Periodista es criminalizado por secretario de Seguridad Pública de Colima, dos días después es amenazado

Ciudad de México, a 27 de mayo de 2017.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima criminalizó la labor del reportero Arturo Ávalos, del medio De Política y Algo Más, quien fue agredido fue agredido por policías estatales.

El 14 de mayo, el reportero se encontraba al interior del panteón municipal de Tecomán tomando imágenes y cubriendo una noticia sobre el hallazgo de una persona asesinada, cuando un grupo de oficiales estatales le dijo que se retirara del lugar. El reportero dijo que sólo estaba haciendo su trabajo, sin embargo, uno de los agentes lo empujó para sacarlo del lugar.

“Hemos detectado molestia por parte de las corporaciones de seguridad porque con nuestro trabajo se está evidenciando la violencia”, dijo Ávalos en entrevista con ARTICLE 19. “Les molesta que en muchas ocasiones llegamos antes que ellos. Incluso, ya se volvió algo normal el hostigamiento verbal por parte de los agentes ministeriales con la intención de intimidar”.

El periodista buscó conciliar a través de la Comisión Estatal para la Protección del Ejercicio Periodístico y el 16 de mayo de reunió con el secretario de Seguridad Pública de Colima, Francisco Javier Castaño Suárez. Sin embargo, el titular responsabilizó a Ávalos por las agresiones (físicas y bloqueo informativo), las cuales calificó como un “empujoncito”.

Además, el funcionario dijo que abrirían una investigación contra el periodista, ya que “ha llegado antes a las escenas de crimen que las autoridades”. Amenazar a Ávalos con abrir una carpeta de investigación constituye un acto de intimidación y criminaliza el trabajo periodístico.

Dos días después, el 18 de mayo, el periodista recibió una amenaza en la página de Facebook del medio: “Cuídate perro. Porque te ira mal asi seas lo k seas (sic)”. Esto eleva el riesgo de desempeñar la tarea de difundir e investigar información en un contexto de violencia creciente, como el que atraviesa Colima.

Por ello, ARTICLE 19 exige a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal que cese las agresiones hacia la prensa y se abstenga de obstaculizar el ejercicio periodístico.

Asimismo, hacemos un llamado al Gobierno Estatal de Colima para que genere las condiciones necesarias para la realización de la labor informativa. Y a la Comisión de Derechos Humanos de Colima para que conozca del caso, contacte al periodista afectado y se pronuncie en la medida de sus atribuciones.

ARTICLE 19 exige al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que intervenga en el ámbito de sus facultades para proteger la integridad de Arturo Ávalos.

Ante desapariciones, que universidades públicas actúen: Aboites

CIMACFoto: César Martínez López


Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/05/2017 A casi un mes de la desaparición de Belén Montserrat Cortés Santiago, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), autoridades y estudiantes de la institución marcharon del Plantel Centro Histórico hacia la Procuraduría capitalina para exigir que se acelere el proceso de búsqueda y para entregar datos recabados en jornadas de búsqueda solidaria.

La marcha estuvo encabezada por el rector Hugo Aboites y la familia de la alumna, quienes se reunieron con la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, María de los Ángeles López Peña, para exigir que se agilice la búsqueda de la joven.

Belén Montserrat, de 19 años de edad y estudiante de Comunicación y Cultura del plantel San Lorenzo Tezonco de la UACM, desapareció el pasado 29 de abril, después de que avisó a su familia que había salido de trabajar y se iría a casa.

El Rector de la UACM informó que le brindan apoyo legal a la familia a través del abogado de la institución, Rodolfo Aguilar, y llamó a las autoridades de universidades públicas y privadas a organizarse para acordar cómo pueden responder ante los constantes casos de desapariciones de mujeres y agresiones en su contra.

