¿Espiaron a periodistas asesinados?, cuestiona Aristegui

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/06/2017 La periodista Carmen Aristegui y los defensores Mario Patrón, Juan Pardinas y Salvador Camarena denunciaron que ellos, junto con otros activistas, fueron asediados con un intento de hackeo en sus teléfonos móviles a través de Pegasus, un programa de espionaje adquirido por el Gobierno mexicano.

Acompañados por la directora de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas: el director de R3D, Luis Fernando García; el director de SocialTIC Juan Manuel Casanueva; y el investigador de Citizen Lab, John Scott-Railton, el grupo de periodistas y defensores pidieron una explicación a Enrique Peña Nieto sobre este espionaje.

La denuncia, que se basa en una investigación realizada por R3D, SocialTIC y Artículo 19, y apoyada por Citizen Lab y que hoy fue publicada en un reportaje en The New York Times, explica que la intervención de comunicaciones y acceso a equipos y sistemas de información de estas figuras públicas fue realizada a través del software que desarrolla la empresa NSO Group.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, la periodista Carmen Aristegui, aseguró que Enrique Peña Nieto tiene que dar explicaciones sobre este ataque porque los agentes del Estado mexicano han utilizado los recursos para cometer ilícitos graves y acotó que no es casual que en los momentos más difíciles del Gobierno, lejos de dar respuestas institucionales, surjan los casos de espionaje.

La periodista dijo que no hay lugar a dudas que los agentes del Estado mexicano adquirieron esta tecnología y, de manera “alevosa e ilegal”, la usaron en contra de figuras que han sido críticas del desempeño gubernamental cuando salieron a luz matanzas y hechos de corrupción, algo que hoy se puede comprar con información técnica y científica.

PERSONAS ESPIADAS

Estos ataques se dirigieron al director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas y a su esposa; a la periodista Carmen Aristegui y a su hijo Emilio (de entonces 16 años); al director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón y a los abogados de la misma organización, Santiago Aguirre y Stephanie Brewer.

También fueron víctimas el director de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Salvador Camarena, y los periodistas Carlos Loret de Mola, Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán y Alexandra Zapata.

Aristegui señaló que no es cortesía de Peña Nieto dar explicaciones, sino una obligación. Además afirmó que es inaceptable el espionaje como es inaceptable el asesinato de Javier Valdez y de la Miroslava Breach y los ataques a la prensa. Es por ello que alertó que no se sabe si los periodistas asesinados fueron espiados previamente, pero destacó que con estos hechos queda la sospecha.

Aristegui mencionó que el Ejecito, la Procuraduría General de la República y el CISEN son quienes puedan usar esta tecnología y por ello pidió que “el jefe de todos ellos” salga a responder y decir qué hizo y qué hará con los videos, los contactos e información que “robó indebidamente” a través de este espionaje. “Explique usted, presidente Peña Nieto, de que se trata”, dijo.

Durante la presentación de la denuncia, Mario Patrón destacó que el Centro Prodh fue espiado cuando trabajaba en la defensa de casos de violaciones graves a los Derechos Humanos que interesa al Gobierno federal, como la violación sexual de 11 mujeres en Atenco por parte de policías federales y estatales en 2006, caso que está en análisis en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Centro Prodh además litiga y acompaña casos como Tlatlaya, sobre una presunta ejecución por parte de militares y la desaparición de 43 estudiantes normalista, donde también se presume la participación del Ejército mexicano

Ante esto Patrón, quien dijo que ya preveía que eran víctimas de espionaje y preguntó si el Gobierno mexicano tiene la capacidad y voluntad de investigarse a sí mismo. Y por ello llamó a las instituciones a transparentar qué instancias usan este programa espía y a crear un grupo de expertos independientes que indague esta intromisión a las comunicaciones privadas.

Los periodistas y defensores informaron que presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República y una solicitud de medidas de protección a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Denuncian más de 700 víctimas de violación y solo se brindan 28 terapias individuales

Mujeres de varios países crearon en 2015 la Iniciativa #NiUnaMenos contra la violencia de género | CIMACFoto: César Martínez López

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/06/2017 De las más de 700 denuncias por violación que se presentan cada año en las seis Agencias Especializadas en Delitos Sexuales de la Ciudad de México –en promedio dos cada día- no hay certeza de cuántas reciben apoyo psicológico en el Centro de Terapia, que depende de la Fiscalía para la Atención de Delitos Sexuales, de la Procuraduría capitalina, ya que la atención no es obligatoria.

A estas víctimas, cada año, sobre todo mujeres y niñas, para quienes el Estado no les garantiza “la posibilidad de disminuir el impacto de una violación, de eliminarlo”, como era el objetivo del Centro de Terapia de Atención para Delitos Sexuales (CTA), impulsado por organizaciones feministas, como parte de un proyecto de atención integral, explica a Cimacnoticias quien fue su titular, Bárbara Yllán Rondero.

