó como un mensaje. “Pasó eso y como a los tres meses mi cuñada se embarazó y me dijo: si ya lo soñaste, vas a hacer partera y vas a atender mi parto”.

Desde entonces Luz usa sus manos para revisar a las mujeres embarazadas, toca, siente el volumen del vientre, lo recorre con las palmas y reconoce cómo se desarrolla la gestación.

En su casa tiene libretas donde lleva el control de cada caso que atiende porque, dice, no sólo se trata de llegar a la hora de que alguna mujer va a parir sino de dar seguimiento al embarazo, a los dolores del estómago y a los malestares vaginales para detectar a tiempo alguna complicación.

Al pasar de los años, ha tomado capacitaciones y talleres para tener más conocimiento del cuerpo femenino, de las infecciones de transmisión sexual, de los síntomas de un embarazo de alto riesgo y de cómo atender o qué hacer ante una urgencia obstétrica.

CAMATI

Luz combina sus tareas de partera y madre de dos hijos con el trabajo en la organización, Camati, agrupación que fundó hace aproximadamente un mes junto con otras tres parteras. “Significa mujeres construyendo desde abajo”, explica.

Las cuatro parteras se conocieron en un taller y se juntaron para hablar de un proyecto de apoyo a las mujeres indígenas de Chiapas. En un principio ella dudó y pensó que era una locura, qué podían hacer si “ellas son raras, yo soy rara”, señala mientras ríe a carcajadas cuando lo recuerda.

“Me gusta estar en una organización que ayuda a servir, que no se quiera servir”, dice. Así nació Camati, organización que tiene como objetivo apoyar la salud de las mujeres embarazadas, conseguir fondos para su hospedaje, alimentación y materiales de curación cuando así se requiere.

En ocasiones se trata de partos complicados que requieren ser atendidos en un hospital. “Vamos a trabajar con ellas y apoyar en lo que necesiten, para que den un mejor servicio a las mujeres, porque no llega médico y si hay médico y a las cinco horas no hay nadie se va a su pueblo, ya no regresa”.

También dan talleres de sexualidad a adolescentes y tienen una casa donde se dedican a trabajar con plantas. “No soy charlatana, yo soy promotora, partera tradicional y promotora comunitaria. No te voy a decir que te voy a ramear, que soy espiritista”, aclara.

En esta casa, que llama “clínica de plantas naturales”, atiende a todo tipo de gente, niñas, niños y adultos, que llegan de pueblos aledaños o de otros municipios como Tuxtla Gutiérrez o San Cristóbal de las Casas, y a quienes les hace su “diagnóstico bio-energético”.

Para los tratamientos, cada noche de luna llena, Luz sale a recoger sus plantas, lo hace muy temprano porque sus hierbas, como cordoncillo, sábila o cáscara de encino, tienen que estar frescas. Aunque no requiere de un laboratorio, sus preparaciones si deben tener exactitud: 200 gramos de planta, 800 mililitros de alcohol y 200 de agua.

“Es cierto, hay mucha gente que piensa que una pastilla o una inyección es lo mejor, cuando en realidad de las plantas se hicieron los antibióticos”, afirma. Y confía tanto en las plantas como confía en su capacidad de ayudar a una mujer a dar a la luz. Quizás en su nombre traía el destino: “es algo que te envuelve, que te gusta, es algo que se trae”.