Una comisión de estudiantes y profesores entregaron a la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) un informe con los elementos detectados en dos brigadas de búsqueda, que la comunidad de la UACM realizó en las colonias cercanas al trabajo de Belén, encabezadas por los hermanos de Belén, el pasado miércoles 17 de mayo y ayer cerca del plantel Casa Libertad, entre Ermita y la carretera a Puebla, en la colonia San Miguel Teotongo.

Son los resultados “de las búsquedas en zonas donde vecinos informan que creen haberla visto y lugares donde hay cámaras de video que podrían servir para la búsqueda”, dijo a Cimacnoticias uno de los hermanos de Belén.

Ante la falta de respuesta de la autoridad judicial, “estamos actuando porque no queremos que el terror del país alcance a la universidad y mostrar que no pueden tocar a alguien de la comunidad sin que actuemos todos”, aseguró la profesora investigadora del Colegio de Ciencias y Humanidades de San Lorenzo Tezonco de la UACM, Tania Paloma Hernández.

La profesora Hernández agregó que con la entrega de ese informe buscan “presionar a las autoridades que no han actuado, supuestamente no han podido ni rastrear el teléfono de Belén, es para que hagan su trabajo”. Añadió que la solidaridad de la comunidad de la UACM hizo que ella se sumara a la iniciativa de búsqueda de la familia.

El Rector agregó que no tiene planeado solicitar más elementos de Seguridad Pública capitalina porque apuestan a que las y los estudiantes trabajen en conjunto y se solidaricen. Y anunció que el próximo lunes se reunirán nuevamente con la autoridad judicial para saber si hay más elementos que puedan discutirse en cuanto al caso.

“Tenemos un compromiso de coadyuvancia para estar pendientes, no damos un voto de confianza y no nos sentamos a descansar, damos los elementos que tenemos para que los analicen, generen nuevos y se fortalezcan las líneas de investigación”, afirmó Aboites.

A la reunión efectuada en las oficinas de la PGJDF también acudieron José Antonio Ferrer Álvarez, de CAPEA; un asesor del Procurador; el secretario técnico de la Comisión y Organización del Consejo Universitario, Ernesto López Chávez; la secretaria técnica de Mediación y Conciliación, Ana María Ponce; así como personal académico del plantel Casa Libertad y un representante de las y los estudiantes, quienes desde la semana pasada realizan las brigadas de búsqueda e información.

PGJ Tlaxcala continúa simulación en caso de niñas desaparecidas

CIMACFoto: César Martínez López

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/05/2017 A dos meses de que el procurador General de Justicia de Tlaxcala, Tito Cervantes Zepeda, se comprometió con familiares de niñas desaparecidas y víctimas de violencia sexual del municipio de San Pablo del Monte a revisar personalmente los casos, las acciones de la Procuraduría siguen siendo “simuladas”, con lo que se obstaculiza el acceso a la justicia de mujeres y niñas en esta situación.

Eso denunció en entrevista la abogada de las organizaciones Red Retoño y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social A.C, Miriam Pascual Jiménez, quien desde marzo pasado expuso en conferencia las irregularidades que enfrentan los familiares de niñas desaparecidas y agredidas sexualmente al denunciar en los ministerios públicos, así como la omisión de funcionarios de la entidad.

Miriam Pascual informó que tras una reunión efectuada la última semana de marzo entre la secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de violación, representantes de las organizaciones acompañantes y el procurador Cervantes Zepeda este último se comprometió a investigar hasta obtener justicia cada uno de los siete casos de desapariciones de niñas y tres mayores de edad registrados por las organizaciones Red Retoño y Grupo de Acción desde enero de 2016 hasta marzo de 2017.

Sin embargo, aseguró Miriam Pascual, “ante las denuncias, la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala (PGJ) solo ha tomado medidas simuladas”. Incluso se niega a aceptar que existan otros casos además de los sólo ocho reportes de mujeres desaparecidas que la instancia reportó de 2012 a 2016, de los cuales sólo tres corresponden a menores de edad. “Los califican como casos aislados”, dijo.