Sin embargo, el CTA, fundado en 1991, como resultado de ese proyecto integral de atención a víctimas de delitos sexuales y que incluyó reformas al Código Penal Federal y la creación de las agencias especializadas, “se descuidó en el camino”, dice Yllán.

Peor aún, porque el CTA, la única unidad que brinda ese servicio, a donde se canalizan todas las víctimas que denunciaron en las Agencias Especializadas, hoy no es lo que se pensó: un modelo integral que diera las mujeres una “justicia restitutiva”: con atención jurídica, psicológica y de salud, agrega Yllán Rondero.

Las consecuencias no son sólo problemas de administración pública, señala la directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), Laura Martínez Rodríguez. “La importancia de que el Estado garantice este servicio es que las personas que vivieron violencia sexual puedan tener salud mental y emocional, pues de no recibir una atención especializada, las consecuencias puedes derivar en depresiones que lleven incluso al suicidio”, advierte.

“Los proyectos como la atención a víctimas son muy delicados y más cuando no se cuidan, por eso ha habido casos fatales de denuncias, coincidió en señalar Bárbara Yllán. Lo peor es que el personal del CTA lo ve como una cuestión “asistencial”; la atención a víctimas y el seguimiento puntual de los delitos sexuales ha colapsado”.

A ello se suma, afirma Martínez, impulsora del CTA, que a casi 30 años de creado, se desconoce si su modelo de intervención psicológica es efectivo o da resultados, ya que la PGJDF no ha sido transparente “nunca ha permitido, por ejemplo a la sociedad civil, una observación directa del trabajo de atención a víctimas que están haciendo, ni siquiera han hecho público el modelo que siguen”.

DE LA ESPERANZA... AL CTA

El CTA, como instancia de la PGJDF, por obligación, tendría que proporcionar atención psicoterapéutica a las personas (en su mayoría mujeres y niñas) que denuncian una violación sexual.

El CTA está ubicado, además, en la zona residencial de la colonia del Valle, Pestalozzi 1115, lejos de las delegaciones en donde, según la propia Fiscalía de Delitos Sexuales, hay más violaciones: Iztapalapa, Cuauhtémoc, Milpa Alta, Xochimilco, Magdalena Contreras y Tláhuac.

En el último año, sólo dio 28 terapias individuales y 885 grupales, (PGJDF, Quinto Informe de actividades), y atiende en promedio a más de 3 mil personas víctimas de violencia sexual directas o indirectas cada año.

La realidad en el CTA, afirma la Directora de Adivac, es un servicio “tardío y burocrático”, donde lo único que les interesa “son los números oficiales y no la calidad de la atención”.

Personal del Centro reconoce en entrevista que al ser la única unidad, “está saturado”. Y eso impide, señala por su parte la Directora de Adivac, que dé un tratamiento pronto y seguimiento puntal a las víctimas.

Yllán coincide: “No hay suficiente gente que atienda, asesores legales; sé que les están dando citas a las víctimas una vez al mes, cuando las terapias deberían darse mínimo una vez a la semana”.

Para Martínez, experta en atención a víctimas de violencia sexual desde hace 27 años, la terapia semanal garantizaría que el modelo de atención psicológica fuera eficiente, “las sesiones terapéuticas deben ser constantes, una vez cada semana, no como sucede en el CTA donde dan únicamente 12 sesiones.

Y agrega: el modelo de atención psicológica debe estar sustentado en técnicas, teorías, “no es un manual de procedimientos”.

CAPACITACIÓN, INFRAESTRUCTURA

Sin transparencia tampoco sabemos si el personal del CTA está realmente preparado en el área psicológica, afirma Martínez. Dicen que son especialistas “porque están trabajando ahí, pero no tienen una formación ni de género y mucho menos de Derechos Humanos. Tienen que saber de sexualidad y no saben, sólo tienen lo que les dan en la Facultad y muchas acaban de salir”.

El desinterés del gobierno siempre fue problema y la precariedad constante, afirma Yllán, al recordar cuando dirigió el CTA. “No había mobiliario, comprábamos sillas de jardín usadas porque no había dinero, llenaba el Centro con muebles que arreglábamos, hacíamos jornadas de reparación para vernos dignos, aun cuando
hay cualquier cantidad de presupuesto en el gobierno”, señala.