SIN RESPUESTAS

Miriam Pascual señaló que la indiferencia de las autoridades ante las desapariciones de mujeres se refleja en la falta de voluntad del gobernador de Tlaxcala, el priista Marco Antonio Mena Rodríguez, por conversar con las familias. “Antes de reunirnos pusimos como requisito la presencia del Gobernador, sin embargo, él no se presentó ni se ha comunicado con la familia, al igual que el presidente municipal de San Pablo del Monte, Cutberto Benito Cano Coyotl”, aseguró.

Además, la abogada expuso que el argumento otorgado por la secretaria de Gobierno de Tlaxcala para explicar el retraso en la resolución de los casos es el desconocimiento de estos, porque las exigencias de justicia fueron atendidas, primero, por la administración anterior del estado encabezada por Mariano González Zarur. “Es mentira ese desconocimiento, dijo la abogada, ya que Anabel Alvarado trabajaba como secretaria particular con el Gobernador anterior cuando denunciamos las desapariciones constantes en la zona”, explicó.

SIGUEN INTIMIDACIONES Y OMISIONES

Señala la abogada que la PGJ continuó con las agresiones a las familias que denunciaron en marzo pasado omisiones de la autoridad, como falta de activación de la Alerta AMBER, retraso en la recolección de pruebas a tiempo y trato revictimizante. Se trata de las familias de Karla Romero Tezmol, desaparecida en San Pablo del Monte desde enero de 2016, y de Sandra Xahuantila, y Sarahí Tezmol, desaparecidas y encontradas posteriormente con signos de violencia sexual,

“La PGJ habló con los familiares y los buscó en sus domicilios para presionarlos con el argumento de que si no se presentaban a ampliar su declaración las iban a meter a la cárcel”, se trató, afirmó Miriam Pascual de hostigarlos y sancionarlos ante la denuncia pública que hicieron las familias”.

Y calificó a estas acciones de innecesarias: “Lo hicieron para aparentar que se están trabajando, pero no se está investigando para dar con los agresores”. Muestra de ello es que recientemente la Red Retoño tuvo conocimiento de que la Secretaría de Seguridad Pública de Tlaxcala constó en un escrito que el sistema de C4, el sistema público de cámaras de la zona donde se han registrado desapariciones, no está funcionando.

Además, informó, vecinos de la zona con negocios ya fueron advertidos por personal policial para no mostrar los videos captados por sus cámaras. “Un policía le hizo firmar al dueño de una tienda ubicada en la ruta donde han desaparecido varias menores un documento donde decía que él no podía dar información a nadie”, comentó.

Miriam Pascual comentó que ese tipo de acciones son ejemplo de las prácticas constantes de obstaculización de las autoridades, pero dijo que, junto con familiares de las víctimas desde la Red Retoño, el Grupo de Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social mantienen las exigencias porque se inicien averiguaciones previas en todos los casos de desaparición y que no se pierdan pruebas esenciales en los delitos de violación como las muestras de semen.

De acuerdo a datos de la Red Retoño en Tlaxcala, la desaparición de Karla Romero Tezmol es la única contabilizada porque sólo ella cuenta con una Averiguación Previa por delitos relacionados con su desaparición.

Las desapariciones de niñas y mujeres ocurren en un contexto donde organizaciones civiles de Tlaxcala emitieron en agosto de 2016 la primera solicitud para la implementación de la Alerta de Violencia de Género (AVG), admitida por el Instituto Nacional de las Mujeres desde el pasado 30 de agosto, por el delito de explotación sexual comercial de mujeres.

Conavim, Inmujeres y CNDH no respetan mecanismo de AVG

CIMACFoto: César Martínez López

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/05/2017 Son 22 estados del país quienes han presentado la solicitud para la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), pero es común que no se respeten los tiempos del mecanismo, que las acciones recomendadas por los grupos de trabajo no garanticen la seguridad de las mujeres y que haya un desconocimiento general sobre el proceso en que se encuentra cada alerta.

Así lo expusieron promotoras y solicitantes de la AVG de los estados de Sonora, Quintana Roo, Sinaloa, Querétaro, Tlaxcala, Nayarit, Guerrero y Campeche, en una reunión con representantes del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La reunión -solicitada por las organizaciones- se realizó en el Senado de la República, el 29 y 30 de abril, y ahí se discutieron los avances, obstáculos y resultados que observan luego de presentar la solicitud, la experiencia que tienen durante el proceso de la declaratoria, y los resultados que visualizan después de que se aplica o niega el mecanismo.

Hasta ahora, la AVG se decretó en 7 estados del país: 11 municipios del Estado de México, 8 municipios de Morelos, 14 de Michoacán, 7 de Chiapas, 5 municipios de Nuevo León, 11 municipios de Veracruz y en Sinaloa en 5 municipios.

Entre los puntos discutidos, las representantes de organizaciones como la Asociación Guerréense contra la Violencia AC, el Consejo Estatal de Mujeres de Quintana Roo AC, la Red Feminista Sonorense, entre otras, reprocharon a las instituciones encargadas del seguimiento de las Alertas no contar con un reporte sobre el estado en el que se encuentran las solicitudes y de no ser informadas sobre los avances de éstas, al ser las organizaciones civiles las principales solicitantes, y parte clave de la vigilar que se cumplan con las recomendaciones emitidas por los grupos de trabajo.

De acuerdo con información del portal web de Inmujeres, hasta el 5 de abril, casi la mitad de los estados del país (13 en total) cuenta con procedimientos de AVG en trámite: Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz (por agravio comparado) y Zacatecas.

Estos obstáculos, precisaron, también se presentan porque no se siguen los plazos para decretar o rechazar la AVG. En el Estado de México tardó 5 años la declaratoria, en Veracruz y Sinaloa un año, en tanto Sonora sigue en proceso, a pesar de contar con características similares la última entidad -presencia de crimen organizado, desaparición de mujeres y violencia feminicida-, aseveraron las presentes.

Tras estos ejemplos, la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, presente en la reunión, refirió la importancia de la reforma aprobada por la Cámara de Diputados al Artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para puntualizar el procedimiento y los plazos para decretar la Alerta de Violencia de Género.

Estos son: 5 días para conformar el grupo de trabajo, 30 días para que este dicte una resolución; 30 días para rechazar o aceptar la solicitud de AVG, y un plazo de 6 meses para que el gobierno de la entidad implemente acciones de prevención y atención reflejadas en el informe.

“ALERTA” CON PRÓRROGAS

“El mecanismo no es expedito ni está dando garantías, debe ser mucho más ágil la actuación de las autoridades, no puede llevarse años, porque esa ya no es un alerta”, comentó en entrevista con Cimacnoticias Leticia Burgos.

Este último proceso es donde se presentan mayores conflictos, concordaron las organizaciones, ya que en diversas ocasiones –como en Quintana Roo y Sonora- se da a los gobiernos prórrogas para cumplir con las recomendaciones, a pesar de no estar previstas en la Ley General de Acceso.

En la reunión, la promovente de la AVG en Querétaro, Angélica Reyes Servín, señaló que sería obligación de los gobiernos locales generar planes de acción de emergencia una vez que se hizo la investigación del grupo de trabajo, para garantizar a las mujeres vivir una vida libre de violencia con o sin declaratoria.

Lo anterior, porque en los estados donde se negó la Alerta, se interpuso en principio la “cantidad de casos de feminicidio” que se contabilizaron y, en los casos donde sí se decretó la AVG, “las recomendaciones no aterrizan en los planes de acción de emergencia que deberían de estarse implementando para evitar el asesinato de las mujeres”, añadió Leticia Burgos.