EVALUAR, REPARAR, VIGILAR

Ante este panorama de colapso, tanto Yllán como Martínez consideran que sí hay salida. Para la Directora de Adivac, primero hay que acabar con el hermetismo, “crear un observatorio sobre el abordaje de la violencia sexual, puntualmente en el CTA”, y revisar su modelo de atención.
A partir de ahí, evaluar si se necesitan más unidades como ésta en la capital, dice. Se podría pensar, incluso, “en una institución que albergue los tres servicios de atención hoy seccionados: jurídico, psicológica y de salud, “para que las víctimas no estén en un ir y venir de instituciones”.

Podría operar de la mano de organizaciones civiles y expertas en el tema, pues agrupaciones como Adivac son las que se han posicionado como la opción para las víctimas. “Ven que no somos el gobierno y ven a las personas en los medios de comunicación que pasaron el proceso en Adivac y se sienten bien, dicen, yo quiero estar así”.

Bárbara Yllán asegura que “regresaría al sistema de la procuración, si realmente se permitiera trabajar sin restricciones”. Y propone crear un foro nacional, donde expertas y el Estado plateen los distintos problemas de violencia de género, violencia sexual, y su atención. Esto tiene que retomarse, insiste.

PGR ofrece recompensa para localizar a los homicidas de 6 periodistas

México, Comunicado (13/06/2017).- La Procuraduría General de la República (PGR), publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los acuerdos por los que autoriza el ofrecimiento y entrega de recompensa a quien o quienes proporcionen información veraz y útil que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables del delito de homicidio y tentativa de homicidio en agravio de seis periodistas.

Los Acuerdos que van del A/056/17 al A/061/17 establecen que dicha recompensa será entregada para quien o quienes den informes sobre los homicidas de Cecilio Pineda Birto, Ignacio Miranda Muñoz, Javier Arturo Valdez Cárdenas, Maximino Rodríguez Palacios, Miroslava Breach Velducea y los probables de tentativa de homicidio y lesiones en contra de Sonia Córdoba Oceguera.

Cabe señalar que el monto por cada uno de los periodistas afectados es de 1 millón 500 mil pesos, y que será entregado de manera proporcional en relación con la veracidad, utilidad, eficacia y oportunidad que la información aportada haya representado para la localización de los agresores.

La entrega de recompensa no será aplicable a los servidores públicos en funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales, así como sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles.

La información será recibida por los medios siguientes: I.- En el domicilio ubicado en la calle de López No. 12, primer piso, colonia Centro, Delegación Cuahutemoc, C.P. 06050, Ciudad de México. II.- Al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. III.- En los números telefónicos (55) 53-46-15-44 y (55) 53-46-00-00, extensión 504748 en la Ciudad de México, y 01-800-831-31-96 desde cualquier parte del país.

La Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), consideró conveniente ofrecer dichas recompensas y presentó la propuesta ante el Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, en los términos dispuestos por la ley, asimismo, designará un servidor público que recibirá la información por cualquiera de los medios que se refiere el artículo cuarto de estos Acuerdos, quien será el encargado de mantener la comunicación pertinente con la persona o personas que haya aportado, a fin de aclararla o complementarla; también, designará un número confidencial que será intransferible. Debiendo en todo momento levantar acta de comunicación y de su contenido.

Los presentes Acuerdos entrarán en vigor el día de su suscripción y dejarán de surtir sus efectos en el momento en que hayan sido identificados, localizados, detenidos o aprehendidos los probables responsables de la comisión de los delitos señalados en los presentes Acuerdos o en los supuestos de prescripción, extinción o no ejercicio de la acción penal.

 

Detienen a tres exfuncionarios en Chihuahua por el delito de peculado

Chihuahua, México, Comunicado (11/06/2017).- Los trabajos efectuados por la Fiscalía General del Estado en la Operación “Justicia para Chihuahua”, tuvieron como resultado la captura de tres ex funcionarios de la pasada administración acusados de peculado por el desvío de cuantiosas cantidades de dinero del erario público.

Karla J. B., ex Directora Administrativa de la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte
Detenida el viernes 09 de junio a través de una orden de aprehensión en la colonia Lomas del Santuario II Etapa de la ciudad de Chihuahua; esta representación social, la acusa de hechos que se registraron de febrero a abril de 2016, cuando en contubernio con otros ex servidores públicos, desvió 246 millones del patrimonio estatal, simulando cuatro procedimientos administrativos de contratación de servicios profesionales.

Los supuestos contratos consistían en: Capacitación para docentes de nivel básico por 55 millones de pesos, curso en materia en materia del medio ambiente por 46 millones de pesos, taller para padres de familia de preescolar y primaria por 55 millones de pesos, además de la prestación de servicios profesionales, diseño e implementación de un software por 90 millones de pesos.

Sergio M. I., ex Director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda
Detenido el viernes 09 de junio mediante de un mandato judicial en la ciudad de Parral; esta Fiscalía le formuló imputación por Peculado agravado en perjuicio de las arcas públicas estatales por la cantidad de 379 millones 204 mil 999 pesos.