En dos ocasiones Segob determinó no declarar la AVG; en Guanajuato (30 de junio de 2015) y Baja California (19 de mayo de 2016) al considerar que los gobiernos locales cumplieron con las recomendaciones determinadas en los informes de los Grupos de Trabajo, indica información del portal de Inmujeres.

En el caso más reciente, Querétaro (9 de febrero de 2017), se concluyó no declarar la AVG porque no existían elementos que acreditarán la violencia feminicida en la entidad, recordó Reyes Servín.

SE LLEVAN “LAS INQUIETUDES”

Los representantes de Inmujeres, Conavim y CNDH acordaron remitir estas observaciones a sus autoridades correspondientes: “nos parece como si no tuvieran en la materia la responsabilidad completa, porque todos dejaron en claro que se llevarían todas las inquietudes”, dijo la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos.

Por su parte, la CNDH adelantó que está preparando un informe especial sobre las alertas de violencia a nivel nacional, y la actuación de las autoridades encargadas del debido funcionamiento y seguimiento del mecanismo de la AVG.

De esta reunión también se desprendió la creación de una red conformada por las organizaciones que impulse y dé seguimiento a las declaratorias de AVG en todo el territorio, asimismo, buscarán tramitar la AVG a nivel nacional.

Ordenan a la SEP transparentar información sobre sus empleados agresores sexuales

México, Comunicado (23/04/2017).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) dar a conocer el número de empleados de la dependencia denunciados por abuso sexual, violación y acoso sexual, dentro y fuera de escuelas de educación inicial y básica en el país, durante el periodo del 1 de enero de 2010 al 8 de enero de 2017.
La información deberá estar desglosada por entidad federativa, año y mes de denuncia, nombre de la escuela, nivel educativo, tipo de víctima (menor o adulto) y cargo y/o puesto de quien fue denunciado, con excepción de que se trate de cargos únicos, en cuyo caso, deberá entregar, de forma desasociada dicha información, y no sea posible identificar el cargo y/o puesto de quien fue denunciado con el nombre de la escuela.
Así lo determinó el Pleno del INAI al resolver un recurso de revisión interpuesto por un particular que solicitó conocer dicha información de cada entidad federativa; en respuesta, la SEP le proporcionó sólo datos de la Ciudad de México.
En alegatos, la dependencia se declaró incompetente para conocer la información de cada entidad federativa, argumentando que la educación básica es descentralizada, por lo que orientó al particular a solicitar los datos de su interés a las autoridades de educación estatales.
En el análisis del caso, a cargo de la ponencia del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, se determinó que si bien los gobiernos estatales son los encargados de dirigir los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y para la formación de maestros; ello no implica que el gobierno federal deje de atender la educación pública.
Asimismo, del Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México, elaborado por la SEP, en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se advirtió que la dependencia cuenta con datos estadísticos sobre agresiones físicas que ha recibido el alumnado de instituciones de educación básica de distintas partes del país.
Por otro lado, y en atención a la Recomendación número 55/2013, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se advierte que la SEP ha recibido diversas recomendaciones derivadas de casos de violación a los derechos, a la integridad personal, libertad sexual, educación, sano desarrollo, trato digno y seguridad jurídica de alumnos de educación básica.
Además, se verificó que la dependencia no buscó la información en todas sus unidades administrativas competentes, como es la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, que por sus atribuciones puede conocer los datos solicitados.
Por lo expuesto, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la SEP y le instruyó buscar y entregar al particular la información de su interés, desglosada por entidad federativa, con excepción de la Ciudad de México, año y mes de denuncia, nombre de la escuela, nivel educativo, tipo de víctima (menor o adulto) y cargo y/o puesto de quien fue denunciado, con excepción de que se trate de cargos únicos, en cuyo caso, deberá entregar, de forma desasociada dicha información, de forma tal que no sea posible identificar el cargo y/o puesto de quien fue denunciado con el nombre de la escuela.