El Ministerio Público le acusa de simular un procedimiento administrativo en complicidad con otros colaboradores y personas externas, en hechos que tuvieron lugar del mes de febrero a octubre del 2016, en la contratación de servicios informáticos que nunca fueron prestados, fingiendo la realización del dictamen de excepción a la licitación pública, acta de adjudicación directa, contrato con sus respectivos pagos y facturación.

Tras decretar de legal la detención y formularles imputación, Jueces de Control de Distrito Judicial Morelos, les impusieron una medida cautelar de prisión preventiva.

Jesús Manuel E. F., ex Auditor Superior del Estado de Chihuahua
Detenido a través de una orden de aprehensión, por agentes de la Fiscalía en coordinación con la Policía Federal, este sábado 10 de junio en un hotel del municipio de Palenque, Chiapas; la audiencia en la que el Ministerio Público le formulará imputación por el delito de peculado agravado por 542 mil 189 pesos, se efectuará este domingo.

La Fiscalía, lo señala como probable responsable de distraer del órgano, la cantidad de dinero antes mencionado, para adquirir cuatro paquetes vacacionales para su disfrute y el de sus familiares en el año 2014.

En las indagatorias, se logró acreditar que él, su esposa, tres hijos y nieta, fueron beneficiarios de trasporte aéreo y hospedaje a Playa del Carmen, Cancún, San Francisco y Miami; mismos que, a pesar ser ajenos a cualquier actividad dentro de la propia Auditoría Superior del Estado, posteriormente fueron cubiertos con recursos de este última.

Con la operación Justicia para Chihuahua, el Gobierno del Estado continúa en las labores de investigación, en aras de esclarecer y detener a cada uno de los implicados en el daño que se le causó a la entidad durante la administración encabezada por el ex gobernador, César Duarte.

Jornada sangrienta para Morena

Colima, México, Avanzada (05/06/2017).- Grupos armados que hasta el momento no han sido identificados por la autoridad y presuntos elementos de la policía municipal son señalados por militantes de Morena como los causantes de la muerte de algunos de sus compañeros y la intimidación de otros durante el proceso electoral que se realizó este domingo en 4 estados del país.

La elección de ayer dejó para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) una estela de luto, dolor e indignación por la muerte, las agresiones físicas, la desaparición y las amenazas con armas de fuego de las que fueron objeto algunos militantes.

Medios de comunicación en Guerrero, entre ellos, La Izquierda Diario de México, informaron que este domingo, Eduardo Catarino, dirigente municipal del Morena y secretario del Colegio de Abogados de Tixtla murió asesinado por heridas de bala proyectadas por parte de policías de la entidad.

De acuerdo a los familiares de las víctimas, en este poblado se registraron varios enfrentamientos a balazos entre policías y grupos de civiles, por lo que Eduardo Catarino, quien se encontraba en la calle, cuando escuchó las detonaciones corrió a refugiarse a su domicilio hasta donde llegaron elementos policíacos quienes abrieron fuego en contra del dirigente municipal de Morena.

Familiares del hombre declararon que después la autoridad en ese lugar le “sembró una pistola” al abogado para tratar de incriminarlo en la revuelta.

Mientras que en Veracruz, el candidato de Morena al municipio de Chicontepec, Gonzalo Vicencio Flores, fue privado de su libertad este domingo y apareció horas después golpeado y ensangrentado.

El político culpó a su contrincante del PRI-PVEM, Pedro Adrián Martínez de lo sucedido y además dijo que había personas que viajaban con él que estaban en calidad de desaparecidas, entre ellas su esposa.

Hasta el momento no se ha informado si se localizó a las personas que viajaban con el candidato cuando fueron privadas de su libertad.

Mientras que ayer, el periódico Excélsior reportó que el secretario general del Gobierno del Estado de México, José Manzur Quiroga, confirmó que la Comisión de Seguridad Ciudadana local ya investigaba la desaparición de los representantes de Morena en los municipios de Atlacomulco y Metepec, en el Estado de México. No se ha informado si ya fueron localizados y en qué condiciones.

En tanto el sábado por la noche, brigadistas de este partido político, entre ellos, el diputado federal Rodrigo Abdalá fueron encañonados con armas largas en una comunidad de Tepejic del Río Hidalgo y Atlacomulco.

El legislador comentó: “Acabábamos de entregar dos nombramientos, a suplente y representantes, nos disponíamos a ir a otra zona para hacer llegar otros nombramientos, cuando la camioneta nos cerró el paso, de ella descendieron cuatro sujetos vestidos de civil, nos apuntaron con armas largas y nos cortaron cartucho”.

El legislador responsabilizó al gobierno del PRI de este hecho y demandó garantías para poder desarrollar su trabajo.